“Una sentencia ejemplar” ha pedido el fiscal Anticorrupción y jefe de la Fiscalía de Málaga para los 86 procesados que quedan después de 21 meses de juicio del caso Malaya, el más grave asunto de corrupción ligada al urbanismo de la historia moderna de este país.

“Una sentencia ejemplar”, demandaba también la defensa de uno de los empresarios que se sientan en el banquillo, el que representa al propietario de la promotora Aifos, quizá el mayor símbolo de esa burbuja inmobiliaria que todo el mundo advertía pero que nadie impidió, con las consecuencias que ahora soportamos.

Pero me temo que aunque la literalidad de la petición sea idéntica en ambos casos, el sustrato al que apelaban los dos oradores era radicalmente distinto. Porque el letrado solicitaba que con el fallo  no cupiera la más mínima duda de la culpabilidad o inocencia de los justiciables, por ejemplo su patrocinado, acusado de pagar casi cinco millones de euros en sobornos al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Quizá pronunció esa petición obvia ante el temor de que tras el enorme impacto mediático del proceso, cuando el tribunal se siente a deliberar a finales del próximo mes, se  incline por emitir  un dictamen desproporcionado para apaciguar la sed de justicia. Así daría satisfacción a lo que se ha escrito en estos últimos seis años. Porque de lo contrario, si todo acaba diluyéndose en unas penas irrisorias,  se desataría una alarma social de enormes proporciones y cientos de preguntas sobre la eficacia de nuestro sistema a la hora de perseguir las conductas delictivas. Ésa es la presión que debe soportar el tribunal ante un caso con tanta notoriedad.

Pero el Ministerio Público seguramente escogió entre las acepciones de ejemplar la número 7 del diccionario: “Caso que sirve o debe servir de escarmiento”. Y, añado yo, de aviso a futuros navegantes por procelosos convenios y planes urbanísticos. ¿Pero ésa es la misión de la Justicia?

Pero es complicado reclamar ejemplaridad. El propio fiscal, Juan Carlos López Caballero, en su larga exposición de siete horas admitió que todo el montaje ideado por esta organización criminal de Malaya se sustentaba en un hecho evidente: cuando los jueces llegaran a pronunciarse sobre las ilegalidades de las licencias de obras para construir los pisos sería tarde. Las viviendas estarían ocupadas y no habría otra solución que legalizarlas. Como así ha sucedido a la postre, acuerdos para vestir más o menos al santo de por medio. No se ha derribado ni una.

Es la barbarie del gilismo la que quedará como ejemplo de un legado indestructible en Marbella.

Postdata: Añado sobre el asunto de la ejemplaridad lo que ha dicho el consejero de Justicia de la Junta.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha discrepado con el fiscal del caso Malaya contra la presunta corrupción en Marbella, que pidió una “sentencia ejemplar” y ha aseverado que una sentencia “no debe ser ejemplarizante, sino legal y justa”.
De Llera se refirió de este modo, en una entrevista a Canal Sur, a lo dicho en su informe final por el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, quien lanzó un “mensaje nítido a la sociedad” y aseguró que “no podemos permitir que se repitan” los comportamientos investigados en esta causa, por lo que dijo que espera “una sentencia ejemplar”.
El consejero del ramo subrayó que “las sentencias deben ser sentencias”, igual que “no cabe la posibilidad de que haya una Ley ejemplarizante”, de manera que “no parece razonable que una sentencia deba ser ejemplar, sino legal y justa”, pues en caso contrario se estaría “instrumentalizando” la resolución judicial para cumplir “una función pedagógica”. “Hay que ejemplarizar al pueblo con otras cosas, no con sentencias”, finalizó.
Preguntado por el juicio que celebrará la Audiencia Provincial de Málaga a partir del jueves contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, la que fuera su mujer Maite Zaldívar, su ex pareja Isabel Pantoja y otras siete personas más, acusados por la Fiscalía Anticorrución de blanqueo de capitales, en una pieza que fue separada del caso Malaya, indicó “siempre he sostenido que un juicio debe ser público siempre que no se perturbe el orden y la tranquilidad”, por lo que “si un foco está alterando el normal funcionamiento del juicio, habrá que sacar a los medios de comunicación de la sala”.