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Dejación de funciones

Magdalena Trillo | 25 de junio de 2017 a las 11:15

Empobreciendo la pobreza. Menos pobres pero más desahuciados. Pobres con contrato de trabajo. Pobres con estudios. Pobres con rostro de mujer.

Después de una década de crisis, poco tiene que ver el retrato que hace Cáritas de la sociedad española con el optimismo calculado que reflejan las encuestas del CIS. Menos aún con los números y porcentajes que estrujamos en las estadísticas de turno para fijar puntos de partida y expectativas que ratifiquen que estamos “apuntalando la recuperación”. Siete de cada diez familias son ajenas al espejismo del despegue. La pobreza se ha vuelto crónica, se ha intensificado y lo más grave es que lo hemos normalizado con una absoluta indiferencia.

Hijos que no pueden irse de casa; hijos que vuelven asumiendo el fracaso de la emancipación. Familias que viven a oscuras porque no pueden ni pagar la luz; enfermos que son atendidos a la luz de las velas. Los barrios más pobres de España, los municipios más pobres de España, están en Andalucía. Hasta siete en Sevilla, dos en Málaga, uno en Córdoba…

La zona Norte de Granada no está en el ranking; en Almanjáyar hay un microclima de problemas mucho más complejo. La pobreza de unos compite con la delincuencia de otros; o tal vez sea justamente la miseria lo que lleva a familias enteras a convertir sus casas en grandes focos de cultivo de marihuana. Son salidas fuera del sistema a las que conduce una situación desesperada. Más aún cuando estás convencido de que votar no sirve para nada, tampoco asociarte y mucho menos movilizarte.

Decía el Defensor del Ciudadano que el mayor problema de Granada en estos momentos no tiene que ver con los atascos y la movilidad, con la fusión hospitalaria, con el retraso de las infraestructuras ni con los culebrones de los tribunales. Hablaba de la zona Norte, de la vulneración de derechos fundamentales, de posibles irregularidades en la gestión del suministro eléctrico, de la “incompetencia” de las empresas y las administraciones y hasta de dejación de funciones. Confirmaba que la Fiscalía ha abierto una investigación penal para aclarar unas denuncias sobre las que ya alertaba en mayo el Defensor del Pueblo Andaluz asumiendo la “profunda vergüenza” de ver cómo unos y otros bajan los brazos y miran para otro lado…

Dejación de funciones. Puede que también sea lo que al final subyace en la “impotencia” con que el alcalde de Pinos Puente, el también diputado Enrique Medina, emprendía esta semana una recogida de firmas para reclamar a la Subdelegación del Gobierno más agentes de la Guardia Civil que hagan frente a la “creciente sensación de inseguridad” que se vive en un pueblo mediáticamente estigmatizado por los índices de criminalidad. Más patrullas, más controles. Hacer algo más que ser testigos complacientes con los vehículos de gran cilindrada que se pasean por su pueblo…

No es casualidad que los políticos se hayan convertido en un problema (más) para los ciudadanos. Y son los temas de corrupción, por supuesto, pero también su manifiesta incompetencia para dar respuesta a los problemas de hoy y para atisbar siquiera una hoja de ruta que anticipe los que nos acechan, para alcanzar consensos sobre las urgentes reformas que requiere el país por encima de la demagógica enmienda a la totalidad que propugnan algunos.

Y no es extraño que la consecuencia sea una percepción generalizada sobre el mal funcionamiento de las instituciones, una desconfianza contagiosa en quienes nos gobiernan y un paulatino descuelgue del sistema. Volvamos al informe de Cáritas: ¿de nada sirve votar?, ¿movilizarse para qué? Unas veces por incapacidad y otras por miedo; es difícil saber qué disfunción es la más peligrosa cuando todos los casos conducen a una gravísima parálisis de la Administración. Si nada firmas, si nada haces, si de nada eres responsable, nada hay que temer.

¿Dejación de funciones? De políticos y de funcionarios y en todos los estamentos de la esfera pública. Es la situación de emergencia de la zona Norte pero es también el giro que acaba de dar el caso Agreda con la reapertura de la causa por parte de la Audiencia Provincial evidenciando profundas discrepancias con el juez que ordenó el archivo y con la fiscal; la venta de la casa puede que no fuera tan transparente ni tan justa…

Incluso, me atrevería a llevar la denuncia de la dejación de funciones a los ‘inicios’ del caso Nazarí… Por qué Nino García-Royo no recurrió a los tribunales si hace diez años tenía tan claro que había una trama corrupta en Urbanismo con “Manolo y sus amigos”; por qué su sucesora al frente del área, por muy grande que fuera el “berrinche” del concejal por no ir en las listas del PP a las municipales para el segundo mandato de Torres Hurtado, no tomó ninguna cautela cuando le advirtió por carta…

Ala espera de lo que vayan resolviendo los tribunales, dejar morir los temas, no hacer nada y mirar para otro lado tal vez haya sido el mejor escudo para evitar problemas en el ámbito público y político. Pero entonces tendríamos que asumir entre todos que nada hay tampoco que defender ni que salvar. Porque en la dejación de funciones pueden esconderse quienes gobiernan pero también los gobernados.

La conciencia del hartazgo

Magdalena Trillo | 24 de junio de 2012 a las 10:08

Aunque a muchos no les haya gustado el tono, resulta difícil discrepar con el trasfondo de la reprimenda que José Chamizo ha lanzado esta semana a los políticos conminándoles a que dejen las “peleítas” y se centren en resolver los problemas de los ciudadanos: “La gente está muy cabreada con ustedes, cansada de asistir un día sí y otro también a una pelea política que considera estéril y alejada de sus problemas reales”. “No sé si lo saben”, se lamentaba el Defensor del Pueblo, “la gente está cansada de todos ustedes”.

Hasta el gorro. No se trata de realizar una enmienda a la totalidad a la política y mucho menos a un sistema democrático que ha permitido a España conseguir unos niveles de progreso y bienestar inimaginables hace sólo unas décadas. Pero la contundencia de sus palabras, tan coloquiales como sinceras, es proporcional al desencanto de los ciudadanos por la incapacidad e inoperancia que nuestros políticos nos demuestran a diario para aportar soluciones en lugar de querellas y crispación y a la creciente sensación de estafa que supone comprobar que ni hay hoja de ruta para salir de la crisis, ni hay sólidos criterios que marquen la acción de gobierno ni es el interés general y el servicio público lo que justifica la toma de decisiones.

Me pregunto hasta qué punto hay conciencia real de que se está fallando más allá del discurso aprendido de reconocer que es necesario esforzarse por recuperar la confianza perdida, por devolver cierta credibilidad a las instituciones. Se habla de unidad pero se gobierna a golpe de decreto; se ofrecen pactos y se termina dirimiendo cualquier conflicto en el Constitucional; se reclama lealtad mientras se afilan los cuchillos.

En la política local, raro es el proyecto que no se eterniza o desatasca en función del color de las instituciones que, teóricamente, deberían colaborar. Decía esta semana el nuevo consejero de Cultura que el Centro Lorca tiene que salir adelante; ¡pero es que lleva dos años paralizado cuando apenas falta un 5% de obra por terminar! Decenas de ayuntamientos de la provincia han sido incapaces de sacar adelante los planes de pago a los proveedores porque no cuentan con una mayoría de gobierno suficiente que les permita frenar el boicot de la oposición. El caso de Santa Fe, con la ‘colaboración’ de una tránsfuga, es alarmante: despido de trabajadores, subida de impuestos, nóminas de septiembre en el aire y quién sabe si algún funcionario terminará barriendo las calles.

Repasen la hemeroteca y sumen los ejemplos que quieran. Porque no son casos aislados; son dinámicas. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de haber retrasado los Presupuestos del Estado hasta después de las elecciones andaluzas por intereses partidistas, la lentitud e inoperancia de Europa para resolver la crisis del euro la pagamos cada mañana sucumbiendo a la voracidad especulativa de los mercados y el teatro de confusión, medias verdades y rectificaciones en que vive el Gobierno no conduce más que a un permanente estado de cabreo. Sí, hasta el gorro.

Sería una tomadura de pelo que la comisión de investigación de los ERE se cierre en Andalucía sin que den la cara los máximos responsables del Ejecutivo andaluz tras una larga década de fraude. Y es impresentable, ya, que se haya dado carpetazo al ‘circo Dívar’ sin que el mayor representante de la Justicia española tenga “conciencia” de haber hecho algo incorrecto y se vaya entonando la teoría de la caza de brujas y la conspiración sin asumir culpa alguna por sus ‘escapadas caribeñas’. No son “minucias”; es la degradación máxima de la decencia. Como lo es que pasemos la página de Bankia tapando el agujero del ladrillo con los 62.000 millones del no-rescate sin hacer ni una sola pregunta a los Rato, Blesa, MAFO y compañía.

Otro Defensor del Pueblo, el europeo, se ha sumado esta semana a la llamada a la conciencia de Chamizo publicando una guía de conducta ética para funcionarios –que deberíamos extender a políticos, empresarios, sindicatos, banqueros…– y reivindicando unos principios tan básicos como olvidados: que las instituciones están para servir a los intereses de los ciudadanos; que no se deben aceptar regalos ni condicionamientos financieros; que hay que actuar con rapidez y estar dispuestos a corregir errores… Diamandouros hablaba de compromiso, integridad, objetividad, respeto a los otros, transparencia… Abran el periódico por cualquier página. No es gratuito ni una exageración: estamos hasta el gorro. Se podrá decir más alto pero no más claro.