En Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal eleva ya a 1.742 millones de euros las facturas sin pagar; no 700 como dijo hace dos meses el entonces presidente saliente José María Barreda y difícilmente resultado del proceso de transición (¿mil millones se acumulan en ocho semanas?) cuando hay expedientes que llevan un año en un cajón.

En Cataluña, el consejero de Economía acaba de sumarse a la teoría Merkel para controlar el capítulo de personal sin provocar más despidos: trabajar más por menos. La Generalitat llama a la “cooperación solidaria del sector público”, que no es otra cosa que pedir a los trabajadores que alarguen sus jornadas laborales y tengan menos días de vacaciones. Salvar los servicios públicos recortando privilegios y salarios a los funcionarios… Pura demagogia si pensamos que hablan de “distribuir el dolor entre todos” cuando han eliminado el impuesto de sucesiones a las rentas más altas y llevan meses cerrando plantas enteras de hospitales.

De Grecia, Portugal e Irlanda, mejor ni hablar. Menos aún de los insaciables mercados, de las primas de riesgo y los bonos basura. La zona euro se tambalea en el regazo de la canciller alemana y hasta EE UU se enfrenta a la suspensión de pagos mientras crece la tensión política en el país, se mina su solvencia y se cuestiona el propio ¿rumbo? de salida a la crisis.

Sólo nos falta otear el Sur, a nuestros amigos de las pateras, para darnos cuenta de que la “hora de Granada” será mucho más que lograr asiento en Los Cármenes para Primera División; será sinónimo de control de gastos, ajustes y sacrificios. Me refiero al cambio de rumbo en la Diputación. En unos días sabremos si había trampa en las cuentas que ha dejado Caler en la institución y conoceremos al detalle los planes de austeridad del nuevo equipo de gobierno: eliminación de altos cargos, reducción del gasto corriente, refuerzo de las políticas de creación de empleo y, como en Cataluña, la máxima del momento: más por menos; ser más eficientes con menos recursos. Lo anunciaba el jueves Sebastián Pérez en su acto de investidura.

Un discurso cargado de sueños y optimismo. Se comprometió a pilotar un cambio tranquilo, sereno y sin sectarismos, emplazó a “huir del conflicto”, aseguró que se “equivocan quienes anuncian que habrá hostilidad institucional” y garantizó que habrá “pruebas inequívocas” de sus políticas de austeridad (¿nada de enchufes de rondón?). Me sorprendió cuando dijo que será “especialmente sensible” con los servicios sociales y cuando destacó la cultura como “seña de identidad” de la nueva Diputación hablando de Lorca y Guerrero; no de tradiciones, Semana Santa, bailes populares ni zarzuelas.

Pudo optar por un discurso de crispación y de conflicto pero no lo hizo. Pudo insistir en las auditorías, las trituradoras y la caza de brujas pero no lo hizo. ¿Responsabilidad? Era diferente el Sebastián Pérez que el jueves tomó el bastón de mando en el gobierno provincial que el político hiriente, agresivo y mordaz de la campaña electoral ¿Fachada? ¿El peso del poder? ¿El peso del paro? El hecho es que ahora toca gobernar y es al PP a quien se le van a pedir soluciones; son Sebastián Pérez y su equipo quienes deben demostrar que no hay agendas ocultas y sí un programa claro para la remontada.

Aquí podríamos empezar el contra-artículo. Cuestionar palabras e intenciones, preguntarnos quién ha alimentado muchas de las situaciones denunciadas (basta recordar las ruedas de prensa de las últimas semanas), dudar de que realmente se vaya a hacer lo predicado y, sobre todo, pedir explicaciones de por qué ahora los proyectos son posibles y hasta el jueves no. Pero no lo voy a hacer. La realidad impone pragmatismo. Los casi cien mil parados granadinos exigen responsabilidad. ¿Quieren regenerar la política? ¡Háganlo! Estamos cansados de broncas. Demuestren, unos, que merecen gobernar después de treinta años en el banquillo y mantengan el tipo, otros, en la oposición.