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No es (sólo) la Capitalidad Judicial

Magdalena Trillo | 14 de mayo de 2017 a las 10:18

Desde Sevilla y Málaga nos miran con condescendencia cuando nos movilizamos contra el aislamiento ferroviario, las penalidades del AVE y el retraso del Metro: la situación de Granada es inaudita, ninguna provincia española habrá sufrido un cúmulo de fatalidades, promesas incumplidas y bloqueo tan largo e inexplicable en toda la democracia. La marea blanca fue una sorpresa para todos, incluidos los protagonistas: la indignación explotó en la calle, se canalizó en las redes sociales y ha tenido consecuencias tangibles en modo de reversión completa de la fusión hospitalaria.

El Juntos por Granada con que hemos empezado a defender la capitalidad judicial no tendría ningún sentido sin estos dos precedentes. Es más, si media España no fuera testigo de los agravios y el maltrato que Granada está recibiendo en sus múltiples guerras -unas buscadas y otras sobrevenidas-, el Parlamento andaluz en bloque no hubiera cerrado filas esta semana (inaudito ver cómo los viejos y nuevos partidos se ponen de acuerdo en algo) para presionar a Madrid y conseguir blindar el TSJA -con fachada y contenido- como símbolo del reparto de poderes que se acordó en los 80 en nuestro Estatuto de Autonomía con artífices de excepción como Rodríguez de la Borbolla y Torres Vela.

Pero basta poner un pie fuera de la forzada división provincial que se inventó Javier de Burgos en el siglo XIX para que nos adviertan de que, “en este caso”, nos equivocamos tomando partido por algo que no es más que “puro corporativismo”; para que nos alerten de que acabamos situándonos al lado de esos señores altivos de las togas que están protagonizando uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la Judicatura de este país con la batalla interna en el Ministerio Fiscal; y para que se muestren más que escépticos sobre el éxito que pueda tener la movilización. ¿Esperamos comprensión y un paso atrás por parte de la misma cúpula que está acusando a sus subordinados de desleales, que está filtrando información comprometida que afecta a investigaciones en curso y que está pidiendo disculpas públicas para defender las meteduras de pata de su Gobierno?

Me cuentan que lo desplazar las nuevas secciones de lo Penal a Sevilla y Málaga, el despiece del TSJA que acabaría por vaciar de contenido el imponente edificio de la Real Chancillería, fue un apaño final de los ministros Zoido y Catalá con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en una operación ideada por el magistrado sevillano Antonio Dorado, actual secretario general de Administración de Justicia, que incluso habría tenido el visto bueno del PP -un Moreno Bonilla barriendo (legítimamente) para casa-.

¿Es una cuestión corporativa? ¡Claro! Pero para todos. Es un trampolín profesional para ascender al Supremo -con sus elevados sueldos y sus privilegios- y sí… habría que trabajar en Granada. Pero cualquier magistrado andaluz se puede presentar a las plazas y ganarlas por méritos propios. Otra cuestión, por supuesto, es si los aspirantes de Málaga y Sevilla quieren que les lleven el trabajo a casa…

¿Jurídicamente se sostiene? No tengo ninguna duda -y lo puedo corroborar con el mareo de artículos que ya me han hecho llegar para justificar una decisión y la contraria- que podría tener amparo legal. Aun en el caso de tener que estrujar lo estipulado en el Estatuto andaluz y en los reglamentos pertinentes que lo desarrollan.

¿Técnicamente es defendible? Me dicen que desde noviembre se han registrado 4 apelaciones… Si pensamos en cómo se eternizan las macrocausas -hasta el punto de correr el riesgo de que se prescriban delitos-, en la desesperación con que, año tras año, los responsables de los altos tribunales reclaman más personal y medios técnicos y añadimos la saturación y disfunciones del día a día -esta misma semana se han tenido que aplazar las declaraciones en el caso Serrallo de la mitad del equipo de gobierno de Torres Hurtado porque se cayó el sistema- no pareciera que estemos ante un asunto ni importante, ni oportuno ni urgente.

Es un ataque simbólico. Uno más. Y, si no tiene la mayor importancia, que desde Sevilla y Málaga nos expliquen por qué se movilizan, por qué emiten declaraciones institucionales y por qué construyen frentes de apoyo amparándose en complejas interpretaciones jurídicas y engañosos tecnicismos.

No es (sólo) la Capitalidad Judicial.

La ‘factura’ del botellón

Magdalena Trillo | 30 de abril de 2017 a las 10:05

A un alcohólico no se le puede tentar. Y Granada todavía coquetea con la bebida. Lo suficiente para saber que el abismo siempre acecha a la irresistible distancia de un sorbo; que la tentación no entiende de controles ni de ordenanzas. Menos aún en una ciudad herida que nunca se ha rehabilitado del todo. El equipo de Torres Hurtado acabó con el desmadre de alcohol en las calles pero lo llevó al botellódromo; erradicó un problema generando otro. El actual alcalde, Paco Cuenca, ha cumplido el compromiso de clausurar el recinto de Arabial pero ni ha avanzado en la prometida alternativa de ocio para los jóvenes ni se han apagado los rescoldos de la resaca.

A sólo unos días de que se cumpla un año de su llegada a la Plaza del Carmen, los socialistas han decidido recuperar las barras para el Día de la Cruz. Lo hacen al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Córdoba, desbordado por sus fiestas de los patios, copian la anterior hoja de ruta de prohibición, mano dura y sanciones. Justo cuando Motril ve reproducido el esquema de la Granada del botellón y anuncia multas de hasta 24.000 euros. Olvidando que antes del botellódromo fueron las Cruces… Que las postales de los enfrentamientos callejeros, los comas etílicos y las quejas vecinales por el ruido se empezaron a tomar en las primaveras festivas de mayo.

Este miércoles se podrá beber en tres puntos concretos de la capital. De 12.00 a 22.00 horas. Ni un minuto más. “Todo estará bajo control”. Argumenta Paco Cuenca que quiere “reactivar la vida de la ciudad” en un día tan importante que había perdido su “referencia de carácter nacional”. No sé si quiere decir que es una pena que Granada no tenga la publicidad de los telediarios nacionales abriendo los informativos con batallas campales y las calles convertidas en un estercolero. Me pregunto, además, qué opinará el sector hostelero: si tan mal plan era irse de Cruces tomando unas cervezas en las barras legales de los escasos bares de la ciudad y si tan pocas terrazas hay ya -invadiendo medio centro histórico- para que sea necesario crear nuevos espacios de “disfrute”.

Me aseguran en la Redacción que el 99% de los granadinos estarán de acuerdo con el alcalde; que las Cruces eran la mejor fiesta de Granada, pese a la deriva de los últimos años; y que la solución (“fácil”) nunca debió ser “cargársela”. Es, en todo caso, un experimento incontrolable. Probablemente me guíe la desconfianza, pero también la prudencia y el pragmatismo. Lo conecto, por ejemplo, con la convulsa semana política que estamos cerrando. Tanto el PP como Ciudadanos ponen el foco en la “nefasta gestión económica”, en lo poco que se están resolviendo los grandes problemas de esta ciudad, para criticar el primer aniversario del equipo del PSOE en el Ayuntamiento y mantener viva la amenaza de la moción de censura.

Granada vuelve a ser aquí un laboratorio a escala local de lo que ocurre en Madrid. La moción contra Rajoy con que ha irrumpido Podemos nace fallida por lo mismo que el órdago contra Cuenca: porque no hay alternativa -el nuevo auto de la jueza del caso Serrallo imputando a todo el equipo de Torres Hurtado es demoledor-. Y porque, siendo coherentes con lo que ha ocurrido en los últimos años, los temas épicos que debían mover montañas no pasan factura en las urnas. La indignación se alimenta cada mañana a golpe de cotidianidad: una multa por aquí, un atasco por allí, un indolente vuelva usted mañana, un cabreo inesperado sorteando un vómito en la puerta de casa…

Este domingo vuelve Spiriman para mantener la presión a la Junta en la reorganización hospitalaria. Podríamos pensar que, después de lo que Granada ha logrado en Salud, el golpe a la ciudad como capital judicial de Andalucía a beneficio de Málaga y Sevilla debería ser un polvorín. Permítanme que lo dude… Son ellos y somos nosotros. Porque la chispa salta por los motivos más insospechados y con consecuencias imprevisibles.

Teniendo en cuenta que a Torres Hurtado no le quitaron el bastón de mando los granadinos -y que el PP ya está cerrando las heridas internas del congreso activando el reloj electoral de 2019-, tal vez lo prudente sea no despertar el monstruo del botellón. Salvo que sea una factura buscada y demos credibilidad a quienes defienden que la moción de censura le interesa más a Paco Cuenca que a Sebastián Pérez.