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También la verdad se inventa

Magdalena Trillo | 16 de abril de 2017 a las 11:06

¿Se imagina al Papa enviando un WhatsApp a un joven diciéndole que no le localiza y que seguirá intentándolo? Ocurrió. El 10 de agosto de 2014. A las 17.32 de la tarde. “Querido David: Soy el padre Jorge, bueno, el papa Francisco. Te he llamado y no contestas. Esta tarde lo volveré a intentar. Un abrazo de paz”.

Lo sabemos ahora. Tres años después. Cuando la justicia ha sentenciado que el padre Román no es culpable de abusos sexuales. Cuando el polémico cura del Zaidín, el líder del clan de los Romanones, ha quedado absuelto “ante la falta, total y absoluta, de pruebas” y la aplastante debilidad del testimonio del denunciante. Después de escuchar a 40 testigos y 14 peritos en una de las causas más mediáticas que se han celebrado en la Audiencia Provincial.

Daniel (nombre ficticio de David) ha situado Granada en el vergonzoso mapa de la pederastia desencadenando el mayor juicio contra el abuso de menores que ha afectado hasta ahora a la Iglesia española, ha motivado la intervención directa del Papa -lo llegaría a llamar por teléfono para pedirle perdón y animarlo a acudir a los tribunales- y ha contribuido a romper un velo de secretismo y complicidad en los estamentos eclesiásticos que ya no tiene vuelta atrás.

granadahoy daniel

Puede que ésta sea la mayor justicia del caso Romanones; lo que ha ocurrido en paralelo al juicio. Espoleando las conciencias. Sensibilizando. Rompiendo tabúes. Obligándonos a dar un paso más allá del insistente debate sobre la presunción de inocencia y las ‘penas’ de telediario.

Porque la verdad de Daniel nunca fue la verdad del padre Román. Ni siquiera la del Papa Francisco cuando proclamó aquello de “la verdad es la verdad y no debe esconderse”. El mensaje de WhatsApp ha terminado siendo más que una anécdota porque el joven denunciante, que supuestamente sufrió abusos entre 2004 y 2007 cuando era menor de edad, siempre había mantenido que la comunicación con el Pontífice se produjo el día 24, dos semanas después. ¿Por qué ocultarlo? ¿Lo ha olvidado? ¿Sólo esta parte o todo el relato? ¿Hubo una historia real que se ha magnificado, adornado, acrecentado y reconstruido para sostener la acusación penal?

Son datos “objetivos” sobre los que no cabría la duda. Como el examen del forense que reveló que el sacerdote no tenía una cicatriz en la rodilla, ni una pequeña mancha de color café en la piel que envuelve el pene, ni está operado de fimosis… No son detalles morbosos con los que ocupar titulares en un tabloide; son hechos comprobables que van dibujando el plano de lo demostrable sobre los que un tribunal edifica una sentencia. Destapando incongruencias. Sacando a la luz las contradicciones. ¿Las mentiras?

padre román

Primero fue el varapalo de la prescripción de delitos -inicialmente estaban imputados diez sacerdotes y dos laicos- y, después de un agónico juicio, Daniel ha terminado siendo su peor testigo. El caso Romanones ha concluido como se esperaba desde aquella mañana en que el fiscal giró su interrogatorio y lo focalizó en Daniel .Y tanto lo puso contra las cuerdas, tanto lo hizo tambalearse, que en su alegato final llegó a decir que era “imposible saber” si se habían producido abusos sexuales o había una “conspiración del Opus Dei”. No sólo no se acreditaban los hechos denunciados; se apuntaban “motivos espúreos” en el origen del caso.

Probablemente, todo no ha sido tan “espontáneo” como parecía… ¿Lo es alguna vez? ¿Pero eso significa que nada ocurrió? ¿Es el padre Román el “santo” que ya reivindican los feligreses de su parroquia? Y, por mucho que se resistan a que hablemos de “clan” y de “secta”, ¿es normal ese ambiente de familiaridad entre curas y monaguillos? Las propiedades que manejaban, las convivencias que organizaban, ese derroche de “amor fraternal” después de las homilías…

Sin pensar, seguro, en el mundo judicial, sentenció Machado que “se miente más de la cuenta”; que “también la verdad se inventa”. Ocurre con las que se fabrican; pero también con las que se desmontan. Porque ninguna verdad lo es de forma absoluta. Porque son volubles y maleables. Con sombras. Incluso las que emanan de un tribunal.

arzobispo

Tolerancia cero con la pederastia

Magdalena Trillo | 23 de noviembre de 2014 a las 13:26

EL Vaticano ha recibido en la última década más de 4.000 denuncias por casos de pederastia en todo el mundo. Un grupo de expertos norteamericanos calcula que el coste por indemnizaciones a las víctimas, terapias, seguimiento de agresores y asesoramientos legales supera ya los 2.000 millones de dólares y ha llevado a la bancarrota a multitud de diócesis, sobre todo en Estados Unidos. El escándalo que se ha destapado esta semana en Granada es, lamentablemente, uno más que sumar a esta vergonzosa y aberrante realidad que sigue soportando la Iglesia Católica sin que haya sido capaz de articular una respuesta canónica contundente, coordinada y compartida.

El coste moral y social para la institución es incalculable, pero más grave e irreparable es el daño que se ha infligido a las víctimas marcándolas para siempre y provocando, incluso, que haya quienes no han encontrado otra salida a su desesperación que quitarse la vida. También en este punto la denuncia realizada este verano por un joven granadino de 24 años asegurando haber sufrido abusos sexuales cuando era monaguillo y llegó a convivir con varios sacerdotes en una casa parroquial de la capital -desde los 13 o 14 hasta la mayoría de edad- refleja la impotencia e inexplicable desamparo que ha tenido que superar para sacar a la luz su caso e intentar que los responsables no queden impunes.

La respuesta no la ha hallado en Granada ni de mano de los responsables directos de ‘su’ Iglesia; ha sido el propio Papa Francisco quien ha tenido que intervenir, quien le ha pedido perdón (le ha llamado personalmente en dos ocasiones) y quien le animó en agosto a que recurriera a los tribunales. Porque una cosa es el pecado y otra bien distinta es el delito y porque, desde el papado de Ratzinger, “los trapos sucios de la Iglesia ya no se lavan en casa”.

Benedicto XVI decretó la tolerancia cero contra la pederastia, se atrevió a castigar al todopoderoso fundador de los Legionarios de Cristo -el mexicano Marcial Maciel- y aprobó una reforma que introducía la ampliación de diez a veinte años el periodo en el que poder denunciar los abusos al tiempo que se condenaba la adquisición, posesión y difusión por parte del clero de imágenes pornográficas con menores.

El Papa Francisco ha ido más allá: el pasado año aprobó una reforma del código penal de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano definiendo mejor los delitos contra menores. En los dos casos se parte de una convicción que debiera parecer una obviedad pero que choca abiertamente con los grupos más conservadores de la Iglesia: el perdón no sustituye a la justicia.

En este punto radica el conflicto que se ha abierto entre Roma y Granada por la gestión del caso de Daniel -hoy mismo está el arzobispo en el Vaticano dando explicaciones ante la Congregación para la Doctrina de la Fe- y que viene a sumarse al desconcierto y sensacionalismo informativo que se ha vivido en los medios y en la opinión pública durante toda la semana.

Judicialmente, la causa quedó blindada desde el mismo momento en que la denuncia llegó a los tribunales -la víctima recurrió a mediados de octubre a la Fiscalía Superior de Andalucía, que encargó unas investigaciones preliminares y la derivó de inmediato a la Fiscalía Provincial para su correspondiente tramitación- y el juez acordó decretar el secreto de sumario, una decisión absolutamente justificada por la gravedad del caso y la necesidad de evitar que se interfiriera en la investigación garantizando que las pruebas no se contaminaran. En paralelo, resulta difícil de entender que se hayan filtrado datos delicados del expediente eclesiástico mientras el máximo responsable de la Iglesia en Granada, monseñor Javier Martínez, guardaba un inexplicable silencio y permitía que la denuncia se convirtiera en un escándalo nacional y ponía en cuestión su propia diligencia para afrontar el caso.

La consecuencia de todo ello ha sido una contraproducente falta de información que poco está contribuyendo a ese objetivo último compartido de intentar que se haga justicia preservando a la víctima -o víctimas porque el propio denunciante apunta a otros cuatro posibles afectados- y salvaguardando la presunción de inocencia de los todavía sospechosos. Se ha hablado, por ejemplo, de una trama de pederastia cuando la Policía Judicial está en plena investigación, aún está recabando testimonios y pruebas, no hay imputados y, de momento, no han trascendido detenciones. Hasta el portavoz de la Fiscalía Provincial llegó a enviar un comunicado a los medios alertando de que se estaban publicando noticias, en algunos casos tergiversadas y con datos erróneos, que podrían afectar a la continuidad de las diligencias impulsadas desde el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada.

En este despropósito de sensacionalismo y desinformación hemos contribuido todos y todos deberíamos realizar autocrítica sobre el papel que la justicia, las instituciones y los medios estamos desempeñando para hacer frente a lo que no es sino otra gravísima derivada de esa creciente corrupción de la vida pública que empieza a parecer generalizada y estructural. Porque el mensaje que se ha lanzado al país es la de los “curas corruptos de Granada” y la del “clan de los Romanones” como si fuera una secta organizada para montar orgías y abusar de menores cuando es un grupúsculo de sacerdotes que ha venido funcionando al margen de la Diócesis y que ya había provocado por su propios privilegios y excentricidades el rechazo del clero granadino.

Pero aquí también hay responsabilidad de quienes los han dejado funcionar con sus “extraños retiros espirituales”, han mirado para otro lado cuando han ido acumulando patrimonio y riquezas y no los han sometido a las obligaciones y estrecheces de los demás sacerdotes.

El caso de Daniel -nombre ficticio del joven- necesita una doble respuesta: judicial pero también ética y moral. No es suficiente con apartar a los curas presuntamente responsables de los abusos -el joven apunta directamente a tres-, hay que suspender a divinis tanto a los responsables directos como a los indirectos, y se ha de hacer justicia sentando en el banquillo a quien haya que sentar y dictando la sentencia que haya que dictar.

Tampoco basta con pedir perdón como el viernes hizo la Conferencia Episcopal Española. Francisco Javier Martínez ya tiene en su haber ser el primer prelado de España en someterse al dictado de los tribunales ordinarios y el escándalo por los supuestos abusos sexuales a menores viene a sumarse a sus controvertidas homilías sobre el aborto o el matrimonio homosexual, su lucha abierta contra el pueblo de Albuñol o la arrogancia y prepotencia con que editó y ha mantenido en la calle el libro Cásate y sé sumisa. Estamos ante la enésima polémica que salpica al arzobispo de Granada sin que zozobre en el cargo. La Iglesia ha de colaborar con la Justicia, pero también actuar y dar ejemplo. Tolerancia cero con la pederastia, pero con la máxima transparencia y hasta el final.