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Justicieros

Magdalena Trillo | 28 de noviembre de 2017 a las 10:30

“No me interesa saber por qué el ser humano es capaz de hacer el mal, lo que quiero saber es por qué hace el bien”. Terry Gould arranca con esta cita de Vaclav Havel una de las obras más descarnadas que se han escrito sobre el “peligroso oficio de informar”: Matar a un periodista. No son héroes los protagonistas; es gente corriente. No son periodistas en grandes conflictos atravesados por una bala perdida; son trabajadores normales que se juegan la vida a diario hasta el límite. Por llegar a la verdad, por destapar la corrupción, por contar lo que alguien no quiere que se cuente.

Pensaba llamarlos “justicieros”, reivindicando su sentido más noble, pero nos hemos vuelto todos tan justicieros que hemos adulterado la palabra y ya no sé si es positivo o negativo. En la práctica, las fronteras entre el bien y el mal se difuminan y se entrelazan.

No sé, por ejemplo, qué “justizia” reclamamos cuando colgamos de un puente cinco muñecos embutidos en un traje de plástico de color blanco y ponemos las fotografías de los cinco jóvenes acusados por violación en el controvertido juicio de la manada. Denunciar las injusticias, incluidas las de quienes profesionalmente se dedican a ello, debería ser un sano ejercicio democrático reflejo de nuestra madurez como sociedad. Sumergirnos en nuestras cápsulas de verdades absolutas, querer imponer nuestras premisas a golpe de pancartas y tuits, saltarnos algo tan básico como la presunción de inocencia sin reconocer siquiera que nuestra libertad termina cuando empieza la de los demás, habla de una sociedad decadente y desorientada. Peligrosamente enferma.

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No se puede hacer justicia en la calle. La presión social fue el alma del 15-M, de todos los movimientos de la Primavera Árabe, y tuvo su sentido. Lo tiene aún hoy cuando pervive en la incansable lucha de ciudadanos anónimos que arropan a familias vulnerables al borde del desahucio. Y debemos defenderlo, sin excusas, ante quienes insisten en gobernar desde sus despachos y sus coches oficiales sin escuchar a la calle.

Pero el bien y el mal están demasiado cerca. El caso de Juana Rivas, la madre que denunció malos tratos y pelea por sus hijos, sobrepasa ya el blanco y negro de la justicia popular. Spiriman, el médico que protagonizó el mayor levantamiento ciudadano que se recuerda en Granada, se desautoriza a diario cuando confunde la “dignidad” de la causa con una inaudita campaña de ataques e insultos que no esconden más que su prepotencia y su narcisismo. Decimos a los políticos que han de saber cuándo dejar el sillón; también deberíamos aprender como sociedad cuándo abandonar la calle.

Las lecciones del Nevada (incluidos los jueces)

Magdalena Trillo | 4 de junio de 2017 a las 12:11

Un tercio del Metro. Hasta diez carreteras pendientes en Granada, desde la Ronda Sur de Motril hasta la Autovía Darro-Iznalloz pasando por los nuevos accesos y circunvalaciones proyectadas en Órgiva, Alhama, Baza o Pinos Puente. La mitad de las obras de depuración que hacen falta en la provincia… Esto no es una carta anticipada a los Reyes Magos; son los cálculos que esta misma semana ha realizado el PP para explicar, con realidades, lo que suponen los más de 165 millones que tendremos que pagar a Tomás Olivo por haber paralizado durante toda una década la gigantesca mole del Nevada.

Mitad populismo mitad demagogia, el listado de futuribles de inversión podría llevarse al infinito. Pero si nos quedamos en el pragmatismo del hoy y del ahora, lo que hace la indemnización millonaria del complejo comercial es poner rostro y números a un cúmulo de despropósitos y disfunciones que afectan, por supuesto a la Política, pero también a la Administración y a la Justicia.

Vayamos por partes… Se debata o no el escándalo en sede parlamentaria, y desconfiando de entrada de que las peticiones de explicaciones del PP y de Podemos sirvan para algo, ¿realmente se puede sostener que no hay “responsabilidad política alguna”? ¿Nadie en toda la Junta, de Sevilla a Granada, tiene culpa directa o indirecta? ¿Ni siquiera recurriendo al pecado del ‘in vigilando’ que tan de moda ha puesto Esperanza Aguirre?

Lo curioso es que, mucho antes del desenlace final, el Centro Nevada ya fue un calvario para los propios concejales con una lección de responsabilidad que se ha retomado ahora en el caso Serrallo: ser concejal es algo más que dar ruedas de prensa, seguir las consignas del partido y salir en la foto. No pueden limitarse a dar el voto sin conocer lo que se aprueba porque haya un “principio absoluto de confianza”. ¿Cuánto dinero gastamos en mantener a nuestros políticos para que no sepan lo que firman? Para que no entiendan de planes parciales, de licencias, de letras ni de números.

La concejal del PP Telesfora Ruiz ha llegado a decirle a la jueza que había veces que ni levantaban la mano para votar, que bastaba con su mera presencia… ¿En serio? No sé si presuponerles incompetentes, lamentar su dejadez o sospechar justo lo contrario: que han querido ser más listos que nadie. El caso es que debe ser tremendamente contagioso porque es un argumento que escuchamos, una y otra vez, sin ningún atisbo de complejo, desde el último edil de pueblo hasta cualquier director de banco. Desde las ministras que no saben que hay un Jaguar en el garaje hasta todo un fiscal Anticorrupción que ignora que tener una offshore en Panamá sonaría a corrupción pasando por las alegres tonadilleras y las despreocupadas infantas.

Pero pasa con los jefes… y con los empleados. No sé a qué letrado de la Junta se le olvidó acudir a la vista de hace justo un año, pero cuesta pensar que no haya motivado ni una investigación interna. Ni un expediente sancionador. Los funcionarios no pueden ser intocables. Cualquier metedura de pata, más de tal calibre, costaría el puesto en la empresa privada. De inmediato. En este caso, sólo hay excusas y opacidad. La propia Junta y el PSOE se escudan en “criterios técnicos y jurídicos” para decir que durante todo este tiempo han actuado defendiendo el “interés general”. Para explicar por qué, en los diez años en que se ha ido solapando la vía contenciosa con la penal, no pidieron levantar la medida cautelar de paralización de obras. Ni siquiera cuando en 2011 la Audiencia Provincial dictó la sentencia que condenaba a los promotores pero indultaba el edificio. Por qué la Junta no hizo nada justo al día siguiente de que toda España supiera que el Nevada no iba a ser un Algarrobico; que no se iba a demoler…

Sobre todo esto llevamos semanas debatiendo. Sin embargo, no he leído un solo reproche sobre la responsabilidad de los jueces. En primera instancia y por parte de los magistrados del TSJA que acaban de ratificar, y hasta elevar, la indemnización a Tomás Olivo. Porque tal vez no sea un argumento publicado pero sí compartido: prestigiosos juristas de esta ciudad se preguntan por qué no se pidió una pericial de oficio, independiente, para contrarrestar los informes de parte aportados por el promotor. Si los jueces no deben velar, también, por el interés general. Si, además de darnos lecciones a todos los demás, no deberían hacer también autocrítica. Si, además de condenar, no deberían -por ejemplo- establecer los cauces para garantizar que se recupera el dinero de la corrupción. Si nadie pensó, más allá del necesario tirón de orejas a la Junta, cómo evitar que seamos los andaluces quienes acabemos costeando el imponente Centro Nevada.

Siendo realistas, aunque todavía quede la vía del recurso al Supremo, es puro procedimiento. Una vía fallida de entrada porque en esa instancia no hay posibilidad de presentar un contrainforme que desmonte las expectativas de negocio, el daño y el lucro cesante, que constituyen la base de la condena. Hay quienes piensan que simplemente con haber esperado unos meses, los jueces podrían haber tenido los datos reales con el balance de explotación del primer año. Yo no me confiaría… El propio empresario dijo en su día a este periódico que sería su “mejor opción”, que saldría ganando (más). En aquel momento sonaba a farol; hoy invita a ser prudentes: ¿y si recurrimos al Supremo y eleva (otra vez) la indemnización?

Penúltima lección: no tentar la suerte…

No es (sólo) la Capitalidad Judicial

Magdalena Trillo | 14 de mayo de 2017 a las 10:18

Desde Sevilla y Málaga nos miran con condescendencia cuando nos movilizamos contra el aislamiento ferroviario, las penalidades del AVE y el retraso del Metro: la situación de Granada es inaudita, ninguna provincia española habrá sufrido un cúmulo de fatalidades, promesas incumplidas y bloqueo tan largo e inexplicable en toda la democracia. La marea blanca fue una sorpresa para todos, incluidos los protagonistas: la indignación explotó en la calle, se canalizó en las redes sociales y ha tenido consecuencias tangibles en modo de reversión completa de la fusión hospitalaria.

El Juntos por Granada con que hemos empezado a defender la capitalidad judicial no tendría ningún sentido sin estos dos precedentes. Es más, si media España no fuera testigo de los agravios y el maltrato que Granada está recibiendo en sus múltiples guerras -unas buscadas y otras sobrevenidas-, el Parlamento andaluz en bloque no hubiera cerrado filas esta semana (inaudito ver cómo los viejos y nuevos partidos se ponen de acuerdo en algo) para presionar a Madrid y conseguir blindar el TSJA -con fachada y contenido- como símbolo del reparto de poderes que se acordó en los 80 en nuestro Estatuto de Autonomía con artífices de excepción como Rodríguez de la Borbolla y Torres Vela.

Pero basta poner un pie fuera de la forzada división provincial que se inventó Javier de Burgos en el siglo XIX para que nos adviertan de que, “en este caso”, nos equivocamos tomando partido por algo que no es más que “puro corporativismo”; para que nos alerten de que acabamos situándonos al lado de esos señores altivos de las togas que están protagonizando uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la Judicatura de este país con la batalla interna en el Ministerio Fiscal; y para que se muestren más que escépticos sobre el éxito que pueda tener la movilización. ¿Esperamos comprensión y un paso atrás por parte de la misma cúpula que está acusando a sus subordinados de desleales, que está filtrando información comprometida que afecta a investigaciones en curso y que está pidiendo disculpas públicas para defender las meteduras de pata de su Gobierno?

Me cuentan que lo desplazar las nuevas secciones de lo Penal a Sevilla y Málaga, el despiece del TSJA que acabaría por vaciar de contenido el imponente edificio de la Real Chancillería, fue un apaño final de los ministros Zoido y Catalá con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en una operación ideada por el magistrado sevillano Antonio Dorado, actual secretario general de Administración de Justicia, que incluso habría tenido el visto bueno del PP -un Moreno Bonilla barriendo (legítimamente) para casa-.

¿Es una cuestión corporativa? ¡Claro! Pero para todos. Es un trampolín profesional para ascender al Supremo -con sus elevados sueldos y sus privilegios- y sí… habría que trabajar en Granada. Pero cualquier magistrado andaluz se puede presentar a las plazas y ganarlas por méritos propios. Otra cuestión, por supuesto, es si los aspirantes de Málaga y Sevilla quieren que les lleven el trabajo a casa…

¿Jurídicamente se sostiene? No tengo ninguna duda -y lo puedo corroborar con el mareo de artículos que ya me han hecho llegar para justificar una decisión y la contraria- que podría tener amparo legal. Aun en el caso de tener que estrujar lo estipulado en el Estatuto andaluz y en los reglamentos pertinentes que lo desarrollan.

¿Técnicamente es defendible? Me dicen que desde noviembre se han registrado 4 apelaciones… Si pensamos en cómo se eternizan las macrocausas -hasta el punto de correr el riesgo de que se prescriban delitos-, en la desesperación con que, año tras año, los responsables de los altos tribunales reclaman más personal y medios técnicos y añadimos la saturación y disfunciones del día a día -esta misma semana se han tenido que aplazar las declaraciones en el caso Serrallo de la mitad del equipo de gobierno de Torres Hurtado porque se cayó el sistema- no pareciera que estemos ante un asunto ni importante, ni oportuno ni urgente.

Es un ataque simbólico. Uno más. Y, si no tiene la mayor importancia, que desde Sevilla y Málaga nos expliquen por qué se movilizan, por qué emiten declaraciones institucionales y por qué construyen frentes de apoyo amparándose en complejas interpretaciones jurídicas y engañosos tecnicismos.

No es (sólo) la Capitalidad Judicial.

Al final pagamos todos

Magdalena Trillo | 2 de abril de 2017 a las 10:30

El otro día me llamo un buen amigo, tan crítico y adicto a la prensa como quienes estamos detrás, para plantearme si no creía que estábamos dándole demasiado espacio a los tribunales. Primero contesté a la defensiva: por supuesto que no; la actualidad manda. Después lo he pensado y la respuesta sigue siendo no. Pero con matices. No son los tribunales de toda la vida, ese camino fácil en el periodismo que se rinde al aforismo británico de que “si sangra, manda”, lo que ocupan los titulares. Es la política, la economía y los bancos; son las instituciones y las empresas; es la movilidad y hasta el tiempo de ocio que enterramos en los centros comerciales.

En su toma de posesión como nueva fiscal jefe de Andalucía, hacía bien Ana Tárrago en garantizar que actuará contra la corrupción “sin influencias extrañas” porque, justamente, es la política el espacio que más alarmantemente se ha judicializado en los últimos años -por injerencias externas pero también por méritos propios- y que está desencadenando una contagiosa parálisis institucional con repercusiones tanto en la anormal inactividad que está vampirizando el día a día de las administraciones como en el propio funcionamiento de las ciudades. Granada es un ejemplo. A punto de cumplirse un año del estallido de la operación Nazarí, en los despachos se está más pendiente de lo ocurre en la Chancillería, en La Caleta y en la Comisaría que de la rutina de la gestión.

Y las consecuencias las sufrimos todos. Por muchas explicaciones tendenciosas que quieran deslizarse sobre maniobras en los tribunales para ‘influir’ en la política, por muchas afinidades y conexiones familiares que podamos construir entre fiscales, jueces y políticos, la connivencia del equipo de Torres Hurtado con los principales empresarios de la ciudad ya no se limita a una mera sospechas de favoritismo y trato de favor. Hay informes jurídicos que vendrían a demostrar cómo se perjudicaron los intereses de la ciudadanía para beneficiar a unos pocos; cómo se firmaron decretos con carácter de urgencia, sin pasar por pleno y sólo unos días antes de las elecciones, que despejaban negocios de particulares; reuniones privadas en dependencias municipales; agendas secretas con “información relevante” de quienes entonces orquestaban el urbanismo en la ciudad…

Es sólo el principio. ¿Será suficiente para justificar la caída de Torres Hurtado? ¿Para condenar penalmente? Lo que ya parece claro es que son consecuencias que no sólo las sufrimos todos, también las ‘pagamos’. En sentido figurado y literal. El brutal plan de ajuste que tiene que preparar la capital en menos de una semana para esquivar la intervención tiene el trasfondo de los 13 años de “herencia recibida” del PP pero no con una causa sencilla ni única. Y es que todo está conectado. Los tribunales, la política y la economía se han convertido en vasos comunicantes. Lo indignante es que al final sea la salida fácil del bolsillo del ciudadano la solución para la ineptitud de unos y la corrupción de otros.

La teoría de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se puede aplicar casi el rigor de un manual al terreno local. No sólo son las grandes empresas las que blindan sus negocios suscribiendo cláusulas antipérdidas -el escándalo de Magdalena Álvarez con la AP7 es uno más- con negocios ruinosos para el Estado que serían impensables en cualquier economía doméstica. ¿Qué ocurre cuando un gobierno local malvende el patrimonio de una ciudad? ¿Cuándo va en contra del interés de todos?

Así que sí. Hace bien Ana Tárrago en hacer una defensa “inquebrantable” de la Justicia frente a los “avatares políticos”. Y sí, todo empieza y acaba en los tribunales. Buceando en la maraña del caso Nazarí, me recordaba Lola Quero esta semana que la guerra entre Tomás Olivo-García Arrabal no sólo es comercial y está salpicada de denuncias. Ironías de la vida. El promotor del Nevada, acusación particular en el caso Serrallo, está a punto de cerrar una operación con la que podría quedarse con el centro comercial que se convirtió en la bandera de la familia García Arrabal. Más ironías de la vida. Si no prosperan los recursos y la Junta tiene que asumir la indemnización millonaria que le exige Olivo, el Centro Serrallo lo acabaremos comprando entre todos…

El ‘cachondeo’ judicial

Magdalena Trillo | 26 de febrero de 2017 a las 12:03

Hace más de 20 años que Pedro Pacheco provocó un tsunami mediático, e institucional, cuando dijo que “la justicia es un cachondeo”. Era febrero de 1985 y la polémica se circunscribía a la paralización de una orden de derribo de un chalé de Bertín Osborne. Luego, y son muchos los que piensan que con un trasfondo de revancha de los intocables de las togas, llegarían las denuncias por su gestión como alcalde de Jerez, la condena a cárcel, los embargos y su entrada final en prisión por dos casos de enchufismo. Hablamos ya de finales de 2014. La crisis económica empezaba a dar paso a la política y, a golpe de escándalos de corrupción y de cabreo ciudadano, empezaba a imponerse una corriente de máxima ejemplaridad que explicaría, por ejemplo, que la tonadillera Isabel Pantoja acabara entre rejas con una pena por blanqueo de capital inferior a dos años.

Había que reconstruir la deteriorada imagen de la Justicia. Demostrar que la justicia era justa, imparcial e independiente… Y parecerlo. De entrada, la lentitud del sistema, con la insistente llamada de atención de jueces y fiscales por la sobrecarga de trabajo, la saturación de los juzgados y la falta de recursos y personal, en nada contribuye. Ni en el fondo ni en las formas. Por la propia indefensión que provoca -ahí están las quejas constantes de los implicados en el caso de las audioguías de la Alhambra- y por el espacio que abre al linchamiento mediático y a la condena y criminalización social.

Pero este talón de Aquiles del poder judicial, un problema que nuestro país viene arrastrando durante toda la etapa democrática de construcción del Estado de Derecho, no es sino la base de cultivo para ese otro ‘cachondeo’ que discurre estos días en paralelo a los grandes casos de corrupción y alimenta la imagen de descrédito, presiones y politización que con tan poca fortuna denunció el histórico político andalucista.

pacheco

Mientras el ya ex jefe superior de Murcia habla siniestramente de “purga”, acosos y asaltos a viviendas de fiscales Anticorrupción, en Twitter sistematizan con agudeza los atenuantes que se habrán aplicado en el caso Nóos para que Iñaki Urdangarin, el cuñado del Rey, para que pueda seguir escondido en Suiza: no ser rapero ni tuitero ni titiritero. Aun dejando de lado los argumentos estrictamente jurídicos de la sentencia, la decisión de las tres magistradas de la Audiencia de Palma acordada este jueves en la vistilla de medidas cautelares es realmente inquietante: libertad sin fianza y con la única preocupación de comparecer una vez al mes en su refugio alpino.

Hace justo un año que un juez de la Audiencia Nacional ordenó prisión provisional sin fianza para los dos titiriteros granadinos que fueron detenidos por “ensalzar a ETA” en un espectáculo programado para las fiestas de Carnaval en Madrid. Había riesgo de fuga así que permanecieron cinco días en el calabozo; hoy, la causa está archivada y ellos siguen representando sus obras, incluida la de La Bruja y Don Quistóbal. En el caso de Urdangarin no hay riesgo de fuga. Ni posibilidad de que vuelva a delinquir ni de que destruya pruebas… No es de extrañar que su abogado confesara a los periodistas que está “entusiasmado”. Y mucho menos que media España especule ya sobre si al final entrará en prisión; si hay dos varas de medir; si la justicia ni es justa ni lo parece.

titiriteros

Hablar de “cachondeo” no es más que un recurso -no niego que exagerado- para alertar de las disfunciones judiciales, pero admitamos que estamos en un momento en que se ha superado ampliamente lo que podríamos considerar aislado y excepcional.

Que un ex alto cargo de la Junta vaya a presidir el tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán (sus jefes durante 6 años) resulta inadmisible por muy legal que sea y muy honesto y solvente que sea el magistrado… Que hayamos convertido el relevo de plazas en el Constitucional en un ‘mercadeo’ de sillones entre los dos grandes partidos -y sin pudor- poco ayuda a desmentir las “purgas”, las presiones y la politización de la justicia… Que Zoido haya puesto en marcha una operación limpieza en Interior tiene (demasiado) de cloacas y de novela negra.

El juego de tronos del Constitucional

Magdalena Trillo | 29 de enero de 2017 a las 10:30

Si tomamos como referencia las preocupaciones reales de los españoles, las espontáneas de las tertulias de bar y las cocinadas de los barómetros de opinión pública, la información sobre la renovación del Tribunal Constitucional no debería alcanzar ni la categoría de breve: una noticia especializada de interés parcial restringida a las publicaciones del sector.

Que ocupe portadas de periódicos, minutos de análisis y espacio en prime time tiene una explicación que oscila entre el amarillismo, el morbo mediático y las guerras de poder de los partidos: el juego de tronos en que los políticos (también) han convertido la elección de miembros del Alto Tribunal intentando colocar a personas afines a sus posicionamientos ideológicos y a sus intereses por encima de los criterios de mérito y capacitación que debamos presuponer a los juristas. Y ello en un órgano que es clave en la arquitectura democrática del Estado y que vela, precisamente, por que no sólo se cumplan las reglas del juego que fija la Constitución sino también que se vayan adaptando a las nuevas necesidades.

¿El deterioro y desconfianza de la política está arrastrando la independencia y el prestigio de la Justicia? Del mismo modo que es compartida la convicción sobre el referente que el TC significó en sus inicios, es creciente hoy la opinión sobre su deriva con ausencia de grandes pactos y con continuos votos discrepantes que tienen más que ver con injerencias y cadenas de favores que con planteamientos estrictamente jurídicos.

Que se hagan cábalas sobre el voto de los magistrados ante temas de tremenda trascendencia como el matrimonio homosexual, el aborto, la reforma laboral, la legalización de los partidos abertzales o el actual desafío independentista catalán -integrando en la ecuación quién propuso a cada uno de sus doce integrantes- no es sino el reflejo del inaplazable camino de transparencia -en el fondo y en las formas- que ha de afrontar la institución que ejerce de intérprete suprema de la Carta Magna y máxima garante de nuestros derechos constitucionales.

Su independencia no puede estar en cuestión ni sus integrantes deben ejercer con la sombra de haber sido elegidos primando su vinculación personal y afinidad política -hasta el punto de pertenecer o no al círculo de amigos y conocidos de los partidos (y dirigentes) que los defienden- por encima de su solvencia y experiencia profesional. La razón es sencilla: las instituciones ganan, todos ganamos como sociedad, con la calidad y el prestigio de las personas que las integran.

A esto nada contribuyen las negociaciones, presiones y pulsos que los partidos han mantenido en los últimos meses -sin preocuparse siquiera por disimular- para cubrir las cuatro plazas del TC, incluido el cargo especialmente relevante de la presidencia, que están pendientes de designación desde diciembre. Se molestan cuando se filtran sus maniobras pero es difícil negarlas cuando la realidad constata favoritismos y vetos.

Las opciones del magistrado sevillano Andrés Ollero, diputado del PP por Granada durante 17 años y vinculado a nuestra Universidad, se dan ya prácticamente por enterradas justamente por su duro posicionamiento ideológico y su afinidad al partido del Gobierno. No se trata ya de inclinaciones más o menos progresistas o conservadores sino de trayectorias de ida y vuelta a la política -con responsabilidades y gestión directa- que despiertan los apoyos encendidos de unos y el rechazo absoluto de otros.

Descartado Ollero para presidir el Alto Tribunal en sustitución de Pérez de los Cobos, la disputa parece centrarse ahora entre el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y el vicepresidente del Supremo Ángel Juanes.

Algunas cabeceras de la prensa nacional daban ya esta semana por acordados los otros tres integrantes: la catedrática de Constitucional y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía María Luisa Balaguer, el magistrado del Supremo Ricardo Enríquez y el catedrático de Derecho laboral Alfredo Montoya.

En el episodio andaluz de este particular juego de tronos, Balaguer ha sido la propuesta que finalmente ha presentado el PSOE tras descartarse la posibilidad de respaldar como Comunidad Autónoma un único perfil. En la renovación del TC, una parte viene determinada por la designación del Consejo General del Poder Judicial y otra parte por el Senado a iniciativa de los parlamentos autonómicos.

En Andalucía, el consenso ha sido un espejismo. Lo intentó Ciudadanos con la jurista granadina Begoña Álvarez, valorando que sería respaldada por el PSOE -hace siete años fue consejera durante once meses con el equipo de Griñán- y que podría concitar el respaldo del PP por su perfil marcadamente “técnico” e “independiente”. La formación naranja quería “despolitizar” así el proceso pero terminó desistiendo y no la ha llegado ni a presentar.

Tampoco los socialistas han logrado convencer con su apuesta por Balaguer, catedrática almeriense y experta en Igualdad que probablemente termine colocando Susana Díaz -había división de criterios incluso entre el Parlamento y el partido-, al tiempo que el PP ha mantenido sus preferencias por Ricardo Enríquez y Podemos por la sevillana Ana María Carmona.

A la espera del desenlace final, la conclusión previa parece más que evidente: hacen falta mecanismos de control; y una transparencia real que garantice que las personas que ocupan los puestos son realmente las más idóneas. Que están porque lo merecen. Porque han superado una selección estricta donde primen los méritos por encima del amiguismo. Un proceso que contribuya a reforzar la confianza ciudadana en el Tribunal Constitucional, no el descrédito.

Cuando eligieron, por ejemplo, a la magistrada granadina Inmaculada Montalbán para el Consejo General del Poder Judicial, tuvo que pasar una especie de primarias dentro de su propia asociación. Hay, por tanto, precedentes de instrumentos que se pueden explorar: desde la introducción de filtros de este tipo hasta la reforma radical que propugnan algunos.

El debate sobre la urgencia de revisar el proceso de elección está abierto . Y ese desafío sí está directamente sobre el tejado de los partidos…

Matar al mensajero

Magdalena Trillo | 3 de mayo de 2015 a las 10:10

La información secreta vende. Suscita morbo. Curiosidad. Una exclusiva atrae tanto como un cuchicheo en un ascensor. Cuanto más protegido, mayor interés. Recuerden, por ejemplo, los cables de Wikileaks. Ya a finales del siglo XIX, el magnate irlandés lord Northcliffe levantó todo un imperio mediático -murió antes de los 60, agotado, siendo dueño del Times- siguiendo una máxima que se ha mantenido como referencia en las escuelas de Periodismo: noticia es aquello que alguien, en algún lugar, quiere ocultar. Noticia, por tanto, es lo que alguien no quiere que se cuente. Lo demás, decía el en su día conocido como el ‘Napoleón de la Prensa’, es publicidad. Lo demás, podríamos completar, es propaganda.

Por naturaleza, por vocación, los periodistas somos cotillas… A los periodistas nos encantan los secretos. Pero no cualquier secreto, no sin verificar y no a cualquier precio. Actuamos siguiendo una ética profesional, respondemos a unos principios deontológicos y publicamos con una clara conciencia sobre nuestra responsabilidad social. Hay excepciones, por supuesto, pero de todo este trasfondo se ha olvidado el ministro de Justicia cuando esta semana rescataba el debate para lanzar una amenaza velada a los medios: multar a quienes publiquen filtraciones para “garantizar la confidencialidad” de las instituciones judiciales.

Puedo compartir con Rafael Catalá su preocupación por las filtraciones, en especial, por las revelaciones de sumarios que pueden afectar a la presunción de inocencia y atentar contra otros derechos fundamentales como la intimidad y el honor. De hecho, estamos ante uno de los grandes -y recurrentes- debates en el sector periodístico: la legitimidad -e incluso legalidad- de los medios utilizados para conseguir una noticia; hasta qué punto su valor informativo y su interés han de prevalecer sobre el método de obtención. De la revelación de secretos a la quiebra del ‘off the record’. Dónde están los límites cuando se trata de cumplir y garantizar el derecho ciudadano a la información y el principio constitucional de la libertad de prensa.

El debate es tan sensible y complejo que no se entiende el momento en el que el Gobierno lo plantea -a un mes de las municipales y poco más de medio año de las generales-, la forma claramente interesada en que lo afronta -con decenas de casos judiciales por corrupción lastrando las expectativas electorales del PP- y la aparente frivolidad con que se posiciona contra el ‘mensajero': el ministro asume con irresponsable ligereza que es difícil identificar y castigar a quienes filtran -pese a que las propias leyes recogen el castigo para quienes revelen secretos- y resuelve el conflicto proponiendo sanciones a los medios. Una vez más, el camino fácil de la persecución y la penalización que el Ejecutivo de Rajoy insiste en convertir en fórmula mágica de gobierno.

Precisamente hoy, los periodistas celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en un momento de evidente retroceso de la profesión por el impacto de la crisis económica en la industria periodística pero también por el desconcierto e incertidumbre con que estamos afrontando los retos de la profesión. Son alarmantes las amenazas reales contra las que seguimos luchando (24 compañeros asesinados y 348 encarcelados sólo en lo que va de año) pero también las veladas. Internet y las redes nos han distraído prometiéndonos una democratización informativa que no es real. La mordaza en la era digital es igual de peligrosa que lo ha sido siempre, pero mucho menos evidente. Los ciudadanos nos hemos desarmado ante el espejismo de libertad que nos ha regalado el ciberespacio obviando cómo gobiernos e instituciones desarrollaban sofisticados sistemas de control y de manipulación.

Ni siquiera en las rutinas del oficio estamos a salvo. Lo vemos a diario con reprochables dinámicas como las ruedas de prensa sin preguntas o la propaganda enlatada con que nos torpedean sin que seamos capaces de conformar una postura unida de rechazo y rebelión. El debate en torno al periodismo es apasionante; el de las multas y a quién multar, mucho más. Pero no únicamente para ‘matar al mensajero’.

El origen del mal

Magdalena Trillo | 30 de noviembre de 2014 a las 10:30

“La justicia humana tiene sus límites; sólo la divina es justa”. Son palabras del hoy arzobispo de Granada cuando estaba al frente de la Diócesis de Córdoba; un periodista osó preguntarle por la contradicción que suponía ver dando misa al párroco de Peñarroya después de haber sido condenado a once años de cárcel por abusar de unas niñas cuando se preparaban para la primera comunión. El entonces obispo acusó al redactor de Canal Sur de ser un “mal profesional” y dijo en antena que había sido la entrevista más desagradable que le habían hecho en su vida.

De Córdoba, tras enfrentarse con el cura Castillejo por CajaSur, a Javier Martínez lo ‘ascendieron’ a arzobispo de Granada y aquí se ha tenido que volver a enfrentar a la sombra de la pederastia con una presión social y un impacto mediático mucho más severo que hace una década. Entonces el pueblo se dividió en dos, entre quienes respaldaban al religioso y quienes clamaban para que fuera expulsado; hoy es el propio Papa Francisco quien ha cogido el altavoz y las pancartas contra los pedófilos sin dejar rendijas para el encubrimiento. Aunque las contradicciones persisten: el sacerdote Rey Godoy nunca perdió la ‘comprensión’ ni la protección de la Iglesia; en 2010 salió de prisión en libertad condicional y ahora trabaja como archivero en la propia Diócesis.

Si enfrentamos estos dos casos, es fácil llegar a la conclusión de que la justicia, siempre, tiene límites. Por acción o por omisión. La humana y la divina. En Córdoba los tribunales pudieron ser firmes e implacables -hasta una catequista ratificó las declaraciones de las menores confesando comportamientos similares- pero nada se hizo en el seno de la Iglesia; los hombres de Dios no sólo taparon sino que también ampararon. En Granada, el juez que investiga el caso del ‘clan de Los Romanones’ tiene ante sí un proceso tremendamente complejo por la propia naturaleza de los hechos, por la tardanza con que se ha formulado la denuncia y por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los abusos.

Los tres sacerdotes y el profesor de Religión que fueron detenidos el pasado lunes, mes y medio después de que la víctima recurriera a los tribunales siguiendo las indicaciones del Pontífice, han dormido dos noches en los calabozos pero ninguna en prisión. El miércoles quedaron en libertad con cargos y sólo el padre Román tuvo que desembolsar 10.000 euros de fianza para eludir la cárcel. Durante seis meses tendrán que fichar los días 7 y 21 y no podrán acercarse a menos de 200 metros de distancia de Daniel ni del segundo monaguillo que acaba de denunciar abusos contra los mismos implicados.

De momento, aunque todos se declaran “inocentes”, el instructor aprecia acciones “particularmente degradantes y vejatorias” por parte del padre Román. Bien es cierto que existe bastante preocupación en el entorno judicial por las dificultades procesales para probar los supuestos delitos cometidos con todas las garantías y limitaciones del Código Penal. También queda por determinar hasta qué punto terminan implicados unos y otros y cómo transcurre la causa, ya que sigue abierta la investigación y no se descartan más denuncias y detenciones.

Es evidente que el juez tendrá que dictar una sentencia justa y se podría plantear hasta qué punto ejemplarizante por la gravedad y la alarma social que ha generado el caso. Lo acabamos de ver con la entrada en prisión “disuasoria” de Isabel Pantoja y, aunque podríamos abrir un intenso debate sobre este punto en el contexto de los tribunales, no debería haber la más mínima duda sobre la ejemplaridad que debemos exigir a una institución que ha extendido su poder en la civilización occidental como guardiana de la ética y la moral.

En la lucha contra la pederastia, el primer paso ya lo hemos dado: la “tolerancia cero” ha dejado de ser un eslogan para convertirse en una clarísima hoja de ruta para perseguir y castigar estos repugnantes comportamientos tanto por la justicia ordinaria como por las autoridades eclesiásticas. Y más allá de la ineludible petición de perdón y con más firmeza que una teatral postración ante el altar. Pero queda lo más difícil: atajar los comportamientos que llevan al pecado y al delito desde abajo, desde el principio y de forma constructiva.

Aquí llegamos al debate de verdad: el origen del mal. Hasta qué punto tiene sentido el celibato en la sociedad actual e, incluso, hasta qué punto tiene un fundamento teológico incontestable. Empezando, por ejemplo, por que en las primeras comunidades cristianas ni la tradición ni la biblia imponía el celibato como precepto obligatorio para el sacerdocio. Las razones históricas que lo sostienen tienen más que ver con la necesidad de fortalecer el poder de la institución en momentos de debilidad, frenar excesos -se ha escrito que en el siglo XV, durante el Concilio de Constanza, 700 mujeres públicas asistieron para atender sexualmente a los obispos participantes- y controlar que los bienes de la Iglesia no se perdieran como patrimonio familiar y hereditario. Por otro lado, si de salvaguardar una entrega absoluta se trata, ¿cuánto tiempo dedican los curas a controlar la abstinencia sexual, a atormentarse y a mortificarse?

Por supuesto que la lacra del acoso y el abuso sexual no lo sufre sólo la Iglesia, pero parece innegable que la obligación impuesta de permanecer sin pareja y reprimir cualquier tipo de deseo carnal tiene más contraindicaciones que utilidad. Es verdad que hay razones religiosas, filosóficas y hasta sociales para defender el estado célibe, pero de forma voluntaria. Si la Iglesia está dispuesta a dar realmente ese paso de renovación y apertura que proclama el nuevo Pontífice, es inaplazable abrir costuras para tratar temas tan controvertidos como la sexualidad o el papel de la mujer atendiendo a los sentimientos -y también a las razones- de las corrientes más progresistas.

Aunque los orígenes del celibato se remontan al año 305 con el Concilio de Elvira -otros interpretan que no tuvo carácter obligatorio hasta el II Concilio de Letrán de 1139-, hasta Platón podríamos viajar para encontrar los primeros ejemplos de connivencias exclusivas de hombres dedicados al pensamiento, el arte y el saber que luego marcarían el funcionamiento de las órdenes religiosas y los primeros conventos. Pensadores, artistas, santos…

La pregunta hoy podría ser si lo que pedimos a la Iglesia es pastores aspirantes a santos frustrados o profesionales de la fe, honestos y comprometidos, solteros o casados según lo decidan en conciencia. ¿Son ‘menos’ quienes ejercen la religión protestante y forman una familia?

El sexo, el hambre, es una necesidad biológica. Platón fundó sus academias con absoluta libertad, Sócrates fue tremendamente revelador -el hombre desea lo que no tiene- y Freud ya nos avisó: a lo que conduce la prohibición es al desvío, a la perversión.

Hace justo diez años que Almodóvar removió las vergüenzas de Iglesia con La mala educación. Curas pedófilos, homosexualidad, chantajes… Una controvertida ficción de escándalos sexuales en el clero que hoy se infiltra como actualidad con los mismos rincones oscuros, transgresiones y dolor que entonces. Renglones torcidos que aún no hemos decidido si queremos enderezar.

Muros: invisibles y de hormigón

Magdalena Trillo | 9 de noviembre de 2014 a las 14:32

EL 9 de noviembre de 1989, cuando cayó el Telón de Acero, yo tenía 14 años. Empezaba a estudiar primero de BUP y ya había decidido ser periodista; no sé si por el romanticismo con que se hablaba entonces de la profesión o, simplemente, porque me gustaba escribir… Tampoco sé si lo recuerdo o reconstruyo la memoria: tele en blanco y negro en un pueblo de la subbética cordobesa; una imagen desastrosa y una antena volante en el tejado. El olor a nuevo de los libros se funde con el olor a viejo de las ascuas del brasero; no te retiras ni un milímetro aunque las chispas de la candela te llenen las piernas de cabrillas. En media hora ponemos la mesa, comemos y recogemos. Entre cuchara y cuchara, el presentador del telediario cuenta que está sucediendo algo importante en Berlín. Me paro a pensar dónde queda en aquel mapa de sueños que estudiamos en la EGB… Como desde medio mundo, hacemos de espectadores. Ni entonces ni ahora tengo muy claro que la pobreza deje a los pobres ser conscientes de que también ellos son testigos necesarios de la historia.

Hoy, 25 años después, veo cómo se levantan nuevos muros, sin ladrillos ni argamasa, pero mucho más peligrosos que aquel de alambre y hormigón que atravesó 103 millas de vergüenza, que se erigió durante decenios como la muralla interurbana más mortífera del siglo XX y que supo desmoronarse sin armas, de noche, en silencio, para simbolizar al mundo que el milagro de la libertad sin sangre era posible. Esa misma libertad que nunca se ha entendido en la lejana frontera de México y EE UU, esa que se desprecia entre Israel y Palestina, ésta más cercana que cuesta la vida a miles de inmigrantes en ‘nuestra’ particular muralla de Ceuta y Melilla. 

Pero el muro que más me intimida es invisible. Hoy sé perfectamente dónde queda la Cataluña que para tantas familias andaluzas ha sido sinónimo de exilio y de prosperidad. Las verdaderas razones de la separación y la intransigencia continúan siendo tan crípticas como cuando era adolescente y veía al pueblo alemán celebrar una victoria sin guerra ante la Puerta de Brandemburgo. Entonces en gris; este fin de semana con los destellos de un color que no siempre significa progreso. Durante décadas no nos han dejado votar; ahora menospreciamos lo conseguido y lo hacemos en simulacro.

Pensaba que la política tenía que actuar en las zonas oscuras que dejaban las leyes, no al revés. Paradójicamente, lo que hoy tenemos en España es un país herido en el que sólo el muro de los tribunales, el único bastión que nos sostiene y nos protege de los vacíos de injusticia e inoperancia del Estado, parece querer darnos una oportunidad. Aunque sea tan limitada -y tan simbólica- como la decisión de mantener imputada a la Infanta Cristina o hacer que Isabel Pantoja entre en prisión. Hay muros como el de los jueces y el de los medios de comunicación que debemos defender. Pienso en la caída de Bárcenas, Rato, Blesa y media familia Pujol, en la ofensiva contra las tarjetas black, en el fin de las ‘escapadas’ pagadas por todos nosotros de sus señorías… ¿Lo estaríamos contando con una justicia amordazada y en precario? ¿Lo sabríamos si no nos hubiéramos ‘atrevido’ a publicarlo?

Para Cataluña no tengo solución; hace tiempo que renunciamos a la política y la vía judicial se ha atascado en el mismo callejón sin salida en que se ha hundido Artur Mas. Lo que más me entristece es la obsesión con que queremos levantar nuevos muros y la inconsciencia con que convivimos con los que nos amenazan a diario. Invisibles como las paredes de los guetos en los que escondemos nuestras miserias en las grandes ciudades; interesados y de explotación como los que fabricamos a escala global con esa economía canalla que tan bien describe Loretta Napoleoni:”Cuando cayó el muro de Berlín, los jóvenes de Europa del Este cruzaron en masa el Telón de Acero, la división imaginaria entre el mundo libre y el totalitarismo. Desde el antiguo bloque soviético, el gusano de la libertad se extendió a través del globo. Pero a la vez que la democracia se expandía, lo hacía también la esclavitud”.

Pregúntese si hoy no somos todos un poco esclavos de nuestro tiempo. Si más eficaces que las alambradas son los muros invisibles que levantamos desde la intolerancia; que nos acechan sin que nos permitamos el lujo de darnos cuenta.

La clave está en las mariposas

Magdalena Trillo | 13 de abril de 2014 a las 11:48

Nunca lo había pensado: entre las pocas cosas que repartidas siempre tocan a más están el dolor y la miseria… Las precarias matemáticas que aprendemos en el colegio no nos alcanzan para comprender las grandes certezas de la vida, esas que te asaltan como caprichosas paradojas y hacen tambalear los principios más asentados de la lógica. Dividir no siempre significa restar. Y lo podemos aplicar al dolor y la miseria como hace el protagonista de El hombre que amaba a los perros, ese aspirante a escritor con que Leonardo Padura nos sumerge en la destructiva historia de víctimas y verdugos de Trotski, pero jamás funcionará ni para la fortuna ni para la riqueza… Pienso en los cien mil granadinos que engrosan las listas del paro y en ese puñado de privilegiados que pueden pujar por el viejo yate de un rey. No, no todo es como parece.

Nuestro último suspenso es en la vida real. El PISA de adultos ya dejó claro en octubre que los españoles no somos capaces ni de entender El Quijote -el nivel de un licenciado es similar a un bachiller japonés- y ahora parecemos sorprendernos con que los alumnos de 15 años sean incapaces de resolver los problemas cotidianos; se desenvuelven mejor haciendo una operación matemática que leyendo un mapa y comprando un billete de tren. ¿Nos hemos preguntado a qué se dedican cuando cruzan la puerta del colegio? ¿Y cuando llegan a casa y los protegemos sin dejarles que sepan ni cómo encender la calefacción? Son habilidades y conocimientos, pero son también prioridades y algo tan utópico en este país como ponernos de acuerdo en qué queremos enseñar, que necesitamos aprender, antes de coger el puntero digital.

No todo es como parece… ni en el terreno de los números ni en el del pensamiento. Tenemos pruebas más que suficientes con encuestas y presupuestos de cómo una tabla de Excel lo aguanta todo, pero lo realmente revelador es lo que esconden las palabras. El presidente del TSJA lamentaba este jueves los pocos recursos con que cuentan para “garantizar la función constitucional de la justicia”, la poca autonomía que tiene el Alto Tribunal para reorganizar su propia ‘casa’ y el lamentable papel de “poder mendicante” que les toca desempeñar. Si no se renuevan los ordenadores, advirtió Lorenzo del Río, se va a producir un “colapso informático”. Es decir, que los jueces no podrán hacer justicia no por razones humanas ni divinas, sino porque los ordenadores están desfasados.

La clave está en las mariposas. Es imposible ver Tesis sobre un homicidio [cuánto recuerda al Ricardo Darín de El secreto de sus ojos] sin obsesionarse. Lección de alumno a profesor: un juez no hace justicia, sino que se encarga de hacer cumplir la ley; el engaño de las sociedades modernas es hacernos pensar que lo legal es lo justo cuando las leyes, la noción de justicia, están establecidas por unas personas que lo único que buscan es sostener su poder.

Roberto Bermúdez enseña Derecho Penal y Gonzalo cursa el máster. Su tesis parte de las quiescentes crisálidas: usted puede aplastar una mariposa hasta que muera y eso no es ilegal; ahora bien, si esa mariposa pertenece a una colección invaluable de un multimillonario, puede ir preso. No es el acto en sí lo que se juzga y la ley no nos protege de un hecho aberrante sino que se limita a intervenir cuando ese hecho aberrante amenaza la voluntad del poder. El profesor asegura poder refutar esta tesis con veinte argumentos distintos pero no nos desvela ninguno… Nos invita a vivir. Y en la vida todos los días alguien aplasta y retuerce una mariposa sin que ninguna ley pueda hacer nada para impedirlo.

Así planteado tal vez resulte excesivo y catastrofista, pero yo no dejo de ver mariposas aplastadas. Una supuesta excepción a esta regla la hemos visto esta semana: algunas mariposas pueden ser rescatadas si nos saltamos la legalidad. Lo ha hecho la Consejería de la Vivienda y ha desembocado en la primera gran crisis del gobierno bipartito de la Junta. Los socialistas han enarbolado la bandera de la ley y la igualdad mientras IU se ha enroscado en la necesidad de la excepcionalidad para hacer justicia social; pasar de lo legal a lo justo. Dos posturas defendibles si no estuvieran manchadas por la demogogia y el interés partidista.

Deberíamos debatir mucho en las aulas de Derecho y de Ciencias Políticas sobre la vida de las mariposas, sobre lo útil que sería que los jueces no se limitaran a memorizar leyes como quien digiere la lista de los Reyes Godos y sobre lo que ganaríamos si los políticos no las interpretaran a su antojo como quien adapta una receta de la Termomix. Pero la vida no espera. Y en la vida real volvemos a suspender.

 

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