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Las lecciones del Nevada (incluidos los jueces)

Magdalena Trillo | 4 de junio de 2017 a las 12:11

Un tercio del Metro. Hasta diez carreteras pendientes en Granada, desde la Ronda Sur de Motril hasta la Autovía Darro-Iznalloz pasando por los nuevos accesos y circunvalaciones proyectadas en Órgiva, Alhama, Baza o Pinos Puente. La mitad de las obras de depuración que hacen falta en la provincia… Esto no es una carta anticipada a los Reyes Magos; son los cálculos que esta misma semana ha realizado el PP para explicar, con realidades, lo que suponen los más de 165 millones que tendremos que pagar a Tomás Olivo por haber paralizado durante toda una década la gigantesca mole del Nevada.

Mitad populismo mitad demagogia, el listado de futuribles de inversión podría llevarse al infinito. Pero si nos quedamos en el pragmatismo del hoy y del ahora, lo que hace la indemnización millonaria del complejo comercial es poner rostro y números a un cúmulo de despropósitos y disfunciones que afectan, por supuesto a la Política, pero también a la Administración y a la Justicia.

Vayamos por partes… Se debata o no el escándalo en sede parlamentaria, y desconfiando de entrada de que las peticiones de explicaciones del PP y de Podemos sirvan para algo, ¿realmente se puede sostener que no hay “responsabilidad política alguna”? ¿Nadie en toda la Junta, de Sevilla a Granada, tiene culpa directa o indirecta? ¿Ni siquiera recurriendo al pecado del ‘in vigilando’ que tan de moda ha puesto Esperanza Aguirre?

Lo curioso es que, mucho antes del desenlace final, el Centro Nevada ya fue un calvario para los propios concejales con una lección de responsabilidad que se ha retomado ahora en el caso Serrallo: ser concejal es algo más que dar ruedas de prensa, seguir las consignas del partido y salir en la foto. No pueden limitarse a dar el voto sin conocer lo que se aprueba porque haya un “principio absoluto de confianza”. ¿Cuánto dinero gastamos en mantener a nuestros políticos para que no sepan lo que firman? Para que no entiendan de planes parciales, de licencias, de letras ni de números.

La concejal del PP Telesfora Ruiz ha llegado a decirle a la jueza que había veces que ni levantaban la mano para votar, que bastaba con su mera presencia… ¿En serio? No sé si presuponerles incompetentes, lamentar su dejadez o sospechar justo lo contrario: que han querido ser más listos que nadie. El caso es que debe ser tremendamente contagioso porque es un argumento que escuchamos, una y otra vez, sin ningún atisbo de complejo, desde el último edil de pueblo hasta cualquier director de banco. Desde las ministras que no saben que hay un Jaguar en el garaje hasta todo un fiscal Anticorrupción que ignora que tener una offshore en Panamá sonaría a corrupción pasando por las alegres tonadilleras y las despreocupadas infantas.

Pero pasa con los jefes… y con los empleados. No sé a qué letrado de la Junta se le olvidó acudir a la vista de hace justo un año, pero cuesta pensar que no haya motivado ni una investigación interna. Ni un expediente sancionador. Los funcionarios no pueden ser intocables. Cualquier metedura de pata, más de tal calibre, costaría el puesto en la empresa privada. De inmediato. En este caso, sólo hay excusas y opacidad. La propia Junta y el PSOE se escudan en “criterios técnicos y jurídicos” para decir que durante todo este tiempo han actuado defendiendo el “interés general”. Para explicar por qué, en los diez años en que se ha ido solapando la vía contenciosa con la penal, no pidieron levantar la medida cautelar de paralización de obras. Ni siquiera cuando en 2011 la Audiencia Provincial dictó la sentencia que condenaba a los promotores pero indultaba el edificio. Por qué la Junta no hizo nada justo al día siguiente de que toda España supiera que el Nevada no iba a ser un Algarrobico; que no se iba a demoler…

Sobre todo esto llevamos semanas debatiendo. Sin embargo, no he leído un solo reproche sobre la responsabilidad de los jueces. En primera instancia y por parte de los magistrados del TSJA que acaban de ratificar, y hasta elevar, la indemnización a Tomás Olivo. Porque tal vez no sea un argumento publicado pero sí compartido: prestigiosos juristas de esta ciudad se preguntan por qué no se pidió una pericial de oficio, independiente, para contrarrestar los informes de parte aportados por el promotor. Si los jueces no deben velar, también, por el interés general. Si, además de darnos lecciones a todos los demás, no deberían hacer también autocrítica. Si, además de condenar, no deberían -por ejemplo- establecer los cauces para garantizar que se recupera el dinero de la corrupción. Si nadie pensó, más allá del necesario tirón de orejas a la Junta, cómo evitar que seamos los andaluces quienes acabemos costeando el imponente Centro Nevada.

Siendo realistas, aunque todavía quede la vía del recurso al Supremo, es puro procedimiento. Una vía fallida de entrada porque en esa instancia no hay posibilidad de presentar un contrainforme que desmonte las expectativas de negocio, el daño y el lucro cesante, que constituyen la base de la condena. Hay quienes piensan que simplemente con haber esperado unos meses, los jueces podrían haber tenido los datos reales con el balance de explotación del primer año. Yo no me confiaría… El propio empresario dijo en su día a este periódico que sería su “mejor opción”, que saldría ganando (más). En aquel momento sonaba a farol; hoy invita a ser prudentes: ¿y si recurrimos al Supremo y eleva (otra vez) la indemnización?

Penúltima lección: no tentar la suerte…

Al final pagamos todos

Magdalena Trillo | 2 de abril de 2017 a las 10:30

El otro día me llamo un buen amigo, tan crítico y adicto a la prensa como quienes estamos detrás, para plantearme si no creía que estábamos dándole demasiado espacio a los tribunales. Primero contesté a la defensiva: por supuesto que no; la actualidad manda. Después lo he pensado y la respuesta sigue siendo no. Pero con matices. No son los tribunales de toda la vida, ese camino fácil en el periodismo que se rinde al aforismo británico de que “si sangra, manda”, lo que ocupan los titulares. Es la política, la economía y los bancos; son las instituciones y las empresas; es la movilidad y hasta el tiempo de ocio que enterramos en los centros comerciales.

En su toma de posesión como nueva fiscal jefe de Andalucía, hacía bien Ana Tárrago en garantizar que actuará contra la corrupción “sin influencias extrañas” porque, justamente, es la política el espacio que más alarmantemente se ha judicializado en los últimos años -por injerencias externas pero también por méritos propios- y que está desencadenando una contagiosa parálisis institucional con repercusiones tanto en la anormal inactividad que está vampirizando el día a día de las administraciones como en el propio funcionamiento de las ciudades. Granada es un ejemplo. A punto de cumplirse un año del estallido de la operación Nazarí, en los despachos se está más pendiente de lo ocurre en la Chancillería, en La Caleta y en la Comisaría que de la rutina de la gestión.

Y las consecuencias las sufrimos todos. Por muchas explicaciones tendenciosas que quieran deslizarse sobre maniobras en los tribunales para ‘influir’ en la política, por muchas afinidades y conexiones familiares que podamos construir entre fiscales, jueces y políticos, la connivencia del equipo de Torres Hurtado con los principales empresarios de la ciudad ya no se limita a una mera sospechas de favoritismo y trato de favor. Hay informes jurídicos que vendrían a demostrar cómo se perjudicaron los intereses de la ciudadanía para beneficiar a unos pocos; cómo se firmaron decretos con carácter de urgencia, sin pasar por pleno y sólo unos días antes de las elecciones, que despejaban negocios de particulares; reuniones privadas en dependencias municipales; agendas secretas con “información relevante” de quienes entonces orquestaban el urbanismo en la ciudad…

Es sólo el principio. ¿Será suficiente para justificar la caída de Torres Hurtado? ¿Para condenar penalmente? Lo que ya parece claro es que son consecuencias que no sólo las sufrimos todos, también las ‘pagamos’. En sentido figurado y literal. El brutal plan de ajuste que tiene que preparar la capital en menos de una semana para esquivar la intervención tiene el trasfondo de los 13 años de “herencia recibida” del PP pero no con una causa sencilla ni única. Y es que todo está conectado. Los tribunales, la política y la economía se han convertido en vasos comunicantes. Lo indignante es que al final sea la salida fácil del bolsillo del ciudadano la solución para la ineptitud de unos y la corrupción de otros.

La teoría de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se puede aplicar casi el rigor de un manual al terreno local. No sólo son las grandes empresas las que blindan sus negocios suscribiendo cláusulas antipérdidas -el escándalo de Magdalena Álvarez con la AP7 es uno más- con negocios ruinosos para el Estado que serían impensables en cualquier economía doméstica. ¿Qué ocurre cuando un gobierno local malvende el patrimonio de una ciudad? ¿Cuándo va en contra del interés de todos?

Así que sí. Hace bien Ana Tárrago en hacer una defensa “inquebrantable” de la Justicia frente a los “avatares políticos”. Y sí, todo empieza y acaba en los tribunales. Buceando en la maraña del caso Nazarí, me recordaba Lola Quero esta semana que la guerra entre Tomás Olivo-García Arrabal no sólo es comercial y está salpicada de denuncias. Ironías de la vida. El promotor del Nevada, acusación particular en el caso Serrallo, está a punto de cerrar una operación con la que podría quedarse con el centro comercial que se convirtió en la bandera de la familia García Arrabal. Más ironías de la vida. Si no prosperan los recursos y la Junta tiene que asumir la indemnización millonaria que le exige Olivo, el Centro Serrallo lo acabaremos comprando entre todos…

¿Pagamos entre todos el Centro Nevada?

Magdalena Trillo | 24 de julio de 2016 a las 11:39

El juez Miguel Ángel del Arco definió en su día al Centro Nevada como un “Leviatán de hierro y cemento en plena Vega de Granada”. En las antípodas de la bestia marina que cita el Antiguo Testamento, su promotor siempre ha pensado que su criatura era digna de convertirse en un referente arquitectónico si no hubiera sido por los problemas de la tramitación del proyecto y el lío judicial que ha corrido paralelo a los bloques de mármol y hormigón que durante una década han subido y bajado a golpe de contradictorias sentencias.

En los más de 370.000 metros cuadrados que coquetean ya con el megahospital del PTS, que a partir de noviembre se disputarán el colapso de tráfico y la estampa sur de la Sierra y la Alhambra, se condensa la historia de fracasos, despropósitos y hasta de mala suerte de una provincia que sigue empeñada en liderar los rankings más frustrantes y negativos de todo un país. Lo son puntualmente las listas del paro y de destrucción de empleo, lo ha sido esta semana la panorámica con los pueblos más ricos y pobres de España -Zafarraya ya tiene el título de ser el último de los últimos-, en infraestructuras hemos innovado cambiando los insólitos veranos de los conos por el paisaje tercermundista de las excavadoras en las playas y, como oportuno punto de inflexión en la interminable trama del desconcierto, ya tenemos un escándalo que sumar al guión: histórica condena contra la Junta por bloquear durante casi diez años el Centro Nevada.

157,41 millones de euros. Es el precio que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada ha fijado de “indemnización por daño emergente y lucro cesante”. 157 millones que, si no prospera el recurso, terminarán saliendo de nuestros bolsillos para engrosar las arcas de Tomás Olivo. Sí, ese mismo constructor que estuvo imputado en el caso Malaya, que fue condenado a prisión por maltratar a su ex pareja y que ha protagonizado en Granada algunos de los capítulos más polémicos de la telenovela urbanística. La multa ha desatado una nueva tormenta política que viene a reproducir en formato de ruedas de prensa lo que se comenta a pie de bar: ¿la Junta va a terminar pagando el centro comercial? Porque 157 millones es más de lo que manejan muchas consejerías al cabo de un año. Porque, con 157 millones, casi podríamos permitirnos el lujo de acabar las obras del AVE.

Pero, como ocurre en las mejores novelas negras, lo más jugoso no es lo que se cuenta sino lo que transcurre entre bambalinas. Para empezar, una advertencia. El susto de la sanción podría ser aún mayor: la empresa promotora formalizó una reclamación judicial por 270 millones y el propio constructor calcula que el perjuicio para sus negocios supera los 500. A continuación, lo inaudito: cómo es posible que la negligencia no tenga un coste. Que no haya responsables. Ni en las instituciones ni en los tribunales. Ni a nivel político ni a nivel judicial.

Las explicaciones de la Junta sólo llevan a la contradicción. Este mismo lunes anunció que recurrirá el auto: entendía que los daños por la paralización “no están acreditados”, recordaba que el propio Olivo fue condenado en la vía penal del caso -“No se puede indemnizar por daños y perjuicios a quien ha cometido un delito”- y criticaba que justo el Juzgado de la condena decretó en su momento la paralización. Eso sí, sobre el hecho de que ningún letrado de la Junta acudiera al juicio el pasado 6 de junio sólo pudo alegar que fue un “error de los servicios jurídicos”.

El grupo parlamentario de Podemos, que ha pedido las comparecencias de los consejeros de Presidencia y Hacienda, ve este escándalo como un ejemplo más del “funcionamiento ineficaz” del Gobierno andaluz y del “descontrol interno y externo” que evidencian casos como los ERE o los Cursos de Formación. El PP, por su parte, ya estudia llevar a la Junta ante la Fiscalía por si se han cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

El caso Nevada vuelve a sumirse en la confrontación política pero el trasfondo de los 157 millones apunta en otra dirección que nos debería alarmar aún más: el nulo coste que en España tiene dilapidar lo ajeno. Aunque con relativos resultados, a los políticos los hemos terminado situando en el ojo del huracán de la indignación popular. Pero ¿nos atrevemos con los intocables funcionarios? ¿Con los intocables jueces? De la negligencia al delito. De las guerras corporativas a los conflictos de intereses. ¿Corrupción? ¿Negligencia? ¿Descontrol? ¿Un inocente “error”? Hasta el debate parece tabú.

La insolencia del ladrillo

Magdalena Trillo | 31 de julio de 2010 a las 21:19

No teníamos un Algarrobico que derribar, pero sí una enorme mole de hormigón suficientemente pretenciosa e irregular como para simbolizar los desmanes urbanísticos de los años del ladrillo. Tomás Olivo, imputado por el caso Malaya, proyectó en Armilla el que debía convertirse en el centro comercial más grande de Andalucía. La cultura del dinero y la insolencia. Todo a lo grande.

Tanto que el inmenso solar urbanizable no fue suficiente y terminaron ‘comiéndose’ (por error…) más de 1.400 metros cuadrados de zonas verdes. Cuanto más mejor y a toda prisa. Cruzando las fronteras entre la legalidad y la prevaricación. Se hacía en Málaga, se hacía en toda Andalucía y se hizo en Granada.

En 2006 se produjo la denuncia, lo pidió la propia Junta de Andalucía como medida cautelar al advertir posibles irregularidades en la gestión municipal, y a finales de año llegó la paralización de las obras. Tras casi cuatro años de polémica y enfrentamiento político, el macrojuicio celebrado a finales de abril, y cuyo fallo se ha dado a conocer esta semana, deja el caso en una controvertida cuestión de formas que todos consideran una victoria y todos quieren recurrir.

 El fallo: tres condenas leves por prevaricación y un ligero derribo. El Centro Nevada perderá una de sus esquinas y será Tomás Olivo quien deberá asumir el coste. El juez sólo ordena demoler 1.446 de los 275.000 metros cuadrados del proyecto, apenas un 1% de la superficie, y condena a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación al ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y al ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, por un delito de prevaricación urbanística.

El primero seguirá ‘recolocado’ en FCC, el segundo, con menos suerte tras tantos años de servicio al partido, continuará con su excedencia de su puesto en los jardines de la Alhambra. Sin antecedentes penales, ninguno tendrá que ingresar en prisión. No han salido mal parados.

En el PSOE de Granada así lo sienten. La nota oficial es más que elocuente: “La justicia en el caso Nevada evidencia la campaña de acoso del PP”. Y critica que “Sebastián Pérez pretenda conseguir con mentiras lo que no es capaz de lograr en las urnas”. Reconozcámoslo, una nota de manual para desviar la atención.

Y en Armilla ya ‘preparan’ la fiesta. Dice el alcalde, con el mismo entusiasmo que lo hacen los empresarios, que es “una inyección de optimismo para la economía local” y una salida para los vecinos que están en paro: se crearán 2.500 empleos que aliviarán el desempleo y, digámoslo de paso, irán directos a las urnas socialistas si el complejo abre antes de las municipales.

 A la espera de saber cómo se concreta la ‘solución’ judicial, cómo se resuelven los ya anunciados recursos, qué dice la Audiencia Provincial y cómo evoluciona el contencioso por la licencia (la otra pata del caso), tal vez alguien debería empezar a preguntarse (y a planificar) cómo nos la vamos a arreglar (todos) para circular por la zona cuando el complejo abra sus puertas y el PTS, incluido el megahospital, esté a pleno funcionamiento.

 Cuatro veces al día, demasiados días a la semana, el Centro Nevada ha formado parte del paisaje urbano de mis atascos en la Circunvalación. De la Granada que no debió ser. Una Granada, metropolitana, tan desbordada como el propio complejo comercial.

Dos imágenes se cruzan en la memoria de estos años: un desolador páramo de pilares de hormigón que se multiplicaban como hormigas dejando entrever el descomunal edificio que se iba a erigir en mitad de la Vega; y los reflejos del ostentoso mármol que debía anunciar la grandeza de la obra y que acabó simbolizando su decadencia.

 No se puede cuestionar su utilidad, su necesidad, ni las virtudes de un proyecto de estas características en plena crisis. Pero sí son denunciables las chapuzas. Los apaños de los políticos, las desmesuras de los constructores y la tibieza de quienes debieran velar por la ciudad que será.