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Las otras puertas giratorias

Magdalena Trillo | 17 de diciembre de 2017 a las 10:00

Las puertas giratorias no funcionan sólo para los altos cargos que buscan acomodo (y altísimas remuneraciones) en el confort de las grandes empresas del sector privado cuando tienen que dar por cerrada su etapa de “servicio público” por imperativo legal, por decisión personal o por invitación forzada. Aunque hay quienes sembraron antes de dar el salto a la política y tienen donde volver, nadie se sorprende ya de que un exministro ocupe una envidiable posición en una multinacional, de que se premie a un exalcalde con un cargo vistoso o se busque refugio a un exconsejero en una tranquila empresa pública.

PP y PSOE llevan toda la democracia practicando y, por regla general, es legal: el político en cuestión ocupa su nuevo puesto y se gana el sueldo. Con más o menos dosis de (in)competencia, madrugará, se esforzará y se estresará como cualquiera de nosotros.

Estas (malas) prácticas de colocación exprés, compartidas en cualquier país de nuestro entorno, pueden resultar reprobables pero se ajustan a lo que marca la ley. Los escándalos llegan cuando los políticos hacen malabarismos de indecencia. El ejemplo más reciente lo tenemos en Francia: la mujer del candidato a la presidencia Francois Fillon llegó a cobrar hasta 900.000 euros como “asistenta parlamentaria” por no hacer nada durante más de una década. La exclusiva de Le Canard fue aplastante: Penélope es la asesora mejor pagada en la historia de la V República. Y por un empleo ficticio.

En Granada, el caso Emucesa se está abriendo paso como una mala copia de ese nepotismo nada ilustrado que conecta con el tráfico de influencias y que termina dando forma a la corrupción. Pero no nos engañemos; el puñado de puestos fantasma en la empresa municipal del cementerio (el informe interno que se ha filtrado esta semana alude a seis contratos de alta dirección autorizados entre 2005 y 2012 por los concejales María Francés y Juan Antonio Fuentes) no es más que la punta del iceberg.

El pasado mes de abril, publicábamos en este periódico un análisis detallado sobre las cuentas internas del PP que revelaba el impacto económico que había supuesto para el partido la pérdida de poder tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Diputación. Nuestra jefa de Local, Lola Quero, rastreó en la documentación del partido que justo antes de las elecciones de 2015 tenían contabilizados casi 3,9 millones de euros anuales en sueldos (2,6 salían de la capital y 1, 3 de la institución provincial) que pagaban a diferentes personas del partido en puestos técnicos y que solían justificar como cargos de confianza.

¿Cuántos cumplían y cuántos no? ¿Se bordeaba la ilegalidad? ¿Paga la administración pero el trabajo se desempeña en el partido? ¿Paga la empresa y el empleo ni existe?

Tan vitales para un partido son estos vasos comunicantes con las instituciones, con el poder, que buena parte de su funcionamiento ordinario puede acabar dependiendo de que se gobierne o se hiberne en la oposición. Un informe interno de la gerencia del PP advertía, por ejemplo, del elevado coste que suponía mantener el alquiler de su imponente sede del Zaidín…

Pero el PP no ha inventado nada que el PSOE no haya practicado cuando ha podido. ¿Quién lo ha hecho con más descaro? Las dinámicas las engendra el poder. Lo hacen porque pueden; y no lo denuncian cuando toman el relevo porque no les conviene. La paradoja es sintomática: buena parte de la vida municipal se desarrolla en los tribunales por su desenfrenada afición a desempatar cualquier conflicto recurriendo a los jueces y, justo cuando hay un caso alarmante con aparente recorrido penal, nos lo pensamos.

Lo de abrir ventanas y levantar alfombras queda muy bien en la retórica del ganador pero todos sabemos que tiene un precio. A los nuevos partidos se les critica, y con razón, la rapidez con que se están dejando contagiar por la mala praxis de la vieja política pero hay momentos (y éste es uno de ellos con Vamos Granada tirando de la manta en Emucesa) en que se hacen valer y nos recuerdan por qué había que zarandear al bipartidismo. Aunque sólo sea por una cuestión de tiempo y de oportunidad.

Al final pagamos todos

Magdalena Trillo | 2 de abril de 2017 a las 10:30

El otro día me llamo un buen amigo, tan crítico y adicto a la prensa como quienes estamos detrás, para plantearme si no creía que estábamos dándole demasiado espacio a los tribunales. Primero contesté a la defensiva: por supuesto que no; la actualidad manda. Después lo he pensado y la respuesta sigue siendo no. Pero con matices. No son los tribunales de toda la vida, ese camino fácil en el periodismo que se rinde al aforismo británico de que “si sangra, manda”, lo que ocupan los titulares. Es la política, la economía y los bancos; son las instituciones y las empresas; es la movilidad y hasta el tiempo de ocio que enterramos en los centros comerciales.

En su toma de posesión como nueva fiscal jefe de Andalucía, hacía bien Ana Tárrago en garantizar que actuará contra la corrupción “sin influencias extrañas” porque, justamente, es la política el espacio que más alarmantemente se ha judicializado en los últimos años -por injerencias externas pero también por méritos propios- y que está desencadenando una contagiosa parálisis institucional con repercusiones tanto en la anormal inactividad que está vampirizando el día a día de las administraciones como en el propio funcionamiento de las ciudades. Granada es un ejemplo. A punto de cumplirse un año del estallido de la operación Nazarí, en los despachos se está más pendiente de lo ocurre en la Chancillería, en La Caleta y en la Comisaría que de la rutina de la gestión.

Y las consecuencias las sufrimos todos. Por muchas explicaciones tendenciosas que quieran deslizarse sobre maniobras en los tribunales para ‘influir’ en la política, por muchas afinidades y conexiones familiares que podamos construir entre fiscales, jueces y políticos, la connivencia del equipo de Torres Hurtado con los principales empresarios de la ciudad ya no se limita a una mera sospechas de favoritismo y trato de favor. Hay informes jurídicos que vendrían a demostrar cómo se perjudicaron los intereses de la ciudadanía para beneficiar a unos pocos; cómo se firmaron decretos con carácter de urgencia, sin pasar por pleno y sólo unos días antes de las elecciones, que despejaban negocios de particulares; reuniones privadas en dependencias municipales; agendas secretas con “información relevante” de quienes entonces orquestaban el urbanismo en la ciudad…

Es sólo el principio. ¿Será suficiente para justificar la caída de Torres Hurtado? ¿Para condenar penalmente? Lo que ya parece claro es que son consecuencias que no sólo las sufrimos todos, también las ‘pagamos’. En sentido figurado y literal. El brutal plan de ajuste que tiene que preparar la capital en menos de una semana para esquivar la intervención tiene el trasfondo de los 13 años de “herencia recibida” del PP pero no con una causa sencilla ni única. Y es que todo está conectado. Los tribunales, la política y la economía se han convertido en vasos comunicantes. Lo indignante es que al final sea la salida fácil del bolsillo del ciudadano la solución para la ineptitud de unos y la corrupción de otros.

La teoría de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se puede aplicar casi el rigor de un manual al terreno local. No sólo son las grandes empresas las que blindan sus negocios suscribiendo cláusulas antipérdidas -el escándalo de Magdalena Álvarez con la AP7 es uno más- con negocios ruinosos para el Estado que serían impensables en cualquier economía doméstica. ¿Qué ocurre cuando un gobierno local malvende el patrimonio de una ciudad? ¿Cuándo va en contra del interés de todos?

Así que sí. Hace bien Ana Tárrago en hacer una defensa “inquebrantable” de la Justicia frente a los “avatares políticos”. Y sí, todo empieza y acaba en los tribunales. Buceando en la maraña del caso Nazarí, me recordaba Lola Quero esta semana que la guerra entre Tomás Olivo-García Arrabal no sólo es comercial y está salpicada de denuncias. Ironías de la vida. El promotor del Nevada, acusación particular en el caso Serrallo, está a punto de cerrar una operación con la que podría quedarse con el centro comercial que se convirtió en la bandera de la familia García Arrabal. Más ironías de la vida. Si no prosperan los recursos y la Junta tiene que asumir la indemnización millonaria que le exige Olivo, el Centro Serrallo lo acabaremos comprando entre todos…