La camisa al cuello

Enrique Bellido Muñoz | 14 de enero de 2014 a las 21:23

imageMe imagino la reacción de los ciudadanos franceses, la que no sé como habrá sido es la de sus colegas españoles, los socialistas del PSOE, cuando su máximo representante en la U.E., François Hollande, ha hecho público un recorte presupuestario de más de 65.000 millones de euros durante los próximos tres años a fin de hacer frente a la crisis económica por la que también atraviesa el país galo.

De todos es sabido que la rueda de prensa del magnatario francés interesaba sobremanera por el “escándalo” amoroso que se había descubierto y las repercusiones que el mismo pudieran tener en el futuro político de Hollande.

Sin embargo este, de manera acertada, ha desviado las respuestas hacia el ámbito de lo privado, no entrando a dar explicaciones sobre este tema a los medios de comunicación y centrándose en lo realmente público que no era otra cosa que la política económica de su gobierno.

Y es que la postura del ejecutivo francés no deja lugar a la duda sobre el obligado camino que todos los países europeos han debido y están recorriendo en estos años, regulando unas economías escandalosamente deficitarias, incapaces de soportar no solamente el peso de las políticas sociales -que ya se ha visto que es así -, en España y en el resto de países, sino la inversión pública en infraestructuras y hasta el gasto corriente.

Ha hablado Hollande de un Pacto de responsabilidad nacional entre empresas y el Estado y se ha referido a un largo proceso de saneamiento de los déficits, la deuda y la credibilidad nacional, en base a los recortes anunciados.

Queda por saber en qué consistirá dicho Pacto y qué papel va a jugar el empresariado francés y sus trabajadores en el mismo.

Evidentemente, recortes presupuestarios de ese calado van a tener una repercusión clara en el gasto público, lo que se va a trasladar en alguna medida a empresarios y trabajadores y a la sociedad en general.

Es algo similar a lo ha venido sucediendo en España en los dos últimos años y a lo que hace más afrontó Alemania, saneando las cuentas públicas para recuperar la credibilidad internacional y poder a ir a la recuperación de políticas expansivas generadoras, nuevamente, de empleo y riqueza.

Ello está teniendo un coste social importante, aunque no es menos cierto que conseguir la reversibilidad de la situación que vivíamos exigía de unos sacrificios que los españoles, como los griegos, portugueses, italianos, irlandeses y ahora franceses, estamos sufriendo después de años de vacas gordas, evidentemente mal administrados.

De ahí que los nuevos y positivos datos económicos con los que contamos, el comportamiento del empleo en los últimos meses y la puesta en valor de la deuda española en los mercados internacionales anime, junto con el camino emprendido por Francia, a pensar que el rumbo que el Gobierno del P.P. ha dado a nuestra economía es el acertado, sacándonos, bien es verdad que con mayor lentitud de la que todos desearíamos, pero posiblemente a la velocidad que impone nuestra situación pasada, de una crisis que no había conocido hasta ahora nuestro país.

Confío que los franceses alcancen ese gran Pacto y que aquí, en España, haya amplitud de miras por parte de todos aquellos que tienen mucho que ver en la solución de nuestros problemas: partidos políticos, sindicatos, empresarios y ciudadanía en general.

Confiemos que, como ha emprendido François Hollande en su rueda de prensa, se nos explique mucho más didácticamente aquello que se está haciendo, por qué se adoptan determinadas medidas y a qué meta pretendemos llegar.
Y tengamos la esperanza de que circunstancias añadidas al problema económico, como son los casos de corrupción en nuestro país o el trasnochado nacionalismo de algunos, al igual que el affaire de faldas de Hollande en Francia, no den al traste con el esfuerzo realizado.

Libertad de voto

Enrique Bellido Muñoz | 10 de enero de 2014 a las 13:16

libertad de votoDebió ser por el mes de mayo del 2000 cuando, en un comité ejecutivo regional del P.P. celebrado en Cádiz, solicité recusar a la recién nombrada Ministra de Sanidad, Celia Villalobos, por las declaraciones vertidas en una de sus primeras entrevistas tras acceder al cargo.

En aquella Legislatura me correspondió presidir la Comisión de Sanidad del Senado y a la entonces ministra no se le ocurrió afirmar otra cosa, al ser preguntada por cuál era su modelo de sanidad pública, que el que venía aplicando Manuel Chaves en Andalucía.

No, no tuvo la prudencia la cuestionada ministra de hacer referencia al modelo que el Partido Popular venía aplicando en Madrid, Castilla-León, Valencia, Galicia o Murcia, por citar algunas CC.AA. gobernadas por los populares, que poco diferían del andaluz, sino que tuvo que poner su sentencia en Andalucía para así, como argumenté en aquel comité ejecutivo,  dejarnos sin discurso sanitario en nuestra Comunidad.

Ni que decir tiene que mi propuesta fue rechazada y trasladada, por alguna vía que desconozco, a la entonces ministra malagueña, lo que provocó que nuestra relación no fuese en exceso cordial.

Y es que la “naturalidad” y “espontaneidad”, junto al “progresismo sui géneris“, de Villalobos, nos han ofrecido multitud de secuencias mediáticas que en muchas ocasiones generaban estupor.

Recordemos el video en el que increpaba a su chófer; aquella frase dirigida a Esperanza Aguirre: “Esa es una hija de puta y a ver si tiene ahora cojones de presentarse”, en referencia a la posible candidatura de esta a la presidencia del P.P. en 2008; o su intervención en la Junta de Portavoces del Congreso denominando como “el tema de los tontitos” a la contratación de personal discapacitado que exige la ley, al margen de otros rifirrafes protagonizados en el Congreso o salidas de escaño para evitar tener que votar ciertos temas que afectaban a su “feminismo” declarado.

Pues bien, ahora, con motivo de la presentación del anteproyecto de la  ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, que modificará la actual ley del aborto, Celia Villalobos, sumándose a otras voces críticas de dirigentes autonómicos, ha solicitado del partido que conceda libertad de voto a los parlamentarios en este asunto.

Y es en ello en lo que quiero incidir, no tanto en la posición de la vicepresidenta de la Cámara Baja que, por otra parte, se veía venir.

Porque hablar de libertad de voto supone entrar en un territorio marcado por la controversia a la vez que sumamente manipulable según los intereses o las convicciones de cada representante popular, al margen del “supuesto” mandato del pueblo.

La Constitución lo deja bien claro en su artículo 67.2:  “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, lo que, en principio, establece con rotundidad el derecho a la libertad de voto.

De ahí que pedir permiso al partido para que pueda ejercerse dicho derecho no implica sino reconocer una sumisión de los representantes del pueblo hacia los partidos, algo que es real y que todos aquellos que hemos ostentado un cargo de representación institucional hemos puesto en práctica.

Y es que cuando no es el parlamentario quien presenta su propio programa de actuaciones o defiende sus principios ante una circunscripción electoral determinada, sino que lo que presenta es un programa de partido, con unos principios ideológicos comunes y enmarcado en unas listas cerradas que no dan opción al elector a elegir personalmente a sus representantes, resulta muy difícil compatibilizar la libertad de voto con el mandato imperativo que desde las propias formaciones políticas se establece hacia sus parlamentarios con penas de multa o incluso de exclusión de las listas en próximos comicios electorales.

Conceder  en este asunto del aborto libertad de voto supondría ampliar necesariamente esa medida hacia muchos otros, de muy distinta índole, que podrían ir desde posicionamientos muy concretos en materias locales o autonómicas, que pudieran mejorar la imagen electoral de quienes los defiendan, a asuntos mucho más amplios, con componentes éticos o morales difíciles de hacer extensibles a toda la población representada en una determinada demarcación.

Consecuencia de ello, la pérdida de unidad de acción que inexorablemente llevaría a tener que reformar la ley electoral y nuestro sistema de partidos, lo que veo con buenos ojos.

Lo más fácil, hacer como en alguna ocasión ha hecho Villalobos, ausentarse de la Cámara para no tener que acatar la disciplina de partido, soportar -ella que sí puede- la sanción que se le imponga y quedar ante la opinión pública como progresista y libre frente al resto de sus compañeros de escaño y grupo parlamentario.

Lo difícil, encabezar corrientes de opinión críticas y activas en el seno de los partidos que promuevan las listas abiertas, la elección directa de representantes y, con ello, la abolición de la actual dictadura de los partidos frente a la voluntad del pueblo, algo que no veo que haga Celia Villalobos, instalada por el propio partido en la cómoda posición de vicepresidenta del Congreso.

Por eso,  que desde sectores socialistas se demande del Partido Popular que conceda dicha libertad de voto, suena, permitánme que haga uso de la expresión, “a cachondeo”, conocedores, como lo somos, de la célebre frase de Alfonso Guerra, todavía vigente en el seno del PSOE, de que “quien se mueva no sale en la foto”, en alusión a la disciplina que ha de imperar e impera en el partido de izquierdas.

Mucho me temo que lejos de criterios morales o éticos, en este debate partidario estén aflorando  intereses electorales de unos y otros lejanos a la cualidad y calidad de la ley.

 

El rubik autonómico

Enrique Bellido Muñoz | 9 de enero de 2014 a las 13:38

autonomiasEn España hay más de uno empeñado en que sea el Ejército quien intervenga para poner orden en este desaguisado general que es el Estado de las Autonomías.

El último de ellos, un tal José Luis Bilbao, que es diputado general de Vizcaya, en representación del PNV, se empeñó en echar más leña al fuego al referirse a la selección española de fútbol y la posibilidad de que esta hubiera de jugar en el estadio de San Mamés en la Eurocopa del 2020. Bilbao afirmó que no sería bien recibida y que sólo contemplaría como plausible que en dicho torneo se enfrentase a la de Euskadi, en clara alusión a su interés por la independencia del País Vasco.

Antes, desde Cataluña, no son pocos los que abiertamente defienden la división del Estado, enfrentados no sólo a nuestra Constitución sino a la inmensa mayoría de los españoles, lo que, de no resolverse por la vía del diálogo, algo imposible desde las tesis independentistas que propugnan, obligaría al Gobierno, de persistir en su actitud separatista, o bien a suspender el Estatuto como primer paso, perdiendo la Comunidad la autonomía de la que ahora goza, o bien, en un segundo y definitivo paso, a dar cumplimiento a los artículos 155.1 y .2, que establece el uso de medidas excepcionales, y 8.1 que define taxativamente como misión de las Fuerzas Armadas “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional“.

No es, por tanto, el Gobierno de España quien viene jugando con fuego en el contencioso autonómico abierto, sino que son las CC.AA. beligerantes quienes parecen tener un interés especial -que no pongo en duda conociendo a los cabecillas de los movimientos separatistas- en llevar al límite la situación, para así intentar provocar una intervención armada de la que ya hemos tenido noticias en el pasado de España y que sigue mostrando su cara más violenta en algunos territorios europeos.

Por ello que sabido ya que los independentista no desean el diálogo – por mucho que eufemísticamente apelen a él- sino que pretenden la imposición de sus tesis, habría que exigírsele a todos los partidos constitucionalistas unidad y solidez de criterio en el sentido no sólo de oponerse rotundamente a la ruptura del Estado, sino de propugnar las medidas que para la defensa de la integridad del mismo establece la Constitución.

Resulta hilarante, al menos para quienes hemos vivido de primera mano la práctica política e institucional, que el PSOE propugne ahora, como maniobra electoral, la creación de una subcomisión en el Congreso que estudie la situación del Estado de las Autonomías, cuando en el Senado existe la Comisión General de las Comunidades Autónomas, creada en febrero de 1994 y que desde septiembre de 1986 ya funcionaba como Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial, que puede dirigir sus debates, entre otros muchos aspectos, a valorar la problemática existente en todas y cada una de ellas y en sus relaciones con el Estado.

No es ese el camino a seguir. Las propuestas de Gobierno y oposición deberían ir en el sentido de defender el actual modelo constitucional o, en todo caso y si se considera necesario, promover constitucionalmente el debate necesario para su revisión, no de forma aislada y excluyente, como pretenden algunos nacionalistas, sino con el consenso de todos los españoles a través de sus representantes y, en último término, de una consulta que refrende los cambios propuestos.

La situación no es fácil y ante ella no vale demostrar debilidad o fisuras. Entiendo que existan intereses electorales en los grandes partidos, pero deberían comportarse con la suficiente inteligencia como para saber que el no afrontar en unidad esta situación les llevaría a ambos a tener que asumir una conflictividad social que no tengo muy claro en qué desembocaría.

Ojalá el Ejército no tenga que cumplir con el cometido que le asigna el art. 8.1 de la Constitución y los derechos e intereses de la mayoría primen sobre los de una minoría tan sectaria como la que puedan representar José Luis Bilbao o Artur Más, sin que deba ser la fuerza quien doblegue a la sinrazón

 

Rouco, Le Pen, Cotino y 11 millones más

Enrique Bellido Muñoz | 3 de enero de 2014 a las 22:09

abortoQue el PSOE es maestro en el arte de la demagogia no creo que a nadie le pille por sorpresa.

Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha vuelto a darnos buena muestra de ello cuando en una rueda de prensa se ha referido a la modificación de la Ley del Aborto con la demagógica afirmación de que la propuesta del Gobierno sólo había recibido el visto bueno de monseñor Rouco Varela, Jean Marie Le Pen y Juan Cotino, representantes de la Iglesia, la ultraderecha francesa y el Opus Dei.

No mencionaba la portavoz socialista, con toda seguridad porque para ella y su partido las mayorías electorales tienen poco valor en democracia, que al margen de estos tres personajes, 10.830.693 españoles, el 44,62% del electorado, lo que supuso una mayoría absoluta parlamentaria, habían decidido, dos años antes, apoyar esta reforma a través de un programa de gobierno que se votó en las urnas y que, además, avalaron los 186 diputados que obtuvieron escaño con el P.P. y que, por tal motivo, estarán obligados éticamente a apoyar la propuesta que finalmente se consensue en el trámite parlamentario.

Y es que el margen de que la ley se base en supuestos o en plazos, al margen incluso de que podamos estar o no a favor del aborto en cualquiera de sus formas, lo cierto es que la materia contiene un profundo componente ideológico que en democracia no puede sino resolverse en el marco de las mayorías electorales que se establecen de la confrontación de programas.

Por ello que Soraya Rodríguez pretenda, otra vez, ganar la partida mediática con una estrategia tan manida como es la de la utilización demagógica de diferentes símbolos: Iglesia, extrema derecha u Opus, frente a la legitimidad que brindan las urnas, a falta de argumentaciones de mayor peso.

Parece ser que Ruiz- Gallardón y el Gobierno no están dispuestos a “arrugarse” ante la campaña orquestada por sectores afines a la izquierda, ni ante las voces contrarias nacidas desde el propio seno del Partido Popular. Sin embargo, les queda la nada despreciable tarea de contrarrestar los argumentos demagógicos, como los utilizados por Rodríguez,  y cualesquiera otros de carácter formal que quieran ponerse en valor, logrando que lo propuesto en 2011 obtenga dos años después el necesario refrendo social más allá del que pueda obtener en las Cortes.

Esperemos que, esta vez sí, se juegue con la necesaria solvencia la batalla de los medios…

Los Santos Inocentes

Enrique Bellido Muñoz | 10 de diciembre de 2013 a las 12:29

los-santos-inocentesNo puede sino tratarse de una broma de mal gusto, un preludio del Día de los Inocentes, o la consecuencia de una mala noche de sexo del ministro de turno, el rumor que se ha ido extendiendo en torno a la posibilidad de que el Gobierno, dentro de la reforma tributaria del año que viene, elimine, con carácter retroactivo, la deducción por vivienda en la declaración de la renta.

He leído por ahí que la orden se enmarcaría dentro de las medidas que el Ejecutivo tiene previsto aplicar a fin de reducir el gasto público de forma estructural aumentando el potencial de crecimiento.

¿Reducir el gasto público? Yo hablaría mejor de incrementar la caja pública en base a reducir, nuevamente, los ingresos familiares, provocando la disminución del consumo y sometiendo a las familias a una mayor presión fiscal y, en muchos casos, a situaciones de insostenibilidad que yo creo que, ahora sí, harían estallar a una sociedad que no puede admitir, en forma alguna, más recortes y agresiones desde la clase política.

Sólo faltaría que ahora, que vemos como sale a subasta por una décima parte de lo que costó, el injustificable aeropuerto de Ciudad Real, construido con el dinero de todos, nos venga el ministro de Economía o el de Hacienda, o ambos juntos más el presidente del Gobierno, a decirnos que para pagar, entre otras muchas cosas, la faraónica e inútil obra que se le ocurriera al tonto de turno, que además ocupaba un cargo público, quienes llevaban años desgravando por la vivienda habitual han de dejar de hacerlo.

Pero no sólo representaría un despropósito económico y social la medida, sino que aplicar la retroactividad a la misma supondría una transgresión de la doctrina jurídica, además de un flagrante engaño a la población.

No olvidemos que con la normativa sobre desgravación fiscal por la vivienda se animó a muchos españoles -serían 6 millones los que se verían afectados- a adquirir un compromiso de pagos que iban íntimamente ligados a las ventajas fiscales de los mismos. Cambiar unilateralmente las clausulas y además hacerlo retroactivamente supondría no solamente un abuso de autoridad, contrario a los principios democráticos, sino un estúpido error social y político que habría de volverse contra quienes lo pusieran en práctica.

Es más, yo creo que, en buena lógica, podría llevar a la insumisión fiscal dado el coste económico y en tiempo que para los afectados representaría actuar legalmente contra el Estado.

De ahorro tiene todavía mucha capacidad el propio Estado. No necesita sino acabar de una vez por todas, y de verdad, con la duplicidad de funciones que se vienen produciendo en los tres niveles: nacional, autonómico y municipal; poner orden en el desbocado gasto del estado autonómico; y exigir de los bancos una más rotunda y leal participación en el reflote de nuestra economía. Lo que sucede es que resulta mucho más fácil meterle la mano en el bolsillo al débil que reclamarle al más fuerte lo que debe.

Confiemos que a alguien le hayan bailado las fechas y crea llegado el 28 de diciembre.

Feliz Navidad, Javier

Enrique Bellido Muñoz | 5 de diciembre de 2013 a las 13:34

Javier ArenasSería un día como hoy de hace ya unos años, 5 ó 6, no recuerdo. Estábamos citados en Sevilla para una reunión del Consejo Asesor al que en su día me invitó a participar Javier Arenas, una vez pasados tres o cuatro años  de hacerme abandonar la presidencia del partido en Córdoba en mayo del 2002.

Recuerdo que a aquella reunión no asistiría Arenas pero al bajar unas escaleras hacia la sala me lo crucé en ellas y al hilo del saludo me dijo: “Ah, y que sepas que he dado orden para que te envíen a tu casa una caja de mantecados con mi felicitación navideña”. Se lo agradecí y me introduje en la sesión.

Pasaron los días y nunca recibí aquella caja de mantecados que, al margen del  valor económico que pudieran tener, para mi  -y digo para mi- si que tenía un valor sentimental, porque de alguna forma hubiera venido a representar como la vuelta a una relación de amigos, y de partido, que nunca -y bien digo nunca- debiera haberse roto.

Pensé que tal vez la orden dada no hubiese sido debidamente cumplimentada por la intendencia del partido. Sin embargo, no pude abstraerme de pensar que, una vez más, Javier, en su afán por quedar bien con todo el mundo, volvía a caer en el error de ir generando frustraciones a su alrededor que con el tiempo han logrado desdibujar la figura de un político que, lo he dicho en más de una ocasión, pudiera haber optado a todo y ha podido quedar como un singular y destacado “fontanero de partido” o “barón” , teniendo en cuenta el dominio que ha mantenido durante años sobre la militancia andaluza.

Les digo esto porque leía hace un rato en Facebook el artículo que el periodista Pepe Fernández subía a su página, escrito por Raul del Pozo y titulado Luciérnagas.

En él se comentaba que ante la boda del hijo de Juan Ignacio Zoido, el contrayente le dijo a su padre: “Si viene Javier Arenas no me caso”. Dice que Arenas no fue invitado, sino que horas antes de la ceremonia el ex presidente regional del PP se autoinvitó, generando el disgusto de la familia.

Y de verdad que no entiendo como se ha podido llegar a esto. Qué tipo de circunstancias se han debido dar en el seno del PP-A para que quien en su día fuera designado sucesor de Arenas por el propio Arenas muestre una animadversión tal hacia su precursor.

No comprendo -o si llego a comprender- porqué en el momento actual la derecha andaluza carece de liderazgo, viéndose sometida a un extraño baile de supuestos que daña, aún más si cabe, las escasas posibilidades electorales que ante una izquierda reunificada se presentan.

Porque Zoido, reconocido magistrado y seguro que excelente alcalde de Sevilla, nunca debiera haber sido elegido para hacerse cargo del duro trabajo que a pie de pueblo le corresponde a un presidente regional. ¿Por qué aquella designación?

Y a partir de ahí esa lucha soterrada que parecen mantener Maria Dolores de Cospedal y Javier Arenas por el control de Andalucía, que no sé quien terminará ganando, pero que sí que ha llevado al vergonzoso espectáculo de muchos pupilos -nacidos de su escuela y colocados por su dedo- de Arenas, renegando de su mentor para garantizarse el favor de la actual secretaria general.

Una sarta de despropósitos que debieran resolver abriendo el partido, permitiendo que los malos olores que dentro de él deben respirarse tengan salida por las puertas y ventanas y convocando a la militancia a una consulta libre, que tiene sus riesgos, es cierto, pero que legitimaría el futuro de lo que entre todos queramos hacer.

Siento que el periplo de Javier Arenas, ese trabajo diario pueblo a pueblo, ese reconocer a todos y cada uno de los militantes por su nombre, esa capacidad para entregar su tiempo al partido, esa memoria prodigiosa y esos grandes valores políticos que ha dejado eclipsar por otros de inferior categoría, acaben así, con un partido sin rumbo definido y en el que todos los tripulantes se preguntan quien será el capitán de la nave.

Lo siento porque siempre lo he admirado -putadas a parte- y al margen de que no me llegara aquella caja de mantecados. Feliz Navidad, Javier.

El imperio del mal

Enrique Bellido Muñoz | 3 de diciembre de 2013 a las 16:36

imperio del malQue quieren que les diga, no me deja nada tranquilo que el secretario de organización de UGT-A, Manuel Ferrer, haya anunciado hoy el borrado de más de 1700 archivos de los ordenadores que la central sindical tiene en su sede regional.

Él mismo, poniéndose la venda antes de hacerse la herida, ha manifestado su temor a que la opinión pública considere este hecho como una forma de tapar los desmanes económicos que desde la formación sindical hubiese podido cometerse y que ya investiga la Justicia.

No sé si en plan de coña, Ferrer, al intentar explicar lo ocurrido, ha comparado el suceso con lo acontecido a “los discos duros del PP” en alusión al caso Bárcenas.

Lo cierto es que cada vez tiene uno más la sensación de estar moviéndose entre truhanes de todo pelaje y clase, que a cambio de un puñado de monedas -en ocasiones llevándoselas a sacos llenos- son capaces de violentar todo tipo de principios en un claro desprecio a las normas y leyes que la convivencia social ha ido imponiendo.

Lo del borrado de discos en la UGT, como el que se llevó a cabo en el PP, no huele sino a coartada con la que eludir la acción de la Justicia por mucho que se nos quiera vestir la mona de seda.

Y ante ello, ante el poder de partidos políticos, organizaciones sindicales y otras instituciones del Estado, el individuo, que es quien en último término las sostiene y quien debería tener el control pleno sobre ellas, se muestra impotente, desconfiando a su vez de la acción de la Justicia, dominada, como hemos visto en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por los propios partidos políticos que en este caso sí son capaces de ponerse de acuerdo.

Dice Ferrer que se han abierto tres expedientes dentro del sindicato y dos de los encausados han sido amonestados por falta de pruebas y en el tercero de los casos la investigación sigue abierta. Sin embargo, me pregunto que ya que tienen tan claro el borrado de esos 1756 archivos y la copia de 22.400 más, cómo es que aún no se han dirigido ante el juez a denunciar los hechos a fin de que sea la policía judicial quien investigue lo sucedido.

Mucho me temo que como apunta el secretario de organización de UGT-A todo se trate de una mera estrategia con la que tapar las posibles irregularidades cometidas.

Por cierto, respondiendo a los periodistas, Manuel Ferrer ha insistido en que si se detectan irregularidades devolverán el dinero defraudado, desconociendo si UGT tendrá capacidad económica para afrontar esas supuestas devoluciones.

O sea, para mear y no echar gota. ¿Y dónde están las responsabilidades civiles y penales de los supuestos defraudadores? ¿Y el dinero, a qué paraíso caribeño habrá ido a parar?

Esta claro que o la sociedad le para los pies a este tipo de personajes y a las instituciones que les dan cobijo o mucho me temo que sea el imperio del mal -ojalá que no el del crimen- quien terminará apoderándose de ella, si no lo ha hecho ya…

 

¡Córdoba es la leche!

Enrique Bellido Muñoz | 3 de diciembre de 2013 a las 12:57

escuela agrónomosTengo en gran estima al actual Rector, del que me considero amigo, José Manuel Roldán, respeto profundamente a mi colega Balbino Povenado, de José Romero conozco su trayectoria empresarial aunque sería incapaz de valorarla, pero todo ello no quita que, una vez más, haya sufrido un sobresalto al leer la noticia de que se ha firmado una declaración de intenciones por la cual la Universidad cordobesa, el Grupo Médico Hospital Internacional de Córdoba S.L. y la Sociedad Gestión Hospitalaria Cordobesa S.L., se comprometen a valorar la posibilidad de construir un hospital de Alta Tecnología -otra vez lo de Alta Tecnología como guinda con la que adornar el proyecto- en el edificio que hasta hace unos años ocupaba la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos.

Supongo que si se ha llegado al acto de esa firma es porque el antiguo edificio de agrónomos y los terrenos que lo circundan son propiedad de la Universidad de Córdoba y no los disfrutaba en sesión reversible al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), como he podido leer en algún comentario a la noticia.

Sin embargo, y superada esta duda, llama poderosamente la atención que a los pocos días de anunciar el Grupo Quirón su intención de construir un centro hospitalario muy cerca del Reina Sofía y levantarse en señal de júbilo las voces de nuestros más destacados próceres, se nos sorprenda ahora con esta nueva oferta, ya fracasada en los terrenos cercanos al Castillo de la Albaida y, posteriormente, en Rabanales 21.

Desconozco a esta hora, recién salida la noticia del horno informativo, cuantas adhesiones y de que tipo generará la declaración de intenciones firmada, pero mucho me temo que para quienes mostramos algún tipo de inquietud con respecto a lo que sucede en nuestra ciudad y los proyectos que en ella podrían desarrollarse -en nuestra tierra hay que utilizar el condicional so pena de equivocarse-, la perplejidad y la duda – la duda razonable- serán las expresiones que con más fuerza asomen a la ventana de nuestros lóbulos temporales.

¡Córdoba es la leche! lo decía en el título, y lo mismo nos arrastramos de pena, llorando de esquina en esquina, porque no hay quien dé un paso hacia delante impulsando nuestra sociedad y nuestra economía, como tiramos la casa por la ventana aireando proyectos, la mayoría de ellos ni siquiera iniciados, que terminan alimentando únicamente nuestra frustración y ese curriculum de suspensos que termina en el fracaso social.

Lo digo una vez más, y van muchas. Ya está bien de anuncios -no sé si bien o mal intencionados-, de estrategias empresariales, de globos sonda o vete tú a saber si de autobombo estéril. Córdoba necesita de algo bien distinto. De proyectos serios y finalizados. No de maquetas, fotos ante la prensa y declaraciones de intenciones que, hasta ahora, todos sabemos en qué terminan.

Si quieren trabajar, unos y otros, háganlo en silencio, valoren sus posibilidades y las del mercado con discreción y si en definitiva consideran que el proyecto resulta viable, ejecútenlo con celeridad, pero a los cordobeses no nos intoxiquen más con deseos o mamandurrias que vean la luz sólo para ser incumplidas.

Cuando la Clínica Quirón y el Hospital de Agrónomos entren en funcionamiento aplaudiremos su gestión, mientras, no esperen ninguna expresión de júbilo que no sea la que provenga de nuestros próceres, obligados a ofrecerla.

 

 

 

El enroque

Enrique Bellido Muñoz | 26 de noviembre de 2013 a las 12:47

enroque03Comprendo que a Manuel Pastrana, antiguo secretario general de UGT-A y a los delegados provinciales que acudieron al IX Congreso regional de la formación sindical, les gustase el diseño que Salvador Bachiller tiene para sus bolsos de mano. Ser sindicalista de clase no está reñido, ni mucho menos, con el gusto por el diseño, con el placer de tomar un buen langostino de Huelva o con la alegría vital que pueda dar rienda suelta a los mejores impulsos festivos en la Feria de Sevilla.

La prueba de que no son excluyentes es que los dirigentes del sindicato socialista han dado buena muestra de ello si nos atenemos a las crónicas e investigaciones periodísticas de varios medios de comunicación.

Otra cosa bien distinta es que bolsos, langostinos y jarana se financien con cargo a fondos de la Junta de Andalucía que, en condiciones normales y legales deberían ir destinados a programas de formación de los trabajadores, en paro o no, en lugar de alimentar el lujo y el ocio de una clase dirigente sindical a la que delataba Salvador Mera, ex secretario provincial de UGT de Cádiz, al afirmar, tras dimitir del cargo por su imputación en el caso de los ERE’s falsos:  “Yo me someto a lo que me diga la organización. Por lo tanto ocuparé el sitio que la organización decida que debo ocupar, como si decide que me tengo que ir a trabajar, eso haré”.

Como tampoco queda nada bien que quien se dice defensora de los trabajadores españoles -aunque ya sabemos de sus correrías por el Caribe-, lo que debería traducirse en la defensa de nuestro sistema productivo y del valor añadido que representa el diseño -algo de lo que ya sabemos que carece la industria oriental-, se vaya precisamente a Oriente a imitar los bolsos de Bachiller, quitando cuota de producción y salarial a los empleados de la empresa madrileña para dar ambas a industrias radicadas a miles de kilómetros en las que sabe Dios en qué condiciones laborales trabajan sus empleados.

Y cuando las cosas se hacen así de mal, cuando las evidencias resultan tan bochornosas y comprometedoras, no se comprende que precisamente el Consejero de Economía, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, salga en defensa del sindicato ugetista, cuando todo debiera hacer pensar que su posición debería estar al lado de los empleados o posibles empleados.

¿He dicho no se comprende? He debido cometer un lapsus. Si, si que se comprende si tenemos en cuenta que Maldonado es afiliado a UGT y encabezó la candidatura de su sindicato a las elecciones de la Universidad de Málaga en octubre de 2008.

Como tampoco se entiende que Cándido Méndez se sacuda el polvo y hable de que hay que depurar responsabilidades en Andalucía, a la vez que pretende alimentar el fantasma de la conspiración para tapar el caso Bárcenas.

Tanto UGT como el PP tendrán todavía mucho que explicar, como lo tendrá que hacer el PSOE ante la Justicia en el caso del mayor fraude cometido con fondos públicos, como es el de los ERE’s falsos.

De ahí que no me extrañen las palabras que el otro día pronunciaba mi buen amigo Esteban González Pons en Alcoy al afirmar que su partido es “tan honrado como todos”, dibujando con ello una nebulosa a la que no escapan, por desgracia, otro tipo de instituciones y organizaciones de este país.

Que hace falta una regeneración ética en la sociedad española, nadie lo duda, salvo aquellos que no están dispuestos a protagonizarla. Que se vaya a llevar a efecto ya abre muchas más interrogantes si tenemos en cuenta como se enrocan nuestros dirigentes en sus posiciones.

 

 

… De parvulario, diría yo

Enrique Bellido Muñoz | 21 de noviembre de 2013 a las 11:50

gaspar zarríasLe han llamado siempre el “franquito” por su indudable parecido físico con Francisco Franco y supongo que por la forma autoritaria con la que dirigía al partido socialista en Andalucía.

Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, actual Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y, con toda seguridad, uno de los personajes políticos más influyentes en Andalucía entre finales de los 80 del siglo pasado y la primera década del presente,  y con una trayectoria ininterrumpida de más 31 años ocupando un cargo público -es muy posible que pretenda batir  el record del general-, se ve envuelto ahora en un episodio con tintes bananeros por el que, por su condición de Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía entonces y de militante ugetista a la vez, puede que tenga que verse las caras con la Justicia.

Es cierto, así lo recogen sus estatutos, que en el art.2.5 la Unión General de Trabajadores reconoce mantener “relaciones con las organizaciones sindicales de otros países que persigan el mismo fin, practicando con ellas la solidaridad”.

Sin embargo, en el caso que ha sacado a la luz el diario ABC, parece no tratarse de una acción solidaria con una determinada organización sindical caribeña, sino de la apertura de ocho sucursales de la propia UGT, con fondos que no le eran propios sino aportados en el 90% por la Junta de Andalucía y, más concretamente, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, dependiente de Gaspar Zarrías, no se sabe bien con qué fines concretos, dado que en cada país son los propios sindicatos los que asumen la defensa y, en su caso, la formación de los trabajadores.
Puede que el motivo de este despliegue sindical siguiendo los pasos de Colón fuese, como se apunta en la noticia, el adoctrinamiento de nuevos sindicalistas en los postulados de la izquierda, lo que representaría, ya que se hacía con fondos públicos, no sólo un fraude de ley sino un claro ejercicio de nepotismo enfrentado al bien general.
En todo caso, son múltiples los cauces de los que disponen los gobiernos autonómicos y el Estado para fomentar la cooperación internacional y el desarrollo en otros países para que en una Comunidad ciertamente deprimida como la nuestra, con cifras del 30% de desempleo, se distraiga dinero público a manos de un sindicato que debiera estar trabajando, como primer objetivo, por la promoción social y laboral de los trabajadores andaluces.

Ya no es que en el caribe algunos sindicalistas se convidasen a mariscos con el dinero de la Junta o pagasen viajes y estancias hoteleras a cargo del presupuesto de Andalucía, lo que joroba es que encima nos hagan pasar por idiotas negando las evidencias no sólo en este caso sino en otros como las mordidas en los ERE’s, las comilonas de la feria de Sevilla o los cursos de formación que no eran tales.

Y encima seguirán pretendiendo que confiemos en los sindicatos de clase…. de parvulario, diría yo. Y menos con Zarrías como profesor.