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No es (sólo) la Capitalidad Judicial

Magdalena Trillo | 14 de mayo de 2017 a las 10:18

Desde Sevilla y Málaga nos miran con condescendencia cuando nos movilizamos contra el aislamiento ferroviario, las penalidades del AVE y el retraso del Metro: la situación de Granada es inaudita, ninguna provincia española habrá sufrido un cúmulo de fatalidades, promesas incumplidas y bloqueo tan largo e inexplicable en toda la democracia. La marea blanca fue una sorpresa para todos, incluidos los protagonistas: la indignación explotó en la calle, se canalizó en las redes sociales y ha tenido consecuencias tangibles en modo de reversión completa de la fusión hospitalaria.

El Juntos por Granada con que hemos empezado a defender la capitalidad judicial no tendría ningún sentido sin estos dos precedentes. Es más, si media España no fuera testigo de los agravios y el maltrato que Granada está recibiendo en sus múltiples guerras -unas buscadas y otras sobrevenidas-, el Parlamento andaluz en bloque no hubiera cerrado filas esta semana (inaudito ver cómo los viejos y nuevos partidos se ponen de acuerdo en algo) para presionar a Madrid y conseguir blindar el TSJA -con fachada y contenido- como símbolo del reparto de poderes que se acordó en los 80 en nuestro Estatuto de Autonomía con artífices de excepción como Rodríguez de la Borbolla y Torres Vela.

Pero basta poner un pie fuera de la forzada división provincial que se inventó Javier de Burgos en el siglo XIX para que nos adviertan de que, “en este caso”, nos equivocamos tomando partido por algo que no es más que “puro corporativismo”; para que nos alerten de que acabamos situándonos al lado de esos señores altivos de las togas que están protagonizando uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la Judicatura de este país con la batalla interna en el Ministerio Fiscal; y para que se muestren más que escépticos sobre el éxito que pueda tener la movilización. ¿Esperamos comprensión y un paso atrás por parte de la misma cúpula que está acusando a sus subordinados de desleales, que está filtrando información comprometida que afecta a investigaciones en curso y que está pidiendo disculpas públicas para defender las meteduras de pata de su Gobierno?

Me cuentan que lo desplazar las nuevas secciones de lo Penal a Sevilla y Málaga, el despiece del TSJA que acabaría por vaciar de contenido el imponente edificio de la Real Chancillería, fue un apaño final de los ministros Zoido y Catalá con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en una operación ideada por el magistrado sevillano Antonio Dorado, actual secretario general de Administración de Justicia, que incluso habría tenido el visto bueno del PP -un Moreno Bonilla barriendo (legítimamente) para casa-.

¿Es una cuestión corporativa? ¡Claro! Pero para todos. Es un trampolín profesional para ascender al Supremo -con sus elevados sueldos y sus privilegios- y sí… habría que trabajar en Granada. Pero cualquier magistrado andaluz se puede presentar a las plazas y ganarlas por méritos propios. Otra cuestión, por supuesto, es si los aspirantes de Málaga y Sevilla quieren que les lleven el trabajo a casa…

¿Jurídicamente se sostiene? No tengo ninguna duda -y lo puedo corroborar con el mareo de artículos que ya me han hecho llegar para justificar una decisión y la contraria- que podría tener amparo legal. Aun en el caso de tener que estrujar lo estipulado en el Estatuto andaluz y en los reglamentos pertinentes que lo desarrollan.

¿Técnicamente es defendible? Me dicen que desde noviembre se han registrado 4 apelaciones… Si pensamos en cómo se eternizan las macrocausas -hasta el punto de correr el riesgo de que se prescriban delitos-, en la desesperación con que, año tras año, los responsables de los altos tribunales reclaman más personal y medios técnicos y añadimos la saturación y disfunciones del día a día -esta misma semana se han tenido que aplazar las declaraciones en el caso Serrallo de la mitad del equipo de gobierno de Torres Hurtado porque se cayó el sistema- no pareciera que estemos ante un asunto ni importante, ni oportuno ni urgente.

Es un ataque simbólico. Uno más. Y, si no tiene la mayor importancia, que desde Sevilla y Málaga nos expliquen por qué se movilizan, por qué emiten declaraciones institucionales y por qué construyen frentes de apoyo amparándose en complejas interpretaciones jurídicas y engañosos tecnicismos.

No es (sólo) la Capitalidad Judicial.