Archivos para el tag ‘partidos políticos’

Las otras puertas giratorias

Magdalena Trillo | 17 de diciembre de 2017 a las 10:00

Las puertas giratorias no funcionan sólo para los altos cargos que buscan acomodo (y altísimas remuneraciones) en el confort de las grandes empresas del sector privado cuando tienen que dar por cerrada su etapa de “servicio público” por imperativo legal, por decisión personal o por invitación forzada. Aunque hay quienes sembraron antes de dar el salto a la política y tienen donde volver, nadie se sorprende ya de que un exministro ocupe una envidiable posición en una multinacional, de que se premie a un exalcalde con un cargo vistoso o se busque refugio a un exconsejero en una tranquila empresa pública.

PP y PSOE llevan toda la democracia practicando y, por regla general, es legal: el político en cuestión ocupa su nuevo puesto y se gana el sueldo. Con más o menos dosis de (in)competencia, madrugará, se esforzará y se estresará como cualquiera de nosotros.

Estas (malas) prácticas de colocación exprés, compartidas en cualquier país de nuestro entorno, pueden resultar reprobables pero se ajustan a lo que marca la ley. Los escándalos llegan cuando los políticos hacen malabarismos de indecencia. El ejemplo más reciente lo tenemos en Francia: la mujer del candidato a la presidencia Francois Fillon llegó a cobrar hasta 900.000 euros como “asistenta parlamentaria” por no hacer nada durante más de una década. La exclusiva de Le Canard fue aplastante: Penélope es la asesora mejor pagada en la historia de la V República. Y por un empleo ficticio.

En Granada, el caso Emucesa se está abriendo paso como una mala copia de ese nepotismo nada ilustrado que conecta con el tráfico de influencias y que termina dando forma a la corrupción. Pero no nos engañemos; el puñado de puestos fantasma en la empresa municipal del cementerio (el informe interno que se ha filtrado esta semana alude a seis contratos de alta dirección autorizados entre 2005 y 2012 por los concejales María Francés y Juan Antonio Fuentes) no es más que la punta del iceberg.

El pasado mes de abril, publicábamos en este periódico un análisis detallado sobre las cuentas internas del PP que revelaba el impacto económico que había supuesto para el partido la pérdida de poder tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Diputación. Nuestra jefa de Local, Lola Quero, rastreó en la documentación del partido que justo antes de las elecciones de 2015 tenían contabilizados casi 3,9 millones de euros anuales en sueldos (2,6 salían de la capital y 1, 3 de la institución provincial) que pagaban a diferentes personas del partido en puestos técnicos y que solían justificar como cargos de confianza.

¿Cuántos cumplían y cuántos no? ¿Se bordeaba la ilegalidad? ¿Paga la administración pero el trabajo se desempeña en el partido? ¿Paga la empresa y el empleo ni existe?

Tan vitales para un partido son estos vasos comunicantes con las instituciones, con el poder, que buena parte de su funcionamiento ordinario puede acabar dependiendo de que se gobierne o se hiberne en la oposición. Un informe interno de la gerencia del PP advertía, por ejemplo, del elevado coste que suponía mantener el alquiler de su imponente sede del Zaidín…

Pero el PP no ha inventado nada que el PSOE no haya practicado cuando ha podido. ¿Quién lo ha hecho con más descaro? Las dinámicas las engendra el poder. Lo hacen porque pueden; y no lo denuncian cuando toman el relevo porque no les conviene. La paradoja es sintomática: buena parte de la vida municipal se desarrolla en los tribunales por su desenfrenada afición a desempatar cualquier conflicto recurriendo a los jueces y, justo cuando hay un caso alarmante con aparente recorrido penal, nos lo pensamos.

Lo de abrir ventanas y levantar alfombras queda muy bien en la retórica del ganador pero todos sabemos que tiene un precio. A los nuevos partidos se les critica, y con razón, la rapidez con que se están dejando contagiar por la mala praxis de la vieja política pero hay momentos (y éste es uno de ellos con Vamos Granada tirando de la manta en Emucesa) en que se hacen valer y nos recuerdan por qué había que zarandear al bipartidismo. Aunque sólo sea por una cuestión de tiempo y de oportunidad.

El juego de tronos del Constitucional

Magdalena Trillo | 29 de enero de 2017 a las 10:30

Si tomamos como referencia las preocupaciones reales de los españoles, las espontáneas de las tertulias de bar y las cocinadas de los barómetros de opinión pública, la información sobre la renovación del Tribunal Constitucional no debería alcanzar ni la categoría de breve: una noticia especializada de interés parcial restringida a las publicaciones del sector.

Que ocupe portadas de periódicos, minutos de análisis y espacio en prime time tiene una explicación que oscila entre el amarillismo, el morbo mediático y las guerras de poder de los partidos: el juego de tronos en que los políticos (también) han convertido la elección de miembros del Alto Tribunal intentando colocar a personas afines a sus posicionamientos ideológicos y a sus intereses por encima de los criterios de mérito y capacitación que debamos presuponer a los juristas. Y ello en un órgano que es clave en la arquitectura democrática del Estado y que vela, precisamente, por que no sólo se cumplan las reglas del juego que fija la Constitución sino también que se vayan adaptando a las nuevas necesidades.

¿El deterioro y desconfianza de la política está arrastrando la independencia y el prestigio de la Justicia? Del mismo modo que es compartida la convicción sobre el referente que el TC significó en sus inicios, es creciente hoy la opinión sobre su deriva con ausencia de grandes pactos y con continuos votos discrepantes que tienen más que ver con injerencias y cadenas de favores que con planteamientos estrictamente jurídicos.

Que se hagan cábalas sobre el voto de los magistrados ante temas de tremenda trascendencia como el matrimonio homosexual, el aborto, la reforma laboral, la legalización de los partidos abertzales o el actual desafío independentista catalán -integrando en la ecuación quién propuso a cada uno de sus doce integrantes- no es sino el reflejo del inaplazable camino de transparencia -en el fondo y en las formas- que ha de afrontar la institución que ejerce de intérprete suprema de la Carta Magna y máxima garante de nuestros derechos constitucionales.

Su independencia no puede estar en cuestión ni sus integrantes deben ejercer con la sombra de haber sido elegidos primando su vinculación personal y afinidad política -hasta el punto de pertenecer o no al círculo de amigos y conocidos de los partidos (y dirigentes) que los defienden- por encima de su solvencia y experiencia profesional. La razón es sencilla: las instituciones ganan, todos ganamos como sociedad, con la calidad y el prestigio de las personas que las integran.

A esto nada contribuyen las negociaciones, presiones y pulsos que los partidos han mantenido en los últimos meses -sin preocuparse siquiera por disimular- para cubrir las cuatro plazas del TC, incluido el cargo especialmente relevante de la presidencia, que están pendientes de designación desde diciembre. Se molestan cuando se filtran sus maniobras pero es difícil negarlas cuando la realidad constata favoritismos y vetos.

Las opciones del magistrado sevillano Andrés Ollero, diputado del PP por Granada durante 17 años y vinculado a nuestra Universidad, se dan ya prácticamente por enterradas justamente por su duro posicionamiento ideológico y su afinidad al partido del Gobierno. No se trata ya de inclinaciones más o menos progresistas o conservadores sino de trayectorias de ida y vuelta a la política -con responsabilidades y gestión directa- que despiertan los apoyos encendidos de unos y el rechazo absoluto de otros.

Descartado Ollero para presidir el Alto Tribunal en sustitución de Pérez de los Cobos, la disputa parece centrarse ahora entre el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y el vicepresidente del Supremo Ángel Juanes.

Algunas cabeceras de la prensa nacional daban ya esta semana por acordados los otros tres integrantes: la catedrática de Constitucional y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía María Luisa Balaguer, el magistrado del Supremo Ricardo Enríquez y el catedrático de Derecho laboral Alfredo Montoya.

En el episodio andaluz de este particular juego de tronos, Balaguer ha sido la propuesta que finalmente ha presentado el PSOE tras descartarse la posibilidad de respaldar como Comunidad Autónoma un único perfil. En la renovación del TC, una parte viene determinada por la designación del Consejo General del Poder Judicial y otra parte por el Senado a iniciativa de los parlamentos autonómicos.

En Andalucía, el consenso ha sido un espejismo. Lo intentó Ciudadanos con la jurista granadina Begoña Álvarez, valorando que sería respaldada por el PSOE -hace siete años fue consejera durante once meses con el equipo de Griñán- y que podría concitar el respaldo del PP por su perfil marcadamente “técnico” e “independiente”. La formación naranja quería “despolitizar” así el proceso pero terminó desistiendo y no la ha llegado ni a presentar.

Tampoco los socialistas han logrado convencer con su apuesta por Balaguer, catedrática almeriense y experta en Igualdad que probablemente termine colocando Susana Díaz -había división de criterios incluso entre el Parlamento y el partido-, al tiempo que el PP ha mantenido sus preferencias por Ricardo Enríquez y Podemos por la sevillana Ana María Carmona.

A la espera del desenlace final, la conclusión previa parece más que evidente: hacen falta mecanismos de control; y una transparencia real que garantice que las personas que ocupan los puestos son realmente las más idóneas. Que están porque lo merecen. Porque han superado una selección estricta donde primen los méritos por encima del amiguismo. Un proceso que contribuya a reforzar la confianza ciudadana en el Tribunal Constitucional, no el descrédito.

Cuando eligieron, por ejemplo, a la magistrada granadina Inmaculada Montalbán para el Consejo General del Poder Judicial, tuvo que pasar una especie de primarias dentro de su propia asociación. Hay, por tanto, precedentes de instrumentos que se pueden explorar: desde la introducción de filtros de este tipo hasta la reforma radical que propugnan algunos.

El debate sobre la urgencia de revisar el proceso de elección está abierto . Y ese desafío sí está directamente sobre el tejado de los partidos…

¿Seguro que (sólo) hablamos de sanidad?

Magdalena Trillo | 15 de enero de 2017 a las 10:27

Tres meses después del estallido de la crisis sanitaria, Granada volverá hoy a salir a calle con las mismas protestas y exigencias que el primer día. A la espera de comprobar el nivel de éxito de la convocatoria -el fracaso ni se plantea-, todo hace pensar que tendremos una contundente banda sonora de críticas y un buen álbum de fotografías de indignación y cabreo que podríamos intercambiar con cualquiera de las movilizaciones que se han sucedido en estos casi cien días de conflicto.

¿Todo sigue igual? ¿Nada se ha avanzado? Depende de lo que nos interese creer y defender. De entrada, y es algo que debería preocupar más allá de reproches sobre “oportunismos” y de la “utilización partidista” que todos están realizando de la crisis hospitalaria, no es sólo Granada quien coge la bandera de la calle; otras provincias como Huelva, Sevilla y Málaga se han unido a esta creciente y contagiosa marea blanca por una sanidad “digna” y de “calidad”.

Con motivos y connotaciones diversas, es compartido el sentimiento de “deterioro” del sistema sanitario, las críticas al impacto que los recortes han provocado en los servicios y en el personal y el convencimiento de que el gran proyecto de la fusión hospitalaria es un fracaso. Y, por primera vez en tres largas décadas de autonomía, lo que se está poniendo en cuestión es la fortaleza misma y eficiencia del sistema andaluz de salud.

¿Pero las negociaciones están paralizadas? ¿Se está engañando y manipulando? ¿Hay razones para volver a tomar las calles? Si somos honestos, a estas preguntas no podríamos poder contestar. La razón es bien sencilla: no se ha dado un mínimo de margen a los interlocutores -ni confianza, ni legitimidad- para saberlo. La protesta del 15-E parecía escrita en un guion cerrado que nada tenía que ver con lo que ocurriera en los despachos.

Salud ha rectificado. La propia presidenta de la Junta ha asumido los errores y ha dado instrucciones para revertir el proceso. Con absoluta libertad para la toma de decisiones y con partidas presupuestarias suficientes para asegurar que los acuerdos a los que llegue la mesa de negociación se llevarán a cabo. ¿La cuestión, ahora, es que no nos lo creemos?

Si el problema real es la quiebra de la confianza, el cuestionamiento mismo sobre las reglas del juego y el papel que las instituciones ocupan en el tablero democrático frente a la presión de calle -la de las pancartas y la de los hashtag-, el debate sobre los “dos hospitales completos” y la exigencia de una sanidad pública “digna” que garantice la “igualdad de oportunidades” queda completamente desvirtuado en origen.

Y es por ello que parece poco probable que encontremos una salida a un desafío tan complejo como la reordenación del mapa hospitalario de Granada desde dos posicionamientos antagónicos sobre el fondo y la forma que más tienen que ver con el concepto mismo de la política y del sistema de representación que sobre la sanidad.

Es en buena medida lo que se va a dirimir a nivel interno en los partidos con las convenciones y congresos que se irán celebrando a lo largo del año a nivel federal, regional y provincial. Evidentemente, serán disputas de poder pero también de funcionamiento, de concepto y de modelo. En algunos casos, la carrera por el liderazgo focalizará la atención mediática pero es el propio ADN de las organizaciones políticas lo que de forma compartida está en cuestión.

Tal vez sea Podemos donde se está haciendo más visible el choque de trenes sobre lo que significa la vieja y la nueva política en un escenario de teórica normalización donde nada importa la fecha de constitución del partido.

Salvando las distancias, las ponencias que Pablo Iglesias e Iñigo Errejón dieron a conocer el pasado viernes de cara al congreso de Vistalegre 2 bien podrían servir de trasfondo para entender esa otra gran crisis y esos múltiples intangibles que subyacen en el conflicto sanitario de Granada. Hablamos de si los políticos deben ser “activistas” cuando asumen responsabilidades públicas o no; si los partidos, vengan de donde vengan, han de someterse a la “lógica institucional” o seguir en la “senda resistencialista” de las barricadas y las protestas; si queremos partidos “útiles” y pragmáticos o creemos que la “normalización” no hará más que “disolver” el proyecto.

Lo que Iglesias y Errejón argumentan aplicado al futuro de su formación lo podríamos extrapolar a la política misma y hasta al modelo de democracia actual. Cuando el primero alerta de la “politiquería partidista de las medallas” y cuando el segundo advierte de que “sólo si salimos de los golpes de efectos y de ser los enfant terribles de la política” se estará en condiciones de gobernar, bien podríamos pensar en la tensión -¿contradicción?- entre la calle y las instituciones. En la profunda brecha que sigue separando a los representantes y los representados.

¿No es (también) de todo esto de lo que van los posicionamientos de las plataformas y los partidos en la crisis sanitaria? Hace tres meses, la marea blanca que sorprendió a toda España en defensa de la sanidad poco tenía que ver con la política; con los partidos; con su convulsa vida interna. Hoy probablemente sea el elemento que mejor nos ayude a diferenciar unas fotografías de otras. Por quienes están y por quienes se ausentan.

¿Oportunismo? ¿Utilización partidista? Sin duda. Y sin excepciones. ¿Pero seguro que (sólo) hablamos de sanidad?