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El poder de la calle

Magdalena Trillo | 8 de abril de 2018 a las 10:12

El mismo día que las kellys consiguen ser recibidas en Moncloa por el presidente del Gobierno -y lo comprometen con su causa-, uno de los colectivos más alérgicos a las movilizaciones se echa a la calle para reivindicar su independencia frente a las injerencias políticas, denunciar el desgaste que el sistema judicial ha sufrido en la última década y reclamar avances laborales. Desde medios técnicos y refuerzo de personal hasta mejoras salariales, regulaciones de descansos y vacaciones y ampliación del permiso de paternidad. Son humanos. A pesar de sus poses marmóreas y sus togas decimonónicas; a pesar de los jueces y los fiscales estrella.

Que las camareras de piso alerten de la degradación laboral que están sufriendo -con la externacionalización del servicio, las “jornadas esclavas” y los contratos leoninos- podría formar parte del guión. Por el impacto que la crisis ha tenido en los colectivos sociales más vulnerables pero también por la flexibilidad que introdujo la reforma laboral castigando un mercado especialmente marcado por la explotación y la precariedad.

La ecuación que conecta a las kellys con los jueces es sencilla: si todos sufrimos los ajustes cuando España estaba al borde del abismo y la intervención, todos queremos ahora participar de la recuperación. Sin excepciones. La ola de las protestas se ha vuelto incontrolable e imprevisible y poco tiene que ver con el organizado movimiento sindical que ha ido modulando el poder de la calle en estos cuarenta años de democracia.

kellys

En Granada, esta semana ha sido el turno de las trabajadoras de los hoteles -que han unido fuerzas constituyéndose en asociación- pero también de los funcionarios de prisiones -el jueves se encerraron en Albolote para exigir la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña- y el de los policías locales que están intensificando la batalla por la prometida bajada de la edad de jubilación. Todo llega, además, cuando aún resuenan los ecos de la marcha feminista del 8-M, cuando aún prosiguen los compases de rebelión de los mayores por unas pensiones dignas y cuando aún intentamos digerir imágenes inéditas como las protagonizadas por Guardia Civil y Policía Nacional denunciando su sangrante discriminación territorial.

Ya no hay líneas rojas. Y ya no son movilizaciones más o menos nostálgicas para celebrar efemérides y plantear reivindicaciones casi voluntaristas. Incluso el 15-M, asumiendo el espíritu de las protestas juveniles de la primavera árabe, empieza a quedar superado por las brechas de injusticias y de agravios que en el caso español ha desencadenado un cóctel inesperadamente explosivo: la quiebra del modelo autonómico, acentuada con la estrategia pactista que desde Madrid no ha dejado de alimentar a los nacionalismos, y con las secuelas de la crisis debilitando los frágiles pilares del Estado del Bienestar.

El punto de inflexión de todo hay que buscarlo en Cataluña. Por la interminable distracción que está suponiendo el desafío independentista y por los intoxicantes vasos comunicantes con que el bloqueo institucional está distorsionando la telaraña pública. Es el 155, pero es también el impasse en el que siguen los PGE y es, sobre todo, la profunda confusión entre política y justicia que ya hemos asumido como normalidad.

No lo es. No debería serlo. Ni en el conflicto separatista ni en las innumerables causas que saturan los tribunales certificando el fracaso más absoluto de la política. No se recurre ni a la vía administrativa; es la amenaza del proceso penal lo que tiene recorrido mediático, político y electoral. Lo estamos sufriendo en el conflicto catalán y lo comprobaremos a nivel local cuando casos de impacto como el Nazarí, Serrallo o Emucesa vayan marcando los verdaderos escenarios de juego. ¿Infracciones administrativas e irregularidades o trasfondo penal?

También aquí han saltado por los aires las líneas rojas. Y la prudencia. Más aún cuando es la propia política la que se intenta apropiar del poder de la calle. Lo veremos precisamente hoy en la movilización convocada por los tres años de aislamiento ferroviario. ¿Ni siquiera este incomprensible hito es capaz de arrancar una foto de unidad?

Encierros que a nadie representan

Magdalena Trillo | 19 de marzo de 2017 a las 10:30

Hace dos años, la llegada de la primavera en Granada era sinónimo de botellón. El cronograma de la movilización juvenil se repetía como un reloj y el único interrogante era si se superaría el récord de participantes de la edición anterior y el número de kilos de basura de la jornada de resaca. Media ciudad paralizada, la circunvalación sumergida en un insufrible colapso y toda España mirando atónita el gran desmadre festivo -autorizado y consentido- al que se sumaban miles de universitarios, adolescentes y menores.

Unas elecciones lo cambiaron todo. El equipo de Torres Hurtado perdió en 2015 la mayoría absoluta y su acuerdo con Ciudadanos para mantener el bastón de mando obligó a la corporación a acabar con el botellódromo. Era una de las líneas rojas de la investidura. Con la operación Nazarí del año pasado, la inesperada pérdida de la Alcaldía por parte del PP y la entrada de los socialistas en el Ayuntamiento, el proceso de desmantelamiento se ha acelerado y, aunque el problema sigue latente con microbotellones esporádicos por la ciudad y un deficitario -por no decir inexistente- programa de ocio alternativo para los jóvenes, basta mirar al macrobotellón que se acaba de celebrar en Toledo para comprobar que la política sí importa. Que la toma de decisiones en el ejercicio del poder tienen consecuencias y que una gestión errática o acertada puede incendiar un problema o sofocarlo.

encierro

Lo hemos visto con el encierro de universitarios en la Facultad de Ciencias y el rebrote de la protesta en Letras. Después de pasar una semana okupando la biblioteca, bloqueando el servicio para más de 2.200 compañeros y profesores, los estudiantes han accedido a orientar sus reivindicaciones por los cauces legalmente establecidos. ¿Los motivos de su “lucha”? Que el B1 sea totalmente gratuito, la “elección democrática del calendario”, la implantación de “baños multigénero” o la revisión del protocolo contra el acoso sexual al entender que no se ha dado solución a los “casos existentes”… Reivindicaciones legítimas, unas más que otras, en algunos casos compromisos ya recogidos incluso en el programa de gestión que está desarrollando Pilar Aranda, pero completamente desproporcionadas y alejadas de una medida tan drástica como un encierro. ¿A quiénes representaban? Ni lo supieron concretar ellos ni lo hemos podido averiguar nosotros.

Y es que (también) las movilizaciones se pueden frivolizar. Por la falta de correlación entre los objetivos y la hoja de ruta de las protestas y por la coherencia misma con que se asume un derecho fundamental de la ciudadanía que está protegido al máximo nivel en nuestra Constitución: ¿Nos encerramos y desencerramos para salir a comer o descansar? ¿Nos ausentamos para asistir a clase para que el profesor de turno no nos penalice en la nota final?

Poco contribuimos a la memoria de quienes han tumbado injusticias a lo largo de la historia, a quienes han logrado irreversibles conquistas sociales, descafeinando ese valioso instrumento democrático que, en sus múltiples estadios de presión, supone la movilización social. Tampoco transformándolo en rutina.

En los años duros de la crisis económica, con los datos alarmantes del paro y la destrucción de empresas, con la implacable política de las instituciones con los recortes y la inhumana espiral de bancos y jueces con los desahucios, muchos nos preguntábamos cómo era posible que no estuviéramos en las calles quemando contenedores. Qué nivel de madurez social había alcanzado la sociedad española, y qué responsabilidad, para no sucumbir a esas imágenes violentas de indignación y de protesta incendiaria que se repetían en otros países como Grecia.

Aunque la fuerza ciudadana es espontánea e incontrolable -ahí está la marea blanca por la sanidad que ha roto en Granada décadas de letargo-, es en la gestión de los despachos, en el gris de la burocracia y en los tiras y aflojas de la negociación donde se juegan los éxitos y los fracasos. Se ha puesto en evidencia con el botellón comprobando que “sí era posible” clausurar el recinto de Hipercor, lo acabamos de ver con la mano izquierda y la extrema paciencia con que el actual equipo rectoral ha hecho frente al sorpresivo encierro de universitarios en Ciencias -y con el pequeño grupo que se atrincheró en Filosofía y Letras- y está por construir en buena parte de las grandes batallas que Granada tiene abiertas.

Me refiero al fin del aislamiento ferroviario y al proyecto de soterramiento low-cost del AVE que Fomento ha puesto esta semana sobre la mesa -en diez días se espera contar con un proyecto técnico y económico “realista” y “viable”- y pienso en la firmeza con que hay que defender que el Metro se ponga en marcha potenciando el transporte público y facilitando un verdadero sistema intermodal que no castigue a los usuarios de la Rober en la capital.

Como en todas las guerras, hay que saber medir las fuerzas y canalizar los efectivos pero también asumir que no todas las batallas se pueden ganar. Es más; hay contiendas en las que una retirada a tiempo es la mejor estrategia y otras en las que el error de cálculo de emprenderlas es el punto de partida. La carrera por la Agencia del Medicamento, por ejemplo, no ha sido más que un fracaso anunciado. Ya el Gobierno se posicionó a favor de Barcelona como alternativa a la opción londinense -la finalmente elegida por Europa cuando se puso en marcha la institución- y lo que ha hecho ahora Madrid no es sólo actuar con coherencia con los criterios iniciales; también contribuye al intento de acercamiento con Cataluña en un momento especialmente crítico de desafío independentista y evita además el desgaste de mediar en el enfrentamiento directo entre Granada y Málaga por coger el relevo de la sede tras el Brexit.

Completamente diferente es el acelerador de partículas, el único proyecto con recorrido y con verdadero potencial que hay de momento en el horizonte de Granada para convertirse en un puntal de desarrollo para la provincia. Una batalla que sí deberíamos ser capaces de afrontar y de ganar. En los despachos. Sin protagonismos ni intereses partidistas. Sin necesidad de tomar las calles.

En los últimos meses hemos visto en Granada cómo el éxito de las mareas -de la blanca sanitaria a la amarilla por las infraestructuras o la morada de la igualdad- ha logrado un respaldo social abrumador y, consecuentemente, una respuesta inequívoca de las instituciones por cambiar el paso y encauzar el malestar. ¿Ahora toca a los encierros como arma de reivindicación? Bien, pero no nos equivoquemos. Tanta legitimidad hay en quien reclama como en quien no acepta el chantaje ni se arrodilla ante causas frívolas, desmedidas o injustas. No todo vale. Tampoco en la movilización. Menos aún en batallas que a nadie representan. Decidamos bien por qué merece la pena luchar.