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Nada que rectificar

Magdalena Trillo | 11 de junio de 2017 a las 10:55

Lo que más me ha impresionado siempre del método científico es la normalidad con que los investigadores asumen errores y rectifican. Es más, cuanto más asentado esté el principio, la creencia o el hecho que se desmonta, mayor valor tiene el hallazgo. Desde el origen de la vida y la teoría del caos hasta la aparente insignificancia con que se va transformando nuestro día a día a golpe de invisibles reajustes, refutaciones y descubrimientos cotidianos. Unas veces son las ideas y otras la tecnología; pero en todos los casos es progreso; conocimiento; madurez. Refleja nuestra capacidad como seres humanos para aprender y evolucionar.

Una de las noticias de más impacto de esta semana se ha producido al otro lado del Estrecho: un equipo de antropólogos han sacado a la luz unos fósiles de homo sapiens en Marruecos que cambian la historia de nuestra especie: los huesos datan de hace 300.000 años, constatan que evolucionamos antes de lo que se pensaba y que lo hicimos a lo largo de toda el continente africano, que ya no podemos pensar (sólo) en Etiopía y hablar de una “cuna de la humanidad”.

Me podrían replicar que ‘contradecir’ a los muertos es relativamente fácil, que no es lo mismo refutar a un colega de la universidad de al lado, mucho menos enfrentarte a un lobby -como el que, por ejemplo, acaba de ponerse en marcha para rescatar el aceite de palma-, y hasta me podrían recordar las históricas guerras entre científicos que custodian las hemerotecas. Todo admisible y asumible si ascendemos a un planteamiento ligeramente superior: los humanos no estamos diseñados para corregir. La autocrítica es sinónimo de conflicto. De angustia. De debilidad.

Hace décadas que se estudia en el campo de las Ciencias Sociales. Allá por 1950, el psicólogo Leon Festinger ya propuso la teoría de la “disonancia cognitiva” cuando investigó a un grupo religioso que creía que un platillo volador los rescataría del apocalipsis el 20 de diciembre de 1954. No ocurrió pero tampoco hubo error alguno: Dios había decidido perdonarlos.

Les confieso que, sin este principio, soy incapaz de interpretar buena parte de las otras noticias -supuestamente importantes- que se han producido en los últimos días. A los dos años de la inauguración del Centro Lorca, la cámara acorazada de su legado sigue vacía. El ‘5 a las 5′ se celebró el lunes, con el mismo ritual de todos los años, y al edificio de la Romanilla no ha llegado ni un manojo de dibujos ni un discreto manuscrito. Pero no hay errores, equivocaciones ni responsabilidad; hay una explicación: ¿quién habló del 5 de junio? El anuncio no existió.

Como tampoco existirá la subida del IBI, porque el alcalde ya ha proclamado públicamente que el plan de saneamiento con que los socialistas quieren evitar la intervención de Hacienda “no toca el bolsillo de los granadinos”. Efectivamente, pocos de nosotros sacaremos el dinero de la faltriquera (probablemente nos lo cargarán en la cuenta bancaria) cuando dentro de un año paguemos las facturas con un 4% más de castigo por la herencia recibida del PP -ahora se llama “herida”-, cuando al ejercicio siguiente sigamos socializando las pérdidas asumiendo otro 4% y así hasta en tres ocasiones. Como mínimo.

El precio del autobús no iba a subir hasta que subió -empezando por los 20 centimillos extra del transporte del Corpus- y no resultaría aventurado jugar a los futuribles hasta que entre todos nos convenzamos de que la ruina económica tampoco existió (la de ellos, por puesto, no la nuestra).

Lo más valioso de la disonancia cognitiva es que no entiende de fronteras, de banderas ni de colores. La podemos aplicar en la Plaza del Carmen con la misma contundencia que si damos un paseo hasta La Normal: después de 14 años, en pleno escándalo por la indemnización millonaria al promotor del Nevada, la Junta cesa a la jefa del gabinete jurídico alegando “razones funcionales de organización” -no es ningún “castigo” porque haya habido errores en la gestión del contencioso- y asciende al letrado que llevaba el caso y no fue a la polémica vista de hace un año en la que se fijó la cuantía de la multa -pero no es ningún “premio”, es que tenía el mejor perfil-.

Tan efectiva como si decidimos viajar a Barcelona, Madrid o Londres para analizar el procés catalán, la amnistía fiscal de Montoro o la deriva de Theresa May. No hay errores ni contradicciones. Nadie firma la pregunta del desafío independentista para la creación de la “República” catalana -es puro teatro-, nada importa de una sentencia si no tiene consecuencias palpables -ninguno de los Pujol, Rato, Bárcenas, Granados o Granados que se beneficiaron del indulto del Gobierno tendrán que devolver un euro- y pocas explicaciones hay que pedir a los conservadores británicos sobre unos recortes en seguridad que nunca existieron.

Es menos estresante cambiar los hechos que aceptarlos. Especialmente, si seguimos las evidencias de estudios posteriores demostrando “el aumento del poder y el control personal” que sentimos los humanos cuando nos negamos a rectificar. Nos envalentona. Nos hace fuertes. Advierten los psicólogos -les recomiendo el artículo del New York Times “¿Por qué nos cuesta reconocer los errores?”- que es un efecto a corto plazo; que lo realmente humano es la honestidad y la humildad; que ser obstinado al final muestra a los demás una profunda debilidad del carácter… Pero todo esto es en el mañana, no en el hoy.

Si les suscita alguna duda lo expuesto hasta aquí, piensen en Donald Trump. Es el paradigma. De la disonancia cognitiva y de ese profundo trastorno narcisista de la personalidad que hace unas semanas le diagnosticaron unos investigadores de la Universidad de Granada. No hacía falta un estudio científico. Ni para Donald Trump, ni para el resto de personajes que hilvanan este artículo ni para los muchos que podrían aparecer.

Las lecciones del Nevada (incluidos los jueces)

Magdalena Trillo | 4 de junio de 2017 a las 12:11

Un tercio del Metro. Hasta diez carreteras pendientes en Granada, desde la Ronda Sur de Motril hasta la Autovía Darro-Iznalloz pasando por los nuevos accesos y circunvalaciones proyectadas en Órgiva, Alhama, Baza o Pinos Puente. La mitad de las obras de depuración que hacen falta en la provincia… Esto no es una carta anticipada a los Reyes Magos; son los cálculos que esta misma semana ha realizado el PP para explicar, con realidades, lo que suponen los más de 165 millones que tendremos que pagar a Tomás Olivo por haber paralizado durante toda una década la gigantesca mole del Nevada.

Mitad populismo mitad demagogia, el listado de futuribles de inversión podría llevarse al infinito. Pero si nos quedamos en el pragmatismo del hoy y del ahora, lo que hace la indemnización millonaria del complejo comercial es poner rostro y números a un cúmulo de despropósitos y disfunciones que afectan, por supuesto a la Política, pero también a la Administración y a la Justicia.

Vayamos por partes… Se debata o no el escándalo en sede parlamentaria, y desconfiando de entrada de que las peticiones de explicaciones del PP y de Podemos sirvan para algo, ¿realmente se puede sostener que no hay “responsabilidad política alguna”? ¿Nadie en toda la Junta, de Sevilla a Granada, tiene culpa directa o indirecta? ¿Ni siquiera recurriendo al pecado del ‘in vigilando’ que tan de moda ha puesto Esperanza Aguirre?

Lo curioso es que, mucho antes del desenlace final, el Centro Nevada ya fue un calvario para los propios concejales con una lección de responsabilidad que se ha retomado ahora en el caso Serrallo: ser concejal es algo más que dar ruedas de prensa, seguir las consignas del partido y salir en la foto. No pueden limitarse a dar el voto sin conocer lo que se aprueba porque haya un “principio absoluto de confianza”. ¿Cuánto dinero gastamos en mantener a nuestros políticos para que no sepan lo que firman? Para que no entiendan de planes parciales, de licencias, de letras ni de números.

La concejal del PP Telesfora Ruiz ha llegado a decirle a la jueza que había veces que ni levantaban la mano para votar, que bastaba con su mera presencia… ¿En serio? No sé si presuponerles incompetentes, lamentar su dejadez o sospechar justo lo contrario: que han querido ser más listos que nadie. El caso es que debe ser tremendamente contagioso porque es un argumento que escuchamos, una y otra vez, sin ningún atisbo de complejo, desde el último edil de pueblo hasta cualquier director de banco. Desde las ministras que no saben que hay un Jaguar en el garaje hasta todo un fiscal Anticorrupción que ignora que tener una offshore en Panamá sonaría a corrupción pasando por las alegres tonadilleras y las despreocupadas infantas.

Pero pasa con los jefes… y con los empleados. No sé a qué letrado de la Junta se le olvidó acudir a la vista de hace justo un año, pero cuesta pensar que no haya motivado ni una investigación interna. Ni un expediente sancionador. Los funcionarios no pueden ser intocables. Cualquier metedura de pata, más de tal calibre, costaría el puesto en la empresa privada. De inmediato. En este caso, sólo hay excusas y opacidad. La propia Junta y el PSOE se escudan en “criterios técnicos y jurídicos” para decir que durante todo este tiempo han actuado defendiendo el “interés general”. Para explicar por qué, en los diez años en que se ha ido solapando la vía contenciosa con la penal, no pidieron levantar la medida cautelar de paralización de obras. Ni siquiera cuando en 2011 la Audiencia Provincial dictó la sentencia que condenaba a los promotores pero indultaba el edificio. Por qué la Junta no hizo nada justo al día siguiente de que toda España supiera que el Nevada no iba a ser un Algarrobico; que no se iba a demoler…

Sobre todo esto llevamos semanas debatiendo. Sin embargo, no he leído un solo reproche sobre la responsabilidad de los jueces. En primera instancia y por parte de los magistrados del TSJA que acaban de ratificar, y hasta elevar, la indemnización a Tomás Olivo. Porque tal vez no sea un argumento publicado pero sí compartido: prestigiosos juristas de esta ciudad se preguntan por qué no se pidió una pericial de oficio, independiente, para contrarrestar los informes de parte aportados por el promotor. Si los jueces no deben velar, también, por el interés general. Si, además de darnos lecciones a todos los demás, no deberían hacer también autocrítica. Si, además de condenar, no deberían -por ejemplo- establecer los cauces para garantizar que se recupera el dinero de la corrupción. Si nadie pensó, más allá del necesario tirón de orejas a la Junta, cómo evitar que seamos los andaluces quienes acabemos costeando el imponente Centro Nevada.

Siendo realistas, aunque todavía quede la vía del recurso al Supremo, es puro procedimiento. Una vía fallida de entrada porque en esa instancia no hay posibilidad de presentar un contrainforme que desmonte las expectativas de negocio, el daño y el lucro cesante, que constituyen la base de la condena. Hay quienes piensan que simplemente con haber esperado unos meses, los jueces podrían haber tenido los datos reales con el balance de explotación del primer año. Yo no me confiaría… El propio empresario dijo en su día a este periódico que sería su “mejor opción”, que saldría ganando (más). En aquel momento sonaba a farol; hoy invita a ser prudentes: ¿y si recurrimos al Supremo y eleva (otra vez) la indemnización?

Penúltima lección: no tentar la suerte…

Al final pagamos todos

Magdalena Trillo | 2 de abril de 2017 a las 10:30

El otro día me llamo un buen amigo, tan crítico y adicto a la prensa como quienes estamos detrás, para plantearme si no creía que estábamos dándole demasiado espacio a los tribunales. Primero contesté a la defensiva: por supuesto que no; la actualidad manda. Después lo he pensado y la respuesta sigue siendo no. Pero con matices. No son los tribunales de toda la vida, ese camino fácil en el periodismo que se rinde al aforismo británico de que “si sangra, manda”, lo que ocupan los titulares. Es la política, la economía y los bancos; son las instituciones y las empresas; es la movilidad y hasta el tiempo de ocio que enterramos en los centros comerciales.

En su toma de posesión como nueva fiscal jefe de Andalucía, hacía bien Ana Tárrago en garantizar que actuará contra la corrupción “sin influencias extrañas” porque, justamente, es la política el espacio que más alarmantemente se ha judicializado en los últimos años -por injerencias externas pero también por méritos propios- y que está desencadenando una contagiosa parálisis institucional con repercusiones tanto en la anormal inactividad que está vampirizando el día a día de las administraciones como en el propio funcionamiento de las ciudades. Granada es un ejemplo. A punto de cumplirse un año del estallido de la operación Nazarí, en los despachos se está más pendiente de lo ocurre en la Chancillería, en La Caleta y en la Comisaría que de la rutina de la gestión.

Y las consecuencias las sufrimos todos. Por muchas explicaciones tendenciosas que quieran deslizarse sobre maniobras en los tribunales para ‘influir’ en la política, por muchas afinidades y conexiones familiares que podamos construir entre fiscales, jueces y políticos, la connivencia del equipo de Torres Hurtado con los principales empresarios de la ciudad ya no se limita a una mera sospechas de favoritismo y trato de favor. Hay informes jurídicos que vendrían a demostrar cómo se perjudicaron los intereses de la ciudadanía para beneficiar a unos pocos; cómo se firmaron decretos con carácter de urgencia, sin pasar por pleno y sólo unos días antes de las elecciones, que despejaban negocios de particulares; reuniones privadas en dependencias municipales; agendas secretas con “información relevante” de quienes entonces orquestaban el urbanismo en la ciudad…

Es sólo el principio. ¿Será suficiente para justificar la caída de Torres Hurtado? ¿Para condenar penalmente? Lo que ya parece claro es que son consecuencias que no sólo las sufrimos todos, también las ‘pagamos’. En sentido figurado y literal. El brutal plan de ajuste que tiene que preparar la capital en menos de una semana para esquivar la intervención tiene el trasfondo de los 13 años de “herencia recibida” del PP pero no con una causa sencilla ni única. Y es que todo está conectado. Los tribunales, la política y la economía se han convertido en vasos comunicantes. Lo indignante es que al final sea la salida fácil del bolsillo del ciudadano la solución para la ineptitud de unos y la corrupción de otros.

La teoría de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se puede aplicar casi el rigor de un manual al terreno local. No sólo son las grandes empresas las que blindan sus negocios suscribiendo cláusulas antipérdidas -el escándalo de Magdalena Álvarez con la AP7 es uno más- con negocios ruinosos para el Estado que serían impensables en cualquier economía doméstica. ¿Qué ocurre cuando un gobierno local malvende el patrimonio de una ciudad? ¿Cuándo va en contra del interés de todos?

Así que sí. Hace bien Ana Tárrago en hacer una defensa “inquebrantable” de la Justicia frente a los “avatares políticos”. Y sí, todo empieza y acaba en los tribunales. Buceando en la maraña del caso Nazarí, me recordaba Lola Quero esta semana que la guerra entre Tomás Olivo-García Arrabal no sólo es comercial y está salpicada de denuncias. Ironías de la vida. El promotor del Nevada, acusación particular en el caso Serrallo, está a punto de cerrar una operación con la que podría quedarse con el centro comercial que se convirtió en la bandera de la familia García Arrabal. Más ironías de la vida. Si no prosperan los recursos y la Junta tiene que asumir la indemnización millonaria que le exige Olivo, el Centro Serrallo lo acabaremos comprando entre todos…

A lo grande

Magdalena Trillo | 20 de noviembre de 2016 a las 10:30

Toda la historia de la Humanidad se ha intentado escribir en mayúsculas. Desde las obras faraónicas de la antigüedad hasta la megalomanía de los monumentos y esculturas que, en ciudades de todo el mundo, nos recuerdan la debilidad del hombre por lo grande. Su rendición, calibrada en toneladas de mármol y de hormigón, al viejo pecado de la vanidad.

¿Pero más es mejor? La crisis económica se ha encargado en los últimos años de darnos una dura lección de pragmatismo: no todos los proyectos los podemos valorar al peso; no si hablamos de éxitos y de fracasos. Podríamos recordar casos simbólicos como el aeropuerto de Castellón o la Ciudad de las Artes de Valencia, detenernos en cualquiera de las burbujas que se han ido desinflando a golpe de realidad y, en un plano mucho más escurridizo, cuestionar sin miramientos la contagiosa deriva de crecimiento incontrolado que se ha terminado infiltrando en las instituciones públicas de todo el país.

Granada no es una excepción. Al contrario. La enfermedad del gigantismo la vivimos por partida doble: en dimensión y en tiempo. Tal vez ya no nos acordemos de lo que nos costó librarnos de los conos para poder bajar en autovía a la playa ni de la eternidad que hemos sufrido hasta ver la A-7 terminada. Pero es porque había una sólida razón: eran absolutamente necesarias y, al final, funcionan. En estos momentos, las dos grandes infraestructuras en macha, el Metro y el AVE, comparten una larga década de complicaciones, replanteos y retrasos y una preocupante incertidumbre sobre su utilidad y su viabilidad. Al tranvía lo hemos visto esta semana atravesar en pruebas todo el trayecto subterráneo del Camino de Ronda y circular por el Zaidín -nada más elocuente que el “¡Ya era hora!” con que los vecinos se unieron el jueves a la preinauguración- suscitando una compartida expectativa de optimismo: que se ponga en servicio para Semana Santa y que se cumplan los datos que maneja la Junta sobre el nivel de usuarios y rentabilidad. El caso del AVE es mucho más sombrío: no hay un horizonte en el corto plazo para poner fin al aislamiento ferroviario que sufre la provincia desde hace cerca de 600 días ni un compromiso de fechas por parte de Fomento para la llegada definitiva del tren. Para el proyecto del soterramiento sólo hay buenas palabras y, lo más grave de todo, no está claro que sea un sistema de Alta Velocidad realmente competitivo lo que acabe llegando a la Avenida de Andaluces. Eso sí, a una estación “remozada” que nada tiene que ver con el millonario y majestuoso proyecto que en su día diseñó Rafael Moneo y el equipo de Torres Hurtado se encargó de tumbar porque -en este caso- era “demasiado” para Granada…

El Hospital del PTS va camino de convertirse en un ejemplo de manual sobre cómo convertir un proyecto emblemático para una ciudad en un problema. Después de 14 años de espera, el complejo sanitario abrió sus puertas en verano desencadenando la mayor crisis que probablemente haya sufrido el SAS en Andalucía en toda la Democracia: aunque hasta la Junta reconoce ya los desajustes y errores que se han cometido en el proceso de fusión, la realidad hoy es que Granada tiene uno de los hospitales más grandes de España, uno de los mejor equipados de toda Europa y un monumental clima ciudadano de cabreo que, lejos de amainar, ya se ha contagiado a Málaga y Huelva. ¿Se acuerdan del proyecto? Se trataba de levantar un ‘nuevo Clínico'; de construir un gran hospital -con más de 160.000 metros cuadrados, es la mayor obra civil de Andalucía- para mejorar la asistencia de los usuarios del decadente San Cecilio. Pero la crisis económica, los recortes presupuestarios y la reorganización hospitalaria llegaron después desdibujando la idea inicial y transformando lo que debió ser un éxito -una de esas grandes iniciativas sociales que ayudan a ganar elecciones- en un incontrolable problema.

Frente al PTS, el Centro Nevada abre esta semana sus puertas. Después de 21 años de pleitos, denuncias y líos judiciales, se pone en marcha uno de los gigantes del comercio más grandes de España. Un imponente árbol de Navidad, el más alto de Europa, saluda ya a los miles de visitantes que pasarán cada día por las más de 250 tiendas y establecimientos que integran la oferta comercial y de ocio inicial -los cálculos del promotor son superar los 25 millones al tercer año-. Sobre la inmensidad de los 280.000 metros cuadrados del parque comercial, Tomás Olivo recordaba ayer a los medios que se han invertido 480 millones de euros y que generará más de 7.000 empleos… Sin resentimientos, mirando “hacia adelante”. Lo que no sabemos es cuántos destruirá. Si la riqueza que generará el Nevada Shopping compensará el incierto destino de otros centros como el Serrallo. Porque ahí está el fantasma del Neptuno para generar la duda. Porque el Leroy Merlin acaba de cumplir un año y, a sólo unos cientos de metros de distancia, ya ha cerrado el Akí.

No sólo el pequeño comercio está preocupado. El colapso de tráfico en la zona es ya una rutina para cualquiera que transite por la Ronda Sur. Aunque se han activado algunas medidas de choque para agilizar los accesos, no es difícil intuir la imagen que tendrá la Circunvalación cuando nos sumerjamos en la fiebre consumista navideña. Y el ruido. Y la contaminación. Podríamos compensar pensando que, para primavera, se habrá creado un gran corredor verde en todo el entorno del PTS con más de 2.000 árboles: el parque más grande de Granada. Un nuevo pulmón verde de 117.000 metros cuadrados para lo que está llamado a ser “uno de los espacios de excelencia” de Granada. El consejero de Economía visitaba este viernes la ciudad para conocer junto al alcalde el estado de las obras de urbanización de zonas verdes y espacios libres que se iniciaron en verano una vez superado el desacuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento. La previsión final de inversión global en el PTS, con 2.800 profesionales trabajando ya en el centenar de empresas ubicadas en el Campus y en torno a 3.000 en el Hospital, llegará a los 750 millones.

Sobre un Excel, las cifras son incontestables. De todos los proyectos. Para responder la pregunta inicial habrá que esperar y tiene matices. ¿Más es mejor? ¿Grande es sinónimo de éxito? Puede. En comparación con qué y según para quién.

¿Pagamos entre todos el Centro Nevada?

Magdalena Trillo | 24 de julio de 2016 a las 11:39

El juez Miguel Ángel del Arco definió en su día al Centro Nevada como un “Leviatán de hierro y cemento en plena Vega de Granada”. En las antípodas de la bestia marina que cita el Antiguo Testamento, su promotor siempre ha pensado que su criatura era digna de convertirse en un referente arquitectónico si no hubiera sido por los problemas de la tramitación del proyecto y el lío judicial que ha corrido paralelo a los bloques de mármol y hormigón que durante una década han subido y bajado a golpe de contradictorias sentencias.

En los más de 370.000 metros cuadrados que coquetean ya con el megahospital del PTS, que a partir de noviembre se disputarán el colapso de tráfico y la estampa sur de la Sierra y la Alhambra, se condensa la historia de fracasos, despropósitos y hasta de mala suerte de una provincia que sigue empeñada en liderar los rankings más frustrantes y negativos de todo un país. Lo son puntualmente las listas del paro y de destrucción de empleo, lo ha sido esta semana la panorámica con los pueblos más ricos y pobres de España -Zafarraya ya tiene el título de ser el último de los últimos-, en infraestructuras hemos innovado cambiando los insólitos veranos de los conos por el paisaje tercermundista de las excavadoras en las playas y, como oportuno punto de inflexión en la interminable trama del desconcierto, ya tenemos un escándalo que sumar al guión: histórica condena contra la Junta por bloquear durante casi diez años el Centro Nevada.

157,41 millones de euros. Es el precio que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada ha fijado de “indemnización por daño emergente y lucro cesante”. 157 millones que, si no prospera el recurso, terminarán saliendo de nuestros bolsillos para engrosar las arcas de Tomás Olivo. Sí, ese mismo constructor que estuvo imputado en el caso Malaya, que fue condenado a prisión por maltratar a su ex pareja y que ha protagonizado en Granada algunos de los capítulos más polémicos de la telenovela urbanística. La multa ha desatado una nueva tormenta política que viene a reproducir en formato de ruedas de prensa lo que se comenta a pie de bar: ¿la Junta va a terminar pagando el centro comercial? Porque 157 millones es más de lo que manejan muchas consejerías al cabo de un año. Porque, con 157 millones, casi podríamos permitirnos el lujo de acabar las obras del AVE.

Pero, como ocurre en las mejores novelas negras, lo más jugoso no es lo que se cuenta sino lo que transcurre entre bambalinas. Para empezar, una advertencia. El susto de la sanción podría ser aún mayor: la empresa promotora formalizó una reclamación judicial por 270 millones y el propio constructor calcula que el perjuicio para sus negocios supera los 500. A continuación, lo inaudito: cómo es posible que la negligencia no tenga un coste. Que no haya responsables. Ni en las instituciones ni en los tribunales. Ni a nivel político ni a nivel judicial.

Las explicaciones de la Junta sólo llevan a la contradicción. Este mismo lunes anunció que recurrirá el auto: entendía que los daños por la paralización “no están acreditados”, recordaba que el propio Olivo fue condenado en la vía penal del caso -“No se puede indemnizar por daños y perjuicios a quien ha cometido un delito”- y criticaba que justo el Juzgado de la condena decretó en su momento la paralización. Eso sí, sobre el hecho de que ningún letrado de la Junta acudiera al juicio el pasado 6 de junio sólo pudo alegar que fue un “error de los servicios jurídicos”.

El grupo parlamentario de Podemos, que ha pedido las comparecencias de los consejeros de Presidencia y Hacienda, ve este escándalo como un ejemplo más del “funcionamiento ineficaz” del Gobierno andaluz y del “descontrol interno y externo” que evidencian casos como los ERE o los Cursos de Formación. El PP, por su parte, ya estudia llevar a la Junta ante la Fiscalía por si se han cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

El caso Nevada vuelve a sumirse en la confrontación política pero el trasfondo de los 157 millones apunta en otra dirección que nos debería alarmar aún más: el nulo coste que en España tiene dilapidar lo ajeno. Aunque con relativos resultados, a los políticos los hemos terminado situando en el ojo del huracán de la indignación popular. Pero ¿nos atrevemos con los intocables funcionarios? ¿Con los intocables jueces? De la negligencia al delito. De las guerras corporativas a los conflictos de intereses. ¿Corrupción? ¿Negligencia? ¿Descontrol? ¿Un inocente “error”? Hasta el debate parece tabú.

La Marca Granada

Magdalena Trillo | 7 de septiembre de 2014 a las 10:30

Granada es capaz de proyectar una imagen excepcional al mundo y de convertirse también en su peor pesadilla. El Mundobasket y la Universiada son el ejemplo. El mismo día que el alcalde saca pecho por el impacto que ha tenido la Copa de Baloncesto –desde el punto de vista deportivo con más de 500 millones de espectadores y, en el plano turístico y económico, ‘tirando’ diez puntos de la ocupación y moviendo entre 25 y 30 millones de euros–, la Federación Internacional de Deportes Universitario (FISU) emite un durísimo comunicado en el que amenaza con llevarse las pruebas de hielo de la Universiada a otro país, exige un plan B porque no se fía de que las infraestructuras se acaben a tiempo y muestra su absoluta perplejidad por que la organización local se niegue a recibirlos: “Es como si un nadador con dificultades rechazara un salvavidas”.

Tan “preocupados” como ellos debería estar la ciudad. Si el Mundial de Baloncesto ha supuesto una promoción “impagable” que ha permitido revalorizar la Marca Granada, y a ello hay que unir el Mundial de Tiro que desde hoy mismo congregará en Las Gabias a casi 3.000 participantes de 93 países, en menos de cinco meses los juegos universitarios de invierno pueden transformarnos en un escaparate del despropósito a escala mundial.

La gala inaugural es, teóricamente, el 4 de febrero y por el camino ya nos hemos quedado sin las pruebas de esquí nórdico y biatlón –hasta nos vapulea la FISU asegurando que Eslovaquia ha realizado un “trabajo colosal”–, Antequera ha estado a punto de dejarnos sin patinaje y ahora se compromete todo el programa de hielo. El organismo que promueve el campeonato sentencia que lo único que está garantizado en Granada es el esquí alpino y el snowboard en Sierra Nevada, de modo que el segundo ‘exilio’ de pruebas lo podríamos conocer en menos de tres semanas cuando tengamos que recibir a delegados de 25 países y debamos explicarles en qué punto está el proyecto.

Expectativas mal enfocadas. O proyecto gafado. Ahora que estamos poniendo de moda los ‘frentes unidos’ y las coaliciones, de todos contra todos, deberíamos impulsar a nivel local una gran alianza contra la mala suerte y la maldición. El PP está convencido del “castigo” que Granada ha sufrido en 32 años de autogobierno “por culpa” del centralismo sevillano y la desastrosa gestión de los socialistas en la Junta.

Se podría discutir mucho sobre las responsabilidades, pero para constatar la realidad del “agravio” –¿inoperancia? ¿incapacidad de gestión? ¿falta de ambición?– no hay más que salir a la calle para toparse con la puerta cerrada del Centro Lorca, subirse en uno de los trenes tercermundistas que hacen parada en Andaluces bajo el implacable reloj del progreso que nunca sabremos bien cuándo dejó de latir, ver los matojos secos crecer en el solar que debía albergar el Teatro de la Ópera o seguir la estela del césped abandonado de los raíles del Metro hasta llegar a la dormida mole del hospital del PTS. La mayor infraestructura sanitaria que se está construyendo en Andalucía y el mayor símbolo, también, de los excesos de la crisis.

Llegan las elecciones y parece que por fin se van a ‘atrever’ a abrirlo, pero por fases y sin que aún hayan sabido explicarnos (ni a los ciudadanos ni a los propios profesionales que se oponen a la fusión de hospitales) a dónde tendremos que ir para según qué urgencia ni cómo nos vamos a mover en una zona que hoy es incapaz de absorber el tráfico de un día cualquiera y, en medio año, tendrá que dar salida a los usuarios de un megahospital, a los clientes de un nuevo complejo comercial (si nos guiamos por cómo proliferan las palmeras, el Nevada no tardará en abrir) y a miles de estudiantes y profesores de la Universidad.

Pero no crean que éste es el debate. El conflicto ahora es por el nombre del hospital. La Junta ha impuesto el nombre de Alejandro Otero y el PP quiere que se llame Federico Olóriz… ¿De verdad que es aquí donde se van a ‘emplear’ nuestros políticos en los próximos meses? No sé de dónde viene el agravio y no sé quién nos castiga más pero si queremos revalorizar la Marca Granada vamos a necesitar mucho más que un Mundial de Basket.

Dice Clint Eastwood que “siempre hay un momento en el que nadie cree en ti”. El desafío al que se enfrentan los políticos es impedir que ese momento sea irreversible. O eterno.