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Las otras puertas giratorias

Magdalena Trillo | 17 de diciembre de 2017 a las 10:00

Las puertas giratorias no funcionan sólo para los altos cargos que buscan acomodo (y altísimas remuneraciones) en el confort de las grandes empresas del sector privado cuando tienen que dar por cerrada su etapa de “servicio público” por imperativo legal, por decisión personal o por invitación forzada. Aunque hay quienes sembraron antes de dar el salto a la política y tienen donde volver, nadie se sorprende ya de que un exministro ocupe una envidiable posición en una multinacional, de que se premie a un exalcalde con un cargo vistoso o se busque refugio a un exconsejero en una tranquila empresa pública.

PP y PSOE llevan toda la democracia practicando y, por regla general, es legal: el político en cuestión ocupa su nuevo puesto y se gana el sueldo. Con más o menos dosis de (in)competencia, madrugará, se esforzará y se estresará como cualquiera de nosotros.

Estas (malas) prácticas de colocación exprés, compartidas en cualquier país de nuestro entorno, pueden resultar reprobables pero se ajustan a lo que marca la ley. Los escándalos llegan cuando los políticos hacen malabarismos de indecencia. El ejemplo más reciente lo tenemos en Francia: la mujer del candidato a la presidencia Francois Fillon llegó a cobrar hasta 900.000 euros como “asistenta parlamentaria” por no hacer nada durante más de una década. La exclusiva de Le Canard fue aplastante: Penélope es la asesora mejor pagada en la historia de la V República. Y por un empleo ficticio.

En Granada, el caso Emucesa se está abriendo paso como una mala copia de ese nepotismo nada ilustrado que conecta con el tráfico de influencias y que termina dando forma a la corrupción. Pero no nos engañemos; el puñado de puestos fantasma en la empresa municipal del cementerio (el informe interno que se ha filtrado esta semana alude a seis contratos de alta dirección autorizados entre 2005 y 2012 por los concejales María Francés y Juan Antonio Fuentes) no es más que la punta del iceberg.

El pasado mes de abril, publicábamos en este periódico un análisis detallado sobre las cuentas internas del PP que revelaba el impacto económico que había supuesto para el partido la pérdida de poder tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Diputación. Nuestra jefa de Local, Lola Quero, rastreó en la documentación del partido que justo antes de las elecciones de 2015 tenían contabilizados casi 3,9 millones de euros anuales en sueldos (2,6 salían de la capital y 1, 3 de la institución provincial) que pagaban a diferentes personas del partido en puestos técnicos y que solían justificar como cargos de confianza.

¿Cuántos cumplían y cuántos no? ¿Se bordeaba la ilegalidad? ¿Paga la administración pero el trabajo se desempeña en el partido? ¿Paga la empresa y el empleo ni existe?

Tan vitales para un partido son estos vasos comunicantes con las instituciones, con el poder, que buena parte de su funcionamiento ordinario puede acabar dependiendo de que se gobierne o se hiberne en la oposición. Un informe interno de la gerencia del PP advertía, por ejemplo, del elevado coste que suponía mantener el alquiler de su imponente sede del Zaidín…

Pero el PP no ha inventado nada que el PSOE no haya practicado cuando ha podido. ¿Quién lo ha hecho con más descaro? Las dinámicas las engendra el poder. Lo hacen porque pueden; y no lo denuncian cuando toman el relevo porque no les conviene. La paradoja es sintomática: buena parte de la vida municipal se desarrolla en los tribunales por su desenfrenada afición a desempatar cualquier conflicto recurriendo a los jueces y, justo cuando hay un caso alarmante con aparente recorrido penal, nos lo pensamos.

Lo de abrir ventanas y levantar alfombras queda muy bien en la retórica del ganador pero todos sabemos que tiene un precio. A los nuevos partidos se les critica, y con razón, la rapidez con que se están dejando contagiar por la mala praxis de la vieja política pero hay momentos (y éste es uno de ellos con Vamos Granada tirando de la manta en Emucesa) en que se hacen valer y nos recuerdan por qué había que zarandear al bipartidismo. Aunque sólo sea por una cuestión de tiempo y de oportunidad.

El ‘cachondeo’ judicial

Magdalena Trillo | 26 de febrero de 2017 a las 12:03

Hace más de 20 años que Pedro Pacheco provocó un tsunami mediático, e institucional, cuando dijo que “la justicia es un cachondeo”. Era febrero de 1985 y la polémica se circunscribía a la paralización de una orden de derribo de un chalé de Bertín Osborne. Luego, y son muchos los que piensan que con un trasfondo de revancha de los intocables de las togas, llegarían las denuncias por su gestión como alcalde de Jerez, la condena a cárcel, los embargos y su entrada final en prisión por dos casos de enchufismo. Hablamos ya de finales de 2014. La crisis económica empezaba a dar paso a la política y, a golpe de escándalos de corrupción y de cabreo ciudadano, empezaba a imponerse una corriente de máxima ejemplaridad que explicaría, por ejemplo, que la tonadillera Isabel Pantoja acabara entre rejas con una pena por blanqueo de capital inferior a dos años.

Había que reconstruir la deteriorada imagen de la Justicia. Demostrar que la justicia era justa, imparcial e independiente… Y parecerlo. De entrada, la lentitud del sistema, con la insistente llamada de atención de jueces y fiscales por la sobrecarga de trabajo, la saturación de los juzgados y la falta de recursos y personal, en nada contribuye. Ni en el fondo ni en las formas. Por la propia indefensión que provoca -ahí están las quejas constantes de los implicados en el caso de las audioguías de la Alhambra- y por el espacio que abre al linchamiento mediático y a la condena y criminalización social.

Pero este talón de Aquiles del poder judicial, un problema que nuestro país viene arrastrando durante toda la etapa democrática de construcción del Estado de Derecho, no es sino la base de cultivo para ese otro ‘cachondeo’ que discurre estos días en paralelo a los grandes casos de corrupción y alimenta la imagen de descrédito, presiones y politización que con tan poca fortuna denunció el histórico político andalucista.

pacheco

Mientras el ya ex jefe superior de Murcia habla siniestramente de “purga”, acosos y asaltos a viviendas de fiscales Anticorrupción, en Twitter sistematizan con agudeza los atenuantes que se habrán aplicado en el caso Nóos para que Iñaki Urdangarin, el cuñado del Rey, para que pueda seguir escondido en Suiza: no ser rapero ni tuitero ni titiritero. Aun dejando de lado los argumentos estrictamente jurídicos de la sentencia, la decisión de las tres magistradas de la Audiencia de Palma acordada este jueves en la vistilla de medidas cautelares es realmente inquietante: libertad sin fianza y con la única preocupación de comparecer una vez al mes en su refugio alpino.

Hace justo un año que un juez de la Audiencia Nacional ordenó prisión provisional sin fianza para los dos titiriteros granadinos que fueron detenidos por “ensalzar a ETA” en un espectáculo programado para las fiestas de Carnaval en Madrid. Había riesgo de fuga así que permanecieron cinco días en el calabozo; hoy, la causa está archivada y ellos siguen representando sus obras, incluida la de La Bruja y Don Quistóbal. En el caso de Urdangarin no hay riesgo de fuga. Ni posibilidad de que vuelva a delinquir ni de que destruya pruebas… No es de extrañar que su abogado confesara a los periodistas que está “entusiasmado”. Y mucho menos que media España especule ya sobre si al final entrará en prisión; si hay dos varas de medir; si la justicia ni es justa ni lo parece.

titiriteros

Hablar de “cachondeo” no es más que un recurso -no niego que exagerado- para alertar de las disfunciones judiciales, pero admitamos que estamos en un momento en que se ha superado ampliamente lo que podríamos considerar aislado y excepcional.

Que un ex alto cargo de la Junta vaya a presidir el tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán (sus jefes durante 6 años) resulta inadmisible por muy legal que sea y muy honesto y solvente que sea el magistrado… Que hayamos convertido el relevo de plazas en el Constitucional en un ‘mercadeo’ de sillones entre los dos grandes partidos -y sin pudor- poco ayuda a desmentir las “purgas”, las presiones y la politización de la justicia… Que Zoido haya puesto en marcha una operación limpieza en Interior tiene (demasiado) de cloacas y de novela negra.