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El precio de la paz social

Magdalena Trillo | 6 de noviembre de 2016 a las 11:45

A qué precio estaría dispuesto a venderse? De la literatura al cine, de la historia a la filosofía, es una constante en las preocupaciones humanas el dilema ético y moral que significa poner precio a nuestra voluntad: por un voto o una firma; para garantizar nuestro silencio o por hablar; por un soplo o por un pendrive; por quedarnos en casa o por salir a la calle a protestar… En unos casos lo llamamos compromiso y capacidad de decisión y en otros, coqueteando en la sinuosa frontera de la legalidad, recurrimos a la extendida ecuación capitalista que pone en circulación euros, prebendas y privilegios según mercado.

La segunda parte del conflicto, qué precio estaríamos dispuestos a pagar, se desliza en la parte contraria del tablero -conjugando los mismos riesgos y sucumbiendo a idénticas debilidades- en una escala volátil que siempre va de la razón al corazón. Aunque en los dos campos hay un abismo entre el enriquecimiento ilícito, el fraude o el cohecho y lo que hasta podríamos entender como el cumplimiento de un deber, al final termina importando muy poco si hablamos de lo material o de nuestra vanidad.

Siempre he pensado que Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados -el juez ya ha abierto juicio oral por el caso de los ERE- por un exceso de deber. De responsabilidad. Por estrangular la burocracia y someterla al pragmatismo social. Por esquivar los procedimientos para salir bien en la foto. No es ninguna frivolidad -tampoco una justificación- ni pretendo minimizar el fraude millonario que ha supuesto el escándalo de los ERE para las arcas andaluzas. Y mucho menos restar importancia a la red de estafadores y comisionistas que aprovecharon los atajos para enriquecerse desencadenando el mayor quiebro de fondos públicos de nuestra historia reciente. Pero tal vez deberíamos recordar que cuando se puso en marcha la controvertida partida 31-L de los presupuestos autonómicos (lo que derivaría en el famoso fondo de reptiles), Andalucía vivía unos años convulsos de conflictividad laboral. Eran tiempos de pancartas, encierros y barricadas. De crisis y de despidos. ¿Qué precio tenía entonces la paz social?

Me lo pregunto ahora, en plena crisis sanitaria en Granada, justo al día siguiente de ver cómo la Junta de Andalucía ha entregado a los manifestantes la cabeza de la persona que eligió hace cuatro años para llevar a cabo las dos misiones que están en el origen de las protestas: acometer la fusión hospitalaria y poner en marcha el nuevo complejo asistencial del PTS. ¿Ha fracasado? ¿No ha cumplido las instrucciones de Salud? Desde la movilización masiva del 16 de octubre en las calles de la capital, media España sabe que en Granada hay un grave problema con la gestión hospitalaria; desde la movilización de ayer, que pretendía librarse en las redes sociales y que acabó con 35.000 personas en las calles, a la otra mitad le habrá llegado el eco de que veinte días después sigue sin resolverse.

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¿El relevo de Bayona es un precio suficiente? La destitución se produce en mitad de la crisis. Era previsible su relevo, él mismo lo esperaba, pero tal vez no como contrapartida y medida de presión para suavizar las protestas. No debe ser casualidad que el anuncio se produjera justo en la víspera de la concentración organizada para ayer y sólo unas horas después de que el titular de Salud detallara los incrementos del presupuesto de su área para 2017 con un capítulo dedicado a la consolidación y mejora de la situación de los profesionales del SAS.

La Consejería de Salud quiere cambiar el rumbo de la negociación, recuperar la interlocución y dar un golpe de efecto poniendo el reloj a cero y sin líneas rojas. Oficialmente no culpan al gerente del conflicto -le agradecen, de hecho, su labor al frente del Complejo Hospitalario- pero tampoco hay autocrítica ni se establecen cauces valientes para liderar el diálogo y responder, por mucha demagogia, manipulación e intereses que haya detrás, a lo que ya se ha convertido en una corriente de opinión: que Granada ha perdido en el proceso; que ha estrenado el hospital mejor equipado de España para acabar teniendo peor asistencia sanitaria. Y, si nunca tuvo “dos hospitales completos”, ahora sí los quiere... Sólo faltaba la avería técnica que se registró esta semana en las instalaciones del Campus para imprimir pátina de verdad a la idea del “caos” hospitalario.

La nueva gerente, la doctora Cristina López, no tendrá los cien días de rigor para darle la vuelta al conflicto; probablemente ni diez. El objetivo más inmediato no es fácil: conseguir que la reconozcan como interlocutora y lograr un mínimo de margen para tomar medidas que vayan más allá del parcheo y de experimentos con efecto boomerang como el cuestionado Consejo Asesor. El objetivo último, la paz social, nada tiene que ver con lo que ha sido hasta ahora. Fue la Primavera Árabe y lo están siendo en España las mareas. Las instituciones han perdido el control y los medios de comunicación el papel de intermediarios. Las verdades y medias verdades comparten el mismo espacio que los rumores, las mentiras y las intoxicaciones y a la misma distancia del ciudadano: un simple click. Tal vez la utópica democratización de las redes sociales también era esto: que la paz social ya no tiene precio.

Político, profesión de alto riesgo

Magdalena Trillo | 26 de abril de 2015 a las 10:59

Por acción y por omisión. Para ellos mismos y para todos nosotros. Ser político hoy se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Por culpa de quienes roban, prevarican, malversan y se corrompen y por culpa de quienes nos demuestran a diario que nada de vocación, altruismo y servicio público hay en el desempeño de sus funciones. La casuística es amplia y de toda ella hemos tenido ejemplos esta semana:

Los peligros más evidentes llegan por la acción. Y el destino final va de la inhabilitación a la cárcel. Entre rejas está Bárcenas y en los tribunales se decidirá también el epílogo de viejas glorias de este país como el ex vicepresidente Rodrigo Rato. Sólo una codicia enfermiza puede explicar el supuesto fraude que ha desvelado la Agencia Tributaria para alguien que, subido en un Porsche y enfundado en estilosas camisas italianas, iba de ‘dandi’ por la vida; para alguien que lo tuvo todo y se permitió despreciarlo. Dejó el FMI porque se aburría, escribió la defunción de Bankia porque le dejaron, se enfangó con el escándalo de las tarjetas black porque pudo. Ahora sabemos que su milagro económico forma parte de la misma farsa con que ha terminado manchando su biografía.

Y sólo es una de las 715 personas de “especial relevancia” que están siendo investigadas tras acogerse a la amnistía –la grieta legal– que ideó el Gobierno para acabar con la opacidad fiscal y aflorar fortunas millonarias. Si nos creemos que la carrera ahora es por la transparencia, poco se entienden las reticencias del PP para desvelar los nombres de los demás privilegiados (175 de un total de 30.000 contribuyentes) que los funcionarios de la hacienda pública, inesperados protagonistas de la agenda política, han puesto bajo sospecha tras constatar que los datos que manejan son “la repera patatera”. Con tal elocuencia lo dijo esta semana el director general de la Agencia Tributaria cuando compareció en el Congreso para dar cuenta de las actividades de blanqueo que se están detectando a partir de esa “regularización fiscal” que, con mucho menos desparpajo y credibilidad, el ministro Montoro sigue defendiendo: ¿Seguro que “no limpia ni borra delitos”?

El ‘caso Rato’, como los cientos de las causas de políticos que se dirimen en los tribunales de todo el país, contribuye a la judicialización de la vida pública pero por razones más que justificadas. La ley, al menos en teoría, es igual para todos y las consecuencias de saltársela, también. En este tipo de situaciones, los peligros de ‘ser político’ son buscados: los privilegios se convierten rápidamente en prebendas y las posiciones de ventaja acaban desdibujando la legalidad. En el plano local, mucho podría reflexionar el ex alcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides, que se ha pasado media vida de litigios y siempre ha salido sorpresivamente airoso, o el ex regidor de Otura, que acaba de aceptar 16 años de inhabilitación por prevaricación.

Menos sentido tiene cuando los políticos miran a Caleta confiando en que sea el juez quien les resuelva su incompetencia, se conviertan en aliados en sus batallas electorales o les dé una salida a su desesperación. Aquí los periodistas también deberíamos hacer autocrítica y preguntarnos si no estamos sumándonos al circo cuando nos limitamos a actuar de meros altavoces de unos y otros. Es el peligroso periodismo de declaraciones. Insinuaciones, acusaciones sin pruebas y amenazas de demandas. A un mes de las elecciones municipales, pocos dejan pasar la oportunidad del “nos vemos en los tribunales”. Aunque unas veces funciona y otras se vuelve en contra.

La imputación de todo el grupo municipal socialista por denuncia falsa contra el alcalde no es sino el efecto boomerang tras su iniciativa de, “en defensa de los intereses” de la capital, alertar de un posible caso de prevaricación por parte de Torres Hurtado en la operación urbanística del Cerrillo. Su situación ahora es tremendamente comprometida; un ejemplo de cuando ser político –en esta ocasión asumiendo su labor de ejercer de oposición– es extremadamente peligroso… si no juegas bien tus cartas.

El concejal Fuentes y el diputado Torrente también han tenido que desfilar esta semana ante el juez por un tema de prevaricación y revelación de secretos y pendiente queda si la directora de la Alhambra terminará poniendo una querella contra Juan García Montero por sus durísimas declaraciones sobre el oscurantismo en la gestión del Patronato y supuestos tratos de favor. A un mes justo del 24-M, todos han subido el tono y han empezado a medirse trasladando a las instituciones el clima de hostilidad y los nervios que ya se están apoderando de este intenso preámbulo electoral.

La política estará desprestigiada, pero ya hay 8.527 granadinos pendientes del reparto de sillones de las municipales: 624 listas para definir el futuro de 180 poblaciones con una presencia inédita de propuestas de ‘independientes’.

Si las profesiones de riesgo sólo se eligen por vocación o por alta remuneración, tendríamos que pensar que no todo está perdido y que son muchos los ciudadanos que todavía están dispuestos a exponerse para cambiar las cosas desde dentro del sistema. Aunque la mera gestión suponga ya un peligro. Así lo sienten a diario muchos concejales de Economía y así lo acaba de comprobar la delegada del Gobierno, Sandra García, cuando se le ha comunicado que ha sido imputada por el caso de los vertidos fecales de la cárcel… Y es que la omisión también cuenta. A la espera de lo que resuelva el Supremo, es lo que podría subyacer en las actuaciones de Chaves y Griñán en el caso de los ERE. Si no idearon un sistema para robar, para dejar que otros lo hicieran, la prevaricación podría ser por omisión, por no vigilar.

De nuevo el debate sobre la responsabilidad política y la penal. Y de nuevo las dudas de en qué momento consideramos saldada una deuda moral. ¿Ha renunciado Griñán lo suficiente? ¿Ha pagado bastante por su co-responsabilidad? ¿Cómo de alto y cuántas veces hay que pedir perdón?

Porque ni está clara la legalidad, ni lo está la ética y ya ni siquiera la estética. Lo lamentable es que la mujer del César hace mucho que dejó de ser honrada y ahora parece que no importa que ni lo parezca. 5.000 euros por charlar dos veces al mes tomando café. Hablo de ‘trabajillos’ de cargos públicos para empresarios. De “asesorías”. ¿Tráfico de influencias? El caso de Pujalte y Trillo compaginando su labor en el Congreso con sus “servicios” a compañías que luego logran contratos públicos roza el esperpento. Es indecente y claramente inmoral. ¿Pasa el límite de lo legal?

No lo sé. Pero estaría bien que quienes van a dar su nombre para que los votemos el 24-M empiecen por preguntarse a sí mismos si concurren con la suficiente fortaleza e integridad para garantizar su honradez y mantener su palabra. La mayor crisis que estamos atravesando no es económica, es moral. Y es que es curiosa la profesión del político: es peligrosa para ellos, pero mucho más para nosotros.

Elogio del humor

Magdalena Trillo | 3 de agosto de 2014 a las 10:00

La estafa de Gowex parece sacada de un episodio de Breaking Bad. En la maraña de sociedades fantasma con que la empresa de wifi se ha enriquecido ilícitamente durante cuatro años, María Antonia Antúnez cambió su puesto de cajera en Carrefour por el de jefa de administración con el mismo desparpajo con que Skyler White hace sonar la campanilla de la máquina registradora en el lavadero de coches que utiliza para blanquear los fajos de dólares que su marido produce a diario cocinando metanfetamina azul. Las dos se dedican a lo mismo: fabricar facturas falsas para justificar una espiral de mentiras.

Ni los sorprendentes beneficios de la compañía tecnológica en plena crisis eran ciertos -el 90% de los ingresos declarados sencillamente “no existe”- ni su fundador era una revelación de las finanzas por muchos premios que recibiera -incluido uno de De Guindos este mismo año-. Numerosos fondos internacionales y cerca de cinco mil pequeños ahorradores, desde empresarios de éxito hasta miembros de la nobleza, han quedado atrapados en este sofisticado engaño del dinero fácil. Una reinvención del timo de la estampita que, pensándolo bien, tiene mucho más de ficción que el ‘negocio’ de Walter White en la exitosa serie televisiva de Vince Gilligan. Al menos el profesor de Química fabrica algo; en la empresa de Jenaro García, banqueros, marqueses y hasta proveedores de súper han invertido en humo distraídos por el glamour del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Es el riesgo de convertir en codicia la ambición. De ensuciar un legítimo y hasta necesario estímulo vital en una enfermedad. Porque, mientras el protagonista de Breaking Bad acaba diseñando estupefacientes por pura desesperación, el dueño de Gowex se asemeja más al ‘capo’ de siempre: el dinero llama al dinero y la avaricia hace el resto.

No veo otra lectura que encaje mejor en el escándalo de la familia Pujol. En este caso tenemos además un ingrediente cinematográfico excepcional: la mujer despechada que desencadena toda la investigación. ¿Recuerdan el capítulo de escuchas y detectives con micrófonos escondidos en los centros de flores de los restaurantes? ¿Y las bolsas con billetes de 500 euros camino de Andorra? Súmenle ahora una supuesta herencia familiar oculta en el extranjero y obtendrán una nueva clave con que componer la ‘cuestión catalana’ que tan bien se ocupó de abonar Jordi Pujol en sus 23 años de presidente de la Generalitat denunciando que “España nos roba” y dando lecciones de honorabilidad.

Será ‘escuela de familia’, cosas del ADN de ese creciente puñado de insaciables privilegiados que, teniéndolo todo, han querido más. ¿No les parece que la historia de Pujol Ferrusola se parece cada día más a la de Iñaki Urdangarin? Tendrían que explicarnos si lo de inventar informes para cobrar partidas indecentes, si lo de tirar de la influencia del suegro o de ‘papá’ para estafar, es una asignatura exclusiva de los colegios de pago o se aprende en casa con el infalible método del ejemplo. Puestos a defraudar, reconozcamos que el guión de la corrupción en Cataluña es mucho más elegante que el episodio de gin tonic y drogas del urdidor de los ERE. Pero, ojo, todo termina en las mismas cloacas. Tan burdo como los maletines de importación china de UGT, las facturas falsas de los falsos cursos de formación o los regalos de la Gürtel.

Las pasiones, al final, nos igualan. Me refiero a ricos y pobres. La tentación del camino fácil se activa a veces por instinto de supervivencia y demasiadas por codicia. Llevamos meses ideando leyes para poner coto político y jurídico a tanto pillaje, proclamando la “regeneración“, pero nos equivocaremos si lo confiamos todo a los imprevisibles jueces, al diario de sesiones o a la letra pequeña del BOE. Lo de robar o no robar va con la persona. Pertenece a la esfera privada de la ética y la decencia como forma parte de lo público que seamos capaces de arbitrar un escenario de convivencia y respeto en el que las ‘oportunidades’ de pasarse al lado oscuro sean las mínimas. Y está bien que lo pongamos difícil pero la tentación del ‘breaking bad’ no se puede controlar ni con leyes ni con política.

Como antídoto, prueben con el humor. Las mujeres turcas están protagonizando una campaña viral en las redes sociales a golpe de carcajada que ha llevado al más absoluto ridículo al gobierno de Erdogan: ¿no reírse en público para ser decorosas? Aprovechando el desenfado del verano, les propongo que completen la solemnidad y dureza de los titulares de periódico por la frescura de las viñetas.  De la más bondadosa a la más sarcástica; de la más noble a las más malvada. La crítica más certera, la visión más aguda e ingeniosa, llega a menudo del trazo a mano alzada.

Excesos

Magdalena Trillo | 20 de abril de 2014 a las 11:13

Si mañana comete la imprudencia de subirse a la báscula, seguro que podrá comprobar el peso real de los excesos de esa Semana de Pasión que tantos andaluces vivimos a la sombra de las procesiones entre suspiros de incienso y pálpitos de tambores… Lo pensaba el Lunes Santo viendo la imponente aureola roja que abrazaba la luna ‘de sangre’ que presidía el encierro del Cristo de San Agustín en su templo. El bullicio y desenfreno de los bares frente al silencio pausado de las calles apenas roto por el tintinar de unos tacones despistados, unos susurros confidentes y las caricias del fagot.

Siempre me ha parecido que lo más embriagador de la Semana Santa, lo más definitorio de Andalucía, son los contrastes. Empezando por el austero y estricto recogimiento de unas hermandades frente a la apoteosis festiva de otras y terminando por la propia actitud con que unos y otros entendemos una de las palabras que más contradicciones es capaz de encerrar: la pasión.

Y no es más que un reflejo de lo que somos: un pueblo de pasiones; un pueblo de mesura en el pensamiento y de exuberancia en el estómago. El comedimiento y la templanza con que, por ejemplo, en el Sur hemos sido capaces de resolver los grandes dilemas de banderas y colores se nos va por las rendijas del vivir… Y tal vez sea mejor así. Puede que sea la mejor manera de no dejarnos desquiciar. Puede que sea la única manera de digerir los contrastes… y los excesos.

Aunque queda (casi) todo por contar, debería preocupar que una operación policial del alcance de la desvelada esta Semana Santa por un supuesto fraude masivo y millonario en los cursos de formación a parados se haya destapado montando una especie de “causa general contra Andalucía” como lamentaba el consejero Luciano Alonso en una comparecencia exprés. Pero pocos sentimientos distintos a la alarma, la vergüenza y el estupor puede suscitar un escándalo que ya promete competir en cuantía e implicados con el culebrón de los ERE. No es un “fraude de 2.000″ como se ha llegado a publicar pero sí son 2.000 millones los fondos europeos que Andalucía habría recibido desde 2007 para la formación y reciclaje de trabajadores en paro con un destino más que dudoso.

De momento, la Fiscalía está investigando a 13 empresas (una de ellas con domicilio social en Granada) y un presunto fraude de 1,5 millones. ¿Mucho? ¿Poco? A falta de conocer los números exactos, hay una realidad: academias, empresas, sindicatos y alumnos están bajo sospecha. Y hay una primera conclusión que no necesita cifras: la alegría y la falta de control con que la Junta ha gestionado el dinero europeo. Si el fraude es como lo están relatando algunos empresarios que han “sufrido” la llegada de los “oportunistas” al sector de la formación, estaríamos ante una burbuja tan explosiva como la del ladrillo.

¿Recuerda aquello de que “quien no ha ganado dinero es porque no ha querido”? Aplíquelo al nuevo escenario: quien no se ha llevado dinero es porque no ha querido. Montas una empresa con un “plan bonito” y dices que vas a colocar al 60% de los alumnos. Automáticamente te dan el 75% de la subvención. Luego no haces el curso y si te he visto no me acuerdo… Hasta que llega el momento de justificar los fondos recibidos, de comprobar (o no) que del ingenio de la picaresca a la corrupción va un hilo muy quebradizo.

La segunda conclusión es una impresión. Pensando en el caso de los ERE y la forma en que se ha ‘pagado’ por la paz social en las empresas en Andalucía, uniéndole la ‘solvencia’ con que se han desarrollado los programas que debían ayudarnos a encontrar trabajo, a construir un nuevo modelo productivo, empieza a tener sentido más de un exceso. Que tengamos, por ejemplo, diez puntos más de paro que el resto de España y hayamos sido bautizados como la región con más desempleo de toda Europa. Que en lugar de converger, cada vez haya una brecha mayor de desigualdad con el resto de comunidades… No me olvido de la otra picaresca, la de la economía sumergida, pero no me dirán que hoy es más fácil entender por qué nadie encuentra un empleo cuando se apunta al paro; por qué nunca se presentan balances de los programas con ejecución real y resultados; por qué nos dedicamos a presentar nuevas ediciones de planes y estrategias con el automatismo de quien reza el rosario…

Sin posibilidad de ser constructivos, en nada hemos avanzado en todos estos años. Hemos pasado de jornaleros fantasma a alumnos fantasma.

 

Arpías

Magdalena Trillo | 8 de septiembre de 2013 a las 14:13

“A las arpías no nos gusta que nos llamen arpías”. No he dejado de acordarme esta semana de Sigourney Weaver en Political animals. Es la primera incursión de la veterana actriz en la televisión con una miniserie que ha sido nominada a dos Globos de Oro y que viene a confirmar esa etapa de oro que está viviendo la ficción en la pequeña pantalla como alternativa a la escasez de presupuesto, recortes y decadencia (de dinero y de ideas) del séptimo arte. Da vida a Elaine Barrish, secretaria de Estado y gobernadora de Illinois, pareja del ex presidente de los Estados Unidos y aspirante a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca por méritos propios. A sus 63 años, excepcionales, cambia de registro siguiendo la estela de otras veteranas como Glenn Close y Kathy Bates. “Llevaba tiempo rodando historias flojas y esto ha sido como comerme un buen filete después de dos años a base de ensaladas”. La protagonista de Armas de mujer se sumerge ahora en las alcantarillas del poder mientras los escándalos familiares, incluidos drogas y adulterio, la dejan completamente expuesta, desnuda, ante la opinión pública.

El paralelismo con Hillary Clinton es evidente, pero yo lo voy a fijar con Susana Díaz. No estoy llamando arpía a la recién elegida presidenta de la Junta de Andalucía pero coincidirán conmigo en que es un calificativo que no desentona en la campaña de ataque y derribo que estamos viviendo desde el precipitado anuncio de marcha de José Antonio Griñán, la “espantada” por la presión de los ERE en palabras de la oposición.

Superado el “teatro” de las primarias que maniobró una “fría” y “calculadora” experta en fontanería política -cuestionado, y en este caso con razón, hasta por los suyos-, hemos llegado a la “farsa” de su nombramiento. El “mayor fraude en la historia de la autonomía” llegó a decir el jueves en la sesión de investidura el cabeza -que no líder- de los populares. Lástima, como le reprochó Díaz, que no acudiera al Parlamento el “hombre de leyes” sino el “faltón” y tuviéramos que presenciar todos cómo un magistrado de profesión deslegitima un proceso absolutamente democrático y constitucional por su “dudosa ética política” olvidando lo apropiado que fue en su día en Madrid para relevar a Esperanza Aguirre o nombrar alcaldesa a Ana Botella.

Y lástima, también, que lo escucháramos replicarle con tono de tertulia de bar que si quería saber cuál es el candidato del PP -recuerden que él ya ha dicho por activa y por pasiva que sólo le interesa la Alcaldía de Sevilla- que “convoque elecciones”. En el PP nacional no hay prisas, bastante tiene Cospedal con explicar los despidos en diferido y la custodia de ordenadores a los que se les destruye el disco duro, y Juan Ignacio Zoido parece no entender que son los dirigentes de su propio partido, los militantes, los andaluces los que merecemos saber cuál es el proyecto para Andalucía. No es sólo un problema de caras, también de discurso. Porque poco sabemos más allá de los diez puntos del fracasado programa electoral de Arenas que se nos volvió a leer esta semana y de la extenuante estrategia de oposición de los ERE.

Estoy de acuerdo con el presidente del PP de Granada: “mucho ruido y pocas nueces”. Pero, ojo, no sólo aplicado a Susana Díaz. Ella tiene la obligación de pasar a los hechos cumpliendo las enormes expectativas que han suscitado sus primeros pronunciamientos sobre la lucha contra el paro y la corrupción pero es que el PP todavía está en el tiempo de las palabras.

Mucho más joven que Elaine Barrish, el reto de Susana Díaz no es diferente: emanciparse de su mentor, en este caso Griñán, y demostrar que su capacidad está por encima de su ambición. La primera prueba de fuego será su equipo -mañana sabremos si la renovación es realmente profunda para llenar de contenido ese insistente anuncio de “cambio” que de momento sólo suena a marketing político- y la segunda, cuadrar unos presupuestos que ‘gusten’ lo suficiente a sus socios de IU para agotar la legislatura y sigan recordándole a Rajoy que la oposición real a su Gobierno, con o sin permiso de Rubalcaba, la marca Andalucía.

Si ser arpía significa ejercer el poder hasta las últimas consecuencias, ser implacable si es preciso, no dejarte acorralar cuando te ataquen, hacer respetar tu valía por encima de tu ADN, somos muchas las mujeres con puestos de responsabilidad las que deberíamos unirnos al club. Pero mal favor le hacemos a Susana Díaz, desde el feminismo y desde el clientilismo partidista, si le hacemos creer que nada tiene que aprender, que nada tiene que corregir -ni una sola palabra de autocrítica hasta ahora- y que su gobierno, su gestión, no tendrá un elevado precio. Ni por joven ni por mujer tiene nada ganado. Por eso discrepo con Amparo Rubiales: todas ‘no’ somos presidentas y Susana Díaz lo tiene que demostrar.

A las arpías no les gusta que las llamen arpías y menos aún que las adulen.

Los papeles de Lanzas

Magdalena Trillo | 31 de marzo de 2013 a las 12:09

Que el caso de los ERE salpicara a Granada era cuestión de tiempo. Demasiados protagonistas, demasiados beneficiarios y demasiados intermediarios en una trama corrupta que ha tenido diez largos años para extender sus tentáculos por toda Andalucía. A la jueza Alaya, la magistrada que instruye el caso desde hace más de dos años, le han bastado unos días para ‘compensar’ el parón judicial y mediático en que se han traducido sus seis meses de baja por enfermedad.

Después de convencer al presidente del TSJA de que llegaba con fuerzas para seguir al frente de todas sus macrocausas -sin la participación de otros jueces de refuerzo que le hicieran sombra-, la magistrada ha devuelto a las portadas el escándalo de los ERE fraudulentos con una redada masiva que nada tiene que envidiar al más genuino cine de acción hollywoodiense. La Operación Heracles, alusión en griego al Hércules del escudo andaluz, se desplegó el miércoles en siete provincias de toda España (Sevilla, Madrid, Barcelona, Jaén, Granada, Cádiz y Las Palmas) con la participación de más de doscientos agentes de la Guardia Civil. Una veintena de detenidos, nueve citaciones de imputados y trece registros en la primera ‘carga’ de Alaya en su regreso como jueza estrella.

El foco del caso se traslada a los intermediarios y se produce un giro en la investigación: del “clientelismo” al “negocio”. Si en un primer momento se había detectado un “otorgamiento arbitrario de ayudas públicas”, la instructora señala ahora “un sistema perfectamente establecido” en el que la concesión de fondos se convierte en “el verdadero negocio”. Un negocio que aumenta a medida que se ‘consiguen’ más ERE -y más comisiones- y que va mucho más allá de aquellos fondos discrecionales que, según sostuvo la jueza en su día, se daban de forma “escandalosa” a personas que no tenían derecho a ellas creando una auténtica red de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta.

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que sigue diciendo que sus “únicos vicios” son un paquete de Marlboro, un gin-tonic de vez en cuando y algo de droga, vuelve a prisión e irrumpe en escena el que tal vez sea el personaje más siniestro de toda la trama: el ex sindicalista Juan Lanzas, el ‘conseguidor’ de los ERE, un peón turbio en la trama del que terminaron huyendo hasta los suyos. Me refiero a UGT. Hace tiempo que me hablaron de este ‘señor del sur’ y de cómo, tanto desde la Junta como desde los sindicatos, lo situaban en el centro de las operaciones. El “asunto”, la gestión del ERE en las empresas, siempre lo llevaba el tal Lanzas -precisamente es cuñado de Ismael Sierra quien fue arrestado el miércoles en Granada y ayer fue ordenado su ingreso en prisión- y “todo el mundo” estaba al tanto.

Es lo que sigue alarmando del caso: la sensación de impunidad. Un fondo de reptiles de 721 millones del que ya se ha constatado que se saquearon más de 50 con la más absoluta normalidad. La normalidad sistémica, conocida y consentida, del chorizo que mete la mano una y otra vez en el cajón sin que nunca pase nada. Hasta ahora…

Al día siguiente de la macro-redada, unos perros adiestrados localizaron 82.000 euros bajo una cama en el domicilio de los padres de Lanzas en Jaén y ayer mismo buscaban un zulo donde podría haber más dinero y documentos comprometedores. ¿Los ‘papeles’ de Lanzas que tal vez expliquen la tibieza con que el PSOE está llevando el caso de los ‘papeles de Bárcenas’?

Al PP le sigue perdiendo su causa general contra Chaves y Griñán, pero lo cierto es que no se sostiene que la cabeza de turco del mayor caso de corrupción en la historia democrática de Andalucía sea el ex consejero Fernández. ¿No imputa Alaya a l diputado Viera y al propio Griñán, entonces consejero de Economía, para no perder el caso en favor del Supremo por su condición de aforados?

Justo ahora se cumple un año de las elecciones autonómicas y por primera vez hay razones para vislumbrar una ruptura en el gobierno bipartito de PSOE e IU. Paradójicamente, no es la política de recortes lo que podría obligar a Valderas a poner fin a su alianza sino la corrupción. Después del vergonzoso fiasco en que acabó la comisión parlamentaria de los ERE, con los tres grandes partidos como corresponsables, parece poco probable que la formación de izquierdas pueda seguir mirando para otro lado si el proceso judicial toca de lleno a sus socios de gobierno. Pero es un futurible. La realidad es que todos los días tenemos pruebas más que suficientes de que por un lado va la ética y por otro el pragmatismo de la política.

El gran dilema

Magdalena Trillo | 11 de marzo de 2012 a las 11:43

En dos semanas, Andalucía celebrará las elecciones más disputadas, abiertas y decisivas de toda la democracia. Todas las encuestas, incluida la que hoy publicamos los nueve periódicos de Grupo Joly, apuntan en una misma dirección: la ola de cambio que los españoles iniciaron hace un año en los ayuntamientos y consolidaron el 20 de noviembre en las generales aupando a Mariano Rajoy a La Moncloa se puede llevar por delante tres décadas de gobierno socialista. Javier Arenas, a la cuarta, emprende la campaña como virtual ganador. Nunca lo ha tenido tan cerca.

Ni la subida de impuestos ni la movilización contra la reforma laboral y los recortes dan suficiente oxígeno al Ejecutivo de José Antonio Griñán para invertir las expectativas de voto. Pero sí para minar la amplitud de la victoria. La incógnita, una vez más, se traslada al escenario de pactos. Si la movilización ‘popular’ será lo bastante contundente como para alcanzar la mayoría absoluta y, en caso contrario, si el PP podrá desactivar un gobierno entre PSOE e IU recurriendo al diputado con el que, según nuestro sondeo, UPyD irrumpiría en el Parlamento.

Los de Arenas inician el partido con un “ganamos, pero no os confiéis” y los de Griñán con un “podemos ganar”. El PP está “al borde” de la mayoría absoluta pero el PSOE recorta distancias; IU crece como aglutinadora de los ‘descontentos’ del PSOE y UPyD se posiciona como “llave” de gobierno. El ‘ahora Andalucía’ del PP se enfrenta al ‘camino seguro’ de los socialistas. Arenas defiende que “Andalucía tiene derecho a conocer un gobierno distinto” y Griñán advierte que lo que está en juego son dos modelos: “El cambio ya está aquí y es involución”.

Es verdad que el clima de cambio está en la calle -Andalucía y Asturias completarían la España azul de Rajoy a la espera de las autonómicas del País Vasco de 2013- pero también el clima de preocupación por el enorme poder que tendrían los populares con una oposición prácticamente borrada y arrinconada de las instancias de gobierno. El gran dilema: 30 años de gobierno en Andalucía es excesivo; pero todo el país en manos del PP también es excesivo. Desgaste Gobierno vs. desgaste Griñán. Y los dos son relativos: habrá que ver si la crudeza de los ajustes se lleva por delante la ilusión en el PP para remontar la situación económica y no perder de vista que, en contradicción con las expectativas de voto, Griñán se mantiene como el líder mejor valorado y el PSOE como el partido que genera más confianza.

En este punto, la siguiente incógnita del 25-M, los primeros comicios que se convocan separados de otra cita electoral desde 1990, es la participación, es decir, el ‘grueso’ de la abstención. Porque, por encima de los programas de una austera campaña en la que ni ha habido cintas que cortar ni habrá promesas que incumplir, lo que prevalece es el hartazgo y el pesimismo. Mucho pesimismo.

El mensaje de Rajoy ha calado: las cuentas del país son un desastre y no hay señales que indiquen la salida a corto plazo. “Estamos peor que hace un año y vamos a peor”, confiesan los andaluces en el sondeo de Commentia para Grupo Joly. Y no es casualidad que Arenas arrancara la carrera electoral declarando que su “enemigo no es el PSOE sino el 31% de paro en Andalucía”.

Detrás del paro y la crisis, lo más desesperanzador de los sondeos es que sean los propios políticos los que vuelvan a aparecer como la principal preocupación de los ciudadanos y, a continuación, la corrupción. El cortijo andaluz. El amiguismo, el clientelismo. El fantasma de los ERE, el calvario de Griñán. Una terrible desconfianza hacia la clase política y una creciente preocupación por la “corrupción y el enchufismo“.

Precisamente por ello, de la acritud y vileza de la campaña dependerá en buena medida el éxito o fracaso de estas elecciones. No el éxito de los candidatos; el éxito mismo de la democracia. Que los andaluces nos levantemos dentro de dos semanas y tengamos motivos para participar. Para mí, este es el verdadero dilema del 25-M: si estarán a la altura nuestros políticos para convencernos con razones y argumentos, no desde el miedo ni la crispación, para ir a votar.

Los efectos colaterales de la igualdad

Magdalena Trillo | 15 de marzo de 2009 a las 13:12

COMENZARÉ con dos aclaraciones para evitar que las feministas radicales me ‘lapiden’ en la plaza pública: no soy machista y me encantaría no tener que trabajar 53 días más que un hombre para conseguir el mismo salario. Por razones obvias -y claramente egoístas-, estoy a favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

Mucho más en cuestiones esenciales como la equiparación laboral y el desarrollo de políticas que rompan el techo de cristal y faciliten el acceso a puestos de dirección y toma de decisiones. Y lo cierto es que sería casi un sueño pensar en la posibilidad de erradicar las actitudes de prepotencia y superioridad en el día a día; en esas pequeñas cosas en las que lo más banal suele ser lo más humillante…

Un ejemplo. Ocurrió la semana pasada. Llega un señor al periódico y habla con una redactora para ver si se podía publicar un relato que había escrito sobre la segunda Guerra Mundial. Cuando le explica que en estos momentos no tenemos ninguna sección en la que pudiera encajar un texto de ficción, el señor se ofende y le dice que si en Granada Hoy no hay un hombre que decida…

A partir de aquí, mi verdadera preocupación: los efectos indeseados de las políticas de igualdad en época de crisis. Aunque los empresarios se cuidan mucho de no decirlo en público, no son pocos los que ya están pensando en limitar la contratación de mujeres para evitar las consecuencias del ‘blindaje’.

Basta echar un vistazo a los foros sobre despidos de mujeres embarazadas para hacerse una idea. Y lo curioso es que la mayoría de las quejas provienen de empresarios asfixiados ante situaciones extremas.

Un caso real de un usuario que se identifica como Toni: “Despedimos a una trabajadora por incompetente. Nos comunica en conciliacion que está embarazada y nuestro abogado nos dice que debemos readmitirla porque ella dice que la empresa conocía su estado. Está readmitida y con un expediente de más de 20 partes de baja por contingencias comunes. Nosotros seguimos pagando y esta mujer cobrando y no produciendo. ¿Quién es la víctima?”.

Pues con la sentencia del Supremo de esta semana, la protección es aún mayor: todo despido es nulo aún si la empresa no conocía el estado de gestión. ¿Es un avance? Tengo mis dudas. ¿No hablamos las feministas de valorar el talento? ¿No buscamos la igualdad porque defendemos nuestra capacidad? ¿Por qué no competimos de verdad en igualdad?

Otro caso real: un pequeño supermercado de mi barrio va a aplicar un ERE. De cuatro cajeras quedarán dos: la eficiente va a la calle y la incompetente mantendrá su trabajo porque está embarazada. Su marido tiene un ‘puestazo’ y no le hace falta el dinero, pero dice que se aburre. Una de las que perderán su trabajo tiene tres hijos estudiando y su marido acaba de quedarse en paro.

Esta misma situación se reproduce en decenas de empresas. Con embarazadas y con mujeres que recurren a la reducción de jornada. En la mayoría de los casos seguro que está justificado, pero qué ocurre si nos encontramos que expertas en absentismo, con estrategas del escaqueo, con incompetentes… ¿Ésta es la justicia por la que estamos luchando? ¿Discriminación positiva para quién?