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MODIFICADOS CAÑÍ

Cayetano García de la Borbolla | 26 de febrero de 2013 a las 12:43

Hoy publica el diario El Mundo la noticia de que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha rechazado los tres recursos interpuestos por España contra la reducción de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) en los años noventa porque cometió irregularidades en su adjudicación de forma “sistemática”  Se trata del enésimo varapalo que da Bruselas a nuestro sistema de contratación pública.

Por otro lado no pasa un día sin que surjan nuevos escándalos de corrupción, ligados a la financiación ilegal de los partidos políticos, mediante exacciones que, en numerosos casos, pagaban los concesionarios de obra pública a los adjudicadores de  las obras.

Al espectador externo le resulta un tema sorprendente que, dentro de un ámbito que se supone transparente como la contratación pública, se de con tanta frecuencia “la mordida”, y, enseguida, surgen opiniones de todo tipo en cuanto a las causas que la favorecen y los modos más eficaces de combatirla. No quiero entrar en discursos sobre el alma y el ser de los españoles,  sobre si como dice The Economist, nuestra cultura de raíz católica favorece la tolerancia a las corruptelas; pero sí creo oportuno llamar la atención sobre determinadas estructuras legales que sin duda posibilitan, o cuando menos,  crean un entorno favorable al convoluto.

Existe una institución genuinamente española, como la mantilla, el gazpacho o la jota aragonesa: el modificado de contrato, sesuda creación de los tecnócratas del tardo franquismo ( es del año 1965), y como tantas otras cosas, incorporado a nuestro sistema actual, ya saben, aquello tan manido de la ley a la ley, o que todo cambie para que todo siga igual.

El modificado, en román paladino es la facultad que se concede a la administración para alterar los términos en los que se adjudicó una licitación administrativa, eso tan conocido en este país de adjudicar una obra por cien millones y que acabe costando ciento cuarenta;  y que pese a numerosos requerimientos  por parte de las instituciones europeas, nuestros gobernantes se han resistido a eliminar (Spain is different). El modificado, es una de las causas de que en palabras del profesor Sosa Wagner, la contratación del sector público en España “se asemeje a  un pantano donde campan a su aire las inmunidades del poder”, o sea, que gracias entre otras cosas al modificado, es más fácil acumular veintidós millones de euros en Suiza, como quien no quiere la cosa. Al final, terminando el año 2011 se decidió limitarlo, ante la postura firme de la UE de no cofinanciar los modificados de contratos: “si queréis un sistema de contratación castizo, pagadlo vosotros” vinieron a decirnos.

La ley de Contratos, que ha sufrido DOCE modificaciones en sus escasos cuatro años y medio de vigencia, intenta tras su última reforma  pasar del carácter ordinario y normal de la modificación contractual, a una naturaleza más estricta ¿Se está consiguiendo? ¿Es más difícil  ahora “echarse un sobrecito”? Pues que quieren que les diga… El modificado,  tabú para los europeos, sigue existiendo, aunque restringido, en una norma que todavía tiene significativas ambigüedades. España en esto sigue siendo diferente.