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Al final pagamos todos

Magdalena Trillo | 2 de abril de 2017 a las 10:30

El otro día me llamo un buen amigo, tan crítico y adicto a la prensa como quienes estamos detrás, para plantearme si no creía que estábamos dándole demasiado espacio a los tribunales. Primero contesté a la defensiva: por supuesto que no; la actualidad manda. Después lo he pensado y la respuesta sigue siendo no. Pero con matices. No son los tribunales de toda la vida, ese camino fácil en el periodismo que se rinde al aforismo británico de que “si sangra, manda”, lo que ocupan los titulares. Es la política, la economía y los bancos; son las instituciones y las empresas; es la movilidad y hasta el tiempo de ocio que enterramos en los centros comerciales.

En su toma de posesión como nueva fiscal jefe de Andalucía, hacía bien Ana Tárrago en garantizar que actuará contra la corrupción “sin influencias extrañas” porque, justamente, es la política el espacio que más alarmantemente se ha judicializado en los últimos años -por injerencias externas pero también por méritos propios- y que está desencadenando una contagiosa parálisis institucional con repercusiones tanto en la anormal inactividad que está vampirizando el día a día de las administraciones como en el propio funcionamiento de las ciudades. Granada es un ejemplo. A punto de cumplirse un año del estallido de la operación Nazarí, en los despachos se está más pendiente de lo ocurre en la Chancillería, en La Caleta y en la Comisaría que de la rutina de la gestión.

Y las consecuencias las sufrimos todos. Por muchas explicaciones tendenciosas que quieran deslizarse sobre maniobras en los tribunales para ‘influir’ en la política, por muchas afinidades y conexiones familiares que podamos construir entre fiscales, jueces y políticos, la connivencia del equipo de Torres Hurtado con los principales empresarios de la ciudad ya no se limita a una mera sospechas de favoritismo y trato de favor. Hay informes jurídicos que vendrían a demostrar cómo se perjudicaron los intereses de la ciudadanía para beneficiar a unos pocos; cómo se firmaron decretos con carácter de urgencia, sin pasar por pleno y sólo unos días antes de las elecciones, que despejaban negocios de particulares; reuniones privadas en dependencias municipales; agendas secretas con “información relevante” de quienes entonces orquestaban el urbanismo en la ciudad…

Es sólo el principio. ¿Será suficiente para justificar la caída de Torres Hurtado? ¿Para condenar penalmente? Lo que ya parece claro es que son consecuencias que no sólo las sufrimos todos, también las ‘pagamos’. En sentido figurado y literal. El brutal plan de ajuste que tiene que preparar la capital en menos de una semana para esquivar la intervención tiene el trasfondo de los 13 años de “herencia recibida” del PP pero no con una causa sencilla ni única. Y es que todo está conectado. Los tribunales, la política y la economía se han convertido en vasos comunicantes. Lo indignante es que al final sea la salida fácil del bolsillo del ciudadano la solución para la ineptitud de unos y la corrupción de otros.

La teoría de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se puede aplicar casi el rigor de un manual al terreno local. No sólo son las grandes empresas las que blindan sus negocios suscribiendo cláusulas antipérdidas -el escándalo de Magdalena Álvarez con la AP7 es uno más- con negocios ruinosos para el Estado que serían impensables en cualquier economía doméstica. ¿Qué ocurre cuando un gobierno local malvende el patrimonio de una ciudad? ¿Cuándo va en contra del interés de todos?

Así que sí. Hace bien Ana Tárrago en hacer una defensa “inquebrantable” de la Justicia frente a los “avatares políticos”. Y sí, todo empieza y acaba en los tribunales. Buceando en la maraña del caso Nazarí, me recordaba Lola Quero esta semana que la guerra entre Tomás Olivo-García Arrabal no sólo es comercial y está salpicada de denuncias. Ironías de la vida. El promotor del Nevada, acusación particular en el caso Serrallo, está a punto de cerrar una operación con la que podría quedarse con el centro comercial que se convirtió en la bandera de la familia García Arrabal. Más ironías de la vida. Si no prosperan los recursos y la Junta tiene que asumir la indemnización millonaria que le exige Olivo, el Centro Serrallo lo acabaremos comprando entre todos…

El poder de la UDEF

Magdalena Trillo | 11 de diciembre de 2016 a las 10:30

Buena parte de la actualidad informativa que ha marcado el último año en Granada ha tenido un factor común: el trabajo de investigación de la Policía sobre presuntos casos de corrupción. Si recordamos la firmeza con que el PP dejó caer a Torres Hurtado en el caso Nazarí, uno de los argumentos clave fue justamente el prestigio y la seriedad que se presupone a la actuación de la UDEF. Por encima, incluso, de conocidas rivalidades entre cuerpos y del cuestionado modus operandi con que se llegaron a desarrollar algunas de sus operaciones convirtiéndose en capítulos efectistas de mala televisión más que en piezas de apertura de un informativo.

Pero si lo sospecha la UDEF… Uno de los casos más controvertidos es justamente el de la presunta trama de corrupción urbanística que ha puesto bajo sospecha más de una década de gestión del PP en el Ayuntamiento de la capital y, al margen de lo que la jueza finalmente determine, ya se ha llevado por delante a algunas de las empresas más importantes de la ciudad. La caída de García Arrabal ha sido realmente demoledora. Atravesar la circunvalación y ver el imponente edificio de su sede con el cartel de “Se vende” tal vez sea una de las imágenes más significativas sobre los efectos colaterales que la investigación policial y judicial está provocando de forma precipitada, con la incógnita de si habrá estado justificado y con la connivencia inconsciente de todos… Y aquí nos incluyo, literalmente, a todos: a los medios de comunicación por el perverso efecto que se produce cada vez que cumplimos con nuestra obligación de informar contando qué dicen los informes policiales, hacia dónde apunta la investigación y qué sostiene el trabajo de los jueces; y a todos nosotros, los ciudadanos, los lectores, que nos hemos transmutado en una opinión pública talibán ávida de escarnio y de condenas sin cuestionarnos si quiera si son inocentes. Porque la pregunta es bien sencilla: si al final García Arrabal queda limpio de todo, ¿los jueces y la policía le devolverán su empresa? ¿lo haremos nosotros?

El ‘caso Alhambra’ es aún más controvertido. La investigación por la supuesta adjudicación irregular del servicio de audioguías obligó a dimitir a Mar Villafranca hace dos veranos y prácticamente supuso su ocaso político. Les confieso que cada vez que publicamos algún avance sobre el trabajo policial se produce un terremoto de indignación. Y no es un caso aislado. Son ya varios los afectados que se han dirigido al periódico para desmentir las afirmaciones que realiza la Policía en sus informes e, incluso, han aportado documentación sobre supuestos errores a la hora de establecer las relaciones de parentesco y las vinculaciones entre el Patronato y las empresas que operan con el organismo gestor. Son nombres de profesionales y nombres de empresas que aparecen en supuestas tramas criminales y de tráfico de influencias con el daño que ello supone para su propia supervivencia sin que, de momento, hayan sido condenados. En algún caso nos aseguran, incluso, que no han tenido ningún tipo de requerimiento por parte de la Policía, que no les han solicitud documentos, que no han tenido la posibilidad de contrarrestar los argumentos, sospechas o datos que se apuntan en los informes. Los supuestos delitos que se van construyendo con indicios y pruebas más o menos sólidas.

¿Un culpable reconocería a la opinión pública que lo es? ¿Son inocentes porque así lo aseguren exigiendo una rectificación? No es a los medios a quienes nos corresponde responder a un interrogante que habrá de determinar un juez, pero tal vez sí poner el acento en el debate sobre las graves consecuencias que se desencadenan por el camino e, incluso, introducir dentro de la ecuación que ni la Justicia ni la Policía son infalibles. No hablo de intencionalidad y mucho menos de conspiración; simplemente me detengo en algo tan básico como la humana posibilidad de cometer un error.

Me pregunto si todo esto vendrá a formar parte de aquello que Bernard de Mandeville ya apuntaba a comienzos del XVIII en su conocida Fábula de las abejas. De cómo los vicios, las distorsiones, los conflictos, contribuyen a que funcione el sistema: “Había una colmena que se parecía a una sociedad humana bien ordenada. No faltaban en ella ni los bribones, ni los malos médicos, ni los malos sacerdotes, ni los malos soldados, ni los malos ministros. Por descontado tenía una mala reina. Todos los días se cometían fraudes en esta colmena; y la justicia, llamada a reprimir la corrupción, era ella misma corruptible. En suma, cada profesión y cada estamento, estaban llenos de vicios. Pero la nación no era por ello menos próspera y fuerte”.

Se pueden imaginar qué ocurrió cuando el bien supremo se apoderó de todo y se acabó el fraude, las enfermedades, los excesos… Entonces dejaron de necesitarse médicos, abogados, jueces… Llegó la desolación. La ruina. Y es que las colmenas honradas no son sostenibles. No en nuestra sociedad viciosa e imperfecta.

Nos vemos en los tribunales

Magdalena Trillo | 30 de marzo de 2014 a las 12:38

ISABEL Nieto tiene fama de dura. Puede que entre todos hayamos inventado una leyenda urbana, pero media Granada sabe que desde que ella tomó las riendas de Urbanismo en la capital no hay ‘comidas de trabajo’. La explicación es un arrebato de sentido común: cualquier tema que se hable entre vinos ha de poder discutirse en una oficina municipal con la presencia de los técnicos. Le podemos llamar propuestas, presiones, prebendas… y podemos ir de los corredores de fincas que cerraban los tratos entre la nebulosa de la manzanilla y el dominó hasta la colección de maletines que ha terminado escribiendo la historia judicial de demasiados ayuntamientos de España.

El resultado es el peso de una tradición de la que es difícil escapar. Tal vez por ello y por la seriedad con que la edil se ha movido hasta ahora (no le ha salpicado ni el ‘caso del Cerrillo’ que ha puesto contra las cuerdas al propio alcalde y a toda la cúpula de su área), ha sorprendido la denuncia que realizó esta semana sobre las supuestas coacciones que sus funcionarios están recibiendo para “intimidarles” e incidir en su “imparcialidad” en la tramitación de expedientes como el que afecta al centro Serrallo. Nieto no sólo recriminó a IU que haya presentado unas alegaciones en las que viene a acusar a los técnicos de “cubrir delitos” y “delinquir” sino que desveló llamadas telefónicas de particulares “de muy malas formas” que están generando una presión inadmisible.

El asunto, que está ya en manos de los asesores jurídicos del Ayuntamiento, puede acabar en los tribunales. Y parece que con razón. El problema es que estamos en un momento de la vida pública en el que tanto se ha difuminado el muro que debía separar la política y la justicia que cada vez es más difícil saber cuándo estamos en la guerra de confrontación y cuándo se ha sobrepasado la línea que ha de justificar la acción de la justicia: cuándo los políticos hacen política y cuándo se aprovechan de los tribunales; cuándo lo jueces hacen justicia y cuándo se inmiscuyen en la política.

Lo menos que se puede decir de Alaya en su especial instrucción del caso de los ERE es que es una “juez peculiar“; lo último que el juez Moreno ha dicho del Ayuntamiento de Armilla y de la agencia Idea de la Junta es que “sorprende” que no se hayan personado en la causa de los vertidos fecales del Parque de la Salud. Que lo hiciera Antonio Ayllón (PP) cuando tenía la Alcaldía y que, tras la moción de censura, no lo ha haya hecho el equipo de Gerardo Sánchez (PSOE). Porque sólo la ‘ilógica’ de la política y los intereses partidistas podrían explicar que el municipio esté perjudicado por unos hechos presuntamente delictivos y, unos meses después, con un cambio de color en la corporación, se olvide todo el asunto.

En la capital, Torres Hurtado lleva buena parte de su tercer mandato criticando a la oposición, especialmente al grupo socialista, que se haya obcecado en intentar ganar en los tribunales (con bastante poca fortuna) lo que le niegan las urnas y, en la provincia, tenemos ya tantos ejemplos de guerras internas y de mociones de censura por corrupción que ni es fácil creer a unos ni confiar en otros.

A pesar de todo, y hasta de ellos mismos, la Justicia se mantiene como el último bastión de los ciudadanos en un intento -tal vez iluso- de preservar la credibilidad en el sistema. La última encuesta del Egopa constata el hartazgo ciudadano en una escala que va de la “desconfianza” y la “irritación” al “aburrimiento”; ocho de cada diez granadinos confiesan que no se identifican con ningún partido político y la incógnita no es ya si gana PSOE o PP sino quién pierde más votantes.

Lo más desalentador de todo es tener que comprobar que, si quieren, pueden. Me refiero a Aznalcóllar, un conflicto que prometía dejarnos meses de confrontación política mientras se dirimía en el Constitucional y que se ha resuelto con unas llamadas de teléfono y una buena dosis de responsabilidad y de seriedad. ¿Tan difícil es seguir el ejemplo?

En el último pleno de la capital se han analizado 105 puntos y sólo se han alcanzado cuatro acuerdos, uno de ellos para que el Gobierno de Rajoy baje el IVA a los peluqueros y otro para decirle a la Junta que elimine la obligación de que los perros lleven bozal…

Puestos a vernos en los tribunales, estaría bien que sirviera para saber hasta qué punto nos están tomando el pelo… Unos y otros… Puede que la Justicia no sea la salvación pero es evidente que ganamos todos si la preservamos de la confrontación. Respetándola cuando nos dé la razón y cuando no (incluido Artur Mas) y limitando al máximo los casos de impunidad.