La banca en la sombra

Carmen Pérez | 25 de enero de 2015 a las 10:09

Siete años hace ya que comenzó la crisis financiera. Los supervisores financieros se afanaron desde su inicio por identificar sus causas para buscar soluciones, de manera que no se volviera a sufrir en el futuro una inestabilidad financiera semejante ni se tuvieran que rescatar bancos con fondos públicos nunca más. Hace poco, en Chicago, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Vitor Constancio, con un discurso titulado Where to from here? (¿Hacia dónde vamos?), hacía una parada en el camino para recopilar los logros alcanzados y las cuestiones que aún quedan por resolver. Sus palabras muestran preocupación, cuestionando que pueda plantearse siquiera esa pregunta con todo lo queda por hacer: aún no estamos here, nos dice.

Que sí, que por supuesto se han llevado a cabo muchas reformas: una mejor supervisión, mayor coordinación internacional, aumento de los requisitos de capital, o nuevos ratios, por nombrar sólo algunas. Pero enseguida señala el fondo del problema. Estos mayores controles se aplicarán a la parte regulada del sistema, en su mayoría bancos, pero resulta que la actividad financiera desarrollada por estas entidades se está reduciendo estos últimos años -los activos totales del sector bancario han disminuido en Europa un 11% desde 2012- y, paralelamente, se está incrementando la de la denominada banca en la sombra, y ahí queda un mundo todavía por hacer.

La banca en la sombra comprende tanto numerosas instituciones de diverso tipo (fondos de inversión, brokers y dealers, y compañías financieras no bancarias), como determinadas operaciones financieras (préstamos no bancarios, titulización, repos y derivados over the counter, OTC, principalmente). Al respecto, lo primero que hay que destacar es que los bancos tradicionales no son ajenos ni a aquéllas ni a éstas: las fronteras son tan difusas que la banca en la sombra es en gran medida la sombra de la banca.

Por otro lado, muchas entidades, como las de leasing o factoring, se niegan a que se las incluya dentro de este saco, cuyo nombre tiene connotaciones peyorativas; otras muchas denuncian que son los bancos regulados los que están presionando y alarmando excesivamente porque no quieren que otras entidades se lleven una porción del negocio; los bancos, por su parte, denuncian competencia desleal y se quejan de que ellos están asfixiados con tantos requisitos y controles, y que éstos deberían hacerse extensivos a todos los que participan del negocio financiero, distinguiendo actividades y no tipo de entidades.

Las dimensiones que está adquiriendo este sector son enormes (para hacernos una idea, el patrimonio de la americana BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, equivale a casi tres veces el PIB de España), y no se dispone del conocimiento suficiente ni de estadísticas fiables sobre el mismo, por lo que se desconoce el riesgo potencial que se asume globalmente, los posibles riesgos de contagios y la intensidad de las vinculaciones con la banca regulada, que pudieran conducir a que de nuevo en el futuro tuviera que ser rescatada. Además, también los peligros acechan a los inversores minoristas que confían sus ahorros a estas entidades y actividades, haciendo necesario reforzar con urgencia las medidas de protección del inversor para evitar que puedan ser objeto de fraudes en masa.

Sin embargo, el crecimiento de la banca en la sombra también conlleva importantes ventajas. El negocio financiero que desarrollan está completamente desvinculado de la protección pública -a diferencia de los depósitos de los bancos regulados- y, por tanto, las pérdidas en las que se incurra habrán de ser absorbidas directamente por los inversores; proporcionan alternativas más rentables que los depósitos bancarios, especialmente interesante en el contexto actual de bajísimos tipos de interés; también, gracias al alto grado de especialización que mantienen pueden cubrir con mayor eficiencia necesidades financieras específicas; supone abrir e intensificar nuevos canales de financiación hacia la economía real, que complementen a los tradicionales bancarios; y, por último, contribuyen a diversificar el riesgo fuera del sistema bancario.

La regulación del sistema financiero recuerda al mito de la Hidra de Lerna, a la que Hércules le cortaba una cabeza y le salían otras dos. Con esta última crisis se le ha cortado la cabeza a los bancos, haciéndolos mucho más seguros, pero provocando el desplazamiento del negocio financiero hacia la sombra, y con ello nuevas cabezas que cortar en la lucha contra la inestabilidad financiera y por la protección de los inversores. Hércules contó con ayuda para vencer; Estados, empresas y particulares también podrían contribuir utilizando adecuadamente el sistema financiero: por un lado, evitando el endeudamiento excesivo; por el otro, invirtiendo con conocimiento, responsabilidad y sentido común, pero lo cierto es que en vez de quemar las cabezas, como se venció a la Hidra, a veces las alimentamos.

Anomalía financiera

Carmen Pérez | 22 de enero de 2015 a las 10:56

El Euribor a un mes ha entrado en terreno negativo esta semana, sumándose a los de plazos más cortos, a una y a dos semanas, que llevan ya meses en esa línea. Y todo apunta a que se irán afectando los de mayores plazos hasta alcanzar al Euribor a doce meses (ayer, al 0,284%), el más utilizado como referencia en préstamos e hipotecas. Los endeudados a tipo variable (sin cláusulas suelo) pueden frotarse las manos. Escenarios completamente irracionales desde el punto de vista financiero no parecen ya tan imposibles: podría llegar incluso el caso extremo de que la entidad financiera sea la que les pague al cliente por tener una hipoteca.

El BCE, con todas las medidas que está llevando a cabo, y especialmente con la fijación de tipos de interés para los bancos al 0,05% para la financiación, y  el de depósito en el -0,20%, espera elevar la inflación al nivel marcado como objetivo, el 2%. Pero son tantas las anomalías financieras que se están produciendo que es preocupante a dónde pueden conducirnos todos estos experimentos monetarios. Esperemos que sepan bien qué están haciendo.

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La cita del jueves

Carmen Pérez | 18 de enero de 2015 a las 23:16

Sólo quedan ya cuatro días: el jueves es la cita. Se espera que entonces Mario Draghi anuncie por fin el inicio del programa de flexibilización cuantitativa, es decir, la compra masiva de bonos soberanos.  Nadie duda de que esto no vaya a pasar, ahora que la inflación ya está en negativo. Sobre la cantidad hay más variedad de opiniones, pero se baraja que por el momento supere como mínimo los 500 mil millones de euros. Pero lo que se desconoce aún es cómo se va a llevar a cabo, la puesta en funcionamiento. Diversas han sido las propuestas de los técnicos del BCE. Y la cuestión es de la mayor trascendencia porque va a suponer una constatación clara de cuál es la apuesta de los europeos por Europa: ¿se va a asumir el riesgo de esos bonos de forma conjunta o se va a dejar que cada país soporte el suyo? Algunos países, como Alemania, trabajan porque cada palo aguante su vela, y, así, no se muestran favorables a tener que soportar los posibles incumplimientos de otros Estados en el futuro; sin embargo, de hacerlo así: ¿no se fragmentaría más el sistema financiero europeo de lo que ya está?, ¿no era esa una de las tareas primordiales para el BCE, avanzar en el mercado financiero único? Por otra parte, ¿cómo se puede estar unido y separado a la vez?, ¿cómo se administraría un posible incumplimiento de un Estado de forma independiente, cuando a la vez pertenece al BCE? Y, ¿cómo responderá el mercado ante esta desconfianza de los propios socios entre ellos?, ¿perjudicaría la eficacia del mismo programa?

Con esta crisis los políticos de las altas finanzas europeas han tomado decisiones, como la Unión Bancaria Europea, con las que elegían hacer más profunda la Unión Europea. Pero ahora sí que es la hora de la verdad, al compartir el riesgo se compromete dinero, no sólo voluntades; se trata de aceptar o no un destino común. A ver el jueves…

Ahorradores condenados al riesgo

Carmen Pérez | 10 de enero de 2015 a las 20:20

En su reunión del 4 de septiembre de 2014, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, BCE, decidió establecer el tipo de interés aplicable a las operaciones principales de financiación en el 0,05%, el tipo de interés aplicable a la facilidad marginal de crédito en el 0,30%, y el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito en el -0,20%. Estos tipos de interés no se han cambiado desde entonces, veremos qué ocurre en próximos días que toca nueva revisión.

De esta forma (Ver “Instrumentos de política monetaria” en  https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/movies/html/index.es.html), el banco que le pida dinero al BCE tendrá que pagar un 0,05% o el 0,30%, dependiendo del instrumento utilizado, y, si por el contrario tiene exceso de liquidez y el banco quiere depositarlo en el BCE, tendrá que pagar un 0,20%. Sí, extraño, pagar por prestar es algo que rechaza nuestro entendimiento porque supone un total desorden financiero.

Estas decisiones de política monetaria pueden parecernos de altas finanzas, de carácter macroeconómico, y que poco tienen que ver con nosotros. Nada más lejos, porque ese mismo esquema es el que los bancos trasladan en sus relaciones con la clientela. Es lo que se pretende. La receta empuja al endeudamiento y complica el ahorro.

Centrándonos en el ahorro, tenemos que tener claro que se acabó el percibir intereses con total seguridad. Las imposiciones a plazo o  depósitos, garantizadas por el Estado hasta 100.000 euros por cuenta y depositante, se moverán por debajo del 0,5%. O menos, porque algunos bancos alemanes ya están cobrando a sus depositantes, aunque es cierto que para cuentas de más de 500.000 euros. No parece una hipótesis realista que llegue a España y para ahorradores de escasa cuantía, pero no del todo descabellada si el BCE incrementa el 0,20% para la facilidad de depósito para los bancos en las próximas revisiones.

Tampoco el comportamiento de las Letras del Tesoro es ajeno a éstas y a otras decisiones que está tomando el BCE. Sólo hace unos meses estuvieron a punto de adjudicarse en una de las subastas a rendimientos negativos. De haberse producido este hecho los inversores a corto plazo habrían tenido que pagarle al Estado español por prestarle su dinero.

Así, el trasvase de depositantes a fondos de inversión y a otras alternativas financieras está siendo masivo. Pero todas ellas implican asumir un mayor o menor nivel de riesgo, o entrar en mayores plazos, lo que dificulta recuperar la inversión en caso de necesidad. Es más, con las compras de títulos que está realizando el BCE, y las que se esperan, tampoco se obtendrán rendimientos positivos con las opciones más conservadoras, como los fondos de renta fija. No hay escapatoria, los ahorradores están condenados o a asumir riesgos, o a resignarse y dejar su dinero en cuenta corriente.

Dos últimas cosas. La primera, aconsejar al inversor no experto: 1) si no entiende lo que va a comprar, no lo haga, busque asesoramiento en otra parte; 2) el nombre del producto puede no reflejar la realidad, desconfíe de las promesas de rentabilidad “elevada”, “garantizada”, “cubierta” o “absoluta” porque pueden resultar engañosas; 3) sea precavido si necesita liquidez antes de que venza la inversión; 4) asegúrese de entender cuáles son los costes totales; y 5) puede haber disponibles productos similares menos complejos con costes inferiores. La segunda: desearle suerte.

El capitalismo de Podemos

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:39

EN el programa político del grupo Podemos se encuentran numerosas iniciativas de diferente índole. De todas ellas, analizar las propuestas de carácter financiero resulta especialmente interesante, ya que el sistema financiero ha sido el gran protagonista en el inicio, ha marcado el desarrollo, y se encuentra detrás de la mayor parte de las consecuencias de la crisis. Pareciera que las medidas que quieren adoptar fueran a cambiar por completo la configuración del mismo, dada la radicalidad con la que se ha presentado este grupo. Sin embargo, en este campo no es tan fiero el león como en otros. Algunas de ellas no son en absoluto novedosas e incluso alguna otra, sorprendentemente, se alinea con la postura defendida por los países capitalistas por excelencia: Reino Unido y EEUU.

La iniciativa que más ha sonado, por provocativa, el realizar una auditoría de la deuda para delimitar qué parte debe ser impagada, no cambiaría el sistema; simplemente nos destruiría: sólo el atisbo de que medidas así pudieran ser consideradas provocaría la retirada de la confianza de los inversores en nuestro país. Por ello lo más probable es que den marcha atrás, y se limiten en el futuro a mantener la otra alternativa, mucho más razonable, que también proponen al respecto: la reestructuración de la deuda, ajustando plazos para que nos sea más asequible afrontarla.

Por otra parte, propuestas como las de intensificar la labor del Instituto de Crédito Oficial para favorecer el crédito a las pymes, crear una agencia de calificación pública europea, instaurar una tasa a las transacciones financieras o tasa Tobin, o crear una banca pública se han planteado y discutido estos últimos años tanto en el ámbito nacional como en el europeo, e incluso algunas de ellas están ya en marcha. También es cierto que estas medidas pueden llevarse más o menos lejos, dependiendo de la forma de desarrollarse y de su coexistencia con la iniciativa privada.

También defienden cambios en el estatuto del Banco Central Europeo. Primero, que se definan varios objetivos, y no sólo la inflación, que orienten su actuación, como hace la Reserva Federal estadounidense, que tiene el mandato de mantener estables los precios a la vez que la máxima tasa de empleo sostenible. Y segundo, que pueda prestar directamente a los estados, cosa, al margen de su conveniencia o no, imposible hoy en Europa, que dista mucho de poder comportarse aún como si fuera un sólo país.

Pero lo que realmente llama la atención es que un grupo de extrema izquierda como Podemos presente una medida, la separación de la banca comercial y la banca de inversión, que coincide con la que ya estuvo vigente en EEUU en el pasado, y que tras la reciente crisis va a ser reincorporada -es cierto que no con la radicalidad con la que en un primer momento se planteó- tanto por Reino Unido como por los EEUU como una de las claves para acabar con la servidumbre del poder público ante el poder financiero.

El espíritu genuinamente capitalista de estos países le hace ver con total desagrado que entidades financieras, que no dejan de ser unas empresas más, no puedan quebrar si llevan a cabo mal su gestión. Para ello, la entidad que se dedique a esa función tan primordial en un sistema financiero como es la captación del ahorro mediante depósitos -garantizados por la administración pública, formalmente hasta 100.000 euros, aunque realmente en su totalidad-, debería estar sujeta a unos controles exhaustivos y tener completamente prohibidas las operaciones especulativas. Es decir, la banca comercial, que capta depósitos, que se someta a normas rigurosas; el banco de inversión, que quiera riesgos y falle, que caiga. En definitiva: poner a salvo al contribuyente de la banca.

Esta sí es una medida contundente que podría ayudar a acabar con los privilegios de la banca, porque atacaría la esencia misma del sistema actual. Que coincidan en defenderla tanto iniciativas liberales cuanto partidos como Podemos, que representan a la izquierda más radical, sólo puede significar una cosa: que rebosa sentido común. En Europa no están por la labor de implantarla, aunque Francia y Alemania, a nivel nacional, están dando pasos en este sentido. ¿Qué están esperando el resto de los partidos políticos en España en imitar a Podemos y proponerla?

Publicado el 22 de septiembre de 2014.

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¿Es necesario un banco público andaluz?

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:37

LA crisis económico-financiera fue como un terremoto para nuestro sistema financiero, terremoto que además de sus efectos propios puso de manifiesto las debilidades que el sistema ya tenía, derivadas de un inadecuado desarrollo mantenido durante largos años. Consecuentemente, el sistema ha experimentado una intensa reestructuración, produciéndose una reorganización de las entidades que lo componían hasta originar un modelo nuevo: más concentrado, con una organización territorial muy distinta, y de una naturaleza más homogénea, con la conversión casi completa de las cajas de ahorros en bancos. No se le ha dejado caer, cuantiosos recursos públicos se han invertido y han evitado su debacle, pero las modificaciones y saneamientos realizados no han conseguido que el nuevo sistema vuelva a cumplir una de las principales funciones que tiene encomendada: financiar a las pymes.

Pero si en este diagnóstico, agudizado en nuestra región, no hay discrepancias, sí que existen en las propuestas para solventarlo. El informe presentado ante al Parlamento andaluz por el grupo de trabajo que se constituyó al efecto así las refleja. IU-LV-CA, de quien partió la iniciativa, se muestra favorable a la creación de un banco público andaluz de carácter universal que palíe el problema. PSOE y PP, sin embargo, apuestan por potenciar una serie de instrumentos de apoyo a la financiación de las pymes que existen en nuestra comunidad y a poner en marcha algunos otros con pocas dificultades de implantación, aunque es cierto que el PSOE quiere dejar abierta la otra alternativa para el largo plazo.

La propuesta de IU-LV-CA, al margen del debate, que no es menor, de si queremos caminar hacia una administración pública de mayor tamaño, es una solución muy complicada. Ellos mismos son conscientes de las grandes dificultades que habría que superar, por los numerosos trámites que hay que cubrir para conseguir una ficha bancaria, por la falta de recursos que existen en la actualidad con los que dotar a este banco, y por el alto coste de financiación que tendría la entidad, dada la calificación crediticia actual de la Junta de Andalucía. La solución tardaría en llegar cuando el problema a resolver es acuciante, y además sería costosa.

Por otra parte, este banco público tendría que tener una dimensión considerable porque para proporcionar financiación a las pymes, y más en un contexto de crisis como el actual, la proximidad es muy importante, y acceder a la operativa de circulante de las empresas es vital para un correcto seguimiento de las operaciones, por lo que sería necesario una infraestructura poderosa que contara con numerosas sucursales repartidas por todo nuestro territorio.

En nuestra comunidad existen dos sociedades de garantía recíproca, Suraval y Avalunión, en las que la Junta de Andalucía es socio principal, cuya función es dinamizar el mercado de crédito mediante la otorgación de avales a las pymes, consiguiendo un importante apalancamiento de los recursos públicos; existen en la actualidad una docena de fondos reembolsables de carácter sectorial para este fin, con una dotación presupuestaria de unos 1.500 millones de euros, y con una ejecución aún muy escasa; disponemos de una entidad pública regional de capital riesgo, Invercaria, y de varias de carácter provincial; se pueden potenciar las redes de business angelsexistentes; es posible promover plataformas de crowdfunding; se puede incentivar a nuestras pymes de mayor tamaño para que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil, MAB, o para que emitan títulos en el Mercado Alternativo de Renta Fija, MARF; buscar alianzas con el Instituto de Crédito Oficial, ICO, con la Empresa Nacional de Innovación, Enisa, con el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDT, o el Banco Europeo de Inversiones, BEI; y tenemos un Instituto de Finanzas que puede empezar a operar en cualquier momento, al que se le pueden reorientar sus funciones para que acoja todo este conjunto de medidas, las coordine y las canalice de forme eficiente.

El estrepitoso fallo del mercado exige la intervención pública, no hay duda en ello. Tampoco puede dudarse de que en cualquiera de las soluciones posibles es absolutamente necesario que las operaciones financieras se analicen y se decidan con el mayor rigor financiero, dejando para la decisión política exclusivamente la asignación global de fondos. En el pasado han sido amargas las experiencias en las que la aprobación de las operaciones se ha realizado bajo criterios no estrictamente profesionales sino a instancias de la iniciativa pública, y, sin embargo, una estrecha colaboración público-privada en este campo está dando buenos resultados. En definitiva, y dadas las circunstancias actuales, el sentido común parece señalar con claridad que reciclar y vitalizar lo que ya disponemos es la solución más idónea, y que el banco público andaluz, cuanto menos, debería esperar.

Publicado el 17 de marzo de 2014.

Cine, ‘crowdfunding’ y financiación

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:32

EL cine, con motivo de los premios Goya, ha venido a popularizar esta figura de financiación en la que multitud de inversores con pequeñas cuantías financian un determinado proyecto: El cosmonauta fue la primera producción cinematográfica en España financiada a través decrowdfunding: 400.000 euros conseguidos por medio de las aportaciones de más de 4.500 empresas y particulares, que confiaron en el éxito del proyecto. Es posible que estos inversores no hayan obtenido beneficios, porque las películas y otros proyectos culturales similares se convierten en numerosas ocasiones en un Entre todos más, aunque sin lágrimas, pero en la mayoría de ellos las partes establecen una relación puramente económico-financiera, en la que el inversor espera cobrar sus intereses por el dinero prestado, bien recibiendo una cuantía fija, bien en proporción a los beneficios que genere el proyecto en el cual ha confiado.

Con esta figura se traslada a escala doméstica lo que ya hacen desde siempre las grandes empresas, que suelen conseguir la financiación para algún proyecto de envergadura a través de la participación de varios agentes, que se reparten de forma variable cantidad y riesgo. Ocurre así con los préstamos sindicados, en los que un grupo de bancos o cajas se reparten la financiación en determinada proporción; o cuando se lleva a cabo una emisión de obligaciones o de pagarés, en la que una multitud de inversores se convierte en prestamista de la empresa.

En la actualidad se están disparando el número de proyectos que buscan financiarse con esta fórmula y, de forma paralela, se han multiplicado las plataformas que permiten recaudar este tipo de financiación, porque se dispone ya de la tecnología que lo hace posible: en internet han proliferado las plataformas de crowdfunding que nos permiten publicar nuestro proyecto y recoger las aportaciones de una manera sencilla. Hay plataformas para todos los gustos, muchas dedicadas a proyectos empresariales, ya sean de carácter generalista o especializadas en sectores concretos o tipos de proyectos; otras, en las que cabe de todo: música, aficiones, financiación de personas, obras de caridad, etc.

Para la economía, los más interesantes son los proyectos de carácter tecnológico, que suelen tener mucho peso dentro del universo del crowdfunding, pero también otros que están recurriendo cada vez más a esta fórmula, como la investigación científica, los videojuegos, el desarrollo de aplicaciones o, incluso, como hemos mencionado, la producción audiovisual.

Pero como todo instrumento financiero el crowfunding tiene riesgos y conviene conocerlos antes de operar con él. De hecho, la Comisión Europea se ha interesado por su funcionamiento porque lo considera un buen canal de financiación para proyectos que tienen vedado el acceso a las vías tradicionales, pero está manteniendo una actividad constante para que se establezca cuanto antes un marco legislativo homogéneo en todo el territorio de la Unión Europea, y, sobre todo, para que se proteja convenientemente al inversor.

Los dos retos principales que se plantean son combatir el fraude y la utilización de esta vía para el lavado de dinero, por lo que habrá que buscar mecanismos que aseguren la existencia y veracidad de los proyectos que buscan financiación, así como el establecimiento de un mecanismo de registro de los movimientos generados en el proceso. También hay que introducir controles que garanticen el cumplimiento de todas las condiciones pactadas, sean cuales sean, porque la variedad de crowdfunding es elevada; por otra parte, el inversor debe conocer la falta liquidez de estas participaciones, ya que las posibilidades de salida de su inversión serán prácticamente nulas.

Muchas son las soluciones que se aportan para lidiar estos riesgos: poner techo al importe total obtenido por esta vía, limitar la cuantía de las aportaciones, regular y velar por la transparencia en los folletos o información emitida, obligar a difundir una valoración correcta y externa de los proyectos, o clarificar los impuestos que se generan, entre otras.

En definitiva, bienvenida sea esta vía de financiación si consigue que proyectos innovadores puedan llegar a realizarse; bienvenida también porque permite actuar como business angel a la medida de las posibilidades de cada pequeño inversor. La economía real se verá con seguridad beneficiada, pero, como siempre en el mundo financiero, hay que observar la máxima precaución, especialmente si entramos en estos proyectos como inversores y no como simples donantes. Porque aunque el descalabro económico sea pequeño, en todo caso, el sentimiento de haber sido timados puede hacernos aflorar, sin haberlo buscado, las lágrimas.

Publicado el 3 de abril de 2014.

La clave está en los depósitos

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:25

LOS bancos dependen en gran medida de los depósitos, y necesitan, por ello, que estén fuera de todo riesgo. La directiva europea garantiza los depósitos de todos los europeos hasta un máximo de 100.000 euros. En España, esta norma está recogida en el decreto que regula el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). También, en esa línea, se están discutiendo los principales términos para las resoluciones y liquidaciones bancarias del futuro Sistema Único de Resolución Europeo (segundo pilar de la Unión Bancaria Europea): accionistas, tenedores de preferentes y obligaciones subordinadas, bonistas y finalmente depositantes con saldos superiores a 100.000 euros será el orden que regirá a la hora de afrontar las pérdidas.

Pero lo de Chipre ha venido a remover estas aguas. Tanto, que los bancos españoles, a través de la Asociación Española de la Banca y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, piden al Gobierno que los depósitos no figuren en ninguna norma relacionada con futuros rescates. Por pedir, piden que sean todos los depósitos los asegurados, sean cuales sean sus importes.

Por su parte, los gobiernos necesitan que el sistema financiero sea estable, que funcione adecuadamente y que sepa atender a la economía real. También ellos están interesados en que los ahorradores estén completamente tranquilos con sus depósitos. Pero, si les toca asumir la protección, ¿qué pueden exigir a cambio? Es verdad que los bancos se ven obligados a realizar unos desembolsos en función del volumen de depósitos al FGD, pero parece lógico pensar que estas cuantías las terminan aportando implícitamente los usuarios financieros, por lo que se convierte así en un impuesto más y los bancos actúan sólo de instrumento recaudador, sin afectarse. Por otra parte, no pueden exigirles que cumplan su función y que concedan más crédito a pymes y a familias, aspecto fundamental para conseguir la recuperación económica. La economía no está para mucha confianza y los bancos piden que sea el Estado el que asuma parte de la morosidad derivada de las operaciones formalizadas con lo que vuelve a salir a relucir otra vez la ayuda pública.

Se necesitan mutuamente, pero la relación dista mucho de estar compensada. Los bancos, como empresas privadas que son, se orientan buscando su beneficio propio, y los gobiernos, por su parte, deben velar por el interés público: ¿cómo ponerle el cascabel a este gato?

Todos los esfuerzos se concentran en evitar a toda costa que esta protección tenga que entrar en funcionamiento. Normas y normas para que no llegue ese momento, pero ya hemos visto -la crisis lo ha dejado bien claro- que en el pasado fueron insuficientes. En este sentido, la intención con el futuro Fondo Europeo para rescatar bancos en dificultades y con el Fondo Único de Depósitos (tercer y cuarto pilar de la Unión Bancaria Europea) es que proporcionen seguridad pero que nunca tengan que ser utilizados.

Sin embargo, meter en cintura a este sector que desarrolla una función tan primordial no es nada fácil. La banca presenta un tamaño descomunal y mantiene una estructura compleja llena de entidades de diferentes tipos con multitud de relaciones entre ellas, con un entramado que propicia la oscuridad y el efecto dominó. Es cierto que se están haciendo considerables esfuerzos en este sentido; así, con el diseño de una nueva arquitectura de supervisión financiera europea y con el Sistema Único de Supervisión (primer pilar, ya en marcha, de la Unión Bancaria Europea) se persiguen una mayor coordinación, tanto de índole geográfica como de índole funcional, y una vigilancia especial para las grandes entidades, las que pueden provocar importantes efectos en cascada.

Pero dos características fundamentales de este sector lo hacen difícilmente controlable. Primera, que es un sector en el que se opera a una velocidad de vértigo, el desarrollo espectacular de la técnica lo ha propiciado. Como bien dice Jean Pisani-Ferry: “Los políticos se mueven a la velocidad de la democracia; los mercados, a la de internet”. Segunda, que la imaginación financiera es fabulosa porque el dinero, sin duda, la excita. Se innova en todos los campos: en los productos, en las nuevas maneras de operar, en la formas de comercialización, etcétera.

Los bancos siempre sabrán encontrar rendijas por las que escaparse de las redes que le tiendan los gobiernos, por muy tupidas que éstas sean. No parece haber duda de que el control sobre la banca es una carrera en la que los gobiernos irán siempre a la zaga. Pero hay que seguirlos de cerca: sin aleaciones raras entre ellos, gobiernos y bancos, que no dejen ver claro o que terminen subordinando los intereses públicos a los privados de ambas partes; y con actuaciones firmes y rápidas, que permitan impedir que sea el contribuyente con sus recursos el que finalmente pague sus tropezones.

Publicado el 13 de mayo de 2013.

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ICO, bancos y pymes

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:14

EL Instituto de Crédito Oficial, ICO, como agencia financiera del Estado que es, tiene entre sus funciones desarrollar aquellas parcelas del negocio financiero que el sistema privado no atiende adecuadamente. Siempre, aunque ahora más que nunca, el crédito a las pymes ha sido objeto especial de atención por parte de esta entidad, a través de las diferentes Líneas ICO. Sin embargo, sus buenas intenciones no llegan completamente a buen puerto. Hasta junio, de los 22.000 millones de euros puestos a disposición de estas líneas para todo el año 2013, el ICO sólo ha concedido 4.284 millones, lo que supone menos del 20% del presupuesto total. Es más, respecto al año anterior, significa un 47,3% menos. El ICO pone los recursos, las pymes están sedientas de financiación, y, sin embargo, las Líneas ICO no se cubren. La explicación a este hecho hay que encontrarla en la propia configuración de la concesión de estos préstamos.

Esta función de asistencia a las pymes la lleva a cabo esta institución de forma mediada, es decir, el ICO no estudia y concede las operaciones directamente sino que se apoya en la red de sucursales de la banca comercial. Así, las pymes acuden a las entidades financieras privadas, a las oficinas que tienen próximas a sus instalaciones, en busca de financiación; ellos, los bancos, son los que realizan el análisis de riesgo, deciden la aprobación de la operación y la canalizan -si las condiciones se ajustan- a través de algunas de las Líneas ICO en vigor, con condiciones financieras, en plazos y tipos de interés, más favorables.

Por otra parte, se ha comentado hasta la saciedad la falta de liquidez de las entidades financieras, y se ha aducido esta causa como explicación de la falta de funcionamiento del mercado de crédito a las pymes; sin embargo, las cosas son más complejas. El Banco Central Europeo lleva años potenciando instrumentos para solventar ese problema que se puso tan de manifiesto al estallar la crisis financiera; hasta se ha criticado en muchas ocasiones la barra de liquidez que había puesto a disposición para la banca. Por esto, el que el ICO aporte los recursos es importante, no cabe duda, pero no resuelve la cuestión principal: ¿quién asume finalmente el riesgo de la operación?

Ahí reside la clave: la banca asume el riesgo. Evidentemente, así se consigue la total rigurosidad en la concesión de operaciones. La otra posibilidad, esto es, que fuera el ICO la que asumiera el riesgo, resultaría nefasta; de hecho, se experimentó con la Línea ICO directo, obteniendo altísimas tasas de morosidad. Pero es también más que comprensible que los bancos entonces sólo acepten entrar en aquéllas que sean, desde el punto de vista financiero, totalmente claras, porque son los que tendrán que asumir las consecuencias si no evolucionan de forma favorable.

Dada esta circunstancia, el ICO ha tratado de mejorarla completando la configuración de estas operaciones con la participación de las sociedades de garantía recíproca, SGR. El objeto social de estas entidades es conceder avales a las pymes para que consigan la financiación que necesitan; para ello, están apoyadas por recursos públicos procedentes de las diferentes administraciones -fundamentalmente por los gobiernos autónomos, y por el Estado, a través de la Compañía Española de Reafianzamiento, Cersa-. La banca, con el aval de una SGR, elimina por completo el riesgo de la operación. Si el ICO aporta los recursos, y la SGR asume el riesgo, la banca sólo juega en estas operaciones un papel instrumental.

Lo que debe quedarnos claro es que aunque existe una enorme necesidad de que se conceda más crédito a las pymes, no es buena solución rebajar la rigurosidad en la concesión de operaciones. Por muy duro que resulte reconocerlo, los bancos tienen razón en ser reacios, no está la coyuntura para mucha confianza. Tampoco conduce a ninguna parte que el ICO financie proyectos no viables, adoptando un voluntarismo absurdo. Resulta paradójico pero para que la economía salga del pozo en el que está hace falta crédito; pero para que el mercado de crédito florezca de nuevo hace falta, a su vez, que la economía se recupere. Y puede que esté este círculo virtuoso se esté poniendo en marcha: desde marzo la concesión de préstamos de las Líneas ICO está experimentando una considerable aceleración.

(Publicado el 15 de agosto de 2013)

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Financiación de pymes, sin bancos

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:02

DEPENDER no es nada bueno; supone estar subordinado a algo o alguien, estar condicionado para existir o tener lugar. Nuestras pequeñas y medianas empresas, pymes, tienen -en la Europa continental, en general, y de forma aún más acentuada en España- una gran dependencia de la banca. La crisis financiera ha venido a poner de manifiesto lo nefasto de esta situación, imponiéndose la necesidad de sacudirnos esta dependencia de encima o, por lo menos, de suavizarla. Y es que, mientras el dinero llegaba a chorros y la economía iba viento en popa, esta debilidad quedaba soslayada; pero al producirse una reducción sustancial de la actividad en los mercados de crédito, la situación se ha vuelto dramática. En este estado de cosas, diferentes alternativas a la financiación bancaria cobran fuerza.

Iniciativas que ya existían, por otra parte, pero que resurgen ahora con una luz nueva, enmarcadas en una provechosa colaboración público-privada. Ante la escasez de recursos se le exige a la ayuda pública un mayor apalancamiento para que cada euro público consiga un efecto potenciador de la economía muy superior. Algunas de las nuevas medidas contenidas en el anteproyecto de la ley de emprendedores, por ejemplo, van en esta línea.

Perder el miedo a encontrar financiación directamente en los mercados financieros es uno de los retos para nuestras pymes. Ya viene funcionando desde hace algunos años el Mercado Alternativo Bursátil, MAB, como vía de obtención de financiación propia por parte de las pymes en el mercado privado, a saber, recabando recursos directamente desde los inversores. También en este campo, desde el Gobierno central se está gestionando -obligados por el memorando sobre condiciones de política sectorial financiera, MOU- la creación de un Mercado Alternativo de Renta Fija, en el que las pymes puedan emitir deuda a largo y corto plazo. La ayuda pública, además de servir de impulso y de mantenimiento de estos mercados, sería bienvenida a través de incentivos fiscales, a la manera de otros mercados similares como el AIM inglés y el Alternext francés.

Sin tanta organización y estandarización, también las pymes pueden encontrar recursos a través de las redes de inversores privados o business angels. Los apoyos públicos se concretan en la divulgación del concepto y ventajas de esta figura y de las redes activas, pero también otorgando financiación -a través de préstamos participativos- a las pymes en las que los inversores hayan decidido entrar, así como mediante incentivos fiscales. En este sentido, la nueva ley introduce una nueva deducción por la que los particulares que aporten capital semilla a una empresa de nueva creación se beneficiarán de una deducción del 20% en el IRPF con una base máxima de 20.000 euros al año, y se eximen fiscalmente las plusvalías generadas si se reinvierten en otras empresa de nueva creación.

El capital riesgo es otro reto aún pendiente. Aunque no parece recomendable que sea una actividad llevada a cabo directamente por las administraciones públicas, se vuelve muy interesante si es en colaboración con empresas y fondos privados de capital riesgo, aunando esfuerzos. También los incentivos fiscales a este tipo de inversiones son convenientes. Cuando el riesgo es elevado -por la coyuntura económica, el tipo de actividad o por la fase de desarrollo de la empresa-, el buen funcionamiento de estos cauces de financiación se hace imprescindible. Esta es la filosofía que preside el programa de coinversión Spain Startup Co-Investment Fund puesto en marcha por la empresa pública estatal Enisa (Empresa Nacional de Innovación S.A.) que pretende ser no sólo un instrumento de desarrollo del mercado de capital riesgo español, sino también atraer el interés de los inversores especializados más activos en otros países hacia el emprendimiento de alto potencial que hay en estos momentos en España.

Todo parece confluir para que estos canales funcionen, ya que los diferentes participantes pueden alcanzar en ellos sus propios intereses particulares. Así, para las pymes sedientas serían nuevas fuentes donde saciar sus necesidades de financiación; para los recursos públicos, maneras de multiplicarse y hacerse más eficientes; para los inversores privados -forzados a asumir riesgos, dados los bajos tipos de interés-, alternativas financieras con las que obtener rentabilidades interesantes. Y lo bueno es que, de forma añadida, con cada parte persiguiendo su bien propio podrá derivarse un bien para la sociedad: que nuestro sistema financiero se enriquezca, se vuelva más complejo y diversificado, restando con ello poder y monopolio a los bancos.

Publicado el 22 de junio de 2013.