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De Ana Orantes a Juana Rivas

Magdalena Trillo | 30 de julio de 2017 a las 10:30

Cuando Ana Orantes fue asesinada por su marido, la violencia de género no era un problema para la sociedad española. José Parejo la roció con gasolina y la quemó viva a las puertas de su casa. Ana había tenido la osadía de contar en un plató de televisión que llevaba cuarenta años sufriendo malos tratos en silencio. Trece días después, la mató a las puertas de su casa. Fue un 17 de diciembre. En el pequeño municipio de Cúllar Vega. Hace justo veinte años. Aquel día, España despertó del machismo.

Ana Orantes no fue la primera mujer maltratada pero sí la que puso rostro a la violencia de género. La hizo visible y nos obligó a cambiar. A los medios de comunicación, a las instituciones públicas, a las fuerzas de seguridad y a toda la sociedad. En la esfera pública y en la privada; en las ciudades y en los pueblos. Su caso se convertiría en la primera piedra de un complejo camino que desembocó en la Ley Integral Contra la Violencia de Género que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2004. Por unanimidad.

Un acuerdo “histórico” como esta semana, trece años después, ha sido el Pacto de Estado con que los nuevos grupos políticos han sacado adelante el primer gran acuerdo de la Legislatura. Y ello pese al inesperado desmarque de última hora de Unidos Podemos evidenciando una absoluta falta de altura política; porque son legítimas sus mayores exigencias y sus dudas sobre la efectividad con que se aplicarán las 266 medidas del plan pero más necesaria aún era la unidad. El simbolismo de la firmeza democrática contra el machismo.

Esta misma semana, Túnez ha aprobado una ley histórica contra la violencia de género que toma de referencia la de Zapatero. En su caso, el punto de partida es más grave aún. Supone un paso trascendental por los derechos de la mujer: los tunecinos ya no podrán violar a una menor y evitar la cárcel casándose con la víctima; el acoso sexual, incluido el verbal, se tipifica y castiga como delito; se podrá denunciar la explotación de niñas en el servicio doméstico; se proclama, por primera vez, que los “ciudadanos y las ciudadanas” son “iguales”.

Tenemos experiencia para saber que las leyes no son suficientes. Por muy progresistas, garantistas y punitivas que sean. Pero son el esqueleto de base que nos pueden permitir avanzar. En la calle, en los colegios y en nuestras casas. El actual Pacto de Estado por la Violencia de Género parte con déficits y con mucha incertidumbre sobre su efectividad pero sería irresponsable quedarse en lo mejorable y no reconocer el salto cualitativo que se produce con un plan transversal que implica a todos los agentes -y en todos los niveles de gestión- y que pone sobre la mesa 1.000 millones para su aplicación en cinco años.

Un plan que cambia, por fin, la consideración de las víctimas -se podrá acreditar la violencia machista aun sin denuncia judicial y prevé que los servicios sociales y sanitarios puedan activar el proceso de protección-, que incluirá asignaturas evaluables y formación especializada a nivel universitario, que reforzará la educación en igualdad en las escuelas, que ayudará a las mujeres maltratadas sin recursos con seis meses de paro, que perseguirá las calumnias en las redes sociales, que pondrá en marcha campañas de concienciación y sensibilización… Más prevención, más formación, más coordinación.

En una entrevista que publicamos hoy, Miguel Lorente, el director de la Unidad de Igualdad de la UGR y uno de los expertos que han trabajado en los últimos seis meses para el desarrollo del Pacto de Estado, advierte que llega “tarde, a la fuerza y desenfocado”. Ciertamente, basta recordar las 600.000 agresiones y las 60 mujeres que son asesinadas de media en España cada año para compartir sus palabras y reconocer que son las trágicas cifras, el año negro que estamos viviendo en 2017, lo que ha constituido el desencadenante del pacto.

Lleva razón también cuando lamenta que nos quedemos en el lado visible del problema, los asesinatos, y no ataje de lleno las causas: el machismo. La normalidad con que todavía toleramos a los maltratadores y hasta los justificamos. Con que minimizamos ciertas conductas. Con que seguimos perpetuando la sociedad patriarcal que constituye el caldo de cultivo de la dominación masculina y la violencia contra las mujeres. ¿Recuerdan su libro Mi marido me pega lo normal?

Pero no son sólo las cifras. De Ana Orantes a Juana Rivas. La madre de Maracena que ha huido con sus hijos para evitar entregarlos a su expareja, un padre condenado por maltrato, está poniendo rostro a la nueva etapa de lucha contra la violencia machista que se está abriendo en la sociedad española sacando a la luz todas las sombras de desprotección, lagunas judiciales y circunstancias “excepcionales” que necesitan una respuesta. Por primera vez se pone un foco en los menores y en la tibieza con que hasta ahora se ha abordado un tema tan sensible como es la custodia de los hijos.

Porque partimos, como recuerda Lorente, de que “un marido maltratador no tiene por qué ser un mal padre”; pero un maltratador siempre es un mal padre. Y un “riesgo” que debería ser tenido en cuenta como un factor determinante para evitar el contacto. Lo vemos, con demasiada frecuencia, en los casos en que los menores son utilizados para hacer daño a la madre, como rehenes de la violencia machista y como víctimas en última instancia de los homicidios.

Son, además, un mal ejemplo. Peligroso. Perpetuador de la violencia. En 2005, Jesús Parejo, uno de los ocho hijos de Ana Orantes, fue detenido en Santa Fe por malos tratos a su pareja. La joven, que tuvo que ser atendida por contusiones en la cabeza y un fuerte dolor en el brazo, confesó a la Guardia Civil que era la tercera vez que le pegaba.

Ese día, una de las hermanas del agresor pidió a la Justicia que actuara con contundencia, que fuera “a la cárcel si tenía que ir” y se ofreció incluso a ayudar a la familia de la víctima. Raquel, que se quitó el apellido de José Parejo cuando asesinó a su madre, recordó que su hermano Jesús también sufrió los malos tratos, que se marchó a los 13 años de casa huyendo de los golpes que su padre le daba a toda la familia… “Quizás fue el ambiente que vivió de niño el que le ha empujado a hacer esto”, dijo entonces.

La presión social, la movilización ciudadana que se ha producido estos días en Granada para apoyar a Juana Rivas, no es una simple corriente de empatía ni inconsciencia. Y no se trata de saltarse la ley. El #YoSoyJuana que vuela en las redes sociales sumando muestras de solidaridad es una llamada de atención sobre el nuevo tiempo en la lucha contra el machismo que tenemos la obligación de abrir.

Porque ni la burocracia ni las zonas grises de la normativa pueden anteponerse a que las leyes sean justas, que se apliquen con sentido común, incluso con humanidad, y que se tengan en cuenta todas las circunstancias.

Porque tan urgente como atajar la violencia de género es actuar con todas las medidas, campañas y cambios legislativos que sean necesarios para acabar con el lado menos visible. Con el machismo.

Sí, hoy #TodosSomosAna. Hoy, #JuanaEstáEnMiCasa. #TodosSomosJuana.

La ‘normalidad’ del machismo

Magdalena Trillo | 10 de abril de 2011 a las 11:17

En Ciudad Juárez las chicas ‘desaparecen’ por llevar minifalda. En mi pueblo muchos vecinos siguen pensando que Carmen se ‘buscó’ su muerte. Que el pobre chaval que la asesinó a sangre fría se puso ‘malo’ de celos. Que si ella no se hubiera ido con unos y con otros

Como mi pueblo hay muchos.

Manuel le disparó a bocajarro con una escopeta de caza. Fue en Rute la noche del 12 de septiembre de 2006. La joven, de 16 años, daba un paseo con unas amigas y él la tiroteó porque había puesto fin a su relación. Si no era para él no sería para nadie. La mató porque era suya.

Esta semana ha empezado en Córdoba el juicio contra el homicida. La buscó, apretó tres veces el gatillo y “se quedó quieto, mirándola”. Carmen no falleció ese día; pasó un calvario de tres años de llantos y de dolor. Su muerte, como la de las 70 mujeres que cada año pierden la vida en España a manos de sus parejas, es un “crimen vil y machista”. La víctima no es la culpable y no se puede justificar a quien asesina “porque estaba enamorado”, porque se obsesionó, porque no podía vivir sin ella…

El asesinato de Carmen no es un crimen pasional, no es un problema social oculto y no es un suceso más que sumar a las crónicas del día. Lo era en 1997 cuando Ana Orantes fue rociada con gasolina por su marido después de denunciar malos tratos en televisión. Pero con aquel brutal asesinato de Cúllar Vega algo empezó a cambiar. Los medios, la sociedad, comprendimos el papel que jugábamos para frenar la violencia de género y luchar por la igualdad.

Eso creíamos. Catorce años después llegamos al “posmachismo” y volvemos a reivindicar a los “chicos normales”. Un columnista de El Mundo escribía el jueves que “es normal” que un chico de 21 años “pierda el corazón y la cabeza, el sentido y el mundo de vista, si un día llega a casa y su chica le dice que le va a dejar y que, además, el bebé que espera no es suyo”. “A este chico [un joven rumano que mató a su pareja y lo difundió por webcam] le están presentando como un monstruo y no es verdad. Es un chico normal que se rompió por donde todos podríamos rompernos”.

No es un caso aislado. Ese mismo día, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género daba algunos datos que, lamentablemente, confirman que son muchos los Sostres que hay en España: 600.000 hombres justifican el maltrato “en casos puntuales” y tres millones defienden la violencia cuando hay separación. “La libertad de expresión”, advertía Miguel Lorente, “debe tener sus límites porque hay hombres que la utilizan para seguir ejerciendo la violencia”. Y son muchos los que ven la Ley de Igualdad como una ley de privilegios, los que ven a los hombres como víctimas del “hembrismo”; de las “feminazis”.

Unas horas antes, la veterana periodista Rosa María Calaf denunciaba también en Granada la situación de desprestigio y desorientación de la profesión y nos emplazaba a “resistirnos a entrar en el juego del espectáculo”. Ante varios cientos de estudiantes del IES Hermegildo Lanz, recordaba los años en que aún teníamos conciencia de que nuestra labor era “un servicio público”. Ese día, de camino al periódico, me cruzo en la radio con una entrevista a la periodista navarra Judith Torrea, la única extranjera que trabaja en Ciudad Juárez. Está en España presentando un libro que nos debería recordar a todos por qué un día creímos en este oficio.

¿Justificaríamos en un artículo de opinión un asesinato de ETA? ¿Justificaríamos el feminicidio en Ciudad Juárez? No podemos hacer apología del machismo. Y no vale la ficticia y nada creíble disculpa de Pedro J. Ramírez en Twitter. No fallaron los “controles”. Falló la moral y la responsabilidad social del medio. Y sigue fallando la provocación y la pasividad de quienes se creen con derecho a amparar el machismo en la libertad de expresión. Pura impunidad.