Archivos para el tag ‘justicia’

No es (sólo) la Capitalidad Judicial

Magdalena Trillo | 14 de mayo de 2017 a las 10:18

Desde Sevilla y Málaga nos miran con condescendencia cuando nos movilizamos contra el aislamiento ferroviario, las penalidades del AVE y el retraso del Metro: la situación de Granada es inaudita, ninguna provincia española habrá sufrido un cúmulo de fatalidades, promesas incumplidas y bloqueo tan largo e inexplicable en toda la democracia. La marea blanca fue una sorpresa para todos, incluidos los protagonistas: la indignación explotó en la calle, se canalizó en las redes sociales y ha tenido consecuencias tangibles en modo de reversión completa de la fusión hospitalaria.

El Juntos por Granada con que hemos empezado a defender la capitalidad judicial no tendría ningún sentido sin estos dos precedentes. Es más, si media España no fuera testigo de los agravios y el maltrato que Granada está recibiendo en sus múltiples guerras -unas buscadas y otras sobrevenidas-, el Parlamento andaluz en bloque no hubiera cerrado filas esta semana (inaudito ver cómo los viejos y nuevos partidos se ponen de acuerdo en algo) para presionar a Madrid y conseguir blindar el TSJA -con fachada y contenido- como símbolo del reparto de poderes que se acordó en los 80 en nuestro Estatuto de Autonomía con artífices de excepción como Rodríguez de la Borbolla y Torres Vela.

Pero basta poner un pie fuera de la forzada división provincial que se inventó Javier de Burgos en el siglo XIX para que nos adviertan de que, “en este caso”, nos equivocamos tomando partido por algo que no es más que “puro corporativismo”; para que nos alerten de que acabamos situándonos al lado de esos señores altivos de las togas que están protagonizando uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la Judicatura de este país con la batalla interna en el Ministerio Fiscal; y para que se muestren más que escépticos sobre el éxito que pueda tener la movilización. ¿Esperamos comprensión y un paso atrás por parte de la misma cúpula que está acusando a sus subordinados de desleales, que está filtrando información comprometida que afecta a investigaciones en curso y que está pidiendo disculpas públicas para defender las meteduras de pata de su Gobierno?

Me cuentan que lo desplazar las nuevas secciones de lo Penal a Sevilla y Málaga, el despiece del TSJA que acabaría por vaciar de contenido el imponente edificio de la Real Chancillería, fue un apaño final de los ministros Zoido y Catalá con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en una operación ideada por el magistrado sevillano Antonio Dorado, actual secretario general de Administración de Justicia, que incluso habría tenido el visto bueno del PP -un Moreno Bonilla barriendo (legítimamente) para casa-.

¿Es una cuestión corporativa? ¡Claro! Pero para todos. Es un trampolín profesional para ascender al Supremo -con sus elevados sueldos y sus privilegios- y sí… habría que trabajar en Granada. Pero cualquier magistrado andaluz se puede presentar a las plazas y ganarlas por méritos propios. Otra cuestión, por supuesto, es si los aspirantes de Málaga y Sevilla quieren que les lleven el trabajo a casa…

¿Jurídicamente se sostiene? No tengo ninguna duda -y lo puedo corroborar con el mareo de artículos que ya me han hecho llegar para justificar una decisión y la contraria- que podría tener amparo legal. Aun en el caso de tener que estrujar lo estipulado en el Estatuto andaluz y en los reglamentos pertinentes que lo desarrollan.

¿Técnicamente es defendible? Me dicen que desde noviembre se han registrado 4 apelaciones… Si pensamos en cómo se eternizan las macrocausas -hasta el punto de correr el riesgo de que se prescriban delitos-, en la desesperación con que, año tras año, los responsables de los altos tribunales reclaman más personal y medios técnicos y añadimos la saturación y disfunciones del día a día -esta misma semana se han tenido que aplazar las declaraciones en el caso Serrallo de la mitad del equipo de gobierno de Torres Hurtado porque se cayó el sistema- no pareciera que estemos ante un asunto ni importante, ni oportuno ni urgente.

Es un ataque simbólico. Uno más. Y, si no tiene la mayor importancia, que desde Sevilla y Málaga nos expliquen por qué se movilizan, por qué emiten declaraciones institucionales y por qué construyen frentes de apoyo amparándose en complejas interpretaciones jurídicas y engañosos tecnicismos.

No es (sólo) la Capitalidad Judicial.

Al final pagamos todos

Magdalena Trillo | 2 de abril de 2017 a las 10:30

El otro día me llamo un buen amigo, tan crítico y adicto a la prensa como quienes estamos detrás, para plantearme si no creía que estábamos dándole demasiado espacio a los tribunales. Primero contesté a la defensiva: por supuesto que no; la actualidad manda. Después lo he pensado y la respuesta sigue siendo no. Pero con matices. No son los tribunales de toda la vida, ese camino fácil en el periodismo que se rinde al aforismo británico de que “si sangra, manda”, lo que ocupan los titulares. Es la política, la economía y los bancos; son las instituciones y las empresas; es la movilidad y hasta el tiempo de ocio que enterramos en los centros comerciales.

En su toma de posesión como nueva fiscal jefe de Andalucía, hacía bien Ana Tárrago en garantizar que actuará contra la corrupción “sin influencias extrañas” porque, justamente, es la política el espacio que más alarmantemente se ha judicializado en los últimos años -por injerencias externas pero también por méritos propios- y que está desencadenando una contagiosa parálisis institucional con repercusiones tanto en la anormal inactividad que está vampirizando el día a día de las administraciones como en el propio funcionamiento de las ciudades. Granada es un ejemplo. A punto de cumplirse un año del estallido de la operación Nazarí, en los despachos se está más pendiente de lo ocurre en la Chancillería, en La Caleta y en la Comisaría que de la rutina de la gestión.

Y las consecuencias las sufrimos todos. Por muchas explicaciones tendenciosas que quieran deslizarse sobre maniobras en los tribunales para ‘influir’ en la política, por muchas afinidades y conexiones familiares que podamos construir entre fiscales, jueces y políticos, la connivencia del equipo de Torres Hurtado con los principales empresarios de la ciudad ya no se limita a una mera sospechas de favoritismo y trato de favor. Hay informes jurídicos que vendrían a demostrar cómo se perjudicaron los intereses de la ciudadanía para beneficiar a unos pocos; cómo se firmaron decretos con carácter de urgencia, sin pasar por pleno y sólo unos días antes de las elecciones, que despejaban negocios de particulares; reuniones privadas en dependencias municipales; agendas secretas con “información relevante” de quienes entonces orquestaban el urbanismo en la ciudad…

Es sólo el principio. ¿Será suficiente para justificar la caída de Torres Hurtado? ¿Para condenar penalmente? Lo que ya parece claro es que son consecuencias que no sólo las sufrimos todos, también las ‘pagamos’. En sentido figurado y literal. El brutal plan de ajuste que tiene que preparar la capital en menos de una semana para esquivar la intervención tiene el trasfondo de los 13 años de “herencia recibida” del PP pero no con una causa sencilla ni única. Y es que todo está conectado. Los tribunales, la política y la economía se han convertido en vasos comunicantes. Lo indignante es que al final sea la salida fácil del bolsillo del ciudadano la solución para la ineptitud de unos y la corrupción de otros.

La teoría de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se puede aplicar casi el rigor de un manual al terreno local. No sólo son las grandes empresas las que blindan sus negocios suscribiendo cláusulas antipérdidas -el escándalo de Magdalena Álvarez con la AP7 es uno más- con negocios ruinosos para el Estado que serían impensables en cualquier economía doméstica. ¿Qué ocurre cuando un gobierno local malvende el patrimonio de una ciudad? ¿Cuándo va en contra del interés de todos?

Así que sí. Hace bien Ana Tárrago en hacer una defensa “inquebrantable” de la Justicia frente a los “avatares políticos”. Y sí, todo empieza y acaba en los tribunales. Buceando en la maraña del caso Nazarí, me recordaba Lola Quero esta semana que la guerra entre Tomás Olivo-García Arrabal no sólo es comercial y está salpicada de denuncias. Ironías de la vida. El promotor del Nevada, acusación particular en el caso Serrallo, está a punto de cerrar una operación con la que podría quedarse con el centro comercial que se convirtió en la bandera de la familia García Arrabal. Más ironías de la vida. Si no prosperan los recursos y la Junta tiene que asumir la indemnización millonaria que le exige Olivo, el Centro Serrallo lo acabaremos comprando entre todos…

El ‘cachondeo’ judicial

Magdalena Trillo | 26 de febrero de 2017 a las 12:03

Hace más de 20 años que Pedro Pacheco provocó un tsunami mediático, e institucional, cuando dijo que “la justicia es un cachondeo”. Era febrero de 1985 y la polémica se circunscribía a la paralización de una orden de derribo de un chalé de Bertín Osborne. Luego, y son muchos los que piensan que con un trasfondo de revancha de los intocables de las togas, llegarían las denuncias por su gestión como alcalde de Jerez, la condena a cárcel, los embargos y su entrada final en prisión por dos casos de enchufismo. Hablamos ya de finales de 2014. La crisis económica empezaba a dar paso a la política y, a golpe de escándalos de corrupción y de cabreo ciudadano, empezaba a imponerse una corriente de máxima ejemplaridad que explicaría, por ejemplo, que la tonadillera Isabel Pantoja acabara entre rejas con una pena por blanqueo de capital inferior a dos años.

Había que reconstruir la deteriorada imagen de la Justicia. Demostrar que la justicia era justa, imparcial e independiente… Y parecerlo. De entrada, la lentitud del sistema, con la insistente llamada de atención de jueces y fiscales por la sobrecarga de trabajo, la saturación de los juzgados y la falta de recursos y personal, en nada contribuye. Ni en el fondo ni en las formas. Por la propia indefensión que provoca -ahí están las quejas constantes de los implicados en el caso de las audioguías de la Alhambra- y por el espacio que abre al linchamiento mediático y a la condena y criminalización social.

Pero este talón de Aquiles del poder judicial, un problema que nuestro país viene arrastrando durante toda la etapa democrática de construcción del Estado de Derecho, no es sino la base de cultivo para ese otro ‘cachondeo’ que discurre estos días en paralelo a los grandes casos de corrupción y alimenta la imagen de descrédito, presiones y politización que con tan poca fortuna denunció el histórico político andalucista.

pacheco

Mientras el ya ex jefe superior de Murcia habla siniestramente de “purga”, acosos y asaltos a viviendas de fiscales Anticorrupción, en Twitter sistematizan con agudeza los atenuantes que se habrán aplicado en el caso Nóos para que Iñaki Urdangarin, el cuñado del Rey, para que pueda seguir escondido en Suiza: no ser rapero ni tuitero ni titiritero. Aun dejando de lado los argumentos estrictamente jurídicos de la sentencia, la decisión de las tres magistradas de la Audiencia de Palma acordada este jueves en la vistilla de medidas cautelares es realmente inquietante: libertad sin fianza y con la única preocupación de comparecer una vez al mes en su refugio alpino.

Hace justo un año que un juez de la Audiencia Nacional ordenó prisión provisional sin fianza para los dos titiriteros granadinos que fueron detenidos por “ensalzar a ETA” en un espectáculo programado para las fiestas de Carnaval en Madrid. Había riesgo de fuga así que permanecieron cinco días en el calabozo; hoy, la causa está archivada y ellos siguen representando sus obras, incluida la de La Bruja y Don Quistóbal. En el caso de Urdangarin no hay riesgo de fuga. Ni posibilidad de que vuelva a delinquir ni de que destruya pruebas… No es de extrañar que su abogado confesara a los periodistas que está “entusiasmado”. Y mucho menos que media España especule ya sobre si al final entrará en prisión; si hay dos varas de medir; si la justicia ni es justa ni lo parece.

titiriteros

Hablar de “cachondeo” no es más que un recurso -no niego que exagerado- para alertar de las disfunciones judiciales, pero admitamos que estamos en un momento en que se ha superado ampliamente lo que podríamos considerar aislado y excepcional.

Que un ex alto cargo de la Junta vaya a presidir el tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán (sus jefes durante 6 años) resulta inadmisible por muy legal que sea y muy honesto y solvente que sea el magistrado… Que hayamos convertido el relevo de plazas en el Constitucional en un ‘mercadeo’ de sillones entre los dos grandes partidos -y sin pudor- poco ayuda a desmentir las “purgas”, las presiones y la politización de la justicia… Que Zoido haya puesto en marcha una operación limpieza en Interior tiene (demasiado) de cloacas y de novela negra.

El juego de tronos del Constitucional

Magdalena Trillo | 29 de enero de 2017 a las 10:30

Si tomamos como referencia las preocupaciones reales de los españoles, las espontáneas de las tertulias de bar y las cocinadas de los barómetros de opinión pública, la información sobre la renovación del Tribunal Constitucional no debería alcanzar ni la categoría de breve: una noticia especializada de interés parcial restringida a las publicaciones del sector.

Que ocupe portadas de periódicos, minutos de análisis y espacio en prime time tiene una explicación que oscila entre el amarillismo, el morbo mediático y las guerras de poder de los partidos: el juego de tronos en que los políticos (también) han convertido la elección de miembros del Alto Tribunal intentando colocar a personas afines a sus posicionamientos ideológicos y a sus intereses por encima de los criterios de mérito y capacitación que debamos presuponer a los juristas. Y ello en un órgano que es clave en la arquitectura democrática del Estado y que vela, precisamente, por que no sólo se cumplan las reglas del juego que fija la Constitución sino también que se vayan adaptando a las nuevas necesidades.

¿El deterioro y desconfianza de la política está arrastrando la independencia y el prestigio de la Justicia? Del mismo modo que es compartida la convicción sobre el referente que el TC significó en sus inicios, es creciente hoy la opinión sobre su deriva con ausencia de grandes pactos y con continuos votos discrepantes que tienen más que ver con injerencias y cadenas de favores que con planteamientos estrictamente jurídicos.

Que se hagan cábalas sobre el voto de los magistrados ante temas de tremenda trascendencia como el matrimonio homosexual, el aborto, la reforma laboral, la legalización de los partidos abertzales o el actual desafío independentista catalán -integrando en la ecuación quién propuso a cada uno de sus doce integrantes- no es sino el reflejo del inaplazable camino de transparencia -en el fondo y en las formas- que ha de afrontar la institución que ejerce de intérprete suprema de la Carta Magna y máxima garante de nuestros derechos constitucionales.

Su independencia no puede estar en cuestión ni sus integrantes deben ejercer con la sombra de haber sido elegidos primando su vinculación personal y afinidad política -hasta el punto de pertenecer o no al círculo de amigos y conocidos de los partidos (y dirigentes) que los defienden- por encima de su solvencia y experiencia profesional. La razón es sencilla: las instituciones ganan, todos ganamos como sociedad, con la calidad y el prestigio de las personas que las integran.

A esto nada contribuyen las negociaciones, presiones y pulsos que los partidos han mantenido en los últimos meses -sin preocuparse siquiera por disimular- para cubrir las cuatro plazas del TC, incluido el cargo especialmente relevante de la presidencia, que están pendientes de designación desde diciembre. Se molestan cuando se filtran sus maniobras pero es difícil negarlas cuando la realidad constata favoritismos y vetos.

Las opciones del magistrado sevillano Andrés Ollero, diputado del PP por Granada durante 17 años y vinculado a nuestra Universidad, se dan ya prácticamente por enterradas justamente por su duro posicionamiento ideológico y su afinidad al partido del Gobierno. No se trata ya de inclinaciones más o menos progresistas o conservadores sino de trayectorias de ida y vuelta a la política -con responsabilidades y gestión directa- que despiertan los apoyos encendidos de unos y el rechazo absoluto de otros.

Descartado Ollero para presidir el Alto Tribunal en sustitución de Pérez de los Cobos, la disputa parece centrarse ahora entre el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y el vicepresidente del Supremo Ángel Juanes.

Algunas cabeceras de la prensa nacional daban ya esta semana por acordados los otros tres integrantes: la catedrática de Constitucional y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía María Luisa Balaguer, el magistrado del Supremo Ricardo Enríquez y el catedrático de Derecho laboral Alfredo Montoya.

En el episodio andaluz de este particular juego de tronos, Balaguer ha sido la propuesta que finalmente ha presentado el PSOE tras descartarse la posibilidad de respaldar como Comunidad Autónoma un único perfil. En la renovación del TC, una parte viene determinada por la designación del Consejo General del Poder Judicial y otra parte por el Senado a iniciativa de los parlamentos autonómicos.

En Andalucía, el consenso ha sido un espejismo. Lo intentó Ciudadanos con la jurista granadina Begoña Álvarez, valorando que sería respaldada por el PSOE -hace siete años fue consejera durante once meses con el equipo de Griñán- y que podría concitar el respaldo del PP por su perfil marcadamente “técnico” e “independiente”. La formación naranja quería “despolitizar” así el proceso pero terminó desistiendo y no la ha llegado ni a presentar.

Tampoco los socialistas han logrado convencer con su apuesta por Balaguer, catedrática almeriense y experta en Igualdad que probablemente termine colocando Susana Díaz -había división de criterios incluso entre el Parlamento y el partido-, al tiempo que el PP ha mantenido sus preferencias por Ricardo Enríquez y Podemos por la sevillana Ana María Carmona.

A la espera del desenlace final, la conclusión previa parece más que evidente: hacen falta mecanismos de control; y una transparencia real que garantice que las personas que ocupan los puestos son realmente las más idóneas. Que están porque lo merecen. Porque han superado una selección estricta donde primen los méritos por encima del amiguismo. Un proceso que contribuya a reforzar la confianza ciudadana en el Tribunal Constitucional, no el descrédito.

Cuando eligieron, por ejemplo, a la magistrada granadina Inmaculada Montalbán para el Consejo General del Poder Judicial, tuvo que pasar una especie de primarias dentro de su propia asociación. Hay, por tanto, precedentes de instrumentos que se pueden explorar: desde la introducción de filtros de este tipo hasta la reforma radical que propugnan algunos.

El debate sobre la urgencia de revisar el proceso de elección está abierto . Y ese desafío sí está directamente sobre el tejado de los partidos…

Matar al mensajero

Magdalena Trillo | 3 de mayo de 2015 a las 10:10

La información secreta vende. Suscita morbo. Curiosidad. Una exclusiva atrae tanto como un cuchicheo en un ascensor. Cuanto más protegido, mayor interés. Recuerden, por ejemplo, los cables de Wikileaks. Ya a finales del siglo XIX, el magnate irlandés lord Northcliffe levantó todo un imperio mediático -murió antes de los 60, agotado, siendo dueño del Times- siguiendo una máxima que se ha mantenido como referencia en las escuelas de Periodismo: noticia es aquello que alguien, en algún lugar, quiere ocultar. Noticia, por tanto, es lo que alguien no quiere que se cuente. Lo demás, decía el en su día conocido como el ‘Napoleón de la Prensa’, es publicidad. Lo demás, podríamos completar, es propaganda.

Por naturaleza, por vocación, los periodistas somos cotillas… A los periodistas nos encantan los secretos. Pero no cualquier secreto, no sin verificar y no a cualquier precio. Actuamos siguiendo una ética profesional, respondemos a unos principios deontológicos y publicamos con una clara conciencia sobre nuestra responsabilidad social. Hay excepciones, por supuesto, pero de todo este trasfondo se ha olvidado el ministro de Justicia cuando esta semana rescataba el debate para lanzar una amenaza velada a los medios: multar a quienes publiquen filtraciones para “garantizar la confidencialidad” de las instituciones judiciales.

Puedo compartir con Rafael Catalá su preocupación por las filtraciones, en especial, por las revelaciones de sumarios que pueden afectar a la presunción de inocencia y atentar contra otros derechos fundamentales como la intimidad y el honor. De hecho, estamos ante uno de los grandes -y recurrentes- debates en el sector periodístico: la legitimidad -e incluso legalidad- de los medios utilizados para conseguir una noticia; hasta qué punto su valor informativo y su interés han de prevalecer sobre el método de obtención. De la revelación de secretos a la quiebra del ‘off the record’. Dónde están los límites cuando se trata de cumplir y garantizar el derecho ciudadano a la información y el principio constitucional de la libertad de prensa.

El debate es tan sensible y complejo que no se entiende el momento en el que el Gobierno lo plantea -a un mes de las municipales y poco más de medio año de las generales-, la forma claramente interesada en que lo afronta -con decenas de casos judiciales por corrupción lastrando las expectativas electorales del PP- y la aparente frivolidad con que se posiciona contra el ‘mensajero': el ministro asume con irresponsable ligereza que es difícil identificar y castigar a quienes filtran -pese a que las propias leyes recogen el castigo para quienes revelen secretos- y resuelve el conflicto proponiendo sanciones a los medios. Una vez más, el camino fácil de la persecución y la penalización que el Ejecutivo de Rajoy insiste en convertir en fórmula mágica de gobierno.

Precisamente hoy, los periodistas celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en un momento de evidente retroceso de la profesión por el impacto de la crisis económica en la industria periodística pero también por el desconcierto e incertidumbre con que estamos afrontando los retos de la profesión. Son alarmantes las amenazas reales contra las que seguimos luchando (24 compañeros asesinados y 348 encarcelados sólo en lo que va de año) pero también las veladas. Internet y las redes nos han distraído prometiéndonos una democratización informativa que no es real. La mordaza en la era digital es igual de peligrosa que lo ha sido siempre, pero mucho menos evidente. Los ciudadanos nos hemos desarmado ante el espejismo de libertad que nos ha regalado el ciberespacio obviando cómo gobiernos e instituciones desarrollaban sofisticados sistemas de control y de manipulación.

Ni siquiera en las rutinas del oficio estamos a salvo. Lo vemos a diario con reprochables dinámicas como las ruedas de prensa sin preguntas o la propaganda enlatada con que nos torpedean sin que seamos capaces de conformar una postura unida de rechazo y rebelión. El debate en torno al periodismo es apasionante; el de las multas y a quién multar, mucho más. Pero no únicamente para ‘matar al mensajero’.

El origen del mal

Magdalena Trillo | 30 de noviembre de 2014 a las 10:30

“La justicia humana tiene sus límites; sólo la divina es justa”. Son palabras del hoy arzobispo de Granada cuando estaba al frente de la Diócesis de Córdoba; un periodista osó preguntarle por la contradicción que suponía ver dando misa al párroco de Peñarroya después de haber sido condenado a once años de cárcel por abusar de unas niñas cuando se preparaban para la primera comunión. El entonces obispo acusó al redactor de Canal Sur de ser un “mal profesional” y dijo en antena que había sido la entrevista más desagradable que le habían hecho en su vida.

De Córdoba, tras enfrentarse con el cura Castillejo por CajaSur, a Javier Martínez lo ‘ascendieron’ a arzobispo de Granada y aquí se ha tenido que volver a enfrentar a la sombra de la pederastia con una presión social y un impacto mediático mucho más severo que hace una década. Entonces el pueblo se dividió en dos, entre quienes respaldaban al religioso y quienes clamaban para que fuera expulsado; hoy es el propio Papa Francisco quien ha cogido el altavoz y las pancartas contra los pedófilos sin dejar rendijas para el encubrimiento. Aunque las contradicciones persisten: el sacerdote Rey Godoy nunca perdió la ‘comprensión’ ni la protección de la Iglesia; en 2010 salió de prisión en libertad condicional y ahora trabaja como archivero en la propia Diócesis.

Si enfrentamos estos dos casos, es fácil llegar a la conclusión de que la justicia, siempre, tiene límites. Por acción o por omisión. La humana y la divina. En Córdoba los tribunales pudieron ser firmes e implacables -hasta una catequista ratificó las declaraciones de las menores confesando comportamientos similares- pero nada se hizo en el seno de la Iglesia; los hombres de Dios no sólo taparon sino que también ampararon. En Granada, el juez que investiga el caso del ‘clan de Los Romanones’ tiene ante sí un proceso tremendamente complejo por la propia naturaleza de los hechos, por la tardanza con que se ha formulado la denuncia y por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los abusos.

Los tres sacerdotes y el profesor de Religión que fueron detenidos el pasado lunes, mes y medio después de que la víctima recurriera a los tribunales siguiendo las indicaciones del Pontífice, han dormido dos noches en los calabozos pero ninguna en prisión. El miércoles quedaron en libertad con cargos y sólo el padre Román tuvo que desembolsar 10.000 euros de fianza para eludir la cárcel. Durante seis meses tendrán que fichar los días 7 y 21 y no podrán acercarse a menos de 200 metros de distancia de Daniel ni del segundo monaguillo que acaba de denunciar abusos contra los mismos implicados.

De momento, aunque todos se declaran “inocentes”, el instructor aprecia acciones “particularmente degradantes y vejatorias” por parte del padre Román. Bien es cierto que existe bastante preocupación en el entorno judicial por las dificultades procesales para probar los supuestos delitos cometidos con todas las garantías y limitaciones del Código Penal. También queda por determinar hasta qué punto terminan implicados unos y otros y cómo transcurre la causa, ya que sigue abierta la investigación y no se descartan más denuncias y detenciones.

Es evidente que el juez tendrá que dictar una sentencia justa y se podría plantear hasta qué punto ejemplarizante por la gravedad y la alarma social que ha generado el caso. Lo acabamos de ver con la entrada en prisión “disuasoria” de Isabel Pantoja y, aunque podríamos abrir un intenso debate sobre este punto en el contexto de los tribunales, no debería haber la más mínima duda sobre la ejemplaridad que debemos exigir a una institución que ha extendido su poder en la civilización occidental como guardiana de la ética y la moral.

En la lucha contra la pederastia, el primer paso ya lo hemos dado: la “tolerancia cero” ha dejado de ser un eslogan para convertirse en una clarísima hoja de ruta para perseguir y castigar estos repugnantes comportamientos tanto por la justicia ordinaria como por las autoridades eclesiásticas. Y más allá de la ineludible petición de perdón y con más firmeza que una teatral postración ante el altar. Pero queda lo más difícil: atajar los comportamientos que llevan al pecado y al delito desde abajo, desde el principio y de forma constructiva.

Aquí llegamos al debate de verdad: el origen del mal. Hasta qué punto tiene sentido el celibato en la sociedad actual e, incluso, hasta qué punto tiene un fundamento teológico incontestable. Empezando, por ejemplo, por que en las primeras comunidades cristianas ni la tradición ni la biblia imponía el celibato como precepto obligatorio para el sacerdocio. Las razones históricas que lo sostienen tienen más que ver con la necesidad de fortalecer el poder de la institución en momentos de debilidad, frenar excesos -se ha escrito que en el siglo XV, durante el Concilio de Constanza, 700 mujeres públicas asistieron para atender sexualmente a los obispos participantes- y controlar que los bienes de la Iglesia no se perdieran como patrimonio familiar y hereditario. Por otro lado, si de salvaguardar una entrega absoluta se trata, ¿cuánto tiempo dedican los curas a controlar la abstinencia sexual, a atormentarse y a mortificarse?

Por supuesto que la lacra del acoso y el abuso sexual no lo sufre sólo la Iglesia, pero parece innegable que la obligación impuesta de permanecer sin pareja y reprimir cualquier tipo de deseo carnal tiene más contraindicaciones que utilidad. Es verdad que hay razones religiosas, filosóficas y hasta sociales para defender el estado célibe, pero de forma voluntaria. Si la Iglesia está dispuesta a dar realmente ese paso de renovación y apertura que proclama el nuevo Pontífice, es inaplazable abrir costuras para tratar temas tan controvertidos como la sexualidad o el papel de la mujer atendiendo a los sentimientos -y también a las razones- de las corrientes más progresistas.

Aunque los orígenes del celibato se remontan al año 305 con el Concilio de Elvira -otros interpretan que no tuvo carácter obligatorio hasta el II Concilio de Letrán de 1139-, hasta Platón podríamos viajar para encontrar los primeros ejemplos de connivencias exclusivas de hombres dedicados al pensamiento, el arte y el saber que luego marcarían el funcionamiento de las órdenes religiosas y los primeros conventos. Pensadores, artistas, santos…

La pregunta hoy podría ser si lo que pedimos a la Iglesia es pastores aspirantes a santos frustrados o profesionales de la fe, honestos y comprometidos, solteros o casados según lo decidan en conciencia. ¿Son ‘menos’ quienes ejercen la religión protestante y forman una familia?

El sexo, el hambre, es una necesidad biológica. Platón fundó sus academias con absoluta libertad, Sócrates fue tremendamente revelador -el hombre desea lo que no tiene- y Freud ya nos avisó: a lo que conduce la prohibición es al desvío, a la perversión.

Hace justo diez años que Almodóvar removió las vergüenzas de Iglesia con La mala educación. Curas pedófilos, homosexualidad, chantajes… Una controvertida ficción de escándalos sexuales en el clero que hoy se infiltra como actualidad con los mismos rincones oscuros, transgresiones y dolor que entonces. Renglones torcidos que aún no hemos decidido si queremos enderezar.

Muros: invisibles y de hormigón

Magdalena Trillo | 9 de noviembre de 2014 a las 14:32

EL 9 de noviembre de 1989, cuando cayó el Telón de Acero, yo tenía 14 años. Empezaba a estudiar primero de BUP y ya había decidido ser periodista; no sé si por el romanticismo con que se hablaba entonces de la profesión o, simplemente, porque me gustaba escribir… Tampoco sé si lo recuerdo o reconstruyo la memoria: tele en blanco y negro en un pueblo de la subbética cordobesa; una imagen desastrosa y una antena volante en el tejado. El olor a nuevo de los libros se funde con el olor a viejo de las ascuas del brasero; no te retiras ni un milímetro aunque las chispas de la candela te llenen las piernas de cabrillas. En media hora ponemos la mesa, comemos y recogemos. Entre cuchara y cuchara, el presentador del telediario cuenta que está sucediendo algo importante en Berlín. Me paro a pensar dónde queda en aquel mapa de sueños que estudiamos en la EGB… Como desde medio mundo, hacemos de espectadores. Ni entonces ni ahora tengo muy claro que la pobreza deje a los pobres ser conscientes de que también ellos son testigos necesarios de la historia.

Hoy, 25 años después, veo cómo se levantan nuevos muros, sin ladrillos ni argamasa, pero mucho más peligrosos que aquel de alambre y hormigón que atravesó 103 millas de vergüenza, que se erigió durante decenios como la muralla interurbana más mortífera del siglo XX y que supo desmoronarse sin armas, de noche, en silencio, para simbolizar al mundo que el milagro de la libertad sin sangre era posible. Esa misma libertad que nunca se ha entendido en la lejana frontera de México y EE UU, esa que se desprecia entre Israel y Palestina, ésta más cercana que cuesta la vida a miles de inmigrantes en ‘nuestra’ particular muralla de Ceuta y Melilla. 

Pero el muro que más me intimida es invisible. Hoy sé perfectamente dónde queda la Cataluña que para tantas familias andaluzas ha sido sinónimo de exilio y de prosperidad. Las verdaderas razones de la separación y la intransigencia continúan siendo tan crípticas como cuando era adolescente y veía al pueblo alemán celebrar una victoria sin guerra ante la Puerta de Brandemburgo. Entonces en gris; este fin de semana con los destellos de un color que no siempre significa progreso. Durante décadas no nos han dejado votar; ahora menospreciamos lo conseguido y lo hacemos en simulacro.

Pensaba que la política tenía que actuar en las zonas oscuras que dejaban las leyes, no al revés. Paradójicamente, lo que hoy tenemos en España es un país herido en el que sólo el muro de los tribunales, el único bastión que nos sostiene y nos protege de los vacíos de injusticia e inoperancia del Estado, parece querer darnos una oportunidad. Aunque sea tan limitada -y tan simbólica- como la decisión de mantener imputada a la Infanta Cristina o hacer que Isabel Pantoja entre en prisión. Hay muros como el de los jueces y el de los medios de comunicación que debemos defender. Pienso en la caída de Bárcenas, Rato, Blesa y media familia Pujol, en la ofensiva contra las tarjetas black, en el fin de las ‘escapadas’ pagadas por todos nosotros de sus señorías… ¿Lo estaríamos contando con una justicia amordazada y en precario? ¿Lo sabríamos si no nos hubiéramos ‘atrevido’ a publicarlo?

Para Cataluña no tengo solución; hace tiempo que renunciamos a la política y la vía judicial se ha atascado en el mismo callejón sin salida en que se ha hundido Artur Mas. Lo que más me entristece es la obsesión con que queremos levantar nuevos muros y la inconsciencia con que convivimos con los que nos amenazan a diario. Invisibles como las paredes de los guetos en los que escondemos nuestras miserias en las grandes ciudades; interesados y de explotación como los que fabricamos a escala global con esa economía canalla que tan bien describe Loretta Napoleoni:”Cuando cayó el muro de Berlín, los jóvenes de Europa del Este cruzaron en masa el Telón de Acero, la división imaginaria entre el mundo libre y el totalitarismo. Desde el antiguo bloque soviético, el gusano de la libertad se extendió a través del globo. Pero a la vez que la democracia se expandía, lo hacía también la esclavitud”.

Pregúntese si hoy no somos todos un poco esclavos de nuestro tiempo. Si más eficaces que las alambradas son los muros invisibles que levantamos desde la intolerancia; que nos acechan sin que nos permitamos el lujo de darnos cuenta.

La clave está en las mariposas

Magdalena Trillo | 13 de abril de 2014 a las 11:48

Nunca lo había pensado: entre las pocas cosas que repartidas siempre tocan a más están el dolor y la miseria… Las precarias matemáticas que aprendemos en el colegio no nos alcanzan para comprender las grandes certezas de la vida, esas que te asaltan como caprichosas paradojas y hacen tambalear los principios más asentados de la lógica. Dividir no siempre significa restar. Y lo podemos aplicar al dolor y la miseria como hace el protagonista de El hombre que amaba a los perros, ese aspirante a escritor con que Leonardo Padura nos sumerge en la destructiva historia de víctimas y verdugos de Trotski, pero jamás funcionará ni para la fortuna ni para la riqueza… Pienso en los cien mil granadinos que engrosan las listas del paro y en ese puñado de privilegiados que pueden pujar por el viejo yate de un rey. No, no todo es como parece.

Nuestro último suspenso es en la vida real. El PISA de adultos ya dejó claro en octubre que los españoles no somos capaces ni de entender El Quijote -el nivel de un licenciado es similar a un bachiller japonés- y ahora parecemos sorprendernos con que los alumnos de 15 años sean incapaces de resolver los problemas cotidianos; se desenvuelven mejor haciendo una operación matemática que leyendo un mapa y comprando un billete de tren. ¿Nos hemos preguntado a qué se dedican cuando cruzan la puerta del colegio? ¿Y cuando llegan a casa y los protegemos sin dejarles que sepan ni cómo encender la calefacción? Son habilidades y conocimientos, pero son también prioridades y algo tan utópico en este país como ponernos de acuerdo en qué queremos enseñar, que necesitamos aprender, antes de coger el puntero digital.

No todo es como parece… ni en el terreno de los números ni en el del pensamiento. Tenemos pruebas más que suficientes con encuestas y presupuestos de cómo una tabla de Excel lo aguanta todo, pero lo realmente revelador es lo que esconden las palabras. El presidente del TSJA lamentaba este jueves los pocos recursos con que cuentan para “garantizar la función constitucional de la justicia”, la poca autonomía que tiene el Alto Tribunal para reorganizar su propia ‘casa’ y el lamentable papel de “poder mendicante” que les toca desempeñar. Si no se renuevan los ordenadores, advirtió Lorenzo del Río, se va a producir un “colapso informático”. Es decir, que los jueces no podrán hacer justicia no por razones humanas ni divinas, sino porque los ordenadores están desfasados.

La clave está en las mariposas. Es imposible ver Tesis sobre un homicidio [cuánto recuerda al Ricardo Darín de El secreto de sus ojos] sin obsesionarse. Lección de alumno a profesor: un juez no hace justicia, sino que se encarga de hacer cumplir la ley; el engaño de las sociedades modernas es hacernos pensar que lo legal es lo justo cuando las leyes, la noción de justicia, están establecidas por unas personas que lo único que buscan es sostener su poder.

Roberto Bermúdez enseña Derecho Penal y Gonzalo cursa el máster. Su tesis parte de las quiescentes crisálidas: usted puede aplastar una mariposa hasta que muera y eso no es ilegal; ahora bien, si esa mariposa pertenece a una colección invaluable de un multimillonario, puede ir preso. No es el acto en sí lo que se juzga y la ley no nos protege de un hecho aberrante sino que se limita a intervenir cuando ese hecho aberrante amenaza la voluntad del poder. El profesor asegura poder refutar esta tesis con veinte argumentos distintos pero no nos desvela ninguno… Nos invita a vivir. Y en la vida todos los días alguien aplasta y retuerce una mariposa sin que ninguna ley pueda hacer nada para impedirlo.

Así planteado tal vez resulte excesivo y catastrofista, pero yo no dejo de ver mariposas aplastadas. Una supuesta excepción a esta regla la hemos visto esta semana: algunas mariposas pueden ser rescatadas si nos saltamos la legalidad. Lo ha hecho la Consejería de la Vivienda y ha desembocado en la primera gran crisis del gobierno bipartito de la Junta. Los socialistas han enarbolado la bandera de la ley y la igualdad mientras IU se ha enroscado en la necesidad de la excepcionalidad para hacer justicia social; pasar de lo legal a lo justo. Dos posturas defendibles si no estuvieran manchadas por la demogogia y el interés partidista.

Deberíamos debatir mucho en las aulas de Derecho y de Ciencias Políticas sobre la vida de las mariposas, sobre lo útil que sería que los jueces no se limitaran a memorizar leyes como quien digiere la lista de los Reyes Godos y sobre lo que ganaríamos si los políticos no las interpretaran a su antojo como quien adapta una receta de la Termomix. Pero la vida no espera. Y en la vida real volvemos a suspender.

 

Leer más: La clave está en las mariposas http://www.granadahoy.com/article/opinion/1750825/la/clave/esta/las/mariposas.html#sSf3NTEAd3l2T1dc

Mejora tu Posicionamiento Web con http://www.intentshare.com

 

 

Nos vemos en los tribunales

Magdalena Trillo | 30 de marzo de 2014 a las 12:38

ISABEL Nieto tiene fama de dura. Puede que entre todos hayamos inventado una leyenda urbana, pero media Granada sabe que desde que ella tomó las riendas de Urbanismo en la capital no hay ‘comidas de trabajo’. La explicación es un arrebato de sentido común: cualquier tema que se hable entre vinos ha de poder discutirse en una oficina municipal con la presencia de los técnicos. Le podemos llamar propuestas, presiones, prebendas… y podemos ir de los corredores de fincas que cerraban los tratos entre la nebulosa de la manzanilla y el dominó hasta la colección de maletines que ha terminado escribiendo la historia judicial de demasiados ayuntamientos de España.

El resultado es el peso de una tradición de la que es difícil escapar. Tal vez por ello y por la seriedad con que la edil se ha movido hasta ahora (no le ha salpicado ni el ‘caso del Cerrillo’ que ha puesto contra las cuerdas al propio alcalde y a toda la cúpula de su área), ha sorprendido la denuncia que realizó esta semana sobre las supuestas coacciones que sus funcionarios están recibiendo para “intimidarles” e incidir en su “imparcialidad” en la tramitación de expedientes como el que afecta al centro Serrallo. Nieto no sólo recriminó a IU que haya presentado unas alegaciones en las que viene a acusar a los técnicos de “cubrir delitos” y “delinquir” sino que desveló llamadas telefónicas de particulares “de muy malas formas” que están generando una presión inadmisible.

El asunto, que está ya en manos de los asesores jurídicos del Ayuntamiento, puede acabar en los tribunales. Y parece que con razón. El problema es que estamos en un momento de la vida pública en el que tanto se ha difuminado el muro que debía separar la política y la justicia que cada vez es más difícil saber cuándo estamos en la guerra de confrontación y cuándo se ha sobrepasado la línea que ha de justificar la acción de la justicia: cuándo los políticos hacen política y cuándo se aprovechan de los tribunales; cuándo lo jueces hacen justicia y cuándo se inmiscuyen en la política.

Lo menos que se puede decir de Alaya en su especial instrucción del caso de los ERE es que es una “juez peculiar“; lo último que el juez Moreno ha dicho del Ayuntamiento de Armilla y de la agencia Idea de la Junta es que “sorprende” que no se hayan personado en la causa de los vertidos fecales del Parque de la Salud. Que lo hiciera Antonio Ayllón (PP) cuando tenía la Alcaldía y que, tras la moción de censura, no lo ha haya hecho el equipo de Gerardo Sánchez (PSOE). Porque sólo la ‘ilógica’ de la política y los intereses partidistas podrían explicar que el municipio esté perjudicado por unos hechos presuntamente delictivos y, unos meses después, con un cambio de color en la corporación, se olvide todo el asunto.

En la capital, Torres Hurtado lleva buena parte de su tercer mandato criticando a la oposición, especialmente al grupo socialista, que se haya obcecado en intentar ganar en los tribunales (con bastante poca fortuna) lo que le niegan las urnas y, en la provincia, tenemos ya tantos ejemplos de guerras internas y de mociones de censura por corrupción que ni es fácil creer a unos ni confiar en otros.

A pesar de todo, y hasta de ellos mismos, la Justicia se mantiene como el último bastión de los ciudadanos en un intento -tal vez iluso- de preservar la credibilidad en el sistema. La última encuesta del Egopa constata el hartazgo ciudadano en una escala que va de la “desconfianza” y la “irritación” al “aburrimiento”; ocho de cada diez granadinos confiesan que no se identifican con ningún partido político y la incógnita no es ya si gana PSOE o PP sino quién pierde más votantes.

Lo más desalentador de todo es tener que comprobar que, si quieren, pueden. Me refiero a Aznalcóllar, un conflicto que prometía dejarnos meses de confrontación política mientras se dirimía en el Constitucional y que se ha resuelto con unas llamadas de teléfono y una buena dosis de responsabilidad y de seriedad. ¿Tan difícil es seguir el ejemplo?

En el último pleno de la capital se han analizado 105 puntos y sólo se han alcanzado cuatro acuerdos, uno de ellos para que el Gobierno de Rajoy baje el IVA a los peluqueros y otro para decirle a la Junta que elimine la obligación de que los perros lleven bozal…

Puestos a vernos en los tribunales, estaría bien que sirviera para saber hasta qué punto nos están tomando el pelo… Unos y otros… Puede que la Justicia no sea la salvación pero es evidente que ganamos todos si la preservamos de la confrontación. Respetándola cuando nos dé la razón y cuando no (incluido Artur Mas) y limitando al máximo los casos de impunidad.

Barbacoa de chorizos

Magdalena Trillo | 21 de julio de 2013 a las 10:21

He tenido que horrorizarme con la insípida carne de ballena, descubrir la nieve azul y pagar nueve euros por una cerveza para ver con perspectiva la crisis española. La de la flor de invernadero que diría De Guindos y la de andar por casa. Es lo bueno de viajar, que abres los ojos y relativizas. Lo digo en esta ocasión a cuenta de los noruegos, que viven en un país de fachada comunista, con una de las estructuras tributarias más severas de Europa, un robusto Estado del Bienestar (caro hasta para ellos) y un estúpido sistema de apartheid contra el alcohol que ha terminado creando un verdadero problema nacional. Con el reno y el alce he descubierto que de chorizos anda el mundo lleno -algunos tan sabrosos y picantes como el español- y con una semana en la implacable y lluviosa Bergen he hallado el sentido de las escapadas nórdicas a la barata y ‘sunny’ Spain: verdaderas expediciones ‘botelloneras’ en aviones tan veloces como el barco vikingo del impronunciable Ragnar Lohtbrok que deberíamos explotar turísticamente. Tendrán uno de los niveles de vida más altos del mundo, pero no todo reluce bajo el sol si una niña de ocho años tiene que recordarse con un grafiti sobre la ventana de su habitación que la vida es “beautiful”… Pensarán que, con todo lo que ha pasado esta semana en España, me pierdo en frivolidades. Tal vez lo sean; pero hay veces en que sólo el camino a la inversa te da la verdadera medida de las cosas.

Piensen, por ejemplo, en el ex ministro José Blanco. ¿Corrupto o víctima? Casi lo hemos convertido en un héroe nacional en cuanto el Supremo lo ha sacado de la lista de negra de ‘presuntos’ delincuentes. Es verdad que en este país hay un problema con la presunción de inocencia (¡no existe la presunción de inocencia!) pero, cuidado, que lo que se denunciaba en el Caso Campeón va más allá de Pepiño y es, cuanto menos, turbio: un ministro que se cita en una gasolinera con un empresario gallego para asuntos poco claros (no hay pruebas de cohecho pero sí una extraña historia de un primo y un supuesto pago de 200.000 euros), todo un número 2 de un partido que llama a uno de ‘sus’ alcaldes socialistas para agilizar el expediente de un negocio… Dice el auto del Supremo que Blanco es inocente, que no “presionó” y que legalmente no hay delito, pero ¿qué hace todo un ministro intermediando en una operación municipal para un viejo amigo? Legalidad, ética y estética…

La que tampoco tiene el presidente del Constitucional. Apenas hace un año que su ‘colega’ del Supremo Carlos Dívar fue obligado a dimitir por sus escapadas hawaianas a Marbella -¿sólo los políticos viven ajenos a la realidad?- y ahora es Pérez de Cobos quien nos sorprende con su militancia activa en el PP. Que el propio tribunal haya tenido que recurrir a la letra pequeña de la ley para justificar la afiliación política de la persona que está al frente del organismo que decide en este país sobre los temas más conflictivos y de mayor calado ideológico sobrepasa el despropósito y la indecencia. Si tan legal y defendible es (era), ¿por qué se dio de baja hace dos años? ¿En base a qué subapartado de qué artículo debemos creernos, hoy, su independencia y su imparcialidad? Solo Andalucía tiene sobre la mesa 21 recursos en el TC. Es la Ley Antidesahucios pero es también la subasta de medicamentos, la reforma laboral, los recortes en educación y sanidad, el proceso soberanista catalán, la ley del aborto, el euro por receta… No es la ridícula cuota de los 37,14 euros; es la confirmación de que este país está enfermo. Agoniza de demagogia e hipocresía.

Lo más triste del diagnóstico es que no hay que salir fuera para verlo. Ni hacen falta ‘barbacoas de chorizos’ a las puertas de las sedes del PP para recordarnos la bajeza moral de unos dirigentes que desprecian a diario al Parlamento -a la opinión pública, a los ciudadanos- con su sistemática negativa a dar explicaciones, a dar la cara, a asumir responsabilidades; con su desbordada afición a los “infundios políticos” como arma electoral.

Hablaba antes de la medida de las cosas… Junto al café matutino, el periódico con Blanco y su inmaculada y radiante sonrisa. En la radio, Rajoy y Bárcenas; Griñán, la heredera ‘digital’ y los ERE. En mi blackberry, un nuevo informe de Transparency International alertando de cómo la corrupción está afectando ya a derechos básicos como la salud. En Zimbabue, donde cada día mueren diez mujeres al dar a luz, hay hospitales que cobran 5 dólares a las embarazadas por cada grito que dan en el parto alegando que “levantan falsas alarmas”. ¡A 5 dólares el grito! Y pueden acabar detenidas y pagando intereses de su deuda de por vida… Sigo leyendo el informe y sólo me queda como refugio volver a la frivolidad del chorizo de reno. Consciente, eso sí, de su mala digestión y de que repite.

¡A ver si un ministro no puede hacer una llamadita por un amigo de la infancia! ¡A ver si en este país “va a ser punible votar al PP”! ¡A ver si un presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones “a cada rato” por unos billetillos de 500 euros de nada!