Poner a la banca en su sitio, pero bien

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 19:05

DACIÓN en pago, presión para que concedan más crédito a pymes y familias y la tasa a las transacciones financieras o tasa Tobin son tres frentes abiertos contra la banca. Pero a la banca, como a ningún negocio, no hay que decirle cómo hacer su trabajo, ni hay que penalizarla por realizarlo. Sin embargo, todos percibimos que este sector disfruta de privilegios -la cuantiosa ayuda pública recibida estos últimos años habla por sí sola- que producen, con razón, nuestro rechazo. Ninguna de estas medidas son las adecuadas para poner bien a la banca en su sitio, pero hay otras muchas que ni siquiera se nombran.

La dación en pago con efecto retroactivo provocaría una conmoción en nuestro sistema financiero: ¿cuántos no nos acogeríamos a esta medida dados los precios actuales de la vivienda e incluso la imposibilidad de venderlas a ningún precio? Y si se cambia la legislación para el futuro tampoco constituiría ningún éxito: sería simplemente un cambio de las reglas de juego y la banca recalcularía su posición para ofrecer un porcentaje mucho menor en la financiación de la vivienda, en la que ya iría descontada esta posible eventualidad. La ayuda pública es ahora necesaria para asistir a las familias que realmente están en situación crítica, y sería necesaria para que pudieran comprar las viviendas en el futuro.

Con la tasa Tobin -también conocida en la actualidad como tasa Robin Hood- se pretende penalizar a la banca mediante la imposición de comisiones a las transacciones financieras. Pero hay que ser muy ingenuo para no ver quién terminaría finalmente pagando las comisiones. Las operaciones bancarias se encarecerían y la tasa Tobin se convertiría así en un impuesto más del Estado a los usuarios financieros. Los bancos actuarían sólo de instrumento recaudador, sin sufrir sus efectos.

La presión para que concedan más crédito a pymes y a familias consiste en obligarle a rebajar su rigurosidad en la concesión de operaciones. Es totalmente cierto que en los últimos años la banca no ha estado cumpliendo una de las funciones primordiales que deben desempeñar en un sistema financiero: facilitar financiación a la economía real. Pero, por muy duro que resulte reconocerlo, tienen razón en ser reacios, pues no está la economía para mucha confianza. Piden que sea el Estado, con las líneas ICO, el que asuma parte de la morosidad derivada de las operaciones formalizadas, con lo que vuelve a salir a relucir otra vez la ayuda pública.

Hay que dejarse de milongas e ir derechos al grano. Las medidas para acabar con los privilegios de la banca son otras, mucho más radicales, que atacarían la esencia misma del sistema. Lo cierto es que ni se contemplan, y cuando se hace, siempre de forma tímida, al poco tiempo se relajan y se dilatan en el tiempo. Lo hemos visto con las mayores exigencias que desde Basilea III se articularon recientemente, y dónde han ido a parar. Tampoco se le mete el diente al gran problema de este sector: captan el dinero del público mediante los depósitos -dinero que multiplican enormemente- y con ello consiguen que los Estados sean sus siervos. Éste es el telón de fondo privilegiado con el que actúa la banca: un apoyo público implícito e incondicional de atenderlos si las cosas van mal. Aquí es donde habría que actuar con contundencia.

La entidad que se dedique a esa función tan primordial en un sistema financiero como es la captación del ahorro mediante depósitos -garantizados por la administración pública, formalmente hasta 100.000 euros, realmente en su totalidad-, debería estar sujeta a unos controles exhaustivos y tener completamente prohibidas las operaciones especulativas. La separación de la banca comercial y de la banca especulativa: ahí está una de las claves para acabar con la servidumbre. Curiosamente, sólo se han oído voces en este sentido desde los países anglosajones, que no están a favor ni de la tasa Tobin, ni de cambiar las reglas del juego a posteriori (los americanos funcionan desde siempre con la dación en pago), ni contemplan decirle a la banca qué tiene que hacer. Es verdad que, recientemente, un grupo de expertos -encabezado por el gobernador del Banco de Finlandia, Erkki Liikanen- han planteado que se obligue a los bancos europeos a separar ciertas actividades de inversión de alto riesgo de la banca comercial para evitar futuras crisis y blindar a los contribuyentes y ahorradores, pero la Comisión Europea se muestra cautelosa y, en todo caso, esperará a septiembre para presentar una propuesta.

Capitalismo, sí, pero con todas sus consecuencias: el que capte depósitos, que se someta a normas rigurosas; el que quiera riesgos y falle, que caiga. Y si no están dispuestos, que sea el Estado el banquero, que para eso es el que arriesga.

Publicado el 18 de marzo de 2013.

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Encadenados al objetivo de la inflación

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 18:30

LA actuación del Banco Central Europeo (BCE) está encadenada la consecución de su objetivo principal: mantener la estabilidad de los precios. Así lo marca de forma tajante su Estatuto. También, por supuesto, debe perseguir otros -crecimiento económico, empleo, progreso social, etc.- dado que debe apoyar las políticas económicas generales de la Unión Europea, pero siempre han de estar supeditados a las exigencias del objetivo principal ya señalado. Hace unos días, Mario Draghi y el resto del Consejo de BCE tomaron unánimemente la decisión de bajar los tipos de interés un cuarto punto, hasta el mínimo histórico del 0,25% señal de que el control de la inflación lo requería.

El objetivo general de estabilidad de precios se traduce en uno más concreto y operativo, a saber, mantener la inflación en un nivel inferior, aunque próximo, al 2% medio plazo. Esta inflación se calcula a través del Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC), con el que se miden con una misma metodología lo precios de consumo en los países de la zona euro.

El BCE, en base tanto al ingente información que recaba sobre la situación económica y financiera de toda la zona como del estudio de la cantidad de dinero en circulación, estima la posible evolución del IAPC, aventurando las posibles desviaciones que pueden producirse, al alza o a la baja, del objetivo del 2% fijado. Y en base a estas estimaciones, actúa.

Para ello dispone de una caja de herramientas que utiliza -en un sentido o en otro- para conseguir enderezar los precios. Como ahora el pronóstico es de una inflación baja durante un periodo largo de tiempo, de ahí el disminuir los tipos de interés, esperando que se traduzca en una bajada del Euríbor en el Mercado de Interbancario, con ello se caliente la economía, y así suban lo precios. Y, si hace falta, utilizará otras herramientas más contundentes, como imponer tasas negativas a la facilidad permanente de depósitos, nuevas subastas de liquidez o comprar deuda pública, entre otras.

Descrito el proceso, resulta asombroso el automatismo que desprende; todo parece perfectamente planificado y bajo control: objetivo claramente definido y concretado; completos procedimientos de análisis para evaluar la situación; medidas articuladas dispuestas a ser activadas… Por si fuera poco, el BCE se halla investido de plena autonomía para evitar injerencias desde los distintos gobiernos nacionales. Pareciera que no se necesiten políticos para el cargo, sino burócratas que tan sólo han de limitarse a apretar el botón sin más problemas de decisión, por cuanto las reglas han eliminado por completo la discreción.

Por otra parte, también preocupa la indiferencia que se observa en el proceso en lo relativo a las diferencias nacionales dentro del territorio europeo, es decir, el hecho de que haya una misma política monetaria para toda la zona euro con independencia de las circunstancias específicas de cada país. En España, ahora, estamos de suerte, aunque no siempre nos han caído bien las medidas adoptadas. Como los precios en Europa están bajos se toman medidas que nos vienen de perla, porque atiende colateralmente a los otros objetivos que ellos consideran secundarios, pero que a todos se nos antojan los verdaderos: tener empleo, disponer de una sanidad y educación de calidad o no temer por las pensiones.

Aún más importante es el hecho de que del proceso de desprenda un importante intervencionismo en la economía. Se supone que nuestro sistema económico es de economía de mercado, pero se le imponen unilateralmente los tipos de interés que tanto la condicionan, porque no sólo son de la mayor importancia para las decisiones de financiación, sino que también son el punto de referencia para determinar las inversiones viables.

Por último, incluso obviando tales planificación y automatismo, esa falta de sensibilidad con lo diverso y ese intervencionismo, ¿por qué la inflación es el indicador para encadenar el proceso? Sin quitarle la enorme importancia que tiene el control de los precios, no se entiende que estemos encadenados a ella. Este objetivo sirve primero al capital, se desentiende de las personas y no tiene en cuenta la equidad. En muchos momentos durante estos años de recesión hemos asistido a un BCE que parecía deseoso de hacer lo debido y desarrollar una política monetaria relativamente expansiva, pero con miedo a no obedecer la voz de su amo. Podrían definirse varios objetivos a la vez y que se administrarán de forma flexible, como hace la Reserva Federal estadounidense, que tiene el mandato de mantener estables los precios a l vez que la máxima tasa de empleo sostenible; o podría optarse por un porcentaje mayor o con márgenes de fluctuación; o quizá sea hora de ir prestando atención a otros criterios, como el índice de Desarrollo Humano, defendido por Amartya Sen, para que sea el ser humano lo central de la economía.

Publicado el 31 de agosto de 2014.

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¿Estamos protegidos por la Mifid?

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 18:28

MIFID son las siglas con las que se conoce a la Markets in Financial Instruments Directive o Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros de la Unión Europea. Aunque son varios los objetivos que se pretende alcanzar con esta norma, nos centramos en la regulación que estableció sobre la protección debida al inversor por parte de las instituciones financieras a causa de la creciente complejidad de los productos financieros. No la abordamos porque sea una norma nueva (en España, la Mifid, transpuesta a nuestra legislación, entró en vigor en 2007), sino por la nota emitida hace unos días por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, en relación con este tema.

Teóricamente, la Mifid obliga a las compañías a clasificar a los clientes por su conocimiento y experiencia, de su situación financiera y sus objetivos de inversión, correspondiéndoles la clasificación de minorista, que otorga el nivel de protección máximo, a la inmensa mayoría de particulares y pequeñas empresas no financieras. Además, respecto al tratamiento de las órdenes de los clientes, la Mifid establece requisitos relativos a la información que necesita obtener la entidad financiera para aceptar estas órdenes, para que se garantice que se está actuando para el mayor beneficio del cliente.

No obstante la Mifid, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han permitido desde entonces la comercialización de productos financieros complejos de forma imprudente, de forma que no se ha impedido que fueran colocados a clientes minoristas con un poder de negociación y conocimiento muy inferiores a las entidades financieras, y que además contrataban sus operaciones con plena confianza hacia las instituciones financieras con las que operaban habitualmente y hacia estas dos entidades supervisoras.

Toda esta deficiente actuación venía impulsada por una mecánica perversa de remuneración a sus empleados, mediante la cual los empleados de las entidades eran obligados a comercializar productos complejos que no dominaban, porque veían ligados la estabilidad de sus puestos de trabajo y el nivel de sus retribuciones a los altos objetivos de venta que se les imponían en relación a dichos productos.

Además de la Mifid, desde 2007, la CNMV ha ido publicando diferentes documentos de advertencia sobre las exigencias de esta norma, como las Condiciones de comercialización de instrumentos financieros del mercado de valores, de mayo de 2009, en la que se puede leer: “Estas pautas van encaminadas a asegurar un adecuado cumplimiento de la normativa de aplicación y reforzar la protección de los inversores”. Mucho decir pero poco hacer, porque en la práctica las entidades en numerosas ocasiones las ignoraban o bien las cumplían ficticiamente, haciendo firmar al cliente los documentos esenciales obligatorios como si fueran mera rutina, sin más consecuencias para ellas.

Pero, por si no hubiera habido comunicaciones suficientes, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, preocupada por la falta de cumplimiento de la Mifid en la comercialización de productos financieros complejos, ha publicado un documento -¡en febrero de 2014!- que recuerda el contenido de esta normativa y establece las expectativas mínimas en relación con los estándares de conducta, especialmente en lo relativo a la conveniencia e idoneidad de los mismos para inversores minoristas.

Más palabras en la línea de siempre, aunque ahora se añaden algunas nuevas aconsejando al inversor, que nos llevan a la reflexión. De forma abreviada se recomienda al inversor no experto: 1) si no entiende lo que va a comprar, no lo haga, busque asesoramiento en otra parte; 2) el nombre del producto puede no reflejar la realidad, desconfíe de las promesas de rentabilidad “elevada”, “garantizada”, “cubierta” o “absoluta” porque pueden resultar engañosas; 3) sea precavido si necesita liquidez antes de que venza la inversión; 4) asegúrese de entender cuáles son los costes totales; y 5) puede haber disponibles productos similares menos complejos con costes inferiores.

O sea, la Mifid obliga a las entidades financieras a proteger al inversor minorista, a buscar el producto más idóneo para él y a hacerle comprender todas las características y los riesgos del mismo, pero la ESMA con sus advertencias habla de posible engaño, de deficiencias en la explicación, o incluso de falta o mal asesoramiento. En definitiva, le dice al inversor que no se fíe un pelo y que sea él mismo el que esté alerta. Trasladado a un producto real es como si se dijera: aunque en la caja de galletas especifique que no contienen gluten, desconfíe, puede ser mentira. Si el inversor minorista tiene que protegerse a sí mismo, ¿para qué la Mifid? Ahora con estos avisos de la ESMA lo sabemos, exclusivamente nos servirá para defendernos, el que pueda hacerlo, ante los tribunales.

Publicado el 24 de agosto de 2014.