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Paco Cuenca: dos años de un mandato de transición

Magdalena Trillo | 6 de mayo de 2018 a las 10:00

El 5 de mayo de 2016, el candidato socialista a la Alcaldía de Granada consiguió 16 votos favor -un respaldo sin fisuras de todos los partidos a excepción del PP- y Rocío Díaz quedó sin opciones de relevar a Torres Hurtado para culminar el cuarto mandato de los populares en la Plaza del Carmen. De forma inesperada, en un contexto de transición, Paco Cuenca cogió el bastón de mando en una ciudad todavía abierta en canal por la crisis de la operación Nazarí y puso fin a la etapa más extensa y controvertida del gobierno local con un compromiso explícito por abrir ventanas, levantar alfombras y gestionar desde el “diálogo” y la lealtad hacia el resto de grupos con la máxima “responsabilidad” y “transparencia”.

Hoy, dos años después, no es difícil vaticinar que el PSOE correría el riesgo de quedarse (casi) solo en la votación: sus 8 concejales frente a los 11 del PP y los 4 de Ciudadanos. Puede que los socialistas consiguieran atraer a su causa al nuevo edil tránsfuga Luis de Haro y, tal vez, invocando los nostálgicos y cada vez más frágiles principios de la necesidad de unión de la izquierda, lograran la abstención de Paco Puentedura (IU) y de las dos concejales de Vamos Granada. Aunque más por estrategia, para levantar un muro contra la derecha (la vieja y la nueva), que por confianza hacia el equipo de Cuenca.

Luis Salvador ya lo advirtió en el tenso pleno de investidura con que el PSOE desembarcó en el gobierno de la capital tras la era Torres Hurtado: ni eran tiempos de reeditar experiencias fallidas como el ‘tripartito’ de Moratalla ni se extendía un cheque en blanco a los socialistas. El primer año sirvió para afrontar buena parte del catálogo de exigencias de estos particulares socios en la sombra -la formación naranja ha pivotado cómodamente en toda España con su decisión de facilitar gobiernos pero no desgastarse gobernando- con actuaciones concretas como el cierre del botellódromo, con contrapartidas efectistas como la dimisión del diputado de Deportes Mariano Lorente y con un compromiso de profunda regeneración política y económica en la gestión municipal que se ha ido diluyendo en un quiero y no puedo.

Por la minoría de unos y las zancadillas de otros, pero también por una incapacidad manifiesta para llegar a acuerdos. El equipo de Cuenca lleva dos años gestionando la ciudad con los presupuestos del PP -si ya es difícil que los políticos cumplan los programas electorales, más lo es si no se puede contar ni con un escenario propio de ingresos y gastos- y con una herencia endemoniada de crisis económica y financiera que mantiene a Granada como objetivo preferente del Ministerio de Hacienda para su intervención. A pesar de ello, del difícil punto de partida, resulta paradójico que una de las principales quejas en los grupos de la oposición -sin excepción- sea la intransigencia del equipo de gobierno, su afán de protagonismo y su inexplicable opacidad en la gestión.

Ruina municipal, falta de entendimiento en el día a día, choques más o menos velados con otras instituciones -incluidas las gobernadas por el PSOE- y continuos sobresaltos judiciales… También sorprende que la auditoría prometida para esclarecer el oscuro urbanismo de la última década se esté realizando con más solvencia en los tribunales que en las dependencias municipales y la personación en las diferentes causas que acorralan al anterior equipo del PP -es el caso Nazarí, pero es también el Serrallo, Casa Ágreda, la gestión irregular en TG7 y los contratos fantasma en Emucesa- no superen un perfil bajo de aparente obligatoriedad de estar simplemente para saber más que para actuar y para liderar el esclarecimiento de los casos en beneficio de la ciudad.

Se podría valorar que no se haya querido hacer leña del árbol caído, que se hayan separado los intereses partidistas de la responsabilidad institucional, pero no son pocos los que cuestionan (dentro y fuera de las filas socialistas) la poca contundencia con que se están enfrentando a procesos que apuntan a perjuicios millonarios.

Decía este viernes el alcalde que Granada ha recuperado “normalidad”, “tranquilidad” y la “confianza” de los ciudadanos en su ayuntamiento. “Una nueva etapa sin trampas”, tal vez, pero con ausencia de autocrítica y con un legado limitado si tenemos en cuenta que estamos ya en la cuenta atrás de las próximas municipales.

Lo más relevante que ha ocurrido en la ciudad en los últimos meses ha sido la puesta en marcha del Metro y la reversión de la fusión hospitalaria -sin un protagonismo directo por parte de la capital- y entre lo que está por venir se vislumbran luces -la llegada del legado de Lorca sigue su hoja de ruta para ser una realidad antes del 30 de junio- pero también sombras: por mucho que se presente como un éxito la gratuidad de los transbordos entre autobuses y Metro, aún está por ver que se pueda llevar a cabo la “revolución” del mapa de transporte anunciada -tampoco aquí se ha logrado el acuerdo con los grupos- y, sobre todo, anticipar si terminará sumando votos o los acabará restando.

En este punto, en este horizonte político de absoluta incertidumbre, podríamos situar, por ejemplo, el reforzamiento de Paco Cuenca dentro del PSOE asumiendo las riendas de la agrupación de la capital -si no gana lo suficiente dentro de un año para pactar y gobernar, el camino previsible apunta al Congreso o el Senado más que a la bancada de la oposición- y con esas mismas expectativas de que el juego está totalmente abierto podríamos leer los efusivos abrazos que esta misma semana se daban Luis Salvador y Sebastián Pérez en la cruz de Regina Mundi…

El legado de Lorca, quince años después

Magdalena Trillo | 24 de diciembre de 2017 a las 10:00

Granada Hoy nació un 14 de septiembre de 2003: con Ramón Ramos al frente, Grupo Joly avanzaba en su proyecto de expansión y vertebración regional con la puesta en marcha de una cabecera que se sumara a la oferta monocolor de la provincia. Sólo unos meses antes, José Torres Hurtado irrumpía en la Plaza del Carmen con una abrumadora mayoría absoluta que cerró el cuestionado gobierno tripartito del socialista José Moratalla y terminó poniendo los cimientos para más de una década de mandato de los populares.

En 2018, cuando Granada Hoy celebre su quince aniversario, podremos ser testigos del final de una de las noticias de más impacto que publicamos en aquellos primeros meses de ilusionante andadura. Miércoles 26 de noviembre: “Un gran consorcio traerá el legado de Lorca a Granada”. No fue fácil poner este titular. Ni convencer en la reunión de primera de que aquel era, sin duda, el tema del día.

Menos aún teniendo en cuenta el horizonte de sombras con que tuve que arrancar la información: “No hay fechas ni presupuestos comprometidos. Pero sí la voluntad política y el acuerdo unánime de todos los patronos de la Fundación García Lorca para trasladar el legado del poeta a Granada y construir un gran centro cultural en la Plaza de La Romanilla que se convierta en un referente de la ciudad”.

Había que creer; una cuestión de fe. Torres Hurtado no era el primer alcalde que ya en la España democrática, desde los años de Antonio Jara, había intentado la reconciliación. Y siempre sin éxito. Hace catorce años llegó el “acuerdo histórico” con los mismos intangibles que ahora: una parte de pragmatismo y de acierto y mucho de mano izquierda. No había pesadas mochilas detrás. Se negociaba desde cero, con posturas constructivas y en un clima de confianza.

Las zancadillas y las miradas de reojo llegarían después. Con la crisis, con los numerosos problemas que se cruzaron en la construcción del centro -desde el lío de la churrería colindante hasta el sobrecoste final- y, sobre todo, con el inesperado fraude que ha terminado sumándose a la cadena de despropósitos del proyecto lorquiano.

Si Torres Hurtado no hubiera caído arrastrado por un escándalo mucho mayor, la apisonadora del caso Nazarí, probablemente hoy estaríamos metidos en un duro proceso judicial para reclamar el legado. La relación entre Laura García-Lorca y el exconcejal de Cultura terminó saltando por los aires y se volaron todos los puentes entre el Ayuntamiento y la Fundación.

Si dejamos de lado hasta qué punto las instituciones habrán tenido que admitir “pulpo como animal de compañía” -se irá viendo cuando salga a la luz la letra pequeña del acuerdo-, hoy estamos ante en el mismo escenario de inflexión que se produjo en 2003: se ha puesto fecha a la llegada del legado porque así lo han hecho posible quienes hoy están al frente del Ayuntamiento, de la Junta y de la Diputación. Hablo del partido y de las personas.

La historia se repite justo al revés: el PP de José María Aznar sorprendió en su día con la inesperada foto en Moncloa que activaba el calendario para la llegada del legado y ahora son los socialistas quienes han sido capaces de tomar el relevo enterrando dos años de bloqueo y de duro conflicto con la familia del poeta. Salvo contratiempos mayúsculos, como la recurrente moción de censura con que amenaza el PP -la decisión de este viernes de tumbar las ordenanzas fiscales es un aviso-, será el actual alcalde quien gestione y rentabilice las fotos históricas que se sucederán a lo largo de los próximos meses. Así es la vida; así es la política. Es doloroso llegar (lo sabe Cuenca) pero más lo es el vacío de la ausencia (lo sabe García Montero).

A la espera de ver cómo se resuelve el desfalco del exsecretario Juan Tomás Martín, la Fundación Lorca podrá empezar a empaquetar el archivo en la Residencia de Estudiantes de Madrid y a quitar las telarañas en la cámara acorazada del Centro de la Romanilla. El final no está escrito pero sí decidido y, echando la vista atrás, creo que es justo reconocer que es mucho; muchísimo.

Al final pagamos todos

Magdalena Trillo | 2 de abril de 2017 a las 10:30

El otro día me llamo un buen amigo, tan crítico y adicto a la prensa como quienes estamos detrás, para plantearme si no creía que estábamos dándole demasiado espacio a los tribunales. Primero contesté a la defensiva: por supuesto que no; la actualidad manda. Después lo he pensado y la respuesta sigue siendo no. Pero con matices. No son los tribunales de toda la vida, ese camino fácil en el periodismo que se rinde al aforismo británico de que “si sangra, manda”, lo que ocupan los titulares. Es la política, la economía y los bancos; son las instituciones y las empresas; es la movilidad y hasta el tiempo de ocio que enterramos en los centros comerciales.

En su toma de posesión como nueva fiscal jefe de Andalucía, hacía bien Ana Tárrago en garantizar que actuará contra la corrupción “sin influencias extrañas” porque, justamente, es la política el espacio que más alarmantemente se ha judicializado en los últimos años -por injerencias externas pero también por méritos propios- y que está desencadenando una contagiosa parálisis institucional con repercusiones tanto en la anormal inactividad que está vampirizando el día a día de las administraciones como en el propio funcionamiento de las ciudades. Granada es un ejemplo. A punto de cumplirse un año del estallido de la operación Nazarí, en los despachos se está más pendiente de lo ocurre en la Chancillería, en La Caleta y en la Comisaría que de la rutina de la gestión.

Y las consecuencias las sufrimos todos. Por muchas explicaciones tendenciosas que quieran deslizarse sobre maniobras en los tribunales para ‘influir’ en la política, por muchas afinidades y conexiones familiares que podamos construir entre fiscales, jueces y políticos, la connivencia del equipo de Torres Hurtado con los principales empresarios de la ciudad ya no se limita a una mera sospechas de favoritismo y trato de favor. Hay informes jurídicos que vendrían a demostrar cómo se perjudicaron los intereses de la ciudadanía para beneficiar a unos pocos; cómo se firmaron decretos con carácter de urgencia, sin pasar por pleno y sólo unos días antes de las elecciones, que despejaban negocios de particulares; reuniones privadas en dependencias municipales; agendas secretas con “información relevante” de quienes entonces orquestaban el urbanismo en la ciudad…

Es sólo el principio. ¿Será suficiente para justificar la caída de Torres Hurtado? ¿Para condenar penalmente? Lo que ya parece claro es que son consecuencias que no sólo las sufrimos todos, también las ‘pagamos’. En sentido figurado y literal. El brutal plan de ajuste que tiene que preparar la capital en menos de una semana para esquivar la intervención tiene el trasfondo de los 13 años de “herencia recibida” del PP pero no con una causa sencilla ni única. Y es que todo está conectado. Los tribunales, la política y la economía se han convertido en vasos comunicantes. Lo indignante es que al final sea la salida fácil del bolsillo del ciudadano la solución para la ineptitud de unos y la corrupción de otros.

La teoría de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se puede aplicar casi el rigor de un manual al terreno local. No sólo son las grandes empresas las que blindan sus negocios suscribiendo cláusulas antipérdidas -el escándalo de Magdalena Álvarez con la AP7 es uno más- con negocios ruinosos para el Estado que serían impensables en cualquier economía doméstica. ¿Qué ocurre cuando un gobierno local malvende el patrimonio de una ciudad? ¿Cuándo va en contra del interés de todos?

Así que sí. Hace bien Ana Tárrago en hacer una defensa “inquebrantable” de la Justicia frente a los “avatares políticos”. Y sí, todo empieza y acaba en los tribunales. Buceando en la maraña del caso Nazarí, me recordaba Lola Quero esta semana que la guerra entre Tomás Olivo-García Arrabal no sólo es comercial y está salpicada de denuncias. Ironías de la vida. El promotor del Nevada, acusación particular en el caso Serrallo, está a punto de cerrar una operación con la que podría quedarse con el centro comercial que se convirtió en la bandera de la familia García Arrabal. Más ironías de la vida. Si no prosperan los recursos y la Junta tiene que asumir la indemnización millonaria que le exige Olivo, el Centro Serrallo lo acabaremos comprando entre todos…

El poder de la UDEF

Magdalena Trillo | 11 de diciembre de 2016 a las 10:30

Buena parte de la actualidad informativa que ha marcado el último año en Granada ha tenido un factor común: el trabajo de investigación de la Policía sobre presuntos casos de corrupción. Si recordamos la firmeza con que el PP dejó caer a Torres Hurtado en el caso Nazarí, uno de los argumentos clave fue justamente el prestigio y la seriedad que se presupone a la actuación de la UDEF. Por encima, incluso, de conocidas rivalidades entre cuerpos y del cuestionado modus operandi con que se llegaron a desarrollar algunas de sus operaciones convirtiéndose en capítulos efectistas de mala televisión más que en piezas de apertura de un informativo.

Pero si lo sospecha la UDEF… Uno de los casos más controvertidos es justamente el de la presunta trama de corrupción urbanística que ha puesto bajo sospecha más de una década de gestión del PP en el Ayuntamiento de la capital y, al margen de lo que la jueza finalmente determine, ya se ha llevado por delante a algunas de las empresas más importantes de la ciudad. La caída de García Arrabal ha sido realmente demoledora. Atravesar la circunvalación y ver el imponente edificio de su sede con el cartel de “Se vende” tal vez sea una de las imágenes más significativas sobre los efectos colaterales que la investigación policial y judicial está provocando de forma precipitada, con la incógnita de si habrá estado justificado y con la connivencia inconsciente de todos… Y aquí nos incluyo, literalmente, a todos: a los medios de comunicación por el perverso efecto que se produce cada vez que cumplimos con nuestra obligación de informar contando qué dicen los informes policiales, hacia dónde apunta la investigación y qué sostiene el trabajo de los jueces; y a todos nosotros, los ciudadanos, los lectores, que nos hemos transmutado en una opinión pública talibán ávida de escarnio y de condenas sin cuestionarnos si quiera si son inocentes. Porque la pregunta es bien sencilla: si al final García Arrabal queda limpio de todo, ¿los jueces y la policía le devolverán su empresa? ¿lo haremos nosotros?

El ‘caso Alhambra’ es aún más controvertido. La investigación por la supuesta adjudicación irregular del servicio de audioguías obligó a dimitir a Mar Villafranca hace dos veranos y prácticamente supuso su ocaso político. Les confieso que cada vez que publicamos algún avance sobre el trabajo policial se produce un terremoto de indignación. Y no es un caso aislado. Son ya varios los afectados que se han dirigido al periódico para desmentir las afirmaciones que realiza la Policía en sus informes e, incluso, han aportado documentación sobre supuestos errores a la hora de establecer las relaciones de parentesco y las vinculaciones entre el Patronato y las empresas que operan con el organismo gestor. Son nombres de profesionales y nombres de empresas que aparecen en supuestas tramas criminales y de tráfico de influencias con el daño que ello supone para su propia supervivencia sin que, de momento, hayan sido condenados. En algún caso nos aseguran, incluso, que no han tenido ningún tipo de requerimiento por parte de la Policía, que no les han solicitud documentos, que no han tenido la posibilidad de contrarrestar los argumentos, sospechas o datos que se apuntan en los informes. Los supuestos delitos que se van construyendo con indicios y pruebas más o menos sólidas.

¿Un culpable reconocería a la opinión pública que lo es? ¿Son inocentes porque así lo aseguren exigiendo una rectificación? No es a los medios a quienes nos corresponde responder a un interrogante que habrá de determinar un juez, pero tal vez sí poner el acento en el debate sobre las graves consecuencias que se desencadenan por el camino e, incluso, introducir dentro de la ecuación que ni la Justicia ni la Policía son infalibles. No hablo de intencionalidad y mucho menos de conspiración; simplemente me detengo en algo tan básico como la humana posibilidad de cometer un error.

Me pregunto si todo esto vendrá a formar parte de aquello que Bernard de Mandeville ya apuntaba a comienzos del XVIII en su conocida Fábula de las abejas. De cómo los vicios, las distorsiones, los conflictos, contribuyen a que funcione el sistema: “Había una colmena que se parecía a una sociedad humana bien ordenada. No faltaban en ella ni los bribones, ni los malos médicos, ni los malos sacerdotes, ni los malos soldados, ni los malos ministros. Por descontado tenía una mala reina. Todos los días se cometían fraudes en esta colmena; y la justicia, llamada a reprimir la corrupción, era ella misma corruptible. En suma, cada profesión y cada estamento, estaban llenos de vicios. Pero la nación no era por ello menos próspera y fuerte”.

Se pueden imaginar qué ocurrió cuando el bien supremo se apoderó de todo y se acabó el fraude, las enfermedades, los excesos… Entonces dejaron de necesitarse médicos, abogados, jueces… Llegó la desolación. La ruina. Y es que las colmenas honradas no son sostenibles. No en nuestra sociedad viciosa e imperfecta.

Nos vemos en los tribunales

Magdalena Trillo | 30 de marzo de 2014 a las 12:38

ISABEL Nieto tiene fama de dura. Puede que entre todos hayamos inventado una leyenda urbana, pero media Granada sabe que desde que ella tomó las riendas de Urbanismo en la capital no hay ‘comidas de trabajo’. La explicación es un arrebato de sentido común: cualquier tema que se hable entre vinos ha de poder discutirse en una oficina municipal con la presencia de los técnicos. Le podemos llamar propuestas, presiones, prebendas… y podemos ir de los corredores de fincas que cerraban los tratos entre la nebulosa de la manzanilla y el dominó hasta la colección de maletines que ha terminado escribiendo la historia judicial de demasiados ayuntamientos de España.

El resultado es el peso de una tradición de la que es difícil escapar. Tal vez por ello y por la seriedad con que la edil se ha movido hasta ahora (no le ha salpicado ni el ‘caso del Cerrillo’ que ha puesto contra las cuerdas al propio alcalde y a toda la cúpula de su área), ha sorprendido la denuncia que realizó esta semana sobre las supuestas coacciones que sus funcionarios están recibiendo para “intimidarles” e incidir en su “imparcialidad” en la tramitación de expedientes como el que afecta al centro Serrallo. Nieto no sólo recriminó a IU que haya presentado unas alegaciones en las que viene a acusar a los técnicos de “cubrir delitos” y “delinquir” sino que desveló llamadas telefónicas de particulares “de muy malas formas” que están generando una presión inadmisible.

El asunto, que está ya en manos de los asesores jurídicos del Ayuntamiento, puede acabar en los tribunales. Y parece que con razón. El problema es que estamos en un momento de la vida pública en el que tanto se ha difuminado el muro que debía separar la política y la justicia que cada vez es más difícil saber cuándo estamos en la guerra de confrontación y cuándo se ha sobrepasado la línea que ha de justificar la acción de la justicia: cuándo los políticos hacen política y cuándo se aprovechan de los tribunales; cuándo lo jueces hacen justicia y cuándo se inmiscuyen en la política.

Lo menos que se puede decir de Alaya en su especial instrucción del caso de los ERE es que es una “juez peculiar“; lo último que el juez Moreno ha dicho del Ayuntamiento de Armilla y de la agencia Idea de la Junta es que “sorprende” que no se hayan personado en la causa de los vertidos fecales del Parque de la Salud. Que lo hiciera Antonio Ayllón (PP) cuando tenía la Alcaldía y que, tras la moción de censura, no lo ha haya hecho el equipo de Gerardo Sánchez (PSOE). Porque sólo la ‘ilógica’ de la política y los intereses partidistas podrían explicar que el municipio esté perjudicado por unos hechos presuntamente delictivos y, unos meses después, con un cambio de color en la corporación, se olvide todo el asunto.

En la capital, Torres Hurtado lleva buena parte de su tercer mandato criticando a la oposición, especialmente al grupo socialista, que se haya obcecado en intentar ganar en los tribunales (con bastante poca fortuna) lo que le niegan las urnas y, en la provincia, tenemos ya tantos ejemplos de guerras internas y de mociones de censura por corrupción que ni es fácil creer a unos ni confiar en otros.

A pesar de todo, y hasta de ellos mismos, la Justicia se mantiene como el último bastión de los ciudadanos en un intento -tal vez iluso- de preservar la credibilidad en el sistema. La última encuesta del Egopa constata el hartazgo ciudadano en una escala que va de la “desconfianza” y la “irritación” al “aburrimiento”; ocho de cada diez granadinos confiesan que no se identifican con ningún partido político y la incógnita no es ya si gana PSOE o PP sino quién pierde más votantes.

Lo más desalentador de todo es tener que comprobar que, si quieren, pueden. Me refiero a Aznalcóllar, un conflicto que prometía dejarnos meses de confrontación política mientras se dirimía en el Constitucional y que se ha resuelto con unas llamadas de teléfono y una buena dosis de responsabilidad y de seriedad. ¿Tan difícil es seguir el ejemplo?

En el último pleno de la capital se han analizado 105 puntos y sólo se han alcanzado cuatro acuerdos, uno de ellos para que el Gobierno de Rajoy baje el IVA a los peluqueros y otro para decirle a la Junta que elimine la obligación de que los perros lleven bozal…

Puestos a vernos en los tribunales, estaría bien que sirviera para saber hasta qué punto nos están tomando el pelo… Unos y otros… Puede que la Justicia no sea la salvación pero es evidente que ganamos todos si la preservamos de la confrontación. Respetándola cuando nos dé la razón y cuando no (incluido Artur Mas) y limitando al máximo los casos de impunidad.