Cine, ‘crowdfunding’ y financiación

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:32

EL cine, con motivo de los premios Goya, ha venido a popularizar esta figura de financiación en la que multitud de inversores con pequeñas cuantías financian un determinado proyecto: El cosmonauta fue la primera producción cinematográfica en España financiada a través decrowdfunding: 400.000 euros conseguidos por medio de las aportaciones de más de 4.500 empresas y particulares, que confiaron en el éxito del proyecto. Es posible que estos inversores no hayan obtenido beneficios, porque las películas y otros proyectos culturales similares se convierten en numerosas ocasiones en un Entre todos más, aunque sin lágrimas, pero en la mayoría de ellos las partes establecen una relación puramente económico-financiera, en la que el inversor espera cobrar sus intereses por el dinero prestado, bien recibiendo una cuantía fija, bien en proporción a los beneficios que genere el proyecto en el cual ha confiado.

Con esta figura se traslada a escala doméstica lo que ya hacen desde siempre las grandes empresas, que suelen conseguir la financiación para algún proyecto de envergadura a través de la participación de varios agentes, que se reparten de forma variable cantidad y riesgo. Ocurre así con los préstamos sindicados, en los que un grupo de bancos o cajas se reparten la financiación en determinada proporción; o cuando se lleva a cabo una emisión de obligaciones o de pagarés, en la que una multitud de inversores se convierte en prestamista de la empresa.

En la actualidad se están disparando el número de proyectos que buscan financiarse con esta fórmula y, de forma paralela, se han multiplicado las plataformas que permiten recaudar este tipo de financiación, porque se dispone ya de la tecnología que lo hace posible: en internet han proliferado las plataformas de crowdfunding que nos permiten publicar nuestro proyecto y recoger las aportaciones de una manera sencilla. Hay plataformas para todos los gustos, muchas dedicadas a proyectos empresariales, ya sean de carácter generalista o especializadas en sectores concretos o tipos de proyectos; otras, en las que cabe de todo: música, aficiones, financiación de personas, obras de caridad, etc.

Para la economía, los más interesantes son los proyectos de carácter tecnológico, que suelen tener mucho peso dentro del universo del crowdfunding, pero también otros que están recurriendo cada vez más a esta fórmula, como la investigación científica, los videojuegos, el desarrollo de aplicaciones o, incluso, como hemos mencionado, la producción audiovisual.

Pero como todo instrumento financiero el crowfunding tiene riesgos y conviene conocerlos antes de operar con él. De hecho, la Comisión Europea se ha interesado por su funcionamiento porque lo considera un buen canal de financiación para proyectos que tienen vedado el acceso a las vías tradicionales, pero está manteniendo una actividad constante para que se establezca cuanto antes un marco legislativo homogéneo en todo el territorio de la Unión Europea, y, sobre todo, para que se proteja convenientemente al inversor.

Los dos retos principales que se plantean son combatir el fraude y la utilización de esta vía para el lavado de dinero, por lo que habrá que buscar mecanismos que aseguren la existencia y veracidad de los proyectos que buscan financiación, así como el establecimiento de un mecanismo de registro de los movimientos generados en el proceso. También hay que introducir controles que garanticen el cumplimiento de todas las condiciones pactadas, sean cuales sean, porque la variedad de crowdfunding es elevada; por otra parte, el inversor debe conocer la falta liquidez de estas participaciones, ya que las posibilidades de salida de su inversión serán prácticamente nulas.

Muchas son las soluciones que se aportan para lidiar estos riesgos: poner techo al importe total obtenido por esta vía, limitar la cuantía de las aportaciones, regular y velar por la transparencia en los folletos o información emitida, obligar a difundir una valoración correcta y externa de los proyectos, o clarificar los impuestos que se generan, entre otras.

En definitiva, bienvenida sea esta vía de financiación si consigue que proyectos innovadores puedan llegar a realizarse; bienvenida también porque permite actuar como business angel a la medida de las posibilidades de cada pequeño inversor. La economía real se verá con seguridad beneficiada, pero, como siempre en el mundo financiero, hay que observar la máxima precaución, especialmente si entramos en estos proyectos como inversores y no como simples donantes. Porque aunque el descalabro económico sea pequeño, en todo caso, el sentimiento de haber sido timados puede hacernos aflorar, sin haberlo buscado, las lágrimas.

Publicado el 3 de abril de 2014.

La clave está en los depósitos

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:25

LOS bancos dependen en gran medida de los depósitos, y necesitan, por ello, que estén fuera de todo riesgo. La directiva europea garantiza los depósitos de todos los europeos hasta un máximo de 100.000 euros. En España, esta norma está recogida en el decreto que regula el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). También, en esa línea, se están discutiendo los principales términos para las resoluciones y liquidaciones bancarias del futuro Sistema Único de Resolución Europeo (segundo pilar de la Unión Bancaria Europea): accionistas, tenedores de preferentes y obligaciones subordinadas, bonistas y finalmente depositantes con saldos superiores a 100.000 euros será el orden que regirá a la hora de afrontar las pérdidas.

Pero lo de Chipre ha venido a remover estas aguas. Tanto, que los bancos españoles, a través de la Asociación Española de la Banca y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, piden al Gobierno que los depósitos no figuren en ninguna norma relacionada con futuros rescates. Por pedir, piden que sean todos los depósitos los asegurados, sean cuales sean sus importes.

Por su parte, los gobiernos necesitan que el sistema financiero sea estable, que funcione adecuadamente y que sepa atender a la economía real. También ellos están interesados en que los ahorradores estén completamente tranquilos con sus depósitos. Pero, si les toca asumir la protección, ¿qué pueden exigir a cambio? Es verdad que los bancos se ven obligados a realizar unos desembolsos en función del volumen de depósitos al FGD, pero parece lógico pensar que estas cuantías las terminan aportando implícitamente los usuarios financieros, por lo que se convierte así en un impuesto más y los bancos actúan sólo de instrumento recaudador, sin afectarse. Por otra parte, no pueden exigirles que cumplan su función y que concedan más crédito a pymes y a familias, aspecto fundamental para conseguir la recuperación económica. La economía no está para mucha confianza y los bancos piden que sea el Estado el que asuma parte de la morosidad derivada de las operaciones formalizadas con lo que vuelve a salir a relucir otra vez la ayuda pública.

Se necesitan mutuamente, pero la relación dista mucho de estar compensada. Los bancos, como empresas privadas que son, se orientan buscando su beneficio propio, y los gobiernos, por su parte, deben velar por el interés público: ¿cómo ponerle el cascabel a este gato?

Todos los esfuerzos se concentran en evitar a toda costa que esta protección tenga que entrar en funcionamiento. Normas y normas para que no llegue ese momento, pero ya hemos visto -la crisis lo ha dejado bien claro- que en el pasado fueron insuficientes. En este sentido, la intención con el futuro Fondo Europeo para rescatar bancos en dificultades y con el Fondo Único de Depósitos (tercer y cuarto pilar de la Unión Bancaria Europea) es que proporcionen seguridad pero que nunca tengan que ser utilizados.

Sin embargo, meter en cintura a este sector que desarrolla una función tan primordial no es nada fácil. La banca presenta un tamaño descomunal y mantiene una estructura compleja llena de entidades de diferentes tipos con multitud de relaciones entre ellas, con un entramado que propicia la oscuridad y el efecto dominó. Es cierto que se están haciendo considerables esfuerzos en este sentido; así, con el diseño de una nueva arquitectura de supervisión financiera europea y con el Sistema Único de Supervisión (primer pilar, ya en marcha, de la Unión Bancaria Europea) se persiguen una mayor coordinación, tanto de índole geográfica como de índole funcional, y una vigilancia especial para las grandes entidades, las que pueden provocar importantes efectos en cascada.

Pero dos características fundamentales de este sector lo hacen difícilmente controlable. Primera, que es un sector en el que se opera a una velocidad de vértigo, el desarrollo espectacular de la técnica lo ha propiciado. Como bien dice Jean Pisani-Ferry: “Los políticos se mueven a la velocidad de la democracia; los mercados, a la de internet”. Segunda, que la imaginación financiera es fabulosa porque el dinero, sin duda, la excita. Se innova en todos los campos: en los productos, en las nuevas maneras de operar, en la formas de comercialización, etcétera.

Los bancos siempre sabrán encontrar rendijas por las que escaparse de las redes que le tiendan los gobiernos, por muy tupidas que éstas sean. No parece haber duda de que el control sobre la banca es una carrera en la que los gobiernos irán siempre a la zaga. Pero hay que seguirlos de cerca: sin aleaciones raras entre ellos, gobiernos y bancos, que no dejen ver claro o que terminen subordinando los intereses públicos a los privados de ambas partes; y con actuaciones firmes y rápidas, que permitan impedir que sea el contribuyente con sus recursos el que finalmente pague sus tropezones.

Publicado el 13 de mayo de 2013.

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ICO, bancos y pymes

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:14

EL Instituto de Crédito Oficial, ICO, como agencia financiera del Estado que es, tiene entre sus funciones desarrollar aquellas parcelas del negocio financiero que el sistema privado no atiende adecuadamente. Siempre, aunque ahora más que nunca, el crédito a las pymes ha sido objeto especial de atención por parte de esta entidad, a través de las diferentes Líneas ICO. Sin embargo, sus buenas intenciones no llegan completamente a buen puerto. Hasta junio, de los 22.000 millones de euros puestos a disposición de estas líneas para todo el año 2013, el ICO sólo ha concedido 4.284 millones, lo que supone menos del 20% del presupuesto total. Es más, respecto al año anterior, significa un 47,3% menos. El ICO pone los recursos, las pymes están sedientas de financiación, y, sin embargo, las Líneas ICO no se cubren. La explicación a este hecho hay que encontrarla en la propia configuración de la concesión de estos préstamos.

Esta función de asistencia a las pymes la lleva a cabo esta institución de forma mediada, es decir, el ICO no estudia y concede las operaciones directamente sino que se apoya en la red de sucursales de la banca comercial. Así, las pymes acuden a las entidades financieras privadas, a las oficinas que tienen próximas a sus instalaciones, en busca de financiación; ellos, los bancos, son los que realizan el análisis de riesgo, deciden la aprobación de la operación y la canalizan -si las condiciones se ajustan- a través de algunas de las Líneas ICO en vigor, con condiciones financieras, en plazos y tipos de interés, más favorables.

Por otra parte, se ha comentado hasta la saciedad la falta de liquidez de las entidades financieras, y se ha aducido esta causa como explicación de la falta de funcionamiento del mercado de crédito a las pymes; sin embargo, las cosas son más complejas. El Banco Central Europeo lleva años potenciando instrumentos para solventar ese problema que se puso tan de manifiesto al estallar la crisis financiera; hasta se ha criticado en muchas ocasiones la barra de liquidez que había puesto a disposición para la banca. Por esto, el que el ICO aporte los recursos es importante, no cabe duda, pero no resuelve la cuestión principal: ¿quién asume finalmente el riesgo de la operación?

Ahí reside la clave: la banca asume el riesgo. Evidentemente, así se consigue la total rigurosidad en la concesión de operaciones. La otra posibilidad, esto es, que fuera el ICO la que asumiera el riesgo, resultaría nefasta; de hecho, se experimentó con la Línea ICO directo, obteniendo altísimas tasas de morosidad. Pero es también más que comprensible que los bancos entonces sólo acepten entrar en aquéllas que sean, desde el punto de vista financiero, totalmente claras, porque son los que tendrán que asumir las consecuencias si no evolucionan de forma favorable.

Dada esta circunstancia, el ICO ha tratado de mejorarla completando la configuración de estas operaciones con la participación de las sociedades de garantía recíproca, SGR. El objeto social de estas entidades es conceder avales a las pymes para que consigan la financiación que necesitan; para ello, están apoyadas por recursos públicos procedentes de las diferentes administraciones -fundamentalmente por los gobiernos autónomos, y por el Estado, a través de la Compañía Española de Reafianzamiento, Cersa-. La banca, con el aval de una SGR, elimina por completo el riesgo de la operación. Si el ICO aporta los recursos, y la SGR asume el riesgo, la banca sólo juega en estas operaciones un papel instrumental.

Lo que debe quedarnos claro es que aunque existe una enorme necesidad de que se conceda más crédito a las pymes, no es buena solución rebajar la rigurosidad en la concesión de operaciones. Por muy duro que resulte reconocerlo, los bancos tienen razón en ser reacios, no está la coyuntura para mucha confianza. Tampoco conduce a ninguna parte que el ICO financie proyectos no viables, adoptando un voluntarismo absurdo. Resulta paradójico pero para que la economía salga del pozo en el que está hace falta crédito; pero para que el mercado de crédito florezca de nuevo hace falta, a su vez, que la economía se recupere. Y puede que esté este círculo virtuoso se esté poniendo en marcha: desde marzo la concesión de préstamos de las Líneas ICO está experimentando una considerable aceleración.

(Publicado el 15 de agosto de 2013)

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Financiación de pymes, sin bancos

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:02

DEPENDER no es nada bueno; supone estar subordinado a algo o alguien, estar condicionado para existir o tener lugar. Nuestras pequeñas y medianas empresas, pymes, tienen -en la Europa continental, en general, y de forma aún más acentuada en España- una gran dependencia de la banca. La crisis financiera ha venido a poner de manifiesto lo nefasto de esta situación, imponiéndose la necesidad de sacudirnos esta dependencia de encima o, por lo menos, de suavizarla. Y es que, mientras el dinero llegaba a chorros y la economía iba viento en popa, esta debilidad quedaba soslayada; pero al producirse una reducción sustancial de la actividad en los mercados de crédito, la situación se ha vuelto dramática. En este estado de cosas, diferentes alternativas a la financiación bancaria cobran fuerza.

Iniciativas que ya existían, por otra parte, pero que resurgen ahora con una luz nueva, enmarcadas en una provechosa colaboración público-privada. Ante la escasez de recursos se le exige a la ayuda pública un mayor apalancamiento para que cada euro público consiga un efecto potenciador de la economía muy superior. Algunas de las nuevas medidas contenidas en el anteproyecto de la ley de emprendedores, por ejemplo, van en esta línea.

Perder el miedo a encontrar financiación directamente en los mercados financieros es uno de los retos para nuestras pymes. Ya viene funcionando desde hace algunos años el Mercado Alternativo Bursátil, MAB, como vía de obtención de financiación propia por parte de las pymes en el mercado privado, a saber, recabando recursos directamente desde los inversores. También en este campo, desde el Gobierno central se está gestionando -obligados por el memorando sobre condiciones de política sectorial financiera, MOU- la creación de un Mercado Alternativo de Renta Fija, en el que las pymes puedan emitir deuda a largo y corto plazo. La ayuda pública, además de servir de impulso y de mantenimiento de estos mercados, sería bienvenida a través de incentivos fiscales, a la manera de otros mercados similares como el AIM inglés y el Alternext francés.

Sin tanta organización y estandarización, también las pymes pueden encontrar recursos a través de las redes de inversores privados o business angels. Los apoyos públicos se concretan en la divulgación del concepto y ventajas de esta figura y de las redes activas, pero también otorgando financiación -a través de préstamos participativos- a las pymes en las que los inversores hayan decidido entrar, así como mediante incentivos fiscales. En este sentido, la nueva ley introduce una nueva deducción por la que los particulares que aporten capital semilla a una empresa de nueva creación se beneficiarán de una deducción del 20% en el IRPF con una base máxima de 20.000 euros al año, y se eximen fiscalmente las plusvalías generadas si se reinvierten en otras empresa de nueva creación.

El capital riesgo es otro reto aún pendiente. Aunque no parece recomendable que sea una actividad llevada a cabo directamente por las administraciones públicas, se vuelve muy interesante si es en colaboración con empresas y fondos privados de capital riesgo, aunando esfuerzos. También los incentivos fiscales a este tipo de inversiones son convenientes. Cuando el riesgo es elevado -por la coyuntura económica, el tipo de actividad o por la fase de desarrollo de la empresa-, el buen funcionamiento de estos cauces de financiación se hace imprescindible. Esta es la filosofía que preside el programa de coinversión Spain Startup Co-Investment Fund puesto en marcha por la empresa pública estatal Enisa (Empresa Nacional de Innovación S.A.) que pretende ser no sólo un instrumento de desarrollo del mercado de capital riesgo español, sino también atraer el interés de los inversores especializados más activos en otros países hacia el emprendimiento de alto potencial que hay en estos momentos en España.

Todo parece confluir para que estos canales funcionen, ya que los diferentes participantes pueden alcanzar en ellos sus propios intereses particulares. Así, para las pymes sedientas serían nuevas fuentes donde saciar sus necesidades de financiación; para los recursos públicos, maneras de multiplicarse y hacerse más eficientes; para los inversores privados -forzados a asumir riesgos, dados los bajos tipos de interés-, alternativas financieras con las que obtener rentabilidades interesantes. Y lo bueno es que, de forma añadida, con cada parte persiguiendo su bien propio podrá derivarse un bien para la sociedad: que nuestro sistema financiero se enriquezca, se vuelva más complejo y diversificado, restando con ello poder y monopolio a los bancos.

Publicado el 22 de junio de 2013.

Europa, en tratamiento.

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 19:51

La palabra crisis viene del verbo griego krínein que puede significar separar o decidir. Crisis es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. La crisis o posible separación o rotura es un punto crucial y decisivo. En medicina es usado para referirse a cuando uno está al punto de la muerte. Ante la actual crisis, los políticos de las altas finanzas europeas han decidido que Europa necesita para seguir respirando de una mayor integración financiera.

Las primeras actuaciones han ido dirigidas hacia la mejora de la supervisión. En realidad, en este tema se trataba sólo de aumentar la cantidad y la calidad de la dosis. Una nueva arquitectura de supervisión financiera, la han denominado. Así, ante la descoordinación que se ha puesto de manifiesto estos últimos años, tanto de índole geográfica como de índole funcional, se ha creado una entidad que supervisará -junto con las autoridades nacionales- a los tres sectores financieros conjuntamente: la banca, los mercados y lo seguros; y ante la necesidad de velar por la estabilidad del conjunto se constituye el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, que vigilará especialmente a las grandes entidades, ésas que pueden provocar importantes efectos en cascada.

Pero el diagnóstico del mal sufrido señala que eso no es suficiente. El nuevo tratamiento prescrito es el proceso de Unión Bancaria Europea -con el Banco Central Europeo al frente-, que se irá aplicando en fases sucesivas. Dos razones primordiales se alegan para justificarlo: evitar que se produzcan en el futuro más círculos viciosos entre dificultades bancarias y deuda soberana, y conseguir una estabilidad financiera que permita la correcta transmisión de la política monetaria para mantener la inflación a raya.

Este proceso, que se supone largo, empieza por determinar unas mismas reglas de juego para todos los bancos europeos. En realidad esto es camino allanado, porque ya se había recorrido en gran parte en años anteriores y, por tanto, también aquí se trata sólo de afinar, ampliar y mejorar las normativas que ya existían.

Un segundo y un tercer pasos: que funcionen un Sistema Único de Supervisión Bancario y un Sistema Único de Resolución Europeo, es decir, que se ceda poder desde los Estados a una entidad supranacional para que sea desde allí donde se supervise y se decida el futuro de determinados bancos -los más grandes-, por lo que en Alemania, con entidades pequeñas, se libran casi todos. Ya está en marcha el primero de los sistemas y las fricciones sólo existen ante la posible incorporación voluntaria de países, como Reino Unido, que conforman la Europa fuera del euro. Por su parte, también se están discutiendo los principales términos para la resoluciones y liquidaciones bancarias: accionistas, tenedores de preferentes y obligaciones subordinadas, bonistas y finalmente depositantes con saldos superiores a 100.000 euros, será el orden que regirá a la hora de afrontar las pérdidas. Ninguna novedad, por otra parte, aunque en Europa, a diferencia de Estados Unidos en el que cada año caen decenas de entidades, no haya querido aplicarse.

El proceso se completaría con dos pasos más: que exista un Fondo Europeo para rescatar bancos en dificultades y que se constituya un Fondo Único de Depósitos. Y aquí es donde verdaderamente veremos si el paciente responde. Porque con ellos se trata ya de comprometer dinero, no sólo voluntades. Es verdad que la intención es que el fondo de rescate sea un mecanismo de capitalización de último recurso, que proporcione seguridad y que nunca tenga que ser utilizado, pero hablar de dinero es hablar de palabras mayores. Por aclarar las implicaciones: la ayuda europea a los bancos españoles, unos 60.000 millones de euros, ha sido recibida vía Estado español, es decir, todos los españoles respondemos de la devolución de la ayuda prestada a nuestros bancos. Y si actualmente algún banco español quiebra sería nuestro fondo el que respaldaría sus depósitos. Con estos nuevos fondos europeos, el entendimiento sería Banco-Europa, prescindiendo de las procedencias nacionales.

Como vemos, con esta crisis nuestros políticos han optado por la decisión y no por la separación. Y la decisión ha sido más Europa. Están convencidos de que estamos preparados para estos cambios, y sus propuestas atestiguan que los Estados miembros quieren hacer más profunda la Unión Europea. Pero visto lo visto estos últimos años, en los que cada país ha barrido para su casa, el escepticismo nos invade. Pensar en que se van a superar los intereses nacionales y nos vamos a comportar como una sola nación parece hoy en día misión imposible. El tratamiento, con todo, está prescrito; ahora no queda más remedio que esperar a ver si lo acepta y lo digiere con provecho el paciente.

(Publicado el 17 de abril de 2013)

Poner a la banca en su sitio, pero bien

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 19:05

DACIÓN en pago, presión para que concedan más crédito a pymes y familias y la tasa a las transacciones financieras o tasa Tobin son tres frentes abiertos contra la banca. Pero a la banca, como a ningún negocio, no hay que decirle cómo hacer su trabajo, ni hay que penalizarla por realizarlo. Sin embargo, todos percibimos que este sector disfruta de privilegios -la cuantiosa ayuda pública recibida estos últimos años habla por sí sola- que producen, con razón, nuestro rechazo. Ninguna de estas medidas son las adecuadas para poner bien a la banca en su sitio, pero hay otras muchas que ni siquiera se nombran.

La dación en pago con efecto retroactivo provocaría una conmoción en nuestro sistema financiero: ¿cuántos no nos acogeríamos a esta medida dados los precios actuales de la vivienda e incluso la imposibilidad de venderlas a ningún precio? Y si se cambia la legislación para el futuro tampoco constituiría ningún éxito: sería simplemente un cambio de las reglas de juego y la banca recalcularía su posición para ofrecer un porcentaje mucho menor en la financiación de la vivienda, en la que ya iría descontada esta posible eventualidad. La ayuda pública es ahora necesaria para asistir a las familias que realmente están en situación crítica, y sería necesaria para que pudieran comprar las viviendas en el futuro.

Con la tasa Tobin -también conocida en la actualidad como tasa Robin Hood- se pretende penalizar a la banca mediante la imposición de comisiones a las transacciones financieras. Pero hay que ser muy ingenuo para no ver quién terminaría finalmente pagando las comisiones. Las operaciones bancarias se encarecerían y la tasa Tobin se convertiría así en un impuesto más del Estado a los usuarios financieros. Los bancos actuarían sólo de instrumento recaudador, sin sufrir sus efectos.

La presión para que concedan más crédito a pymes y a familias consiste en obligarle a rebajar su rigurosidad en la concesión de operaciones. Es totalmente cierto que en los últimos años la banca no ha estado cumpliendo una de las funciones primordiales que deben desempeñar en un sistema financiero: facilitar financiación a la economía real. Pero, por muy duro que resulte reconocerlo, tienen razón en ser reacios, pues no está la economía para mucha confianza. Piden que sea el Estado, con las líneas ICO, el que asuma parte de la morosidad derivada de las operaciones formalizadas, con lo que vuelve a salir a relucir otra vez la ayuda pública.

Hay que dejarse de milongas e ir derechos al grano. Las medidas para acabar con los privilegios de la banca son otras, mucho más radicales, que atacarían la esencia misma del sistema. Lo cierto es que ni se contemplan, y cuando se hace, siempre de forma tímida, al poco tiempo se relajan y se dilatan en el tiempo. Lo hemos visto con las mayores exigencias que desde Basilea III se articularon recientemente, y dónde han ido a parar. Tampoco se le mete el diente al gran problema de este sector: captan el dinero del público mediante los depósitos -dinero que multiplican enormemente- y con ello consiguen que los Estados sean sus siervos. Éste es el telón de fondo privilegiado con el que actúa la banca: un apoyo público implícito e incondicional de atenderlos si las cosas van mal. Aquí es donde habría que actuar con contundencia.

La entidad que se dedique a esa función tan primordial en un sistema financiero como es la captación del ahorro mediante depósitos -garantizados por la administración pública, formalmente hasta 100.000 euros, realmente en su totalidad-, debería estar sujeta a unos controles exhaustivos y tener completamente prohibidas las operaciones especulativas. La separación de la banca comercial y de la banca especulativa: ahí está una de las claves para acabar con la servidumbre. Curiosamente, sólo se han oído voces en este sentido desde los países anglosajones, que no están a favor ni de la tasa Tobin, ni de cambiar las reglas del juego a posteriori (los americanos funcionan desde siempre con la dación en pago), ni contemplan decirle a la banca qué tiene que hacer. Es verdad que, recientemente, un grupo de expertos -encabezado por el gobernador del Banco de Finlandia, Erkki Liikanen- han planteado que se obligue a los bancos europeos a separar ciertas actividades de inversión de alto riesgo de la banca comercial para evitar futuras crisis y blindar a los contribuyentes y ahorradores, pero la Comisión Europea se muestra cautelosa y, en todo caso, esperará a septiembre para presentar una propuesta.

Capitalismo, sí, pero con todas sus consecuencias: el que capte depósitos, que se someta a normas rigurosas; el que quiera riesgos y falle, que caiga. Y si no están dispuestos, que sea el Estado el banquero, que para eso es el que arriesga.

Publicado el 18 de marzo de 2013.

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Encadenados al objetivo de la inflación

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 18:30

LA actuación del Banco Central Europeo (BCE) está encadenada la consecución de su objetivo principal: mantener la estabilidad de los precios. Así lo marca de forma tajante su Estatuto. También, por supuesto, debe perseguir otros -crecimiento económico, empleo, progreso social, etc.- dado que debe apoyar las políticas económicas generales de la Unión Europea, pero siempre han de estar supeditados a las exigencias del objetivo principal ya señalado. Hace unos días, Mario Draghi y el resto del Consejo de BCE tomaron unánimemente la decisión de bajar los tipos de interés un cuarto punto, hasta el mínimo histórico del 0,25% señal de que el control de la inflación lo requería.

El objetivo general de estabilidad de precios se traduce en uno más concreto y operativo, a saber, mantener la inflación en un nivel inferior, aunque próximo, al 2% medio plazo. Esta inflación se calcula a través del Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC), con el que se miden con una misma metodología lo precios de consumo en los países de la zona euro.

El BCE, en base tanto al ingente información que recaba sobre la situación económica y financiera de toda la zona como del estudio de la cantidad de dinero en circulación, estima la posible evolución del IAPC, aventurando las posibles desviaciones que pueden producirse, al alza o a la baja, del objetivo del 2% fijado. Y en base a estas estimaciones, actúa.

Para ello dispone de una caja de herramientas que utiliza -en un sentido o en otro- para conseguir enderezar los precios. Como ahora el pronóstico es de una inflación baja durante un periodo largo de tiempo, de ahí el disminuir los tipos de interés, esperando que se traduzca en una bajada del Euríbor en el Mercado de Interbancario, con ello se caliente la economía, y así suban lo precios. Y, si hace falta, utilizará otras herramientas más contundentes, como imponer tasas negativas a la facilidad permanente de depósitos, nuevas subastas de liquidez o comprar deuda pública, entre otras.

Descrito el proceso, resulta asombroso el automatismo que desprende; todo parece perfectamente planificado y bajo control: objetivo claramente definido y concretado; completos procedimientos de análisis para evaluar la situación; medidas articuladas dispuestas a ser activadas… Por si fuera poco, el BCE se halla investido de plena autonomía para evitar injerencias desde los distintos gobiernos nacionales. Pareciera que no se necesiten políticos para el cargo, sino burócratas que tan sólo han de limitarse a apretar el botón sin más problemas de decisión, por cuanto las reglas han eliminado por completo la discreción.

Por otra parte, también preocupa la indiferencia que se observa en el proceso en lo relativo a las diferencias nacionales dentro del territorio europeo, es decir, el hecho de que haya una misma política monetaria para toda la zona euro con independencia de las circunstancias específicas de cada país. En España, ahora, estamos de suerte, aunque no siempre nos han caído bien las medidas adoptadas. Como los precios en Europa están bajos se toman medidas que nos vienen de perla, porque atiende colateralmente a los otros objetivos que ellos consideran secundarios, pero que a todos se nos antojan los verdaderos: tener empleo, disponer de una sanidad y educación de calidad o no temer por las pensiones.

Aún más importante es el hecho de que del proceso de desprenda un importante intervencionismo en la economía. Se supone que nuestro sistema económico es de economía de mercado, pero se le imponen unilateralmente los tipos de interés que tanto la condicionan, porque no sólo son de la mayor importancia para las decisiones de financiación, sino que también son el punto de referencia para determinar las inversiones viables.

Por último, incluso obviando tales planificación y automatismo, esa falta de sensibilidad con lo diverso y ese intervencionismo, ¿por qué la inflación es el indicador para encadenar el proceso? Sin quitarle la enorme importancia que tiene el control de los precios, no se entiende que estemos encadenados a ella. Este objetivo sirve primero al capital, se desentiende de las personas y no tiene en cuenta la equidad. En muchos momentos durante estos años de recesión hemos asistido a un BCE que parecía deseoso de hacer lo debido y desarrollar una política monetaria relativamente expansiva, pero con miedo a no obedecer la voz de su amo. Podrían definirse varios objetivos a la vez y que se administrarán de forma flexible, como hace la Reserva Federal estadounidense, que tiene el mandato de mantener estables los precios a l vez que la máxima tasa de empleo sostenible; o podría optarse por un porcentaje mayor o con márgenes de fluctuación; o quizá sea hora de ir prestando atención a otros criterios, como el índice de Desarrollo Humano, defendido por Amartya Sen, para que sea el ser humano lo central de la economía.

Publicado el 31 de agosto de 2014.

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¿Estamos protegidos por la Mifid?

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 18:28

MIFID son las siglas con las que se conoce a la Markets in Financial Instruments Directive o Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros de la Unión Europea. Aunque son varios los objetivos que se pretende alcanzar con esta norma, nos centramos en la regulación que estableció sobre la protección debida al inversor por parte de las instituciones financieras a causa de la creciente complejidad de los productos financieros. No la abordamos porque sea una norma nueva (en España, la Mifid, transpuesta a nuestra legislación, entró en vigor en 2007), sino por la nota emitida hace unos días por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, en relación con este tema.

Teóricamente, la Mifid obliga a las compañías a clasificar a los clientes por su conocimiento y experiencia, de su situación financiera y sus objetivos de inversión, correspondiéndoles la clasificación de minorista, que otorga el nivel de protección máximo, a la inmensa mayoría de particulares y pequeñas empresas no financieras. Además, respecto al tratamiento de las órdenes de los clientes, la Mifid establece requisitos relativos a la información que necesita obtener la entidad financiera para aceptar estas órdenes, para que se garantice que se está actuando para el mayor beneficio del cliente.

No obstante la Mifid, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han permitido desde entonces la comercialización de productos financieros complejos de forma imprudente, de forma que no se ha impedido que fueran colocados a clientes minoristas con un poder de negociación y conocimiento muy inferiores a las entidades financieras, y que además contrataban sus operaciones con plena confianza hacia las instituciones financieras con las que operaban habitualmente y hacia estas dos entidades supervisoras.

Toda esta deficiente actuación venía impulsada por una mecánica perversa de remuneración a sus empleados, mediante la cual los empleados de las entidades eran obligados a comercializar productos complejos que no dominaban, porque veían ligados la estabilidad de sus puestos de trabajo y el nivel de sus retribuciones a los altos objetivos de venta que se les imponían en relación a dichos productos.

Además de la Mifid, desde 2007, la CNMV ha ido publicando diferentes documentos de advertencia sobre las exigencias de esta norma, como las Condiciones de comercialización de instrumentos financieros del mercado de valores, de mayo de 2009, en la que se puede leer: “Estas pautas van encaminadas a asegurar un adecuado cumplimiento de la normativa de aplicación y reforzar la protección de los inversores”. Mucho decir pero poco hacer, porque en la práctica las entidades en numerosas ocasiones las ignoraban o bien las cumplían ficticiamente, haciendo firmar al cliente los documentos esenciales obligatorios como si fueran mera rutina, sin más consecuencias para ellas.

Pero, por si no hubiera habido comunicaciones suficientes, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, preocupada por la falta de cumplimiento de la Mifid en la comercialización de productos financieros complejos, ha publicado un documento -¡en febrero de 2014!- que recuerda el contenido de esta normativa y establece las expectativas mínimas en relación con los estándares de conducta, especialmente en lo relativo a la conveniencia e idoneidad de los mismos para inversores minoristas.

Más palabras en la línea de siempre, aunque ahora se añaden algunas nuevas aconsejando al inversor, que nos llevan a la reflexión. De forma abreviada se recomienda al inversor no experto: 1) si no entiende lo que va a comprar, no lo haga, busque asesoramiento en otra parte; 2) el nombre del producto puede no reflejar la realidad, desconfíe de las promesas de rentabilidad “elevada”, “garantizada”, “cubierta” o “absoluta” porque pueden resultar engañosas; 3) sea precavido si necesita liquidez antes de que venza la inversión; 4) asegúrese de entender cuáles son los costes totales; y 5) puede haber disponibles productos similares menos complejos con costes inferiores.

O sea, la Mifid obliga a las entidades financieras a proteger al inversor minorista, a buscar el producto más idóneo para él y a hacerle comprender todas las características y los riesgos del mismo, pero la ESMA con sus advertencias habla de posible engaño, de deficiencias en la explicación, o incluso de falta o mal asesoramiento. En definitiva, le dice al inversor que no se fíe un pelo y que sea él mismo el que esté alerta. Trasladado a un producto real es como si se dijera: aunque en la caja de galletas especifique que no contienen gluten, desconfíe, puede ser mentira. Si el inversor minorista tiene que protegerse a sí mismo, ¿para qué la Mifid? Ahora con estos avisos de la ESMA lo sabemos, exclusivamente nos servirá para defendernos, el que pueda hacerlo, ante los tribunales.

Publicado el 24 de agosto de 2014.