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El cortijo de la Alhambra

Magdalena Trillo | 9 de enero de 2018 a las 10:00

El escándalo saltó en la Navidad de 2005. Mar Villafranca no llevaba ni un año al frente de la Alhambra cuando tuvo que hacer frente a un legado envenenado: la Policía Autonómica detenía a dos personas por una “trama fraudulenta” en la venta de entradas y el control de accesos. El sumario terminó engrosando 90.000 folios, se llegó a imputar a más de 70 personas entre funcionarios, guías turísticos y empresas del sector, y se puso en cuestión la etapa final de quien durante dos décadas había ejercido de sultán de la Alhambra.

Los nueve años de instrucción del juez Miguel Ángel del Arco fueron tan polémicos como las irregularidades que se investigaban por lo mucho que se dilató (algunos implicados hasta fallecieron) y por la munición que supuso para la batalla política: el PP lleva toda la etapa autonómica denunciando que el PSOE maneja la Alhambra como su “cortijo”, se cuestiona el uso que la Junta realiza del dinero que se recauda (el “se lo lleva Sevilla” es un clásico electoral) y, en la trastienda, son insistentes las sospechas sobre el desvío de fondos para financiar el partido.

Todo en la Alhambra se vive en exceso. Y con misterio. Lo expresaba hace unos días el propio presidente del TSJA reconociendo que “un año excede el plazo razonable para dictar sentencia” y se ratificó ayer cuando, de repente, volvió a quedar sin fecha el anunciado pronunciamiento de la Sección Segunda de la Audiencia.

Antes y después del caso Alhambra, los delirios de grandeza y las “inercias de los siglos” han marcado buena parte de la historia del monumento. Ya en 1985 una auditoría sacó a la luz el absoluto descontrol en la gestión. Revilla se estrenó de “comisario” sólo unos días después de que el delegado de Cultura descubriera en un cajón 20 millones de pesetas. Se hablaba de un sistema de funcionamiento “medieval”, con contratos a dedo, sobresueldos y prebendas. No había contabilidad oficial, pero sí una cuenta oculta en el Banco de Granada…

Hace dos veranos, Villafranca se vio obligada a abandonar su puesto de sultana. El proyecto para construir un gran Atrio desató una inaudita polémica que empañó su gestión y acabó siendo víctima de otro escándalo judicial: las irregularidades detectadas en el servicio de audioguías -otra causa que aún sigue en instrucción-. Reynaldo Fernández, el actual director, se resiste de momento a heredar el puesto de sultán en la Colina Roja. Perfil bajo y pragmatismo. Tal vez sea su mayor acierto si consigue mantenerse al margen del culebrón judicial.

El poder de la UDEF

Magdalena Trillo | 11 de diciembre de 2016 a las 10:30

Buena parte de la actualidad informativa que ha marcado el último año en Granada ha tenido un factor común: el trabajo de investigación de la Policía sobre presuntos casos de corrupción. Si recordamos la firmeza con que el PP dejó caer a Torres Hurtado en el caso Nazarí, uno de los argumentos clave fue justamente el prestigio y la seriedad que se presupone a la actuación de la UDEF. Por encima, incluso, de conocidas rivalidades entre cuerpos y del cuestionado modus operandi con que se llegaron a desarrollar algunas de sus operaciones convirtiéndose en capítulos efectistas de mala televisión más que en piezas de apertura de un informativo.

Pero si lo sospecha la UDEF… Uno de los casos más controvertidos es justamente el de la presunta trama de corrupción urbanística que ha puesto bajo sospecha más de una década de gestión del PP en el Ayuntamiento de la capital y, al margen de lo que la jueza finalmente determine, ya se ha llevado por delante a algunas de las empresas más importantes de la ciudad. La caída de García Arrabal ha sido realmente demoledora. Atravesar la circunvalación y ver el imponente edificio de su sede con el cartel de “Se vende” tal vez sea una de las imágenes más significativas sobre los efectos colaterales que la investigación policial y judicial está provocando de forma precipitada, con la incógnita de si habrá estado justificado y con la connivencia inconsciente de todos… Y aquí nos incluyo, literalmente, a todos: a los medios de comunicación por el perverso efecto que se produce cada vez que cumplimos con nuestra obligación de informar contando qué dicen los informes policiales, hacia dónde apunta la investigación y qué sostiene el trabajo de los jueces; y a todos nosotros, los ciudadanos, los lectores, que nos hemos transmutado en una opinión pública talibán ávida de escarnio y de condenas sin cuestionarnos si quiera si son inocentes. Porque la pregunta es bien sencilla: si al final García Arrabal queda limpio de todo, ¿los jueces y la policía le devolverán su empresa? ¿lo haremos nosotros?

El ‘caso Alhambra’ es aún más controvertido. La investigación por la supuesta adjudicación irregular del servicio de audioguías obligó a dimitir a Mar Villafranca hace dos veranos y prácticamente supuso su ocaso político. Les confieso que cada vez que publicamos algún avance sobre el trabajo policial se produce un terremoto de indignación. Y no es un caso aislado. Son ya varios los afectados que se han dirigido al periódico para desmentir las afirmaciones que realiza la Policía en sus informes e, incluso, han aportado documentación sobre supuestos errores a la hora de establecer las relaciones de parentesco y las vinculaciones entre el Patronato y las empresas que operan con el organismo gestor. Son nombres de profesionales y nombres de empresas que aparecen en supuestas tramas criminales y de tráfico de influencias con el daño que ello supone para su propia supervivencia sin que, de momento, hayan sido condenados. En algún caso nos aseguran, incluso, que no han tenido ningún tipo de requerimiento por parte de la Policía, que no les han solicitud documentos, que no han tenido la posibilidad de contrarrestar los argumentos, sospechas o datos que se apuntan en los informes. Los supuestos delitos que se van construyendo con indicios y pruebas más o menos sólidas.

¿Un culpable reconocería a la opinión pública que lo es? ¿Son inocentes porque así lo aseguren exigiendo una rectificación? No es a los medios a quienes nos corresponde responder a un interrogante que habrá de determinar un juez, pero tal vez sí poner el acento en el debate sobre las graves consecuencias que se desencadenan por el camino e, incluso, introducir dentro de la ecuación que ni la Justicia ni la Policía son infalibles. No hablo de intencionalidad y mucho menos de conspiración; simplemente me detengo en algo tan básico como la humana posibilidad de cometer un error.

Me pregunto si todo esto vendrá a formar parte de aquello que Bernard de Mandeville ya apuntaba a comienzos del XVIII en su conocida Fábula de las abejas. De cómo los vicios, las distorsiones, los conflictos, contribuyen a que funcione el sistema: “Había una colmena que se parecía a una sociedad humana bien ordenada. No faltaban en ella ni los bribones, ni los malos médicos, ni los malos sacerdotes, ni los malos soldados, ni los malos ministros. Por descontado tenía una mala reina. Todos los días se cometían fraudes en esta colmena; y la justicia, llamada a reprimir la corrupción, era ella misma corruptible. En suma, cada profesión y cada estamento, estaban llenos de vicios. Pero la nación no era por ello menos próspera y fuerte”.

Se pueden imaginar qué ocurrió cuando el bien supremo se apoderó de todo y se acabó el fraude, las enfermedades, los excesos… Entonces dejaron de necesitarse médicos, abogados, jueces… Llegó la desolación. La ruina. Y es que las colmenas honradas no son sostenibles. No en nuestra sociedad viciosa e imperfecta.

Alhambra: Año III

Magdalena Trillo | 12 de julio de 2015 a las 9:35

Hace un par de años la revista Yo Donna eligió a Mar Villafranca como una de las veinte españolas más influyentes en el mundo del arte poniendo de relieve su “reconocido prestigio internacional en museología, gestión cultural, investigación y conservación del patrimonio histórico”. Para más de un concejal del Ayuntamiento de la capital, siempre ha sido la “sultana”; la “sultanilla” en los momentos de mayor tensión. Mateo Revilla fue el “virrey de la Alhambra” y Villafranca se ha quedado con el título más cercano al Califato. Desde la irrelevante llanura de la Plaza del Carmen, no son más que variaciones de un mismo sentimiento de recelo y de envidia hacia esa insolente Colina Roja que, como ocurre con los más agresivos contrapicados fotográficos, recuerda a diario que el poder siempre está arriba.

Hace un año la propia reina Sofía le hacía entrega del Premio Europa Nostra por “su contribución a la conservación y gestión de uno de los conjuntos más emblemáticos del patrimonio europeo”. Si dejamos a un lado las siempre difíciles relaciones con el Ayuntamiento, ya durante los 19 años de gestión de Revilla y de forma especialmente dura desde que el PP llegó al gobierno local con una abrumadora mayoría absoluta en 2003, sólo las noticias sobre el fraude de las entradas que destapó justo a su llegada -el macrojuicio está aún pendiente de celebrarse con decenas de trabajadores imputados por las irregularidades en el acceso al monumento- habían manchado una etapa que, si de algo ha pecado, ha sido justamente de ser demasiado brillante. Y en esta ingrata Granada ya tenemos numerosos ejemplos de que, cuando realmente hay que preocuparse, es el momento en el que se sobresale más de la cuenta.

Hace seis meses ostentaba uno de los cargos públicos menos cuestionados en estos tiempos revueltos de profunda inestabilidad, cambio político y relevo generacional. Pocos pensarían entonces que la campaña de acoso y derribo que el equipo de Torres Hurtado encendió en las municipales aprovechando la polémica del Atrio y su metedura de pata en las redes sociales llamando “tontos del culo” a los votantes del PP pudieran terminar moviéndola del sillón. Ni la rectificación inmediata ni pedir perdón es ya suficiente para hacer frente a las implacables redes sociales que, como acaba de vivir el alcalde con sus “desafortunados” consejos a estudiantes para asistir fresquitos a un acto social -las chicas, cuanto más desnudas, más elegantes, son capaces de convertir en asunto nacional el traspiés más inocente.

Hace dos semanas fue detenida por la Policía Nacional y puesta en libertad con cargos por el caso de las audioguías. La denuncia ante la Agencia Tributaria sobre supuestas irregularidades en la adjudicación y control del servicio partió de un extrabajador de la empresa que ganó el concurso pero no son pocos los que ven una ‘mano negra’ detrás capaz de transformar un teóricamente caso administrativo en un asunto penal.

Hace una semana la Fiscalía Provincial presentó una demoledora querella ante el juez contra Villafranca, tres altos cargos del Patronato y dos empresarios por prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. En menos de 24 horas dimite. Mañana, la Consejería de Cultura tiene previsto nombrar sucesor. Será el tercero en un cuarto de siglo de historia. 19 años Revilla; 11, Villafranca. Antes no existía el Patronato como lo entendemos hoy; antes fueron los tiempos de la Alhambra como Monumento Nacional y no era en Sevilla sino en Madrid donde se tomaban las decisiones. Luego llegó la autonomía, las transferencias y el modelo de gestión que sigue vigente hoy.

Hasta aquí, la secuencia de una caída orquestada. La Alhambra cerró con polémica los últimos días de Mateo Revilla y vuelve a ocurrir con Villafranca. El 14 de julio de 2004, justo el martes hará once años, la hasta ese momento directora general de Instituciones del Patrimonio Histórico de la Junta e integrante del equipo de asesores de Rodríguez Zapatero tomaba posesión en el emblemático Patio de los Arrayanes de la Alhambra con un exclusivo acto de 200 personas al que no se invitó al director saliente. Villafranca había recibido el encargo del entonces presidente Manuel Chaves de “situar la Alhambra como espejo de la modernización cultural de Andalucía” y nada más situarse al frente de la institución más potente de Granada anunció un ambicioso plan director para, “desde el talante abierto y el diálogo permanente”, dar un nuevo impulso al Patronato.

Récord anual de visitantes -con 2,3 millones en el último ejercicio, es el principal reclamo turístico-cultural del país-. Cerca de 300 empleados directos y otros tantos dependientes de los servicios subcontratados -genera hasta 6.800 de forma indirecta-. Unos ingresos al año de 27 millones de euros. Un impacto económico de 550 millones en Granada y de 750 millones en Andalucía.

Ése es el ‘monstruo’ al que tendrá que enfrentarse la persona que asuma la dirección en esta tercera etapa de gestión que la Junta de Andalucía abrirá mañana y que ya ha provocado la primera pataleta en el Ayuntamiento. Oficialmente por las formas en que se ha convocado el pleno; en la práctica, porque la ciudad no cuenta todo lo que quisiera, no decide todo lo que le gustaría y no maneja el dinero como querría. A Luciano Alonso se le ha criticado tanto desde Granada, tan nefasto se ha valorado su paso por la Consejería de Cultura, que todavía es posible creer que Rosa Aguilar pueda restablecer mínimamente las relaciones con la ciudad con algunas concesiones iniciales como frenar el proyecto del Atrio.

Impensable parece que pueda llegar ni a plantearse valorar el “despropósito” -así al menos se ha visto en los círculos culturales- de Torres Hurtado de modificar el modelo de gestión y separar la vertiente de conservación y la turística y, completamente sujeto a lo que ocurra mañana, queda comprobar si habrá o no un relevo de consenso.

No es fácil. La Alhambra ha crecido exponencialmente en los últimos años pero se ha mantenido una estructura de gestión ineficaz e insuficiente para abordar la envergadura del desafío que realmente tiene ante sí. Casos como el de las audioguías, con independencia de cómo se resuelva judicialmente, dan idea de las dificultades de control y de las infinitas ventanas al ‘trapicheo’ que plantea un ente que en estos momentos se percibe como un caramelo envenenado con una severa lupa pública diseccionándolo.

La nueva consejera de Cultura puede seguir dos caminos: cubrir expediente con alguien obediente que ponga el motor en ralentí y no moleste más de la cuenta al resto de patronos en el escenario de una ciudad -una provincia, una comunidad- ensimismada y letalmente conformista o abordar la transformación que la Alhambra necesita para ser de verdad ese gran proyecto político y cultural para Andalucía y para España que justifican los números que maneja, ese baluarte nacional e internacional que le corresponde.

Cuando tengamos un nombre que unir a este Año III que empieza ahora lo sabremos.