El discurso de Rubalcaba

Enrique Bellido Muñoz | 12 de julio de 2011 a las 9:46

No creo, tan siquiera, que Alfredo Pérez Rubalcaba tenga la oportunidad de encabezar la candidatura del PSOE a las próximas generales.

La situación económica del país es tal que muy posiblemente su antecesor se vea obligado a desprenderse de los “trastos” de Presidente, dejando al país y a su partido en una situación de ruina económica y moral tal que hasta el mismo Rubalcaba, como cómplice directo de las políticas desarrolladas por los socialistas en los últimos ocho años, haga mutis por el foro.

Por ello que su discurso ante el comité federal del PSOE y los aplausos que le acompañaron en el mismo, no representaran sino un canto de sirena, un brindis al sol, de toda una generación de políticos, no sé si socialistas, socialdemócratas o vaya usted a saber qué, que ven como han de agarrarse a un clavo ardiendo, tienen que acogerse a una reliquia del pasado, ante la ausencia de argumentos con los que defender la secuencia de errores que han situado a España en su declive actual.

Un brindis al sol de quien dice ahora contar con la piedra filosofal que remedie todos nuestros males y al que no le ha importado –con la coreografía de los asistentes al acto- incluso dejar en evidencia a quien lo situó como su mano derecha, en un ejercicio más de la descomposición interna que se vive en el seno de la orgánica socialista.

Fue el discurso, efectivamente, del desprecio a las políticas de Zapatero, con el más solemne descaro de quien ha sido portavoz de las mismas y cooperador necesario en ellas.

El discurso del antes y el después como si no existiese una nítida línea de continuidad entre lo pasado y lo que podría quedar por venir en el caso de que el ex ministro de Felipe González y Rodríguez Zapatero alcanzase su objetivo.

Y, no podía ser de otra forma, todos aquellos que ahora ostentan un cargo en la dirección del partido y aspiran a seguir ostentándolo en el futuro, se deshacían en elogios hacia el nuevo candidato y su retórica, conocedores, como lo son, de las dificultades para recolocar a muchos de los que en municipales y autonómicas se vieron desmontados en las urnas de sus poltronas.

Se ha dicho del discurso de Pérez Rubalcaba que recuperaba  los fundamentos socialdemócratas del nuevo PSOE. Nada más lejos de la realidad.

El alegato que hizo contra la banca, el que planteó contra el patrimonio, no recuerda sino a lo más rancio del viejo socialismo que hundía sus raíces en la lucha contra el capitalismo.

¿O es que Rubalcaba no ha sido cómplice de la propia banca en sus años de bonanza y lo ha seguido siendo hasta ayer con las medidas que admitió secundar de la Unión Europea?

Y en cuanto a su guerra personal contra el patrimonio, le aflora la demagogia al candidato. No debe ser tarea de un Gobierno perseguir los bienes patrimoniales legítimamente alcanzados, sino potenciar esa clase media que poco a poco España va perdiendo, en base a establecer las bases para que los empresarios recuperen la capacidad emprendedora, generen nuevamente puestos de trabajo y las arcas públicas ingresen impuestos de toda la sociedad.

Ilusionar a quienes tienen sus expectativas políticas por los suelos no debe ser difícil, a tenor de cómo sus compañeros de partido le hacían coro.

Hacerlo con los ciudadanos de a pie resulta mucho más complejo. Mucho más ahora que la prima de riesgo española llega a niveles insólitos, las bolsas bajan y las esperanzas de crear nuevos empleos se desvanecen.

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59 diputados

Enrique Bellido Muñoz | 7 de julio de 2011 a las 9:13

Quieren que hablemos de número de diputados, pues vamos a hacerlo.

La semana pasada se dejaba caer el Presidente de la Junta, José A. Griñan, con la propuesta de crear el escaño 110 en el Parlamento andaluz para entregárselo al pueblo a fin de que defienda desde él las iniciativas populares que se admitan a trámite.

Me preguntaba yo que cuando lo propone es porque piensa que los 109 escaños restantes, los actualmente ocupados por las tres fuerzas políticas que nos representan, no son propiedad del pueblo ni transmiten la voluntad de los andaluces a la cámara autonómica.

Y es que al margen de la demagogia que encierra la propuesta de Griñán, lo que realmente piensa el Presidente es que esos ciento nueve escaños son patrimonio de los partidos y no está de más ofrecer uno al pueblo, aunque sólo lo sea a efectos de imagen, que no de capacidad de decisión, como resulta evidente.

Unas semanas antes era Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía la que se dejaba caer con la iniciativa de incrementar el número de parlamentarios andaluces, creo que en veintitantos más, decían ellos que para facilitar la entrada de grupos minoritarios en la cámara cuando en realidad lo que se pretendía era aumentar la propia representación de IU, hoy escuálida, poseer más cargos institucionales que repartir y, en último término, engordar a una clase política que tira de presupuestos para su manutención y hoy está inflada tanto en su número como en su contenido institucional.

Y es ahí donde pretendo incidir. Si realmente se quiere hacer una reforma estructuralmente útil de nuestro Parlamento andaluz, funcionalmente operativa y económicamente adaptada a los tiempos que corren, que no son sino de crisis, vayamos a una disminución racional del número de diputados, pasando de los 109 ahora existentes a un número de 59 que sería más que suficiente no sólo para expresar la pluralidad política en cada provincia, sino el desarrollo normal de las actividades que en pleno y comisiones se hayan de desarrollar en el Palacio de las Cinco Llagas.

Sí, señores mandatarios de los partidos políticos, 59 parlamentarios distribuidos de la siguiente manera en función de la población de cada provincia: 12 en Sevilla, 9 en Málaga, 8 en Cádiz, 7 en Granada y Córdoba, 6 en Jaén y 5 en Almería y Huelva.

Suficientes, todos ellos, para representar a “grandes y chicos” en base a una ley electoral que a parte de considerar las listas abiertas, sea equitativa en el reparto de escaños, y suficientes para cubrir, de forma eficaz –siempre la eficacia irá en función de quienes la practiquen- las actividades parlamentarias.

Claro, ya no serían necesarios los dos vicepresidentes y los dos secretarios de Mesa del Parlamento y Comisiones, que reciben sus prebendas por ello, por lo que se quedarían en uno en cada cargo, y, eso sí, sus señorías deberían a la cámara una dedicación mayor a la actual sin que por ello hayan de cumplir ni siquiera con las 35 horas semanales de cualquier trabajador.

Y para justificar esta medida sólo tenemos que recurrir a mirar con cierto detalle la declaración de actividades de nuestros representantes andaluces y descubrir que bastantes de ellos compatibilizan a la vez cargos como alcalde o concejal, diputado provincial y diputado autonómico, junto a un cargo orgánico en el partido, en un ejercicio de demostración de que sus ocupaciones en cada una de las instituciones a las que representan no les demandan una especial dedicación, cuando las simultanean, por lo que, en el caso del parlamento andaluz, estamos dilapidando fondos públicos en pagar al doble de diputados requeridos para cumplir una misión que podrían realizar sólo 59 si se entregasen en exclusividad y con especial dedicación a ello, quedándoles incluso tiempo para recorrerse sus respectivas provincias y recoger y trasladar las demandas del diputado popular que ocuparía ese escaño 110 del que habla Griñán.

El ahorro económico sería muy importante para las arcas públicas, pero también lo sería el cambio de imagen de nuestros representantes, la actitud de estos y la operatividad del resto de instituciones en las que hasta ahora han venido ocupando asientos.

No tendrán narices, ninguno de los mandatarios andaluces, de llevar esta propuesta al programa electoral de las próximas autonómicas y no las tendrán porque, como realmente piensa Grinán, los escaños siguen siendo de los partidos y sin ese poder patrimonial dejarían de tener el poder absoluto que hoy ejercen en nuestro sistema democrático.

Verán como en eso sí que están de acuerdo.

Excepcionalidad municipal

Enrique Bellido Muñoz | 6 de julio de 2011 a las 9:24

No andaba muy descaminado cuando a los pocos minutos de conocerse el veredicto por el que la Capitalidad del 2016 se iba a San Sebastián, escribía en mi Blog que Córdoba no tenía tiempo ni para lamerse sus heridas, en referencia a la multitud de retos que tiene por delante una vez que el europeo ha tenido el desenlace que todos conocemos.

Y digo que no debía andar muy lejano a la senda, cuando en una reciente Intermunicipal del Partido Popular, José Antonio Nieto desvelaba la dificultad que el Ayuntamiento de Córdoba va a tener para hacer frente al pago de las nóminas de los funcionarios en los meses de octubre, noviembre y diciembre y a las pocas horas el Delegado de Hacienda, José María Bellido, informaba que las deudas del Ayuntamiento con proveedores ascienden a no menos de 40 millones de euros y un tiempo medio de cobro de alrededor de 6 meses. De ahí que la decepción por el fiasco del 2016 hubiera que aparcarse de inmediato para que nuestros munícipes se centren en ir dando respuestas, lo más rápidas posibles, a cada uno de los problemas que de seguro van a ir surgiéndoles en el día a día de la gestión municipal.

Se ha hablado, desde IU y PSOE, de alarmismo en las declaraciones del alcalde, sin embargo, cuando la realidad es la que es, ésta se convierte por sí misma en alarmante ya que no ofrece resquicios al optimismo.

Otra cosa bien distinta es que el foro en el que se conocieron las previsiones del alcalde fuera el más adecuado o no, algo que entiendo se intentó corregir con la posterior comparecencia de Bellido aportando nuevos datos. Lo cierto es que la economía municipal debe encontrarse en una situación realmente grave, como grave debe ser la de la mayoría de ayuntamientos de España, que han visto como en los últimos años han mantenido los servicios con una reducción drástica de los ingresos, sin que hasta ahora se hayan realizado demasiados esfuerzos para adaptarse a la nueva situación. ¿Qué hacer ante una problemática como esta? Realmente es complicado aunque el ajuste habrá de ser serio, muy serio.

Partía hace pocos días Mariano Rajoy de una premisa, la de conminar a los alcaldes del PP en el sentido de que no subieran los impuestos municipales. Si la participación de los ciudadanos en la reducción de la deuda y el incremento de los ingresos no va a llevarse a cabo por la vía más directa, la de la subida de impuestos y precios públicos, habrá que pensar que ya que la crisis empresarial nada ayuda al aumento de la recaudación en base a la baja productividad del sector, o bien el Estado y las Comunidades Autónomas absorben una parte importante de esa deuda, inyectando fondos en los municipios, ya sea directamente o a través de préstamos blandos como los del ICO, o se buscan nuevos frentes de endeudamiento bancario, o bien existirán graves problemas para hacer frente al capítulo de personal y al de pagos a proveedores, con toda seguridad los dos que precisan de más recursos económicos.

Reducir el número de cargos de libre designación, rebajar las asignaciones para los cargos públicos e iniciar una política de austeridad no me cabe la menor duda de que son medidas complementarias que hay que adoptar con urgencia, pero no dejaran de ser medidas o bien insuficientes en cuanto al ahorro que generen, o bien que dejaran ver sus efectos a largo plazo o, al menos, a un plazo de tiempo superior a aquel otro que la grave situación actual exige.

El problema del Estado y las CC. AA. es que la vigilancia que sobre ambos ejerce la Unión Europea no permite demasiado margen de maniobrabilidad a la hora de incrementar sus déficit, máxime cuando las demandas de fondos les van a llegar de todas las direcciones.

El crédito bancario ya conocemos en qué situación se encuentra, más aún si consideramos la deuda que ya de por sí mantienen los ayuntamientos con bancos y entidades de ahorro. De ahí que comprenda la alarma que el estado de las arcas del municipio cordobés ha generado en sus nuevos gestores que de seguro tendrán un plan de actuación a aplicar.

En todo caso, y mientras que la situación económica del país no comience a recuperarse, será necesario llevar a cabo una profunda reestructuración de los servicios municipales, recortando incluso los mismos en la medida que fuese necesaria, además de una decidida actuación en el plano laboral, con redefinición de plantillas e incremento de productividades, para adelgazar el capítulo de gastos.
Recogía este medio la posibilidad de que Antonio Prieto se hiciese cargo de una súper gerencia que controlase las cuatro principales empresas públicas, Emacsa, Sadeco, Cecosam y Aucorsa. No sé si de una súper gerencia política, pero en lo económico y organizativo son sectores tan diferentes entre sí que precisan cada uno de ellos de los más cualificados gerentes a la hora de proceder a las reformas que necesitan.

Es el momento de tomar con valentía decisiones y hacerlo, a la vez, con prudencia, de forma que las medidas que se adopten no generen efectos indeseables que las hagan inaplicables.

Presunción de inocencia

Enrique Bellido Muñoz | 1 de julio de 2011 a las 10:46

Según informa el New York Times, es muy probable que el hasta hace no mucho presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, acusado de intento de violación en un hotel de Manhattan, sea puesto en libertad dadas las dudas existentes con respecto a la denuncia de la camarera que supuestamente fue asaltada y las relaciones de esta con actividades criminales como el narcotráfico y el lavado de dinero.

Si ello se confirmase, estaríamos ante un nuevo caso en el que el principio de presunción de inocencia queda claramente en entredicho, provocando ello unos daños colaterales, a nivel personal y profesional, de incalculable cuantía y, en muchos casos, de imposible reparación.

Un funcionario de la oficina del Fiscal de Distrito, Cyrus R. Vance Jr., calificaba el caso como “un desastre”, en clara referencia al desarrollo del mismo y sus consecuencias.

Lo cierto es que Strauss-Kahn, ya digo, de confirmarse las sospechas ahora existentes sobre el testimonio de la ecuatoguineana, habrá quedado marcado de por vida en el plano moral y personal, al margen de haber tenido que poner fin a su carrera profesional al frente de las finanzas internacionales y ver seriamente dañadas sus aspiraciones a la presidencia del Partido Socialista francés.

¿Hubiese sido ello evitable? Por supuesto que sí, como lo es en todos aquellos casos que en otras latitudes se dan y que en España hemos tenido oportunidad de vivir en más de una ocasión.

Una mayor prudencia por parte de la Justicia a la hora de la toma de decisiones, conjuntamente con una mayor celeridad de los investigadores en sus pesquisas antes de adoptar medidas radicales como puedan ser la detención de una persona, evitarían graves errores que luego no se resuelven con la retirada de los cargos o una sentencia absolutoria, sino que lastran de por vida la reputación del injustamente implicado.

Nos quedará la imagen de Strauss-Kahn como un mujeriego, que podía serlo sin que ello constituya delito alguno, o que en función de su cargo y de lo que ingresaba por él, utilizaba hoteles de gran lujo para sus estancias en New York, lo que no difiere en gran medida de la conducta de muchos otros magnates de las finanzas de la inmensa mayoría de las países, lo que, que yo sepa, tampoco es delito.

Sin embargo, la acusación que se produjo contra él, su detención e ingreso en prisión, abrieron la veda para rebuscar en lo más íntimo de la personalidad del ex presidente del F.M.I., sacando a la luz aspectos de esta que de otra forma no hubiésemos conocido ni valorado en el sentido en el que lo hemos venido haciendo.

De acuerdo que uno de los componentes que no nos ha sido regalado por la Naturaleza es el de la infalibilidad y el ser humano está condenado a poder errar en cualquiera de las actividades o las decisiones que adopte, pero sí que ha de poner todos su esfuerzos en evitar que ello se produzca y da la sensación que, nuevamente, de confirmarse la información del Times, la ligereza ha imperado en este caso, tal vez porque haya existido quien desease apuntarse un tanto fácil y con proyección mediática.

Allanado y limpio de espinas

Enrique Bellido Muñoz | 30 de junio de 2011 a las 10:18

Se han cubierto de gloria los representantes de Izquierda Unida en Lucena al renunciar a sus principios y dar su apoyo incondicional a los socialistas, perdedores de las elecciones el pasado mes de mayo.

Han hecho el ridículo teniéndose que tragar ahora el sapo de un nuevo retraso en la construcción de la residencia de ancianos -perdón, del centro socio sanitario, como les gusta decir a los mandatarios de la Junta- debiendo asumir el Ayuntamiento de Lucena redactar el pliego de condiciones y licitar de nuevo las obras que en su día fueron adjudicadas a Vitalia.

Y es que la Fundación en la que se apoyaba la Consejería de Igualdad y Bienestar Social para participar del proyecto, la San Juan de Dios, ha decidido abandonar el mismo, en una actitud que no ha de extrañarnos si tenemos en cuenta lo dilatado y “dislatado” del proceso, que fue de la construcción de un hospital comarcal a la de un centro socio sanitario, con unos horizontes de ejecución que se fueron adaptando a los calendarios electorales a fin de que las expectativas mantuvieran las esperanzas de los lucentinos y su apoyo a los socialistas en el gobierno municipal.

Ahora que han pasado las elecciones municipales y que han logrado atraer a su redil a los concejales de IU y que generales y autonómicas parece que van a situarse en el año próximo, es el momento para dar la espantada definitiva, hacer mutis por el foro y si te vi no me acuerdo, en una burla más al pueblo.

Y no ha debido ser de otra manera cuando fue el 31 de marzo pasado cuando la Consejería hizo oficiales sus intenciones, las cuales se han guardado en el cajón -¡cuántos cajones fallidos deben existir en el Ayuntamiento lucentino!- hasta que los electores hubieran emitido su voto y la mayoría contra la mayoría se hubiese hecho realidad.

Supongo que la nueva nota de prensa que nazca del consistorio de Lucena será anunciando la dimisión de los ediles de IU de sus cargos por dignidad y por defensa de los intereses de los lucentinos que, como resulta evidente, deberán esperar muchos más meses -y llevan…- para ver iniciadas unas obras que parece que hay quien no desea que tengan final.

Es más. La empresa Vitalia anunciaba en enero el inmediato inicio de las obras. Algo sabría desde entonces de lo que se cocía en la Consejería cuando paralizó tal inicio.

Escribía el otro día sobre el calvario de Lucena y, curiosamente, hacía referencia, sin aún conocer la noticia, al propio vía crucis del que denominaba como “etéreo” hospital lucentino. Pues confirmado queda.

Lo lamentable de todo esto es que, finalmente, el calvario quienes lo recorren son quienes pagan para que otros, los políticos, se lo allanen y limpien de espinas….

Ni tiempo para lamerse sus heridas

Enrique Bellido Muñoz | 28 de junio de 2011 a las 16:18

Pues sí, nos equivocamos todos aquellos -y fuímos casi todos- que, tras la constitución de los nuevos ayuntamientos, entendimos que Córdoba competía con otras cuatro ciudades para la Capitalidad del 2016 ya que San Sebastián había pasado a ser gobernada por Bildu y parecía no contar en las encuestas.

Finalmente ha sido Donostia la elegida, una preciosa ciudad española, en detrimento de las expectativas que los cordobeses nos habíamos hecho de cara al futuro, en un municipio que no ha contado con demasiadas ocasiones para el optimismo y que está inmerso en un proceso económico y social en crisis, que necesitaba de oportunidades como esta para reactivar empresas en común que dinamizaran su tejido vital.

No ha podido ser no porque no se haya elaborado y desarrollado adecuadamente el proyecto, sino porque no debemos olvidarnos  que competíamos con ciudades no sólo con un amplio bagaje artístico y cultural, sino también con idénticas capacidades para programar todo un año de eventos culturales con los que atraer la atención de los europeos.

Llegados a este punto, lo mejor es olvidarnos lo más rápidamente posible de lo que pudo ser y no fue, para enfrascarnos en nuevos proyectos, no menos importantes, que hagan posible que Córdoba supere en lo económico, en lo social y también en lo cultural, los retos que aún le quedan por afrontar, y que son muchos.

Supongo que no ha debido ser plato de buen gusto para nuestros representantes municipales  estrechar la mano del alcalde de San Sebastián en muestra de felicitación. No lo ha debido ser porque, en primer lugar, con ello se reconocía que Córdoba no era la ganadora y, en segundo lugar, son muchas las diferencias existentes entre el Partido Popular y aquel otro en el que milita el regidor donostiarra, Bildu.

Sin embargo, ambas cosas no deben hacer mella en el equipo de gobierno de nuestra recién elegida corporación municipal, que debe fijar la vista ahora en otros horizontes, en los que también caben todos esos proyectos culturales que deseábamos que nos uniesen a Europa.

Se ha perdido una oportunidad, bien es cierto, pero nos toca ahora fabricar muchas otras con idéntica ilusión y desde la unidad de acción de todas las fuerzas sociales y políticas cordobesas.

Desgraciadamente, a Córdoba no le queda ni tiempo para lamerse sus heridas.

La rebelión extremeña

Enrique Bellido Muñoz | 26 de junio de 2011 a las 14:57

El veterano comunista Santiago Carrillo aludía en estos días, en una entrevista, a la escasa autoridad de Cayo Lara dentro de la organización de Izquierda Unida para explicar la abstención de los comunistas extremeños en el pleno de investidura de presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que daría el gobierno al Partido Popular.

Con ello no venía sino a reconocer, a sus años,  el tradicional desprecio que los aparatos de los partidos sienten hacia sus militantes que, en último término y en este caso concreto, fueron los que apoyaron la posición a adoptar por sus representantes en el parlamento extremeño.

Reconocía, también, el clima de luchas intestinas que se vive en el seno de la coalición de izquierdas y en el que Carrillo parece no sentir demasiada simpatía por el actual coordinador general de la formación.

No voy a entrar otra vez en el debate de si se debe o no dejar gobernar a la lista más votada, o si lo natural es conformar mayorías de izquierdas allí donde se pueda -ya que las de derechas resulta muy difícil al no existir demasiados partidos de centro derecha en el ámbito institucional-,  porque ambas alternativas deberían ser matizadas profundamente.

Lo que sí parece razonable es que, mientras nuestra ley electoral así lo permita y la Constitución no entre a cuestionarlo, en cada circunscripción electoral, sea municipal, provincial, autonómica o nacional, sean los votantes, a través de sus representantes, quienes determinen el camino que deseen seguir, en base a multitud de circunstancias que escapan a la posibilidad de adoptar una posición global.

Estamos cansados de ver como, fundamentalmente en la izquierda -también se ha dado en la derecha- , se produce tras cada proceso electoral -mucho más evidente en municipales- un intercambio de sillones y poderes que obligan, curiosamente, a que unos apoyen a quienes hasta pocos días antes habían cuestionado irreconciliablemente, a fin de que en otra demarcación distinta sean esos otros quienes den el voto -tragando también quina- a sus compañeros de partido en ella.

Lo lógico, lo realmente lógico, es que cada fuerza política apoye a quienes la representan, sea cual sea el resultado de tal decisión, estableciéndose un juego de mayorías no en torno a los cargos institucionales sino a las políticas a aplicar, lo que, sin lugar a dudas, es mucho más positivo de cara a la calidad de las decisiones que adopten nuestras instituciones, lo que redundará en beneficio del pueblo, como para el desarrollo democrático de las mismas, sujetas a un continuo clima de diálogo.

Que pronto se olvidan en algunos niveles de Izquierda Unida que fue precisamente el PSOE, el partido político al que desean apoyar en Extremadura, quien se hizo con los favores de la alcaldesa de la única capital de provincia que ostentaban, Córdoba, limitando sustancialmente sus posibilidades de repetir éxito electoral.

Y seguro que no recuerdan el ninguneo sufrido por su formación política en la Comunidad extremeña mientras no tenía representación institucional en su Parlamento, como han venido denunciando algunos líderes regionales.

Desconozco el grado de autoridad de Cayo Lara dentro de su partido, pero tengo la sensación de que en esta ocasión la lógica y la razón ha podido sobre la fuerza, lo que indica, señor Carrillo, que ya no es tan uniforme el mapa autoritario de la izquierda comunista, algo que a mí, personalmente, me alegra.

El calvario de Lucena

Enrique Bellido Muñoz | 26 de junio de 2011 a las 10:13

La verdad es que la memoria me falla -bendito don cuando tienes recuerdos que vale la pena olvidar- y creo que fue en el Ministerio de Economía o Hacienda donde, hace ya muchos años, desde luego después de 1996, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de la nación, acompañé, como senador que lo era entonces por Córdoba, a Aurelio Garcia y a uno de los hermanos González Prieto, creo que a Juan Antonio, que por aquella época estaban dando los primeros pasos en el proyecto de construcción de un campo de golf en Lucena.

Creo, ellos lo recordarán mucho mejor que yo porque han vivido en primera persona el calvario de esta iniciativa, que pretendían comprar una finca donde ubicar todas las instalaciones y realizar el desarrollo urbanístico del entorno, que pertenecía a Patrimonio del Estado, posiblemente por la vía de los bienes que en su día se expropiaron a Rumasa. En mis vagos recuerdos creo que parte de esos terrenos estaban ocupados por una plantación de viñedos,

Desde entonces he seguido ese largo viacrucis que el proyecto ha vivido, en unos casos por la prensa y en otros por amigos que se habían adherido al mismo como socios.

Leo hoy que el presidente de las dos sociedades creadas al efecto, Miguel Cuenca, dimite irrevocablemente, y que salen a subasta los terrenos adquiridos a fin de liquidar las mismas y devolver a los socios sus aportaciones, poniendo fin a este largo e infructuoso recorrido de más de diez años.

Y no puedo decir sino que lo siento. Que Lucena, al margen de electoralismos que no vienen a cuento, no se merecía una traición más y no se la merecía de la forma que desde la Junta de Andalucía se le ha propinado, marcándole tiempos que no eran reales para finalmente llegar a este que ha acabado no sólo con la paciencia sino también con las fuerzas y los recursos de los promotores.

Me llama la atención la contundencia de las palabras de Miguel Cuenca, un hombre siempre cercano a los círculos de poder del socialismo, quejándose de la actitud de la Junta en todo el desarrollo del procedimiento de intento de legalización del proyecto.

Y es que, superados todos los trámites medioambientales que pudieran representar el principal freno a este tipo de obras, parece mucho más lógico que por parte del Gobierno de la Junta se hubiesen facilitado los cauces para la legalización de las mismas, precisamente en unos momentos en los que Lucena ha perdido miles de puestos de trabajo y necesita de alternativas que colaboren en el dinamismo empresarial que siempre ha caracterizado a aquella ciudad.

Da la sensación, si atendemos a lo dicho por sus promotores, de que, como decía antes, desde Sevilla, como en el viacrucis, se hayan ido poniendo obstáculos en el camino para que, al final, fuese el proyecto quien fuera desangrándose hasta la extenuación.

Parece ser que lo que se les exige ahora es adaptar el proyecto a lo recogido en aquello que no es sino un proyecto de ley, la futura ley de alojamientos turísticos, ahora en trámite parlamentario, y que vete tú a saber si entra en vigor ante la situación política que vivimos. Está claro que es una piedra más en el camino- como afirmaba Cuenca Valdivia en su intervención- que se le pone al proyecto y que ha provocado que el cansancio y la visualización de la falta de voluntad por parte de la Administración andaluza para aprobar el mismo, impidan superarla.

Recogen los comunicados de prensa que Aurelio García manifestó que desde 2001 no se ha aprobado ni un sólo nuevo campo de golf en Andalucía. Si ello es así, lo cuál viniendo de él no lo pongo en duda, por qué Manuel Chaves denominó como modélico el proyecto y se comprometió a su construcción cuando el criterio de la Junta era el no permitir el asentamiento de nuevos campos. Por qué jugar con las ilusiones de 500 socios, el trabajo de quienes los representaban y las expectativas de toda una comarca a sabiendas de que iban a traicionar a unos y otros.

Hay quien se preguntará si esta noticia, si la decisión de las sociedades responsables del proyecto, se hubiese producido antes del 22 de mayo, que efectos políticos habría tenido. O, incluso, si habiéndose celebrado, como así parece que fue, la reunión con los técnicos de la Junta el pasado 13 de abril, por qué no se hizo pública la actitud de estos antes de las elecciones.

En todo caso, una mala noticia para Lucena, para toda la Subbética, que sumar a esos innumerables puestos de trabajo que se han perdido en el sector de la madera y a ese etéreo hospital que decían iba a construirse pero que mucho me temo que esté sufriendo, también, su peculiar calvario.

Las deudas del S.A.S.

Enrique Bellido Muñoz | 23 de junio de 2011 a las 8:58

Si hacemos caso a la Consejera de Salud de la Junta, el impago a proveedores por parte del S.A.S., hasta el 1 de enero de este año, ascendía a la astronómica cifra de 92.400 millones de las antiguas pesetas.

Si, por el contrario, atendemos a las cifras que ofrecen los propios proveedores, que son quienes viven en sus carnes los efectos de la morosidad de la Junta de Andalucía, la deuda ascendería a la todavía más astronómica cifra de 395.304  millones que se distribuirían en más de 209.000 millones a las industrias farmacéuticas por los medicamentos que consumimos y más de 186.000 millones a otros proveedores de todo tipo como puedan ser los de industria tecnológica, equipos, suministros alimenticios, transporte sanitario, etc.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud en el Capítulo II, que es del que hablamos, es de 2040 millones de euros, unos 342.000 millones de pesetas, para el presente año 2011, nos encontramos que se debe más de todo lo que en un año se consume, con lo que la deuda no puede sino incrementarse -aunque como dice la Consejera este incremento se esté ralentizando-, aumentándose a su vez el tiempo que tienen que esperar los proveedores para poder cobrar que, según algunos informes, está alrededor de los 600 días o, lo que es lo mismo, casi dos años.

Supongo que las grandes industrias podrán soportar, muy a pesar suyo, estas demoras, pero los pequeños proveedores o bien terminan por cerrar sus empresas o simplemente por no acudir a los concursos del S.A.S., limitando con ello su capacidad de maniobra empresarial.

Queda por conocer si muchos de los proveedores, conocedores de las demoras en el pago, no se pondrán de acuerdo para incrementar sus precios a razón del tanto por ciento de interés estimado según la posible fecha de pago.

¿Qué está sucediendo? Pues que la descentralización sanitaria ha venido a demostrar la incapacidad de muchos gestores para administrar un servicio público que precisa de una profunda reestructuración que nadie se atreve a afrontar por motivos simplemente electoralistas.

Escribía recientemente sobre la denominada como “insostenibilidad del sistema” y las cifras que les he dado hablan elocuentemente de ello.

Si queremos una Sanidad Pública de última generación, capaz de ofrecer todo tipo de prestaciones a toda la población española o residente en España sin exclusión, resulta evidente que nuestra sociedad deberá hacer un importante esfuerzo económico, que con toda seguridad habrá que aplicar a través de un incremento de impuestos, junto al no menos importante esfuerzo político que representa renunciar a ciertos niveles de descentralización, coordinando los diferentes modelos autonómicos a fin de hacerlos intercambiables entre sí, a la vez que mucho más rentables en sus prestaciones, racionalizando el mapa de las mismas.

No pueden ganarse elecciones prometiendo un centro de salud en cada manzana o un hospital en cada pueblo porque este país no puede permitirse tal dispendio de medios. Frente a ello, el Ministerio de Sanidad debe recoger algunos hilos de la gestión, recuperando la función coordinadora por mucho que las CC.AA. hayan de renunciar a parte de su autonomía de gestión sanitaria.

Cabe, en último término, plantearnos otro modelo de Sanidad Pública, con diferente modelo de financiación y distinto universo de actuación, que habremos de valorar entre todos.

Lo que realmente no es soportable es el seguir con la situación actual, gastando y no pagando, y a la espera de que la teta del Estado les resuelva a los distintos gobiernos autonómicos un problema que o bien han creado ellos mismos o no han tenido arrestos suficientes para  solucionar.

26 parlamentarios más…¿estamos locos?

Enrique Bellido Muñoz | 16 de junio de 2011 a las 10:31

José A. Griñan, Presidente de la Junta, ha animado a IU a retomar una proposición de ley por la que la formación de izquierdas propone una modificación electoral en nuestra Comunidad según la cual pasaríamos de tener 109 diputados a contar con 135.

La propuesta, a pocos meses de las elecciones autonómicas, no deja de ser descabellada por distintos motivos.

El primero de ellos porque a todas luces se pretende modificar el marco parlamentario tras conocerse los resultados del 22 de mayo pasado y observarse una avance del Partido Popular que, con el actual reparto de fuerzas, podría auparse con la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Supondría cambiar las reglas del juego una vez visto que las actuales no favorecen ya a quienes siempre venían ganando la partida.

Pero unido a ello, que ya de por sí representa una fraude electoral encubierto, contar con 26 parlamentarios más representaría que de las arcas públicas de Andalucía habría que disponer de más de un millón de euros, entre sueldos y complementos, precisamente en unos momentos en los que los responsables políticos más cuerdos recomiendan y propugnan la austeridad presupuestaria y el control del gasto público.

Conocedor de ello y de las críticas que iba a recibir, el coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas,  apuntaba la posibilidad de reducir en un 20% el sueldo de los parlamentarios para así dar entrada, sin sobre coste, a los llegados de la ampliación. Teoría esta que coincide con las propugnadas tradicionalmente por las doctrinas comunistas en el sentido de repartir la miseria entre muchos, porque díganme ustedes a quienes puede interesar convertirse en parlamentarios andaluces con el sueldo que se derive del recorte propuesto por Valderas. Evidentemente, no a las mentes más formadas del panorama andaluz, que debieran ser las que abordasen la gestión de lo público en momentos tan difíciles como los actuales.

La pretensión, según dicen los interesados, es que en el Parlamento se sienten también los grupos minoritarios, ofreciendo mayor pluralidad al mismo.

La pretensión real es que con el reparto de escaños que se haga en las distintas provincias tanto IU como el PSOE tengan opción de acceder a un mayor número de diputados con los que intentar conformar mayorías de izquierdas y a través de los cuales obtener mayor cantidad de subvenciones a sus grupos parlamentarios a fin de financiarse sus partidos internamente.

Si los grupos minoritarios han de estar en el Parlamento es al pueblo al que le corresponde determinarlo, sean 109 o 135 los parlamentarios que se elijan y lo cierto es que, hasta el momento actual, esos partidos minoritarios no han contado con el suficiente apoyo como para ocupar escaño en la Cámara.

Se habla de que el Parlamento de Madrid se ha incrementado, desde su constitución, en 33 diputados, para justificar el incremento en Andalucía, pero ni por ello se ha modificado sustancialmente el espectro de representatividad en la Comunidad de Madrid, ni Andalucía se ha encontrado nunca en la situación de bonanza económica que vive aquella región.

Los problemas que preocupan a los andaluces son bien distintos a cuántos parlamentarios los representan, a tenor, sobre todo, de la valoración que en Andalucía se hace de sus políticos.

En lugar de incrementar el número de diputados, Izquierda Unida y el Presidente de la Junta debieran preocuparse realmente de mejorar la cualidad de los existentes, intentando modificar la ley electoral en el sentido de dar más voz al pueblo promoviendo las listas abiertas.

Claro, que eso le resta poder a los partidos y sus dirigentes….