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Prudencia y mesura

Enrique Bellido Muñoz | 13 de julio de 2011 a las 8:01

Hay que reconocer que mi amigo Luis Carreto no estuvo afortunado el otro día al referirse a los funcionarios.

Y no lo estuvo porque reconociendo que se hace necesaria una profunda reestructuración del sector público adecuándolo al nuevo modelo productivo, no somos los funcionarios responsables directos de que los cambios no se hayan abordado con la celeridad necesaria en muchos casos, sino que lo son las distintas administraciones que o no tienen las ideas muy claras o ven con temor afrontar un reto de tal magnitud.

Sí, Luis, los funcionarios estamos sufriendo en nuestras carnes las consecuencias de la crisis.

Las sufrimos porque sin salarios de escándalo hemos debido soportar rebajas y congelaciones en nuestros sueldos y, en muchos casos, dificultades para acceder a un puesto de trabajo dada la disminución de oferta de empleo público.

Las sufrimos porque también tenemos hijos –me parece que como los empresarios- a los que la crisis les impide acceder a desarrollarse profesionalmente, buscando fuera, en muchas ocasiones, las oportunidades laborales que Córdoba no les ofrece.

Y las sufrimos porque una situación global como esta afecta, en mayor o menor medida, a todos los ciudadanos sin excepción.

Es cierto que quienes tenemos una plaza en propiedad gozamos de lo que hoy es casi un privilegio en nuestro país, percibir un sueldo todos los meses del año, pero también lo es que discutir, hoy por hoy, esa realidad, supone poner en jaque a la Sanidad, la Justicia, la Educación, la Seguridad, etc, etc, españolas, que algún servicio básico creo yo que prestan.

Se justifican, por tanto, las críticas que a las palabras de Carreto han dirigido los sindicatos que, por cierto, también deberían hacer examen de conciencia de vez en cuando.

Pero es que, además, con sus palabras, el presidente de CECO se arriesga a que haya quien le diga que mientras los funcionarios, mejor o peor, no voy a entrar en ello, desempeñaban su función pública con unas retribuciones moderadas o bajas en muchos casos, había empresarios que se llenaban los bolsillos de billetes en pleno proceso especulativo, dilapidando a veces fortunas, para, finalmente, cuando ha llegado la crisis, encontrarse sin recursos, o teniendo estos a buen recaudo en el extranjero, cerrando empresas, acogiéndose a ERE`s y echando a muchos trabajadores a la calle.

Se arriesga, asimismo, a que puedan recordarle que gran parte de la financiación de su organización viene a través del sector público, de la propia Administración, a través, como sucede con las organizaciones sindicales, de los fondos para formación.

Que la solución a la crisis ha de venir en gran medida de la mano de los empresarios, nadie lo duda. Pero tampoco debiera dudar Luis Carreto de que muchos empresarios no han estado a la altura de las circunstancias en momentos como estos o, al menos, no lo estuvieron en los de bonanza, por lo que de muchos de aquellos polvos vienen ahora bastantes de los lodos que nos inundan.

En momentos como estos en los que las sensibilidades están a flor de piel hay que poner mucha mesura y prudencia en lo que se afirma.

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59 diputados

Enrique Bellido Muñoz | 7 de julio de 2011 a las 9:13

Quieren que hablemos de número de diputados, pues vamos a hacerlo.

La semana pasada se dejaba caer el Presidente de la Junta, José A. Griñan, con la propuesta de crear el escaño 110 en el Parlamento andaluz para entregárselo al pueblo a fin de que defienda desde él las iniciativas populares que se admitan a trámite.

Me preguntaba yo que cuando lo propone es porque piensa que los 109 escaños restantes, los actualmente ocupados por las tres fuerzas políticas que nos representan, no son propiedad del pueblo ni transmiten la voluntad de los andaluces a la cámara autonómica.

Y es que al margen de la demagogia que encierra la propuesta de Griñán, lo que realmente piensa el Presidente es que esos ciento nueve escaños son patrimonio de los partidos y no está de más ofrecer uno al pueblo, aunque sólo lo sea a efectos de imagen, que no de capacidad de decisión, como resulta evidente.

Unas semanas antes era Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía la que se dejaba caer con la iniciativa de incrementar el número de parlamentarios andaluces, creo que en veintitantos más, decían ellos que para facilitar la entrada de grupos minoritarios en la cámara cuando en realidad lo que se pretendía era aumentar la propia representación de IU, hoy escuálida, poseer más cargos institucionales que repartir y, en último término, engordar a una clase política que tira de presupuestos para su manutención y hoy está inflada tanto en su número como en su contenido institucional.

Y es ahí donde pretendo incidir. Si realmente se quiere hacer una reforma estructuralmente útil de nuestro Parlamento andaluz, funcionalmente operativa y económicamente adaptada a los tiempos que corren, que no son sino de crisis, vayamos a una disminución racional del número de diputados, pasando de los 109 ahora existentes a un número de 59 que sería más que suficiente no sólo para expresar la pluralidad política en cada provincia, sino el desarrollo normal de las actividades que en pleno y comisiones se hayan de desarrollar en el Palacio de las Cinco Llagas.

Sí, señores mandatarios de los partidos políticos, 59 parlamentarios distribuidos de la siguiente manera en función de la población de cada provincia: 12 en Sevilla, 9 en Málaga, 8 en Cádiz, 7 en Granada y Córdoba, 6 en Jaén y 5 en Almería y Huelva.

Suficientes, todos ellos, para representar a “grandes y chicos” en base a una ley electoral que a parte de considerar las listas abiertas, sea equitativa en el reparto de escaños, y suficientes para cubrir, de forma eficaz –siempre la eficacia irá en función de quienes la practiquen- las actividades parlamentarias.

Claro, ya no serían necesarios los dos vicepresidentes y los dos secretarios de Mesa del Parlamento y Comisiones, que reciben sus prebendas por ello, por lo que se quedarían en uno en cada cargo, y, eso sí, sus señorías deberían a la cámara una dedicación mayor a la actual sin que por ello hayan de cumplir ni siquiera con las 35 horas semanales de cualquier trabajador.

Y para justificar esta medida sólo tenemos que recurrir a mirar con cierto detalle la declaración de actividades de nuestros representantes andaluces y descubrir que bastantes de ellos compatibilizan a la vez cargos como alcalde o concejal, diputado provincial y diputado autonómico, junto a un cargo orgánico en el partido, en un ejercicio de demostración de que sus ocupaciones en cada una de las instituciones a las que representan no les demandan una especial dedicación, cuando las simultanean, por lo que, en el caso del parlamento andaluz, estamos dilapidando fondos públicos en pagar al doble de diputados requeridos para cumplir una misión que podrían realizar sólo 59 si se entregasen en exclusividad y con especial dedicación a ello, quedándoles incluso tiempo para recorrerse sus respectivas provincias y recoger y trasladar las demandas del diputado popular que ocuparía ese escaño 110 del que habla Griñán.

El ahorro económico sería muy importante para las arcas públicas, pero también lo sería el cambio de imagen de nuestros representantes, la actitud de estos y la operatividad del resto de instituciones en las que hasta ahora han venido ocupando asientos.

No tendrán narices, ninguno de los mandatarios andaluces, de llevar esta propuesta al programa electoral de las próximas autonómicas y no las tendrán porque, como realmente piensa Grinán, los escaños siguen siendo de los partidos y sin ese poder patrimonial dejarían de tener el poder absoluto que hoy ejercen en nuestro sistema democrático.

Verán como en eso sí que están de acuerdo.

El calvario de Lucena

Enrique Bellido Muñoz | 26 de junio de 2011 a las 10:13

La verdad es que la memoria me falla -bendito don cuando tienes recuerdos que vale la pena olvidar- y creo que fue en el Ministerio de Economía o Hacienda donde, hace ya muchos años, desde luego después de 1996, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de la nación, acompañé, como senador que lo era entonces por Córdoba, a Aurelio Garcia y a uno de los hermanos González Prieto, creo que a Juan Antonio, que por aquella época estaban dando los primeros pasos en el proyecto de construcción de un campo de golf en Lucena.

Creo, ellos lo recordarán mucho mejor que yo porque han vivido en primera persona el calvario de esta iniciativa, que pretendían comprar una finca donde ubicar todas las instalaciones y realizar el desarrollo urbanístico del entorno, que pertenecía a Patrimonio del Estado, posiblemente por la vía de los bienes que en su día se expropiaron a Rumasa. En mis vagos recuerdos creo que parte de esos terrenos estaban ocupados por una plantación de viñedos,

Desde entonces he seguido ese largo viacrucis que el proyecto ha vivido, en unos casos por la prensa y en otros por amigos que se habían adherido al mismo como socios.

Leo hoy que el presidente de las dos sociedades creadas al efecto, Miguel Cuenca, dimite irrevocablemente, y que salen a subasta los terrenos adquiridos a fin de liquidar las mismas y devolver a los socios sus aportaciones, poniendo fin a este largo e infructuoso recorrido de más de diez años.

Y no puedo decir sino que lo siento. Que Lucena, al margen de electoralismos que no vienen a cuento, no se merecía una traición más y no se la merecía de la forma que desde la Junta de Andalucía se le ha propinado, marcándole tiempos que no eran reales para finalmente llegar a este que ha acabado no sólo con la paciencia sino también con las fuerzas y los recursos de los promotores.

Me llama la atención la contundencia de las palabras de Miguel Cuenca, un hombre siempre cercano a los círculos de poder del socialismo, quejándose de la actitud de la Junta en todo el desarrollo del procedimiento de intento de legalización del proyecto.

Y es que, superados todos los trámites medioambientales que pudieran representar el principal freno a este tipo de obras, parece mucho más lógico que por parte del Gobierno de la Junta se hubiesen facilitado los cauces para la legalización de las mismas, precisamente en unos momentos en los que Lucena ha perdido miles de puestos de trabajo y necesita de alternativas que colaboren en el dinamismo empresarial que siempre ha caracterizado a aquella ciudad.

Da la sensación, si atendemos a lo dicho por sus promotores, de que, como decía antes, desde Sevilla, como en el viacrucis, se hayan ido poniendo obstáculos en el camino para que, al final, fuese el proyecto quien fuera desangrándose hasta la extenuación.

Parece ser que lo que se les exige ahora es adaptar el proyecto a lo recogido en aquello que no es sino un proyecto de ley, la futura ley de alojamientos turísticos, ahora en trámite parlamentario, y que vete tú a saber si entra en vigor ante la situación política que vivimos. Está claro que es una piedra más en el camino- como afirmaba Cuenca Valdivia en su intervención- que se le pone al proyecto y que ha provocado que el cansancio y la visualización de la falta de voluntad por parte de la Administración andaluza para aprobar el mismo, impidan superarla.

Recogen los comunicados de prensa que Aurelio García manifestó que desde 2001 no se ha aprobado ni un sólo nuevo campo de golf en Andalucía. Si ello es así, lo cuál viniendo de él no lo pongo en duda, por qué Manuel Chaves denominó como modélico el proyecto y se comprometió a su construcción cuando el criterio de la Junta era el no permitir el asentamiento de nuevos campos. Por qué jugar con las ilusiones de 500 socios, el trabajo de quienes los representaban y las expectativas de toda una comarca a sabiendas de que iban a traicionar a unos y otros.

Hay quien se preguntará si esta noticia, si la decisión de las sociedades responsables del proyecto, se hubiese producido antes del 22 de mayo, que efectos políticos habría tenido. O, incluso, si habiéndose celebrado, como así parece que fue, la reunión con los técnicos de la Junta el pasado 13 de abril, por qué no se hizo pública la actitud de estos antes de las elecciones.

En todo caso, una mala noticia para Lucena, para toda la Subbética, que sumar a esos innumerables puestos de trabajo que se han perdido en el sector de la madera y a ese etéreo hospital que decían iba a construirse pero que mucho me temo que esté sufriendo, también, su peculiar calvario.