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Cárcel para Juana Rivas

Magdalena Trillo | 16 de enero de 2018 a las 10:00

La realidad paralela en que se ha instalado Puigdemont no es ninguna excentricidad del independentismo catalán; es una enfermedad compartida y contagiosa. Podemos hablar de la endogamia de las castas, de la intransigencia del sectarismo, de la supremacía del nacionalismo y, por supuesto, de la ceguera en que vivimos todos dentro de nuestras particulares burbujas de confort. Son múltiples variantes de un mismo virus -la convicción de sentirnos más y mejores- y el resultado es siempre el mismo: la distorsión.

La imagen de este verano de Juana Rivas alzando los brazos a la salida de los juzgados se convirtió en un símbolo. Había hecho justicia por su cuenta y había ganado. Su causa era noble -proteger a sus dos hijos pequeños de un “padre maltratador”- y la de las plataformas que se movilizaron en su apoyo también: poner el foco en la situación de vulnerabilidad de los menores y abrir el debate sobre el régimen de custodia compartida en los casos de violencia de género.

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La madre de Maracena se escondió con sus hijos, se negó a cumplir las resoluciones judiciales y hasta mantuvo en vilo a la Guardia Civil. Aquel 21 de agosto quedó en libertad provisional; igual que su victoria. Ahora tiene que enfrentarse al juicio oral y a durísima petición de cárcel que acaba de formalizar la Fiscalía: 5 años de prisión por un delito de sustracción de menores y 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad.

Los pulsos a la Justicia se pagan. Sus ritmos son otros, pero cuando llega es implacable. Y no es necesario tirar de hemeroteca para recordar a Pedro Pacheco; mucho más cercano tenemos el caso de Junqueras y los Jordis en prisión -ni siquiera han logrado salir de la cárcel para tomar posesión mañana de sus actas como diputados-, al virtual president catalán haciendo de forajido en Bruselas -cuando se produzca la detención nada tendrá de telemática- y, desde ayer mismo con la esperada sentencia por el saqueo del Palau, a Fèlix Millet contando barrotes y a un decadente Artur Mas absorbido por la endiablada dinámica del procés.

Más grave que la tentación natural de pensar que llevamos la razón es que nos la den. No entro en el creciente poder judicial -Joan Margarit nos advertía esta semana en una entrevista que en España “están empezando a mandar los jueces, más peligrosos que los dictadores”- ni en las circunstancias concretas de cada causa. Me detengo en el trasfondo tóxico que las alimenta. Escurridizo e invisible pero con consecuencias tan reales como la prisión.

Justicieros

Magdalena Trillo | 28 de noviembre de 2017 a las 10:30

“No me interesa saber por qué el ser humano es capaz de hacer el mal, lo que quiero saber es por qué hace el bien”. Terry Gould arranca con esta cita de Vaclav Havel una de las obras más descarnadas que se han escrito sobre el “peligroso oficio de informar”: Matar a un periodista. No son héroes los protagonistas; es gente corriente. No son periodistas en grandes conflictos atravesados por una bala perdida; son trabajadores normales que se juegan la vida a diario hasta el límite. Por llegar a la verdad, por destapar la corrupción, por contar lo que alguien no quiere que se cuente.

Pensaba llamarlos “justicieros”, reivindicando su sentido más noble, pero nos hemos vuelto todos tan justicieros que hemos adulterado la palabra y ya no sé si es positivo o negativo. En la práctica, las fronteras entre el bien y el mal se difuminan y se entrelazan.

No sé, por ejemplo, qué “justizia” reclamamos cuando colgamos de un puente cinco muñecos embutidos en un traje de plástico de color blanco y ponemos las fotografías de los cinco jóvenes acusados por violación en el controvertido juicio de la manada. Denunciar las injusticias, incluidas las de quienes profesionalmente se dedican a ello, debería ser un sano ejercicio democrático reflejo de nuestra madurez como sociedad. Sumergirnos en nuestras cápsulas de verdades absolutas, querer imponer nuestras premisas a golpe de pancartas y tuits, saltarnos algo tan básico como la presunción de inocencia sin reconocer siquiera que nuestra libertad termina cuando empieza la de los demás, habla de una sociedad decadente y desorientada. Peligrosamente enferma.

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No se puede hacer justicia en la calle. La presión social fue el alma del 15-M, de todos los movimientos de la Primavera Árabe, y tuvo su sentido. Lo tiene aún hoy cuando pervive en la incansable lucha de ciudadanos anónimos que arropan a familias vulnerables al borde del desahucio. Y debemos defenderlo, sin excusas, ante quienes insisten en gobernar desde sus despachos y sus coches oficiales sin escuchar a la calle.

Pero el bien y el mal están demasiado cerca. El caso de Juana Rivas, la madre que denunció malos tratos y pelea por sus hijos, sobrepasa ya el blanco y negro de la justicia popular. Spiriman, el médico que protagonizó el mayor levantamiento ciudadano que se recuerda en Granada, se desautoriza a diario cuando confunde la “dignidad” de la causa con una inaudita campaña de ataques e insultos que no esconden más que su prepotencia y su narcisismo. Decimos a los políticos que han de saber cuándo dejar el sillón; también deberíamos aprender como sociedad cuándo abandonar la calle.

De Ana Orantes a Juana Rivas

Magdalena Trillo | 30 de julio de 2017 a las 10:30

Cuando Ana Orantes fue asesinada por su marido, la violencia de género no era un problema para la sociedad española. José Parejo la roció con gasolina y la quemó viva a las puertas de su casa. Ana había tenido la osadía de contar en un plató de televisión que llevaba cuarenta años sufriendo malos tratos en silencio. Trece días después, la mató a las puertas de su casa. Fue un 17 de diciembre. En el pequeño municipio de Cúllar Vega. Hace justo veinte años. Aquel día, España despertó del machismo.

Ana Orantes no fue la primera mujer maltratada pero sí la que puso rostro a la violencia de género. La hizo visible y nos obligó a cambiar. A los medios de comunicación, a las instituciones públicas, a las fuerzas de seguridad y a toda la sociedad. En la esfera pública y en la privada; en las ciudades y en los pueblos. Su caso se convertiría en la primera piedra de un complejo camino que desembocó en la Ley Integral Contra la Violencia de Género que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2004. Por unanimidad.

Un acuerdo “histórico” como esta semana, trece años después, ha sido el Pacto de Estado con que los nuevos grupos políticos han sacado adelante el primer gran acuerdo de la Legislatura. Y ello pese al inesperado desmarque de última hora de Unidos Podemos evidenciando una absoluta falta de altura política; porque son legítimas sus mayores exigencias y sus dudas sobre la efectividad con que se aplicarán las 266 medidas del plan pero más necesaria aún era la unidad. El simbolismo de la firmeza democrática contra el machismo.

Esta misma semana, Túnez ha aprobado una ley histórica contra la violencia de género que toma de referencia la de Zapatero. En su caso, el punto de partida es más grave aún. Supone un paso trascendental por los derechos de la mujer: los tunecinos ya no podrán violar a una menor y evitar la cárcel casándose con la víctima; el acoso sexual, incluido el verbal, se tipifica y castiga como delito; se podrá denunciar la explotación de niñas en el servicio doméstico; se proclama, por primera vez, que los “ciudadanos y las ciudadanas” son “iguales”.

Tenemos experiencia para saber que las leyes no son suficientes. Por muy progresistas, garantistas y punitivas que sean. Pero son el esqueleto de base que nos pueden permitir avanzar. En la calle, en los colegios y en nuestras casas. El actual Pacto de Estado por la Violencia de Género parte con déficits y con mucha incertidumbre sobre su efectividad pero sería irresponsable quedarse en lo mejorable y no reconocer el salto cualitativo que se produce con un plan transversal que implica a todos los agentes -y en todos los niveles de gestión- y que pone sobre la mesa 1.000 millones para su aplicación en cinco años.

Un plan que cambia, por fin, la consideración de las víctimas -se podrá acreditar la violencia machista aun sin denuncia judicial y prevé que los servicios sociales y sanitarios puedan activar el proceso de protección-, que incluirá asignaturas evaluables y formación especializada a nivel universitario, que reforzará la educación en igualdad en las escuelas, que ayudará a las mujeres maltratadas sin recursos con seis meses de paro, que perseguirá las calumnias en las redes sociales, que pondrá en marcha campañas de concienciación y sensibilización… Más prevención, más formación, más coordinación.

En una entrevista que publicamos hoy, Miguel Lorente, el director de la Unidad de Igualdad de la UGR y uno de los expertos que han trabajado en los últimos seis meses para el desarrollo del Pacto de Estado, advierte que llega “tarde, a la fuerza y desenfocado”. Ciertamente, basta recordar las 600.000 agresiones y las 60 mujeres que son asesinadas de media en España cada año para compartir sus palabras y reconocer que son las trágicas cifras, el año negro que estamos viviendo en 2017, lo que ha constituido el desencadenante del pacto.

Lleva razón también cuando lamenta que nos quedemos en el lado visible del problema, los asesinatos, y no ataje de lleno las causas: el machismo. La normalidad con que todavía toleramos a los maltratadores y hasta los justificamos. Con que minimizamos ciertas conductas. Con que seguimos perpetuando la sociedad patriarcal que constituye el caldo de cultivo de la dominación masculina y la violencia contra las mujeres. ¿Recuerdan su libro Mi marido me pega lo normal?

Pero no son sólo las cifras. De Ana Orantes a Juana Rivas. La madre de Maracena que ha huido con sus hijos para evitar entregarlos a su expareja, un padre condenado por maltrato, está poniendo rostro a la nueva etapa de lucha contra la violencia machista que se está abriendo en la sociedad española sacando a la luz todas las sombras de desprotección, lagunas judiciales y circunstancias “excepcionales” que necesitan una respuesta. Por primera vez se pone un foco en los menores y en la tibieza con que hasta ahora se ha abordado un tema tan sensible como es la custodia de los hijos.

Porque partimos, como recuerda Lorente, de que “un marido maltratador no tiene por qué ser un mal padre”; pero un maltratador siempre es un mal padre. Y un “riesgo” que debería ser tenido en cuenta como un factor determinante para evitar el contacto. Lo vemos, con demasiada frecuencia, en los casos en que los menores son utilizados para hacer daño a la madre, como rehenes de la violencia machista y como víctimas en última instancia de los homicidios.

Son, además, un mal ejemplo. Peligroso. Perpetuador de la violencia. En 2005, Jesús Parejo, uno de los ocho hijos de Ana Orantes, fue detenido en Santa Fe por malos tratos a su pareja. La joven, que tuvo que ser atendida por contusiones en la cabeza y un fuerte dolor en el brazo, confesó a la Guardia Civil que era la tercera vez que le pegaba.

Ese día, una de las hermanas del agresor pidió a la Justicia que actuara con contundencia, que fuera “a la cárcel si tenía que ir” y se ofreció incluso a ayudar a la familia de la víctima. Raquel, que se quitó el apellido de José Parejo cuando asesinó a su madre, recordó que su hermano Jesús también sufrió los malos tratos, que se marchó a los 13 años de casa huyendo de los golpes que su padre le daba a toda la familia… “Quizás fue el ambiente que vivió de niño el que le ha empujado a hacer esto”, dijo entonces.

La presión social, la movilización ciudadana que se ha producido estos días en Granada para apoyar a Juana Rivas, no es una simple corriente de empatía ni inconsciencia. Y no se trata de saltarse la ley. El #YoSoyJuana que vuela en las redes sociales sumando muestras de solidaridad es una llamada de atención sobre el nuevo tiempo en la lucha contra el machismo que tenemos la obligación de abrir.

Porque ni la burocracia ni las zonas grises de la normativa pueden anteponerse a que las leyes sean justas, que se apliquen con sentido común, incluso con humanidad, y que se tengan en cuenta todas las circunstancias.

Porque tan urgente como atajar la violencia de género es actuar con todas las medidas, campañas y cambios legislativos que sean necesarios para acabar con el lado menos visible. Con el machismo.

Sí, hoy #TodosSomosAna. Hoy, #JuanaEstáEnMiCasa. #TodosSomosJuana.