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De Ana Orantes a Juana Rivas

Magdalena Trillo | 30 de julio de 2017 a las 10:30

Cuando Ana Orantes fue asesinada por su marido, la violencia de género no era un problema para la sociedad española. José Parejo la roció con gasolina y la quemó viva a las puertas de su casa. Ana había tenido la osadía de contar en un plató de televisión que llevaba cuarenta años sufriendo malos tratos en silencio. Trece días después, la mató a las puertas de su casa. Fue un 17 de diciembre. En el pequeño municipio de Cúllar Vega. Hace justo veinte años. Aquel día, España despertó del machismo.

Ana Orantes no fue la primera mujer maltratada pero sí la que puso rostro a la violencia de género. La hizo visible y nos obligó a cambiar. A los medios de comunicación, a las instituciones públicas, a las fuerzas de seguridad y a toda la sociedad. En la esfera pública y en la privada; en las ciudades y en los pueblos. Su caso se convertiría en la primera piedra de un complejo camino que desembocó en la Ley Integral Contra la Violencia de Género que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2004. Por unanimidad.

Un acuerdo “histórico” como esta semana, trece años después, ha sido el Pacto de Estado con que los nuevos grupos políticos han sacado adelante el primer gran acuerdo de la Legislatura. Y ello pese al inesperado desmarque de última hora de Unidos Podemos evidenciando una absoluta falta de altura política; porque son legítimas sus mayores exigencias y sus dudas sobre la efectividad con que se aplicarán las 266 medidas del plan pero más necesaria aún era la unidad. El simbolismo de la firmeza democrática contra el machismo.

Esta misma semana, Túnez ha aprobado una ley histórica contra la violencia de género que toma de referencia la de Zapatero. En su caso, el punto de partida es más grave aún. Supone un paso trascendental por los derechos de la mujer: los tunecinos ya no podrán violar a una menor y evitar la cárcel casándose con la víctima; el acoso sexual, incluido el verbal, se tipifica y castiga como delito; se podrá denunciar la explotación de niñas en el servicio doméstico; se proclama, por primera vez, que los “ciudadanos y las ciudadanas” son “iguales”.

Tenemos experiencia para saber que las leyes no son suficientes. Por muy progresistas, garantistas y punitivas que sean. Pero son el esqueleto de base que nos pueden permitir avanzar. En la calle, en los colegios y en nuestras casas. El actual Pacto de Estado por la Violencia de Género parte con déficits y con mucha incertidumbre sobre su efectividad pero sería irresponsable quedarse en lo mejorable y no reconocer el salto cualitativo que se produce con un plan transversal que implica a todos los agentes -y en todos los niveles de gestión- y que pone sobre la mesa 1.000 millones para su aplicación en cinco años.

Un plan que cambia, por fin, la consideración de las víctimas -se podrá acreditar la violencia machista aun sin denuncia judicial y prevé que los servicios sociales y sanitarios puedan activar el proceso de protección-, que incluirá asignaturas evaluables y formación especializada a nivel universitario, que reforzará la educación en igualdad en las escuelas, que ayudará a las mujeres maltratadas sin recursos con seis meses de paro, que perseguirá las calumnias en las redes sociales, que pondrá en marcha campañas de concienciación y sensibilización… Más prevención, más formación, más coordinación.

En una entrevista que publicamos hoy, Miguel Lorente, el director de la Unidad de Igualdad de la UGR y uno de los expertos que han trabajado en los últimos seis meses para el desarrollo del Pacto de Estado, advierte que llega “tarde, a la fuerza y desenfocado”. Ciertamente, basta recordar las 600.000 agresiones y las 60 mujeres que son asesinadas de media en España cada año para compartir sus palabras y reconocer que son las trágicas cifras, el año negro que estamos viviendo en 2017, lo que ha constituido el desencadenante del pacto.

Lleva razón también cuando lamenta que nos quedemos en el lado visible del problema, los asesinatos, y no ataje de lleno las causas: el machismo. La normalidad con que todavía toleramos a los maltratadores y hasta los justificamos. Con que minimizamos ciertas conductas. Con que seguimos perpetuando la sociedad patriarcal que constituye el caldo de cultivo de la dominación masculina y la violencia contra las mujeres. ¿Recuerdan su libro Mi marido me pega lo normal?

Pero no son sólo las cifras. De Ana Orantes a Juana Rivas. La madre de Maracena que ha huido con sus hijos para evitar entregarlos a su expareja, un padre condenado por maltrato, está poniendo rostro a la nueva etapa de lucha contra la violencia machista que se está abriendo en la sociedad española sacando a la luz todas las sombras de desprotección, lagunas judiciales y circunstancias “excepcionales” que necesitan una respuesta. Por primera vez se pone un foco en los menores y en la tibieza con que hasta ahora se ha abordado un tema tan sensible como es la custodia de los hijos.

Porque partimos, como recuerda Lorente, de que “un marido maltratador no tiene por qué ser un mal padre”; pero un maltratador siempre es un mal padre. Y un “riesgo” que debería ser tenido en cuenta como un factor determinante para evitar el contacto. Lo vemos, con demasiada frecuencia, en los casos en que los menores son utilizados para hacer daño a la madre, como rehenes de la violencia machista y como víctimas en última instancia de los homicidios.

Son, además, un mal ejemplo. Peligroso. Perpetuador de la violencia. En 2005, Jesús Parejo, uno de los ocho hijos de Ana Orantes, fue detenido en Santa Fe por malos tratos a su pareja. La joven, que tuvo que ser atendida por contusiones en la cabeza y un fuerte dolor en el brazo, confesó a la Guardia Civil que era la tercera vez que le pegaba.

Ese día, una de las hermanas del agresor pidió a la Justicia que actuara con contundencia, que fuera “a la cárcel si tenía que ir” y se ofreció incluso a ayudar a la familia de la víctima. Raquel, que se quitó el apellido de José Parejo cuando asesinó a su madre, recordó que su hermano Jesús también sufrió los malos tratos, que se marchó a los 13 años de casa huyendo de los golpes que su padre le daba a toda la familia… “Quizás fue el ambiente que vivió de niño el que le ha empujado a hacer esto”, dijo entonces.

La presión social, la movilización ciudadana que se ha producido estos días en Granada para apoyar a Juana Rivas, no es una simple corriente de empatía ni inconsciencia. Y no se trata de saltarse la ley. El #YoSoyJuana que vuela en las redes sociales sumando muestras de solidaridad es una llamada de atención sobre el nuevo tiempo en la lucha contra el machismo que tenemos la obligación de abrir.

Porque ni la burocracia ni las zonas grises de la normativa pueden anteponerse a que las leyes sean justas, que se apliquen con sentido común, incluso con humanidad, y que se tengan en cuenta todas las circunstancias.

Porque tan urgente como atajar la violencia de género es actuar con todas las medidas, campañas y cambios legislativos que sean necesarios para acabar con el lado menos visible. Con el machismo.

Sí, hoy #TodosSomosAna. Hoy, #JuanaEstáEnMiCasa. #TodosSomosJuana.

Lo políticamente correcto

Magdalena Trillo | 8 de febrero de 2015 a las 17:28

Todos sabemos que en el decálogo del ‘buen político’ no está decir la verdad. No lo llaman mentir sino “estrategia” y, teóricamente, nunca hay mala fe detrás del incumplimiento de las promesas sino un buen puñado de “circunstancias” que les impiden hacer frente a sus compromisos, algunos errores de cálculo sobrevenidos que empañan la gestión y unos cuantos ‘chorizos’ infiltrados en sus filas que “injustamente” los desacreditan.

Si todos sabemos que un político no se puede permitir el lujo de decir la verdad, mucho menos en campaña electoral. Y el objetivo es evidente: no dar pistas al adversario, no mostrar debilidades y convencer a los futuros votantes de que son la mejor opción. ¿Cómo nos van a pedir que confiemos si ni ellos mismos se lo creen?

Porque también sabemos, o deberíamos saber, que el fin último de la política es el poder: la máxima es salir a ganar y, por supuesto, ocupar el sillón de mando. Luego vendrá aquello de que se hace por el interés general, que su vocación es la del servicio público y que se van a dejar la piel por los ciudadanos. Por usted y por mí.

Todo esto se rompió esta semana cuando el secretario de Participación Interna de Podemos dijo en un programa de radio que su partido no tiene expectativas de acceder al Gobierno en Andalucía. ¡Revuelo monumental! Se lanzaron como lobos desde todos los partidos y también se le contestó desde dentro. La candidata andaluza, Teresa Rodríguez, apenas tardó unos minutos en corregir la ‘novatada’ de su compañero con un tuit: “Quienes conocemos esta tierra y tenemos aquí los pies, la cabeza y esperanzas, sabemos que no sólo podemos, sino que debemos ganar Andalucía”. Luis Alegre rectificó esa misma mañana y se ha pasado toda la semana tirando de ‘manual': el recurrente que se había expresado mal… Que se refería a que las encuestas no les dan como vencedores para las autonómicas del 22 de marzo en Andalucía -sí en otras comunidades como Madrid, Valencia o Asturias-, que afrontan la cita con “humildad” pero también con “ambición” y que, como ya demostraron en las Europeas de hace un año, “¡sí se puede!” porque son un partido nacido “para ganar”.

El dirigente de Podemos termina refugiándose en lo políticamente correcto, en lo previsible, con el tono falso de los mítines y eslóganes fabricados de campaña. A mí, sinceramente, me había gustado más el primer Luis Alegre, el criticado como principiante e inexperto, el que osó romper el ‘pacto’ del interés partidario admitiendo en público lo que la formación de Pablo Iglesias sabe a nivel interno y sabemos todos: que Andalucía es su plaza más difícil y que, a la espera de más sorpresas el día electoral, no es probable que el 22-M se conviertan en la primera fuerza en nuestra comunidad.

Nunca he entendido por qué los políticos nos tienen que proteger callando lo que no interesa (a ellos, claro), diciendo lo que no es y prometiendo lo que nunca cumplirán. Cierto es que ganaríamos mucho si antes de hablar tuvieran claro qué quieren decir. Más aún si consiguieran que, desde el mismo partido, partieran los mismos mensajes sin importar el interlocutor ni dónde vive el votante. Es una regla básica en periodismo que nunca pondremos un buen titular ni escribiremos una buena noticia si no tenemos previamente bien definido lo que queremos contar; un mal titular siempre es reflejo de una mala historia.

En política, a esto se llama incoherencia y, lamentablemente, tenemos demasiados ejemplos de ello. ¿No es una contradicción que Pedro Sánchez se manifieste partidario de alcanzar grandes pactos de Estado con el PP y unas horas más tarde diga su portavoz que, más allá de la lucha contra el yihadismo, no hay nada que acordar porque las diferencias son “abismales”? Porque qué bien debería sonar la propuesta del líder socialista de imponer un mínimo de sensatez y estabilidad en Educación si no se percibiera detrás un interés claramente electoral que choca con ese intento de adoctrinamiento que ha marcado la gestión educativa en este país durante toda la democracia.

Desconcierto e intereses partidistas. Tampoco he entendido nunca por qué los políticos no pueden movilizar a los indecisos siendo honestos, desarmar al adversario con discursos constructivos y en positivo y entusiasmar al electorado siendo realistas. Por qué no se pueden asumir los errores y conectar con los votantes sin cambiar de discurso cada media hora. El confuso escenario de alianzas postelectorales que se avecina tal vez sea la mejor muestra de lo difícil que es escribir un titular, montar un discurso, cuando no se sabe qué decir. Por no destapar las cartas y por no reconocer que todo dependerá de lo que más interese, de lo que sea más necesario cuando, con los datos definitivos en la mano, haya que valorar hasta dónde se puede presionar y hasta dónde renunciar.

Números y pragmatismo. Si el bipartidismo está tan roto en España como aventuran todos los sondeos, más importante que el programa sería conocer las intenciones de los partidos para el día después. Susana Díaz ha entrado fuerte en precampaña -ya está de periplo por toda Andalucía con actos institucionales por la mañana y de partido por la tarde- asegurando que ni pactará con el PP ni lo hará con Podemos. ¿Seguro? Lo enfatizó el jueves en Granada cuando respaldó a Paco Cuenca como candidato socialista a la Alcaldía de la capital y le marcó el camino: ganar “bien” para gobernar sin necesidad de alianzas. ¿De verdad cuentan con tal horizonte? La prudencia, y el desconcierto que ha supuesto la irrupción de Podemos torpedeando el actual sistema de partidos y fagocitando a Izquierdo Unida, ha dejado en un sueño la aspiración de la “mayoría absoluta” y ahora el reto no es otro que una “mayoría suficiente”.

Y aquí tenemos a los que nos prometen estabilidad para “avanzar al doble de velocidad” que el resto de comunidades (PSOE), los que nos previenen de experimentos intentado montarse en la ola de la recuperación (PP), los que buscan nuestra complicidad para romper “tres décadas de monopolio socialista” y “corrupción” (Podemos) y los que nos aseguran un verdadero gobierno de izquierdas llamando a la puerta de los “desencantados” (IU). Sumemos otras opciones más minoritarias como Ciudadanos, UpyD y hasta el irrelevante Partido Andalucista y encontrará esa difícil radiografía que se vislumbra este intenso año electoral con dos corrientes en tensa disputa por el poder: PP y PSOE intentando mantener posiciones y todos los demás esperanzados en desmontar el tablero.

El primer experimento se ensayará en Andalucía pero reconozcamos que el laboratorio más imprevisible se está fraguando en Madrid y que será en las municipales cuando comprobemos el impacto real de las sopas de siglas, los pactos y las alianzas que resultarán imprescindibles para el gobierno -o desgobierno- en cientos de pueblos y ciudades de toda España. Y ya veremos entonces, en un escenario absolutamente inédito en nuestra democracia, si lo que hasta ahora ha sido políticamente correcto sigue funcionando.