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El síndrome de la Operación Nazarí

Magdalena Trillo | 20 de mayo de 2018 a las 10:00

Despilfarro y ausencia de control en el gasto público. Inversiones “totalmente improductivas”. Actuaciones que responden a intereses y caprichos individuales por encima de las necesidades colectivas. Saqueo. Derroche.

Podríamos pensar que estamos fotografiando los años del boom del ladrillo. Y de la Gürtel. Y de los ERE. Sólo en parte. Son las conclusiones a las que llegan 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de todo el país después de analizar la evolución de su especialidad en el último medio siglo. Los juristas se reunieron este viernes en la Facultad de Derecho y bautizaron su diagnóstico como Declaración de Granada.

Hablan de “involución”, arremeten contra Hacienda por tratar a los contribuyentes como “súbditos” y critican el desmedido “afán recaudatorio” de la Administración. A nivel fiscal, constatan lo que se ha convertido en la seña de identidad de nuestro fallido Estado de las autonomías: la desigualdad y discriminación que sufrimos, también a la hora de rendir cuentas, en función del lugar de residencia. Injusticia financiera e insolidaridad tributaria.

Seguro que usted, como yo, se siente vigilado por Hacienda. Y perseguido. Y se cabrea cuando el Gobierno aprueba una amnistía fiscal -esas que nunca llegan al ciudadano de a pie y que nunca cumplen sus objetivos- con tanta intensidad como cuando se anuncia un indulto. Porque es la impunidad de unos pocos frente al control de la mayoría. Y porque no hay justicia social y ahora nos advierten de que tampoco la hay fiscal.

Lamentablemente, esta Declaración de Granada tendrá el mismo recorrido que la firmada hace unos años a nivel político -los socialistas impulsaron en el verano de 2013 su propuesta de reforma de la Constitución hacia un Estado federal- buscando una salida al conflicto territorial. Los males de fondo son compartidos y las posibles soluciones son una utopía; no porque no sean viables sino porque estamos en un país incapaz de llegar a acuerdos -y cuando se alcanzan, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se ejecutan-, con las instituciones rehenes de los intereses de los partidos y los políticos distraídos con las encuestas y con la bola de cristal del adelanto electoral.

Para empezar, los catedráticos reconocen que el “mal uso de los fondos públicos no justifica de ninguna manera cualquier forma de objeción fiscal”. Es decir, que ni el derroche ni el despilfarro tiene consecuencias para Hacienda. Tampoco lo tiene la parálisis. Sobre este tema no se pronuncian los expertos pero resulta igual de alarmante: los fondos públicos están para ejecutarse, no para devolvernos o dejarlos dormir en un cajón.

Estamos ante una normalización del mal gobierno que debería preocuparnos más incluso que los casos de corrupción. Y es que por los delitos se termina pagando -o al menos se debería-, pero no por la incompetencia y la inacción. En Granada, por ejemplo, podríamos verlo como una derivada sofisticada del vuelva usted mañana. Estoy pensando en Urbanismo, un área clave que vendría a funcionar como un barómetro de la salud del Ayuntamiento. La Asociación de Constructores ha arremetido esta semana contra el equipo de gobierno por tener más de 40 millones de inversión bloqueados. Denuncian el “atasco” y los retrasos inasumibles en la concesión de licencias.

Siempre está la explicación de la sobrecarga de trabajo, la falta de personal, la complejidad de los proyectos… pero también hay intangibles. Aunque médicamente no está diagnosticado, seguro que podríamos encontrar alguna fobia que aplicar a los técnicos y funcionarios -sobre todo a sus jefes- que lidian a diario con el papeleo más sensible.

Lo voy a llamar el Síndrome de la Operación Nazarí. En realidad, los constructores no han hecho más que poner cifras y voz a una situación de la que se habla en corrillos desde hace tiempo: en Granada no se mueve un papel. Buena parte de los funcionarios están trabajando para la UDEF y tampoco ayuda que cualquier informe o expediente mínimamente conflictivo acabe bajo llave… Los excesos de los que habla la Declaración de Granada son un problema, pero no hacer nada no es una solución.

La vía Montoro del 155

Magdalena Trillo | 14 de enero de 2018 a las 12:19

El sentido común y la política pocas veces discurren en sintonía. No voy a defender que un fugado de la justicia gobierne Cataluña desde Bruselas, pero sorprende escuchar la vehemencia con que se pronuncian desde Madrid quienes, de facto, ya están gobernando en la Generalitat y quienes lo harían -si pudieran- en las comunidades autónomas hostiles que no dejan de exigir la revisión del modelo de financiación, en los cientos de municipios y diputaciones (incluidos del PP) que se rebelan porque tienen superávit y no pueden invertir -el Gobierno antepone la suicida regla de gasto- y en esos 660 ayuntamientos que se empeñan en incumplir los ajustes de Hacienda.

Aunque, siendo honestos, decir que se gobierna es una exageración. Respiración asistida y un decadente reloj de arena donde ya se ha instalado el deadline electoral. Me refiero, por supuesto, a la segunda vuelta que desde el 21-D planea sobre Cataluña -la quiebra del bloque independentista y la inesperada reconversión de los artífices de la vía unilateral no parece dejar más salida al radicalismo separatista que volver a desafiar la legalidad- pero también a la incertidumbre a nivel nacional con un PP incapaz de gestionar cualquier circunstancia que se salga de la inercia -lo del temporal vía skype desde Sevilla nada tiene que envidiar a la vía plasma desde Bruselas- y, sobre todo, el escenario autonómico que en comunidades como Andalucía se sitúa ya en marzo del próximo año -si no se adelantan a otoño- y el tablero local con las municipales de mayo.

El informe de los servicios jurídicos del Gobierno, apoyado en fundamentos de la ley del Sector Público, del Estatut y del propio Parlament, no sólo sostienen la ilegalidad de la vía telemática y por delegación para la investidura de Puigdemont sino que también cuestionan que se pueda gobernar desde el extranjero. Todo muy claro y atado pero sólo hasta que se diga lo contrario con los artículos precisos de los reglamentos oportunos y acabemos, de nuevo, ante el Constitucional.

La bondad de esta vía, la que llevó a la aplicación del 155, ya la conocemos; tenemos sin embargo todo un terreno por explorar vía Montoro. La de la puerta de atrás. La economía se impone, de nuevo, y sin discrepancias de interpretación. La carta remitida esta semana a los ayuntamientos incumplidores es demoledora: el Ministerio se ha dirigido a 660 alcaldes para pedirles explicaciones. Se habían comprometido a hacer recortes, subir el IBI o eliminar bonificaciones y no lo han hecho. Era la contrapartida de la zanahoria de los fondos de liquidez que el Ejecutivo lleva aprobando desde 2012 -el año más negro de la crisis- dando patadas a la bola de la ruina municipal.

Cuatro folios con una cadencia de amenazas en alarmante crescendo: adiós a las líneas rojas de los servicios básicos y los despidos. Incluso se apunta las medidas más drásticas y coercitivas de la Ley de Estabilidad: la disolución de la corporación. Más ingresos o menos gastos; no hay margen. Y no son sólo palabras: en paralelo, también han remitido una carta a los interventores recordándoles que su “obligación” es exigir el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y las normas de morosidad. Que sean “proactivos”.

Granada, una vez más, está en la lista negra. Es la herencia del PP pero es también la situación de “esquizofrenia política” que se ha instalado en la Plaza del Carmen. Es difícil encontrar una forma más lúcida de expresarlo: la operación Nazarí desencadenó el desalojo del equipo de Torres Hurtado y sentó al PP en la oposición con la mitad del grupo pendiente de los tribunales y otra mitad pendiente de qué hay de lo mío; los socialistas se encontraron con el bastón de mando en una de las etapas más ingratas, complejas y de bloqueo que ha podido vivir el Ayuntamiento de la capital; en Vamos Granada no son capaces ni de votar en pleno con un mismo criterio; Puentedura salva los muebles de IU como puede; y en Ciudadanos se unen a la ola de euforia de las encuestas sin mayor responsabilidad que la escuela gallega de dejar el tiempo pasar.

Hasta he llegado a pensar que no sería ninguna tragedia que (des)gobierne Montoro con su particular vía 155.

Ellos, los indefensos

Magdalena Trillo | 23 de junio de 2013 a las 10:28

Dicen Messi y Blesa que se sienten indefensos . El futbolista del Barça, el cuatro veces balón de oro, el mejor jugador del mundo, no está acostumbrado a ser criticado por la prensa y mucho menos por una conducta nada ejemplar como defraudar a Hacienda. El caso es que debe 4 millones al fisco por los ingresos extra que obtuvo en derechos de imagen entre 2007 y 2009 y, por muy menor que fuera, por muy poco que entendiera de números, tendrá que declarar como imputado ante el juez el próximo mes de septiembre. El ex presidente de Caja Madrid, el banquero acusado de ‘perder’ 500 millones con la ruinosa compra del City Bank de Florida y de conceder un temerario crédito a su entonces amigo Díaz Ferrán, evadió la cárcel en mayo en menos de 24 horas pagando 2,5 millones de fianza y ahora ha conseguido que la Audiencia Nacional revise su caso en un tiempo récord de dos semanas. ¿Quién decía que la justicia era lenta? Mientras Messi y su padre denuncian “indefensión mediática”, a Blesa lo persigue un juez con “inusuales facultades adivinatorias”.

Con la clarividente ayuda del ministro Montoro en el caso del DNI mutante, la semana ha saltado de la política de los errores a la política del poltergeist. El futbolista argentino, envuelto en las profundas “estructuras de optimización fiscal” tan conocidas entre deportistas y artistas para evadir impuestos. Blesa, víctima de un magistrado poco riguroso, con pésima reputación y obsesionado con “abrir una causa general contra los responsables de la crisis” que ha vulnerado su derecho de defensa. La infanta Cristina, con la venta ficticia de fincas rústicas y urbanas de las que nunca fue propietaria y que, por un “error administrativo”, habría puesto de acuerdo a notarios y registradores de media España para cometer el mismo fallo hasta trece veces. Un misterio que no aclaran ni las matemáticas, porque la probabilidad de que se produzca tal error, confundir el DNI de cualquier español con el de la mujer de Urdangarín (toda la familia real tiene asignados sólo dos dígitos y a ella le corresponde el número 14), es de 1 entre diez quintillones; 1 entre diez billones de trillones…

Llegados a este punto lo más sensato sería pensar que la Agencia Tributaria no funciona tan modélicamente como nos decían. Pero tanto ha insistido Montoro en que no veamos “fantasmas volando“, tanto ha tardado en comparecer para explicar que no hay explicación, que cuesta desprenderse de la lectura ‘conspiranoica’. Imagínense, por ejemplo, si se tratara de una rebelión del número 13 por ser ninguneado cuando le ‘tocó’ a la hija del Rey y fue rechazado por superstición…

Sigamos la estela adivinatoria y preguntémonos si en el agujero de indefensión de Messi, Blesa y la Infanta no está la misma mano negra que manipuló los papeles apócrifos de Bárcenas y que firmó en marzo las actas fantasma del Parlamento andaluz con la subida de dietas. No sé si a Miguel Blesa lo persiguen los jueces -hay quien dice tener informes psiquiátricos del juez que demostrarían que no está en condiciones de ejercer su trabajo con imparcialidad-, pero sí los números.

Bastaría con recordar aquella otra pseudoexplicación del PP al conocerse que el ex inquilino de Soto del Real había cobrado cerca de 600.000 euros del partido cuando estaba al frente de CajaMadrid: en el apunte contable 410069 (los dos primeros dígitos coinciden a la inversa con el fatídico número del error de la Infanta) se anotó inicialmente un importe de 9.000 euros que pagaron en 1994 a Blesa por un trabajo de asesoría y, posteriormente, por un “error administrativo”, se asignaron saldos de “distintos acreedores de todas las sedes del PP”. ¡Un caso para Melinda Gordon!

Si como dice Montoro no hay fantasmas, parece urgente encargar una sesuda investigación sobre numerología antes de que desaparezcan los cientos de observatorios, consejos, consorcios e institutos que tenemos repartidos por toda la geografía española. La primera incógnita es descubrir por qué las equivocaciones siempre benefician a los mismos; por qué nunca hay errores que nos libren a las menguantes clases medias de pagar nuestros impuestos -o pagar menos-. ¿Hay algún rico que cumpla con Hacienda sin trampear? ¡Ellos, los indefensos !

La segunda incógnita, que nada tiene que ver con la más críptica de las ‘ciencias’ metafísicas, requeriría una sesión de psicoanálisis y una máquina de la verdad. ¿Tan difícil es que en este país alguien hable claro? ¿Tanto cuesta asumir la responsabilidad sin necesidad de culebrones ni guiones de cine negro? Termino con una propuesta ilusamente constructiva: ¿por qué no empiezan todos, incluido Messi, devolviendo lo que no es suyo?