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Que gobierne Soraya

Magdalena Trillo | 27 de mayo de 2018 a las 11:00

El tiempo de Rajoy se ha acabado. Lo clama toda la oposición y lo saben los suyos. Incluida esa guardia pretoriana que se dopa a diario con la calculadora del empleo pensando que “España va bien” y que volverá a amainar. La economía ya no es suficiente. En apenas unas horas, la euforia del Gobierno por la aprobación de los Presupuestos del Estado -sometidos una vez más al chantaje del nacionalismo vasco y de las fuerzas más minoritarias del arco parlamentario- se ha transformado en un funeral.

La prima de riesgo se ha despertado y Bruselas no tardará en apretar el cinturón cuando salten las alarmas del déficit con la revalorización de las pensiones, la subida salarial de los funcionarios y el recorte de los impuestos. Y es que nada era posible hasta que fue. De momento, de los “burócratas de las tijeras” nos salva el estado de infarto de Europa ante el órdago que les acaba de lanzar Italia con explosiva unión de los ultras de la Liga Norte y los populistas del M5E ensayando su particular república feliz. Sin lunes y sin acné…

El momento selfie de Montoro se diluyó como en Snapchat con la apisonadora de la Gürtel. La sentencia de la Audiencia Nacional que retumbó el jueves los pilares de Génova -insuperable el meme del edificio en venta por traslado masivo a Soto del Real- es sólo el principio. Hubo caja B en el PP, queda probada la financiación ilegal del partido y se constata la existencia de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” a través de contratos manipulados “en la administración pública central, autonómica y local”.

El muro de contención del presidente del Gobierno se ha resquebrajado y se ha llevado por delante el comodín de dos años que acababa de conseguir con los PGE. En este punto, el único interrogante que planea sobre un partido golpeado estructuralmente por la corrupción -la rotunda sentencia se ha llevado por delante tanto la defensa de que eran “casos aislados” como el escudo de que era “otro PP”- es cuánto tiempo, con cuántos errores de estrategia y con qué coste se asumirá la caída.

Porque después de la Gürtel vendrán los papeles de Bárcenas con un Rajoy especialmente vulnerable: ni siquiera los jueces lo consideraron “creíble” cuando fue a declarar como testigo -el 26 de julio llegó a decir en sede judicial que “jamás” oyó hablar de “financiación irregular”- y la previsible entrada en prisión de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, ha hecho saltar todas las alarmas sobre lo mucho que aún se pueda barrer bajo las alfombras.

Entre los 1.687 folios de la sentencia no sólo están los grandes titulares que estos días han ocupado el foco mediático: desde los 33 años de cárcel para Luis Bárcenas y los 51 para el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, hasta la condena directa al PP obligándolo a pagar 240.000 euros como partícipe a título lucrativo. Los que se deslizan entre líneas no son menores: “Rosalía no es un simple objeto”. La Sección Penal Segunda se pronuncia feminista y advierte que el tribunal “no puede consentir” que se crea una ignorancia deliberada -el papel de mujer objeto que se limita a firmar lo que le dice su marido- en alguien que demuestra todo lo contrario.

Lo sufrimos durante meses con la despistada exministra Ana Mato, lo utilizó la infanta Cristina intentando rebajar su responsabilidad en el caso Noos y ha sido un clásico en los tribunales aunque cada vez con menos éxito -recuerden si no la ejemplaridad de Isabel Pantoja entrando en prisión con una condena menor-. La sentencia de la Gürtel va en esta misma dirección: todos iguales ante ley; para lo bueno y para lo malo… Desde este planteamiento, vuelvo a la crisis de Rajoy con una (medio) salida -la opción Soraya- que tal vez sea una de las pocas jugadas dignas que le queden al líder de los populares.

El relevo fue la solución que el PP pactó con Cs en los casos de Murcia y de Madrid y ahora podría dar un inesperado quiebro a la situación de tensión y bloqueo que se ha instalado con la moción de censura del PSOE. No obstante, Rivera ni plantea el recambio sabiendo el daño electoral que supondría para su partido situar a alguien como la vicepresidenta al frente del Ejecutivo y es un recorrido que choca de plano con la esencia de la era Rajoy: aguantar y no hacer nada…

Gracias Sr. Juez

Magdalena Trillo | 1 de mayo de 2018 a las 10:37

Volvimos a despertar con el #MeToo de la alfombra roja, después llegó el tsunami del 8-M español y hoy celebraremos el primer 1 de Mayo feminista de nuestra historia desconcertados aún por la polémica sentencia de la Manada.

Las razones de la indignación son muy simples: una chica es acorralada en el rellano de un portal y penetrada hasta nueves veces por cinco tipos y no es violación. Estaba borracha, medio inconsciente y no se resistió; no se jugó la vida ni hizo de heroína. El corto que ha analizado la Audiencia de Navarra muestra un ambiente de “jolgorio” y “regocijo”, imágenes de sexo frío y explícito en las que “no tiene cabida la afectividad”. Hay “prevalimiento”, superioridad e intimidación, pero no agresión.

Sin el voto particular del juez Ricardo González, el magistrado que ha llegado a defender la absolución de los cinco jóvenes sevillanos y que ni siquiera considera que haya habido “abuso sexual”, no estaríamos hablando ahora de cambiar el Código Penal para revisar, actualizar y dar un mínimo de coherencia a la tipificación de los delitos sexuales, no estaríamos reclamando formación especializada para jueces y fiscales en la lucha contra el machismo y no estaríamos pidiendo explicaciones al Gobierno por los 200 millones comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El problema son las leyes -más de treinta veces se ha modificado el Código Penal de 1995 y seguimos encontrando aberrantes zonas grises- pero más aún su interpretación. El problema son las palabras -es muy distinto hablar de 9 años de cárcel por “abusos” que por “violación”- pero sólo en la medida en que hacen saltar las alarmas sobre los prejuicios y las injusticias que hay detrás.

Si el señor juez del voto particular no hubiera criminalizado a la víctima, humillándola como un simple objeto de usar y tirar y hasta convirtiéndola en cómplice de los agresores, hoy no estaríamos debatiendo sobre la crisis de la Justicia.

Si el señor juez del voto particular no nos hubiera dado a todos una lección de machismo y bajeza moral, no estaríamos preguntándonos hasta qué punto la opinión pública ha de actuar de motor para propiciar un cambio en las leyes, en quienes las hacen y en quienes las administran.

No se trata de usurpar el papel de los jueces; se trata de resquebrajar su torre de marfil. Ni siquiera es necesario buscar fantasmas -como ha hecho el ministro Catalá- para justificar lo injustificable. Nos guste o no, elseñor juez del voto particular no es ninguna excepción en este país. No es una cuestión de togas, de sexo y ni siquiera de edad.

Gracias, por tanto, señor juez por su bofetada de realidad.

El cortijo de la Alhambra

Magdalena Trillo | 9 de enero de 2018 a las 10:00

El escándalo saltó en la Navidad de 2005. Mar Villafranca no llevaba ni un año al frente de la Alhambra cuando tuvo que hacer frente a un legado envenenado: la Policía Autonómica detenía a dos personas por una “trama fraudulenta” en la venta de entradas y el control de accesos. El sumario terminó engrosando 90.000 folios, se llegó a imputar a más de 70 personas entre funcionarios, guías turísticos y empresas del sector, y se puso en cuestión la etapa final de quien durante dos décadas había ejercido de sultán de la Alhambra.

Los nueve años de instrucción del juez Miguel Ángel del Arco fueron tan polémicos como las irregularidades que se investigaban por lo mucho que se dilató (algunos implicados hasta fallecieron) y por la munición que supuso para la batalla política: el PP lleva toda la etapa autonómica denunciando que el PSOE maneja la Alhambra como su “cortijo”, se cuestiona el uso que la Junta realiza del dinero que se recauda (el “se lo lleva Sevilla” es un clásico electoral) y, en la trastienda, son insistentes las sospechas sobre el desvío de fondos para financiar el partido.

Todo en la Alhambra se vive en exceso. Y con misterio. Lo expresaba hace unos días el propio presidente del TSJA reconociendo que “un año excede el plazo razonable para dictar sentencia” y se ratificó ayer cuando, de repente, volvió a quedar sin fecha el anunciado pronunciamiento de la Sección Segunda de la Audiencia.

Antes y después del caso Alhambra, los delirios de grandeza y las “inercias de los siglos” han marcado buena parte de la historia del monumento. Ya en 1985 una auditoría sacó a la luz el absoluto descontrol en la gestión. Revilla se estrenó de “comisario” sólo unos días después de que el delegado de Cultura descubriera en un cajón 20 millones de pesetas. Se hablaba de un sistema de funcionamiento “medieval”, con contratos a dedo, sobresueldos y prebendas. No había contabilidad oficial, pero sí una cuenta oculta en el Banco de Granada…

Hace dos veranos, Villafranca se vio obligada a abandonar su puesto de sultana. El proyecto para construir un gran Atrio desató una inaudita polémica que empañó su gestión y acabó siendo víctima de otro escándalo judicial: las irregularidades detectadas en el servicio de audioguías -otra causa que aún sigue en instrucción-. Reynaldo Fernández, el actual director, se resiste de momento a heredar el puesto de sultán en la Colina Roja. Perfil bajo y pragmatismo. Tal vez sea su mayor acierto si consigue mantenerse al margen del culebrón judicial.

Parcheando la cultura

Magdalena Trillo | 27 de marzo de 2011 a las 11:14

La ministra de Cultura no sólo es sensible con los autores y sus dificultades para sobrevivir en la era del pirateo y las descargas ilegales. También lo es con los empresarios del toreo. Al nuevo varapalo que ha supuesto esta semana la sentencia de la Audiencia Nacional anulando el canon digital se une su cruzada para rebajar el IVA de los espectáculos taurinos. Dos proyectos que nada tienen de relación entre sí salvo la prioridad que conforman en la agenda de Sinde y la constatación que suponen sobre la debilidad y las incongruencias de la política cultural española.

El nuevo escenario de consumo digital pide a gritos un debate profundo y una reorientación de todas las medidas legislativas y políticas con las que, sin éxito alguno, el Gobierno ha ido parcheando el problema hasta ahora. Quienes defienden la Ley Sinde argumentan que no es la solución pero que es la única posible. ¿Una chapuza mejor que no hacer nada?

No se trata de invocar el gratis total, pero sí habría que advertir, por ejemplo, que no se puede cobrar por un producto digital el mismo precio que por uno impreso; que no es lo mismo robar que copiar y que la solución final no puede ser, una vez más, endosar un nuevo coste al consumidor final. Y, por mucho que presionen, habría que recordar también a las grandes compañías de telecomunicaciones, a las operadoras y a los gigantes de Internet que no pueden seguir explotando gratis los contenidos, la información, las creaciones… ajenas.

La lucha contra la piratería requiere educación, información y mucha pedagogía. Hace falta una legislación fuerte, protectora y ajustada a las nuevas realidades de producción, distribución y consumo digital, pero no se puede realizar exclusivamente desde la represión.

Como siempre, por delante de los políticos va la sociedad y la gente con sentido común… El otro día descubrí 24symbols.com, el ‘spotify’ de los libros. Una plataforma para leer y compartir libros digitales que funciona en cualquier dispositivo de lectura con conexión a Internet (eReaders, smartphones, iPad), con consumo gratuito mediante publicidad. Un ejemplo (hay muchos más) y, al mismo tiempo, una constatación de que hay soluciones que no atacan a unos para defender a otros.

Los toros no dejan de ser sinónimo de polémica… Tan difícil es llegar a un acuerdo sobre el espectáculo (¿arte?) del toreo como conciliar los intereses de autores e internautas. Publicaba esta semana Expansión que Cultura va a presentar un proyecto a Economía para rebajar al 8% el IVA de las corridas (ahora es el general del 18%). Nada que objetar si no fuera por el agravio que supondría: los editores de ebook llevan años reclamando una rebaja de la fiscalidad similar a la de las publicaciones en papel (4%) y, en el sector del mercado del arte, la situación es crítica. Los representantes de las principales asociaciones españolas de las artes visuales alertaban hace un mes en Madrid del impacto que está teniendo la crisis, reclamaban “medidas urgentes” de apoyo al sector y proponían actuaciones específicas como una moderación en los recortes presupuestarios, la puntualidad en los pagos, inversiones del 1% Cultural, una Ley de Mecenazgo con máximas desgravaciones o un IVA Cultural para el mercado del arte…

¿Nos dedicamos a colocar en una balanza los toros frente a los libros o el arte? La excepción cultural no es una opción en España, es una necesidad. Es urgente diseñar un policía cultural coherente que dé una respuesta coherente a los diferentes sectores y trate la cultura como lo que es: una fuente de riqueza y un pilar de desarrollo para los pueblos. El escenario digital no ha hecho más que recordarnos que llevamos décadas poniendo parches y tratando la cultura como una ‘maría’ de la gestión pública.