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Populismo mediático

Magdalena Trillo | 22 de enero de 2017 a las 10:07

Que todo el stablishment mediático tiemble con la llegada de Trump a la Casa Blanca es una señal. Que Obama se despida salvando a la soldado Manning y defendiendo el papel de la “prensa libre”, también. Pero la guerra que el republicano mantiene con los medios desde la campaña electoral va mucho más allá del análisis sectorial que podría realizarse de sus filias y fobias con las principales cadenas y periódicos del país. Va más allá incluso de la era de la Posverdad que el ya nuevo presidente de Estados Unidos ha instaurado con un manejo de las redes sociales que parece retrotraernos a los años perversos del periodismo de Ciudadano Kane.

Para Europa, para la mayoría de las democracias occidentales, la globalización no ha sido más que sinónimo de colonización. De asimilación del modelo de vida americano. De pérdida de valores y tradiciones, de lo propio, de lo autóctono, en beneficio de una mal entendida modernidad. Viaje a cualquier lugar del mundo y lo comprobará: encontrará una coca-cola y una bandera de EEUU. Es una simplificación pero también un icono elocuente del proceso que se proyectó con la gran industria del cine y los intocables conglomerados de la comunicación para terminar infiltrándose en el mundo líquido de las redes sociales. El imperio de Rupert Murdoch, al margen del escándalo de las escuchas que provocó el cierre de News of the World, ha sido una pieza estratégica. Y aquí importa por un doble motivo: por la fascinación mutua que se profesan Murdoch y Trump -clave en la victoria electoral- y por lo que supone News Corporation como símbolo del periodismo sensacionalista. Del populismo mediático.

TVE acaba de estrenar un documental sobre “la verdad del cotilleo” que destapa las artimañas y bajezas de los tabloides británicos que rinden los principios de la profesión a una consigna: “todo por una exclusiva”. Si es de sexo, más. Y, si afecta a un político o personaje público de primer nivel, con cifras indecentes. La información -historias humanas lo llaman- es puro mercadeo. Y la realidad es que venden periódicos, millones cada mañana. Con unas cifras impensables para cualquiera de las grandes cabeceras españolas, francesas o alemanas. Es el negocio del amarillismo que nació hace más de un siglo con el popular Yellow Kid y se instaló en Reino Unido pontificando una estructura de poder capaz de quitar y poner gobiernos.

En la alianza Trump-Murdoch, hay un postulado compartido -y contagioso- que sostiene sus éxitos: el público, las audiencias, los votantes, tienen lo que quieren. Pero denunciar a Trump por ser “un mentiroso” y lamentar la velocidad y consistencia con que se propagan las noticias falsas es quedarse muy corto de la realidad. Jason Stanley, profesor de Filosofía de Yale, lo enfoca desde la perspectiva de la propaganda política y el riesgo que supone para las democracias modernas. En su libro How propaganda works muestra la vigencia de esas fórmulas estereotipadas y sencillas que apelan al amor y al odio, al bien y al mal, que tenemos asociadas a regímenes totalitarios sin darnos cuenta de que son las cañerías por las que terminamos circulando en un momento de máxima desinformación en la red, con públicos ávidos de escándalos y unos medios obsesionados por los rankings y los clicks.

Es la victoria del engaño y la manipulación a través de argumentos que apelan a los sentimientos, que juegan con el miedo y que discurren entre líneas con discursos demagógicos cargados de reduccionismo. ¿Pero son esas las historias por las que estamos dispuestos a pagar? ¿Las que al final nos interesan? Uno de los reporteros británicos a los que entrevistan en Todo por una exclusiva lo explica con una simplicidad alarmante: “Vosotros no vendéis periódicos porque no contáis historias que interesen a la gente”. Las portadas que defiende son voraces, provocadoras, irreverentes. Son los diarios más criticados en todo el mundo… Y los más leídos.

La incertidumbre de la era Trump tiene muchas aristas. Pero las más peligrosas son las menos evidentes. Las que entran en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Como esa coca-cola que bebemos por inercia.

No nos confundan

Magdalena Trillo | 18 de mayo de 2014 a las 11:05

En el tórrido mes de julio de 1888 una viuda adinerada fue asesinada en su casa de Madrid. Lo que debió ser una noticia más de las páginas de sucesos saltó a la portada de los diarios cuando se supo que el asesino podría ser un hijo de la víctima que estaba preso y disfrutada de un dudoso régimen de permisos. Ha pasado a la historia como el crimen de Fuencarral. Fue un filón periodístico y político en plena sequía informativa estival y supuso la explosión del sensacionalismo en la prensa española. Pasó de ser una crónica de sucesos a convertirse en un proceso a la justicia española, al sistema penitenciario y al poder político. Eran años difíciles. España entraba al siglo XX desde el desastre colonial con una pesada conciencia de crisis y una exigencia de regeneración que se extendió al periodismo y a la vida pública.

Demasiado pronto llegarían los tiempos del periodismo combatiente e instrumentalizado de la Guerra Civil y durante demasiado tiempo se tuvieron que escribir las páginas negras de la Dictadura. Tuvimos que esperar hasta 1977 para que España volviera a respirar libertad cuando el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó un real decreto que reconocía jurídicamente el derecho de información y fijaba los principios que un año más tarde se consagrarían en la Carta Magna: “El derecho de todos los ciudadanos tanto a la libre información como al respeto de su honor y de los demás derechos inherentes a la persona es el principio fundamental de todo Estado de derecho”.

Recurro a esta parte de la historia antes de que la maquillemos en la Wikipedia con ese derecho al olvido que acabamos de improvisar sin saber muy bien si sabemos si quiera cómo aplicarlo (en la Enciclopedia ya se ha ‘reescrito’ el franquismo sin mayores consecuencias) para recordarle al Gobierno que hace más de tres décadas que medios y tribunales venimos poniéndonos de acuerdo para preservar, compaginar y resolver los conflictos que a menudo se producen entre la libertad de expresión y la seguridad, entre el derecho de información y el derecho a la intimidad y el honor de los españoles, sin necesidad de endurecer la ley, de poner en marcha “medidas adicionales” ni de emprender una caza de brujas con una tropa de ‘censores’ en internet. No sólo están perfectamente definidos los supuestos de choque y los mecanismos de defensa legales (ahí está el Código Penal) sino que también tenemos a los ‘guardianes’ de esa mitificada seguridad nacional que tantos atropellos está amparando en estos tiempos de revuelo tecnológico e incertidumbre social.

Dilemas morales siempre ha habido. Y siempre habrá. Pero es legítimo -y hasta necesario- que seamos capaces de enfrentar ética y legalidad con normalidad si de verdad queremos creer que hemos construido una democracia viva y sólida capaz de avanzar desde el desacuerdo, las contradicciones y, por qué no, la tensión y la crispación. ¿Vamos a perseguir ahora los pensamientos? ¿A criminalizar las ideas? ¿No era eso justamente lo que criticábamos del fascismo y del comunismo? Es verdad que hasta hace poco cruzábamos las líneas rojas en los bares y en la plaza del pueblo y ahora, protegidos por el anonimato de las redes sociales, lo hacemos con el frenesí del teclado del ordenador y las urgencias del móvil. Pero no nos confundan: no hay impunidad. ¿No es suficiente muestra que un joven valenciano tenga que responder ante el juez por “animar en Twitter a matar políticos”? Y no nos dejemos confundir: no tenemos que seguir perdiendo libertades para protegernos cuando quieren decir protegerse.

Leyes y política siempre han ido jadeando detrás de la sociedad y es evidente, como escribía esta misma semana José Antonio Marina, que unas tecnologías jóvenes requieren el desarrollo de su propia ética -de una responsabilidad, una conciencia social- y la aplicación de unas normas legales. Sí, “regular”. Esa palabra que tanto escuece olvidando que más eficaz que la censura siempre ha sido la autocensura; que más útil que el castigo es la educación y es la presión social.

Y ahí estamos todos. ¿Queremos “poner coto” a internet como queremos “regular” las manifestaciones en las calles? ¿Es miedo a una primavera árabe? ¿Es el modelo ‘made in China’ que ya estamos copiando en el mercado laboral el que queremos llevar a nuestro Estado de derechos y libertades? ¿Queremos utilizar el crimen de León como excusa para plantear una causa general contra los incómodos e incontrolables que nos torpedean en las redes sociales? El asesinato de la presidenta del PP es un filón político y mediático pero ni nos confundan ni nos dejemos confundir: tan rechazable es el sensacionalismo como el oportunismo y la manipulación.