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El juego de tronos del Constitucional

Magdalena Trillo | 29 de enero de 2017 a las 10:30

Si tomamos como referencia las preocupaciones reales de los españoles, las espontáneas de las tertulias de bar y las cocinadas de los barómetros de opinión pública, la información sobre la renovación del Tribunal Constitucional no debería alcanzar ni la categoría de breve: una noticia especializada de interés parcial restringida a las publicaciones del sector.

Que ocupe portadas de periódicos, minutos de análisis y espacio en prime time tiene una explicación que oscila entre el amarillismo, el morbo mediático y las guerras de poder de los partidos: el juego de tronos en que los políticos (también) han convertido la elección de miembros del Alto Tribunal intentando colocar a personas afines a sus posicionamientos ideológicos y a sus intereses por encima de los criterios de mérito y capacitación que debamos presuponer a los juristas. Y ello en un órgano que es clave en la arquitectura democrática del Estado y que vela, precisamente, por que no sólo se cumplan las reglas del juego que fija la Constitución sino también que se vayan adaptando a las nuevas necesidades.

¿El deterioro y desconfianza de la política está arrastrando la independencia y el prestigio de la Justicia? Del mismo modo que es compartida la convicción sobre el referente que el TC significó en sus inicios, es creciente hoy la opinión sobre su deriva con ausencia de grandes pactos y con continuos votos discrepantes que tienen más que ver con injerencias y cadenas de favores que con planteamientos estrictamente jurídicos.

Que se hagan cábalas sobre el voto de los magistrados ante temas de tremenda trascendencia como el matrimonio homosexual, el aborto, la reforma laboral, la legalización de los partidos abertzales o el actual desafío independentista catalán -integrando en la ecuación quién propuso a cada uno de sus doce integrantes- no es sino el reflejo del inaplazable camino de transparencia -en el fondo y en las formas- que ha de afrontar la institución que ejerce de intérprete suprema de la Carta Magna y máxima garante de nuestros derechos constitucionales.

Su independencia no puede estar en cuestión ni sus integrantes deben ejercer con la sombra de haber sido elegidos primando su vinculación personal y afinidad política -hasta el punto de pertenecer o no al círculo de amigos y conocidos de los partidos (y dirigentes) que los defienden- por encima de su solvencia y experiencia profesional. La razón es sencilla: las instituciones ganan, todos ganamos como sociedad, con la calidad y el prestigio de las personas que las integran.

A esto nada contribuyen las negociaciones, presiones y pulsos que los partidos han mantenido en los últimos meses -sin preocuparse siquiera por disimular- para cubrir las cuatro plazas del TC, incluido el cargo especialmente relevante de la presidencia, que están pendientes de designación desde diciembre. Se molestan cuando se filtran sus maniobras pero es difícil negarlas cuando la realidad constata favoritismos y vetos.

Las opciones del magistrado sevillano Andrés Ollero, diputado del PP por Granada durante 17 años y vinculado a nuestra Universidad, se dan ya prácticamente por enterradas justamente por su duro posicionamiento ideológico y su afinidad al partido del Gobierno. No se trata ya de inclinaciones más o menos progresistas o conservadores sino de trayectorias de ida y vuelta a la política -con responsabilidades y gestión directa- que despiertan los apoyos encendidos de unos y el rechazo absoluto de otros.

Descartado Ollero para presidir el Alto Tribunal en sustitución de Pérez de los Cobos, la disputa parece centrarse ahora entre el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y el vicepresidente del Supremo Ángel Juanes.

Algunas cabeceras de la prensa nacional daban ya esta semana por acordados los otros tres integrantes: la catedrática de Constitucional y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía María Luisa Balaguer, el magistrado del Supremo Ricardo Enríquez y el catedrático de Derecho laboral Alfredo Montoya.

En el episodio andaluz de este particular juego de tronos, Balaguer ha sido la propuesta que finalmente ha presentado el PSOE tras descartarse la posibilidad de respaldar como Comunidad Autónoma un único perfil. En la renovación del TC, una parte viene determinada por la designación del Consejo General del Poder Judicial y otra parte por el Senado a iniciativa de los parlamentos autonómicos.

En Andalucía, el consenso ha sido un espejismo. Lo intentó Ciudadanos con la jurista granadina Begoña Álvarez, valorando que sería respaldada por el PSOE -hace siete años fue consejera durante once meses con el equipo de Griñán- y que podría concitar el respaldo del PP por su perfil marcadamente “técnico” e “independiente”. La formación naranja quería “despolitizar” así el proceso pero terminó desistiendo y no la ha llegado ni a presentar.

Tampoco los socialistas han logrado convencer con su apuesta por Balaguer, catedrática almeriense y experta en Igualdad que probablemente termine colocando Susana Díaz -había división de criterios incluso entre el Parlamento y el partido-, al tiempo que el PP ha mantenido sus preferencias por Ricardo Enríquez y Podemos por la sevillana Ana María Carmona.

A la espera del desenlace final, la conclusión previa parece más que evidente: hacen falta mecanismos de control; y una transparencia real que garantice que las personas que ocupan los puestos son realmente las más idóneas. Que están porque lo merecen. Porque han superado una selección estricta donde primen los méritos por encima del amiguismo. Un proceso que contribuya a reforzar la confianza ciudadana en el Tribunal Constitucional, no el descrédito.

Cuando eligieron, por ejemplo, a la magistrada granadina Inmaculada Montalbán para el Consejo General del Poder Judicial, tuvo que pasar una especie de primarias dentro de su propia asociación. Hay, por tanto, precedentes de instrumentos que se pueden explorar: desde la introducción de filtros de este tipo hasta la reforma radical que propugnan algunos.

El debate sobre la urgencia de revisar el proceso de elección está abierto . Y ese desafío sí está directamente sobre el tejado de los partidos…

¿Seguro que (sólo) hablamos de sanidad?

Magdalena Trillo | 15 de enero de 2017 a las 10:27

Tres meses después del estallido de la crisis sanitaria, Granada volverá hoy a salir a calle con las mismas protestas y exigencias que el primer día. A la espera de comprobar el nivel de éxito de la convocatoria -el fracaso ni se plantea-, todo hace pensar que tendremos una contundente banda sonora de críticas y un buen álbum de fotografías de indignación y cabreo que podríamos intercambiar con cualquiera de las movilizaciones que se han sucedido en estos casi cien días de conflicto.

¿Todo sigue igual? ¿Nada se ha avanzado? Depende de lo que nos interese creer y defender. De entrada, y es algo que debería preocupar más allá de reproches sobre “oportunismos” y de la “utilización partidista” que todos están realizando de la crisis hospitalaria, no es sólo Granada quien coge la bandera de la calle; otras provincias como Huelva, Sevilla y Málaga se han unido a esta creciente y contagiosa marea blanca por una sanidad “digna” y de “calidad”.

Con motivos y connotaciones diversas, es compartido el sentimiento de “deterioro” del sistema sanitario, las críticas al impacto que los recortes han provocado en los servicios y en el personal y el convencimiento de que el gran proyecto de la fusión hospitalaria es un fracaso. Y, por primera vez en tres largas décadas de autonomía, lo que se está poniendo en cuestión es la fortaleza misma y eficiencia del sistema andaluz de salud.

¿Pero las negociaciones están paralizadas? ¿Se está engañando y manipulando? ¿Hay razones para volver a tomar las calles? Si somos honestos, a estas preguntas no podríamos poder contestar. La razón es bien sencilla: no se ha dado un mínimo de margen a los interlocutores -ni confianza, ni legitimidad- para saberlo. La protesta del 15-E parecía escrita en un guion cerrado que nada tenía que ver con lo que ocurriera en los despachos.

Salud ha rectificado. La propia presidenta de la Junta ha asumido los errores y ha dado instrucciones para revertir el proceso. Con absoluta libertad para la toma de decisiones y con partidas presupuestarias suficientes para asegurar que los acuerdos a los que llegue la mesa de negociación se llevarán a cabo. ¿La cuestión, ahora, es que no nos lo creemos?

Si el problema real es la quiebra de la confianza, el cuestionamiento mismo sobre las reglas del juego y el papel que las instituciones ocupan en el tablero democrático frente a la presión de calle -la de las pancartas y la de los hashtag-, el debate sobre los “dos hospitales completos” y la exigencia de una sanidad pública “digna” que garantice la “igualdad de oportunidades” queda completamente desvirtuado en origen.

Y es por ello que parece poco probable que encontremos una salida a un desafío tan complejo como la reordenación del mapa hospitalario de Granada desde dos posicionamientos antagónicos sobre el fondo y la forma que más tienen que ver con el concepto mismo de la política y del sistema de representación que sobre la sanidad.

Es en buena medida lo que se va a dirimir a nivel interno en los partidos con las convenciones y congresos que se irán celebrando a lo largo del año a nivel federal, regional y provincial. Evidentemente, serán disputas de poder pero también de funcionamiento, de concepto y de modelo. En algunos casos, la carrera por el liderazgo focalizará la atención mediática pero es el propio ADN de las organizaciones políticas lo que de forma compartida está en cuestión.

Tal vez sea Podemos donde se está haciendo más visible el choque de trenes sobre lo que significa la vieja y la nueva política en un escenario de teórica normalización donde nada importa la fecha de constitución del partido.

Salvando las distancias, las ponencias que Pablo Iglesias e Iñigo Errejón dieron a conocer el pasado viernes de cara al congreso de Vistalegre 2 bien podrían servir de trasfondo para entender esa otra gran crisis y esos múltiples intangibles que subyacen en el conflicto sanitario de Granada. Hablamos de si los políticos deben ser “activistas” cuando asumen responsabilidades públicas o no; si los partidos, vengan de donde vengan, han de someterse a la “lógica institucional” o seguir en la “senda resistencialista” de las barricadas y las protestas; si queremos partidos “útiles” y pragmáticos o creemos que la “normalización” no hará más que “disolver” el proyecto.

Lo que Iglesias y Errejón argumentan aplicado al futuro de su formación lo podríamos extrapolar a la política misma y hasta al modelo de democracia actual. Cuando el primero alerta de la “politiquería partidista de las medallas” y cuando el segundo advierte de que “sólo si salimos de los golpes de efectos y de ser los enfant terribles de la política” se estará en condiciones de gobernar, bien podríamos pensar en la tensión -¿contradicción?- entre la calle y las instituciones. En la profunda brecha que sigue separando a los representantes y los representados.

¿No es (también) de todo esto de lo que van los posicionamientos de las plataformas y los partidos en la crisis sanitaria? Hace tres meses, la marea blanca que sorprendió a toda España en defensa de la sanidad poco tenía que ver con la política; con los partidos; con su convulsa vida interna. Hoy probablemente sea el elemento que mejor nos ayude a diferenciar unas fotografías de otras. Por quienes están y por quienes se ausentan.

¿Oportunismo? ¿Utilización partidista? Sin duda. Y sin excepciones. ¿Pero seguro que (sólo) hablamos de sanidad?