Cuándo subirá el euríbor

Carmen Pérez | 24 de marzo de 2017 a las 19:36

TRIBUNA ECONÓMICA, 10/3/2017

Desde que en febrero del año pasado el Euríbor a doce meses cruzara el Rubicón cotizando por debajo del 0%, no ha dejado los valores negativos. Ayer este indicador de referencia para derivados, hipotecas y préstamos se situó en el -0,111%. La incógnita ahora es cuándo emprenderá el camino contrario para retornar a la normalidad financiera. Y esa incógnita sólo puede despejarla el Banco Central Europeo (BCE). En principio, sus decisiones se toman de forma aséptica, en función de su único objetivo, que la inflación se mantenga cercana al 2%. Pero no son pocas las presiones para que actúe en uno u otro sentido: todos expectantes, porque unos desean que suba; a otros les puede saber a cuerno quemado que la situación actual se revierta.

Según Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, la inflación de la zona del euro se situó en febrero en el 2%, pero las previsiones, según dijo Mario Draghi en su intervención de ayer, son que se sitúe en 1,7% en 2017, en 1,6% en 2018 y en 1,7% en 2019. Se estrecha el margen, por tanto, pero Draghi, que considera conveniente proseguir con los estímulos monetarios, se agarra a la inflación subyacente -sin considerar la energía y los alimentos frescos- que sigue en el 0,9%.

Alemania presiona en contra, desea que se acabe ya esta agresiva política monetaria: su inflación sí supera el 2%. También para la banca significaría disfrutar de un mayor margen financiero, que le ayudaría con la disminución del volumen de negocio, a superar los males que aún arrastran del pasado y afrontar los nuevos retos derivados del desafío tecnológico. A los inversores conservadores les sucede lo mismo, estarían encantados con que terminara la represión financiera: tipos ultra bajos combinados con inflación es el peor escenario para ellos.

Pero, en el extremo opuesto, para algunos países, como España, Francia, Italia o Portugal, que los costes financieros se mantengan bajos es esencial para que puedan digerirlos sus presupuestos. Y sus abultadas deudas se vuelven relativamente menos importantes si a la vez de tipos bajos la inflación va creciendo. Seguir así durante más tiempo les supone la posibilidad de salir del pozo financiero en el que están inmersos. Similar situación es la que viven todos los endeudados -familias y empresas- que también están rezando porque esta situación permanezca.

Abundan las opiniones de expertos de fondos de inversión, de entidades financieras, de foros internacionales, de thinktanks: cada uno pone una fecha. Pero lo cierto es que no hay nada cierto. En la reunión de ayer Draghi mantuvo los tipos de interés y confirmó que las compras de bonos -ya menores, de 60.000 millones de euros/mes- seguirán, como estaba previsto, hasta diciembre. No dio más pistas: se irá viendo. Incluso se reserva sobre lo establecido incrementar o un posible arrepentimiento. Él contempla todos los datos, las previsiones y las presiones; las decisiones de otros bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal; y los diferentes acontecimientos: Brexit, Trump y el intenso calendario electoral europeo. ¿Que cuándo subirá el Euríbor? De momento, no. Cita a cita, el BCE irá decidiendo.

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Los pagarés de Nueva Rumasa

Carmen Pérez | 24 de marzo de 2017 a las 19:33

TRIBUNA ECONÓMICA, 3/3/2017

Llevo años utilizando como material de clase las cinco comunicaciones con las que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advertía a los inversores sobre los riesgos de las colocaciones de pagarés de Nueva Rumasa. En principio, para que los alumnos vean con un caso real la función de protección al inversor que desarrolla este supervisor financiero; y también para que observen cómo la rentabilidad de un activo financiero va siempre aparejada a su riesgo. Pero da mucho más de sí. En el debate posterior siempre surgen las mismas cuestiones: cómo la CNMV, si estaba tan temerosa, no prohibió las emisiones; y cómo, pese a las advertencias, esos inversores terminaron comprándolos.

La misma CNMV señalaba en la primera comunicación que estos pagarés -por su alto nominal, 50.000 euros, y porque no iban a negociarse en ningún mercado secundario oficial- escapaban de su control. La ley no les obligaba a registrar el folleto de emisión que le hubiera permitido investigar tanto al emisor como al producto, y decidir al efecto. Además, como no se utilizaba una entidad financiera para comercializarlos, se evitaba de nuevo a la CNMV y que se aplicaran las normas de conducta exigibles al intermediario financiero para la protección del inversor.

Pero sí podía prevenir al inversor y así lo hizo: que analizara el alcance real de expresiones utilizadas en la publicidad, como “rentabilidad garantizada”; que valorara el tipo de garantía ofrecida; o que el “folleto informativo depositado ante notario” no era el exigido por la CNMV y que, por tanto, no había sido objeto de aprobación o control. Y en todas las comunicaciones recomendaba al inversor informarse adecuadamente de las características del producto ofertado y de la situación jurídica y económico-financiera del emisor, y que solicitara asesoramiento experto antes de tomar la decisión. Para el inversor la rentabilidad era muy tentadora: el 10%. Eran empresas conocidas: Clesa, Garvey, Dhul, Elgorriaga, Trapa o Rayo Vallecano. Y las presentaban para darles más solidez -también advertido por la CNMV- como un holding, cuando jurídicamente no era así: de los pagarés de una empresa concreta respondía exclusivamente esa empresa. Además, parte de la opinión pública veía a los Ruiz-Mateos como víctimas por la expropiación anterior. 4.110 ahorradores acudieron a las nueve emisiones de pagarés entre 2009 y 2011. Nueva Rumasa tenía que devolverles los 337,3 millones de euros aportados y 47,9 de intereses: sólo abonaron 96,2 millones.

En este desenlace hubo mucho más que puro riesgo empresarial. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para cada uno de los hermanos y diferentes penas para algunos colaboradores. Los acusa de estafa: “eran sabedores de que sería imposible su abono” y “ocultaron la situación real de insolvencia”, con más de 577 millones de euros de deuda en 2009. Los acusa de blanqueo de capitales: “operaban de forma opaca”, maniobrando tras 171 empresas -48 extranjeras- y 4.067 cuentas en 117 bancos. Los acusa de alzamiento de bienes: “utilizaron los fondos para mantener un alto nivel de vida y para adquirir a título personal vehículos e inmuebles”.

Sólo una cosa tiene de positiva esta historia: ser excelente como caso de estudio en el aula.

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Que la recuperación sea para todos

Carmen Pérez | 1 de marzo de 2017 a las 14:41

TRIBUNA ECONÓMICA, 24-2-2017

El pasado miércoles la Comisión Europea publicó su análisis anual de la situación económica y social en los Estados miembros. Tras una valoración general de la marcha del conjunto, detalla la realidad particular de cada uno de los 13 países -los incumplidores del año anterior- sometidos a un estudio más profundo, señalándoles en qué aspectos concretos necesitan mejorar. Sólo Finlandia aprueba y se encuentra sin desequilibrios. Un grupo de seis Estados -entre ellos, España y Alemania- presentan desequilibrios. Y en otros seis -con Francia y Portugal- los desequilibrios son excesivos. Italia se sitúa en este último grupo, pero ha estado a punto de pasar a la cuarta categoría, la establecida para aquéllos en los que los desequilibrios son tan excesivos que se les abre un procedimiento con medidas correctoras.

A cada país se le recrimina por las variables macroeconómicas en las que no progresan adecuadamente. Especialmente preocupantes son Francia, que está al borde de incumplir el 3% máximo de déficit; Portugal, por su elevada deuda y por los activos tóxicos de su banca; e Italia, que crece poco, su desempleo es alto, su deuda pública supera el 130% del PIB y tiene enormes problemas con su sistema financiero. Pero también hay críticas para Alemania, ya que persisten sus elevados superávits por cuenta corriente, superando el máximo del 8%, que sólo están ajustando de modo limitado, con un débil nivel de inversiones, perjudicando así la buena marcha de la Eurozona. De hecho, este desequilibrio alemán junto con los sistemas financieros lastrados de préstamos morosos de algunos miembros son los dos riesgos que la Comisión destaca expresamente.

En cuanto a España, “la recuperación es robusta y equilibrada” y nuestro sistema bancario ya está fuera de peligro. Pero esas alabanzas no impiden que se nos reprenda por el aún altísimo nivel de desempleo -el segundo más alto de Europa- y por nuestra todavía altísima deuda, sobre todo la pública. Y por nuestra debilidad fiscal para cumplir los objetivos de déficit, para la que recomienda subir el IVA, los tipos reducido y superreducido, y los impuestos ambientales.

La Comisión se siente satisfecha por los frutos conseguidos al aplicar estos últimos años el “triángulo virtuoso”: estímulo de las inversiones, reformas estructurales y políticas presupuestarias responsables. El empleo crece y los salarios van al alza, se van corrigiendo los grandes déficits y se están disminuyendo los elevados niveles de deuda. Pero parece que también ha tomado conciencia de las consecuencias sociales negativas derivadas de sus políticas de austeridad, y del auge de movimientos populistas y euroescépticos que han provocado. Superada la situación extremadamente crítica que se ha vivido estos años pasados, y contenidos -que no salvados- los desequilibrios, insiste en mantener el mismo rumbo, pero completa la receta: ahora es el momento en el que hay que conseguir que la recuperación sea percibida por todos: hay que combatir enérgicamente el riesgo de pobreza y la desigualdad de ingresos y oportunidades. Y en este campo se señala a España como uno de los países que más tarea tiene.

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La verdad sobre el caso Bankia

Carmen Pérez | 1 de marzo de 2017 a las 14:38

TRIBUNA ECONÓMICA, 17-2-2017

Ésta es la misión del juez Andreu, encontrar la verdad sobre la salida a Bolsa de Bankia. Bien difícil lo tiene, porque no debe valorar a toro pasado, sino remontarse a ese momento y valorar en aquella fecha, cuando el futuro era incierto. No sólo Bankia, casi todas las cajas tenían sus balances cuajaditos de activos inmobiliarios que cada vez valían menos; con una morosidad que iba in crescendo; desarrollando su actividad en una economía tan deteriorada que había secado el negocio financiero; y sometida a un listón de solvencia que el Comité de Supervisión de Basilea iba progresivamente subiendo.

La dificultad de valorar se observó con los test de estrés que se aplicaron a los bancos europeos: arrojaban unas necesidades de capital para un escenario adverso, y en la siguiente tanda de test -a los pocos meses- los recursos necesarios eran mucho mayores, porque el escenario adverso ya no era una horrible posibilidad, era lo que se estaba viviendo. El proceso destructivo se conocía: la intensidad y la duración del mismo, complicado saberlo.

Las soluciones que se tomaron para resolver el problema de las cajas fueron todas a la desesperada, obligándolas a convertirse en bancos, a emitir preferentes, y a fusionarse entre ellas, como si con el tamaño la insolvencia se disolviera. Bankia, resultado de la fusión fría de siete cajas, necesitada de recursos, tomó la controvertida decisión de salir a Bolsa. Y no se acudió sólo a inversores institucionales, con capacidad propia para enjuiciar los riesgos, sino que se involucró al inversor pequeño, utilizando la red de sucursales y con una gran campaña publicitaria: con 1.000 euros basta. Ahora se tendrá que determinar si se manipuló la situación real de la entidad y cuáles eran exactamente las previsiones que se manejaban. En definitiva, si se utilizó a conciencia al inversor minorista, si hubo o no hubo estafa.

Casi cinco años después de aquel toque de campana, la Audiencia Nacional ha obligado al juez por “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” a tomar declaración como investigados a los que autorizaron esa decisión: al gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al subgobernador, Fernando Restoy y a toda la cúpula del Banco de España de aquella etapa. También tendrá que declarar Julio Segura, el presidente por entonces de la CNMV.

Estas imputaciones son consecuencia de los famosos correos de José Antonio Casaus, inspector del Banco de España, en los que manifestaba a sus superiores serias dudas sobre la conveniencia de la operación, porque “podía suponer grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”. Resulta difícil admitir que desoyeran sus advertencias. Más bien invita a pensar que los supervisores recibieron presiones políticas para que aceptaran. Con los 3.092 millones de euros que se captaron se calmó el problema un tiempo, pero finalmente se impuso la realidad técnica, fría y calculada de Casaus, y 22.424 millones de euros del contribuyente se destinaron a nacionalizar Bankia. Que se llame también a Elena Salgado y José Luis Rodríguez Zapatero, ministra de Economía y presidente del Gobierno por entonces: sus declaraciones son necesarias para que la verdad sobre el caso Bankia sea desvelada.

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Trump y la regulación financiera

Carmen Pérez | 1 de marzo de 2017 a las 14:35

TRIBUNA ECONÓMICA, 10/2/2017

Hace unos días, Donald Trump firmó un decreto que ordenaba reformar integralmente la ley Dodd-Frank, cuyo objetivo es regular la banca de manera que no vuelva a producirse nunca más una crisis financiera. Poco antes, mediante una dura y escueta carta, de la mano del vicepresidente del Comité Financiero de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry, se le exige a Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, que deje de participar en las reuniones de los foros financieros internacionales, como el Consejo de Estabilidad Financiera o el Comité de Basilea. La razón: no ha sabido mirar por los intereses de América. Con esta firma y esta carta, Trump ha dejado claro que quiere tomar personalmente las riendas de la regulación financiera.

Lo hace al calor de los profundos desacuerdos que existen actualmente en el seno del Comité de Basilea. Los 45 miembros -bancos centrales y supervisores bancarios de 28 naciones- no consiguen finalizar la negociación de Basilea IV, el último paquete regulatorio. Políticos de diferentes países se han entrometido en el debate de los expertos, defendiendo las posturas que más convienen a sus propios bancos. Así, en Europa, varios ministros de finanzas y V. Dombrovskis, de la Comisión Europea, se niegan a aprobar las últimas medidas propuestas, que son justo las que los americanos aceptan.

Pero lo inaudito de esa carta es que arremete contra la Reserva Federal, participante en las negociaciones. En cinco párrafos se desacredita completamente su gestión pasada por “no tener en cuenta al pueblo americano”. Se le recuerda a Yellen que debería apoyar la economía del país, y que, sin embargo, la regulación financiera establecida los pasados años “entre burócratas, en tierras extranjeras” sólo ha servido para disminuir el crecimiento y destruir miles de puestos de trabajo. Por tanto, serán funcionarios nombrados por Trump, que sepan alinearse con los objetivos de la nueva Administración americana, los que hagan la tarea.

Respecto a la reforma de la ley Dodd-Frank, en el decreto poco se concreta. Toda la banca, no sólo la americana, está reclamando con fuerza que se suavice la presión regulatoria. Y si allí se relaja, los demás países seguirán la misma senda; siempre están atentos al grado de rigurosidad que cada uno está adoptando, como con la separación de la banca comercial de la banca de inversión, acometida por EEUU y Reino Unido, y que la Europa del euro -pese al informe Liikanen de 2012- aún tiene pendiente.

Y en este conflictivo escenario financiero mundial, Trump ha resuelto a su manera: destruyendo lo construido y desacreditando a las instituciones nacionales e internacionales en materia financiera. Él toma el mando para defender los intereses de su pueblo. Poco podrá hacer solo para reformar la ley Dodd-Frank, porque, además de contar con los legisladores republicanos, tendría que ganar el apoyo de al menos ocho demócratas. Pero a la Reserva Federal se le ha acabado su independencia. La ha apartado de las negociaciones financieras internacionales. Y previsiblemente, en cuanto pueda, designará a un adepto al frente, al que dictarle sus decisiones de política monetaria.

¡Préstale a una empresa!

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:49

TRIBUNA ECONÓMICA, 3/2/2017

Los nuevos tiempos traen siempre nuevas maneras de hacer las cosas; entre ellas, nuevas formas de invertir los ahorros. Así, internet y las nuevas tecnologías on line han posibilitado el desarrollo de numerosas plataformas donde se presentan pequeñas y medianas empresas (pymes) que buscan inversores para que financien sus proyectos.

A este sistema alternativo a la financiación bancaria empresarial se le denomina crowdlending. En el Reino Unido, pionero en Europa, el elevado número de inversores registrados en plataformas de este tipo refleja el potencial del mercado español para los próximos años. De hecho, según estadísticas recientes sobre el sector, el volumen prestado a través de ellas ha crecido un 350% en el último año, con una rentabilidad en torno al 7%. Pero, como todo instrumento financiero, el crowdlendingtiene riesgos para el inversor y le conviene conocerlos antes de operar con él.

Con estos créditos peer-to-business se persigue un objetivo doble. Por una parte, que los inversores, particulares y profesionales obtengan una rentabilidad mayor a la de otras alternativas financieras. Cada inversor decide en qué empresa quiere invertir y en qué cantidad, en función de sus posibilidades monetarias o de su expectativa de ganancia sobre el capital prestado. Y un segundo objetivo: que las pymes obtengan una financiación con mejores condiciones que la bancaria, ahorrando costes y tiempo, y sin tener que contratar productos adicionales, como seguros o tarjetas de crédito.

Pero es el inversor, como prestamista, el que asume riesgos, y eso aun contando con que la plataforma utilizada esté autorizada por la CNMV, que cumpla con la normativa establecida para la protección del inversor, y que por su propio bien se encargue de establecer condiciones adicionales para los proyectos presentados que eliminen al máximo la probabilidad de fraude. Ni la CNMV ni el Banco de España supervisan la información proporcionada por los promotores sobre los proyectos. Es la plataforma la que filtra y analiza las operaciones pero en ningún modo las garantiza.

Los riesgos que asume el inversor son dos, de crédito y de liquidez. El primero deriva del posible impago o quiebra de la empresa a la que se le ha prestado los fondos. Para tomar la decisión sólo contará con la calificación crediticia de la empresa, y lo más probable es que no reciba ningún tipo de garantía, aunque puede contratar un seguro de impago. Respecto al segundo riesgo, ha de tener presente que la liquidez es nula; el dinero se recupera poco a poco, por las cuotas mensuales de amortización e intereses que se van recibiendo, a diferencia de otras alternativas que disponen de mercados secundarios en los que resulta fácil deshacer la posición de golpe.

Por último, el inversor ha de observar dos principios financieros básicos, de puro sentido común. Primero: mientras mayor sea el riesgo y menor la liquidez, las perspectivas de rentabilidad han de ser mayores. Y segundo: es conveniente diversificar, sólo dedicar a esta figura cierta parte de los ahorros, y además tampoco concentrarla en una única empresa: no hay que poner todos los huevos en la misma cesta.

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Desertización financiera

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:46

TRIBUNA ECONÓMICA, 27/1/2017

Hace algunos años pasear por determinadas calles de ciudades españolas era como recorrer una feria financiera regional permanente. Podías encontrar una oficina de Kutxabank, junto a otra de Caja de Badajoz, alguna de Caixa Galicia, otra de Caja Duero, y muchas más de los diferentes bancos y cajas que en su origen tenían un carácter local o autonómico. Todos ellos se habían lanzado a establecer sucursales fuera de su ámbito propio movidas por el gran volumen de negocio financiero que por entonces generaba la economía. Al recorrer estas calles ahora es como si un huracán hubiera pasado llevándose a la mayoría, aunque persisten sus huellas: en las fachadas se observan todavía los huecos de los cajeros que en su día estuvieron operativos. Igual proceso, e incluso más intenso, se ha experimentado en los barrios de la periferia y en los pueblos, llegando en muchos de ellos a desaparecer por completo la presencia financiera. Y no es nada fácil vivir, incluso disponiendo de internet, en un desierto financiero.

El proceso de reestructuración del sector bancario en nuestro país ha sido muy intenso: de unas 50 entidades relevantes sólo quedan 14, con una concentración muy alta: Santander, BBVA y La Caixa acaparan el 50% del mercado. Se fueron uniendo unas con otras en sucesivas fases, desapareciendo prácticamente en el camino las cajas de ahorro y perdiendo en la mayor parte de los casos su identidad territorial. Paralelamente, la reducción de oficinas bancarias ha sido drástica: a nivel nacional, de las 46.118 oficinas bancarias de 2008 quedan 29.325 (-36,4%); en Andalucía, de 7.007, subsisten 4.689 (-33%). Y estos procesos siguen abiertos.

Para mucha parte de la población la nueva situación supone sólo una mayor molestia: las oficinas están más alejadas y hay colas en los cajeros. Pero para otros muchos ciudadanos significa tener que vivir sin asistencia financiera. Siempre han existido pueblos muy pequeños en esta situación pero en estos últimos años se están multiplicando: por ejemplo, en Huelva son 10.000 personas las afectadas; o en Granada, que de 172 municipios, 95 no cuentan con ninguna oficina bancaria.

Es cierto que por internet podemos solucionar muchas de las transacciones financieras, pero hay que disponer de conexión y hay que saber utilizarlo. Y por mucho que el uso de las tarjetas se esté imponiendo, el dinero físico es aún necesario. El colectivo más dañado es el de mayor edad y el de las pymes, sobre todo las turísticas, que se encuentran con esta dificultad añadida para llevar para adelante sus negocios. Se hace esencial, por tanto, buscar soluciones para acabar con estos desiertos financieros. Como mínimo dotarlos con un cajero y de un agente financiero autorizado. O, como ya se hace en algunos municipios, habilitar autobuses que periódicamente transporten a los ciudadanos a los pueblos vecinos o, al contrario, poner en funcionamiento oficinas ambulantes que los atiendan. Y un dato de otro sector a tener en cuenta: Telefónica, 100% privada, tiene la obligación de instalar una línea fija de teléfono al usuario que lo solicite, así viva en el cerro más escondido de las Alpujarras.

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Reestructurando

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:44

TRIBUNA ECONÓMICA, 20/1/2017

El Tesoro Público ha publicado recientemente su Estrategia de emisión de los valores del Tesoro 2017. Un documento digno de analizarse. Muestra en clave financiera las vicisitudes por las que ha atravesado España y lo que se espera que suceda en el próximo año. La confianza que otorgan los mercados se refleja en varios parámetros: el volumen que se puede captar, y más importante, a los tipos y plazos que se colocan las diferentes emisiones. El balance de estos últimos años es muy positivo, pero hay que resaltar que no obedece sólo a que hayamos ido mejorando como país, que también, sino a la intensa protección del BCE que disfrutamos desde 2012. España es como un joven que si accede al crédito en excelentes condiciones no es por su solvencia propia sino gracias al aval de sus padres.

No es poca la tarea que tiene el Tesoro cada año. Los vencimientos de emisiones pasadas acucian y hay que obtener dinero para amortizarlas, y además conseguir dinero adicional para atender los déficits anuales: en 2017 tiene previsto emitir 220.017 millones de euros, de los que 87.905 serán para atender amortizaciones de deuda a largo plazo -bonos y obligaciones-y 97.113 para hacer lo propio con las letras del tesoro. Habrá adicionalmente un aumento neto de 35.000 millones, que se espera colocar íntegramente a largo plazo.

El coste medio de las nuevas emisiones marcó el año pasado un mínimo histórico del 0,61%, tras descender de forma continuada desde el 3,90% que supuso en 2012. Estas bajadas arrastran a un menor coste medio de la deuda total en circulación. Así, éste ha ido disminuyendo del 4,07% de 2012 al 2,77% de 2016: más de 32.000 millones de euros ahorrados en intereses desde el rescate bancario.

Además, este coste mínimo ha sido posible incluso con un alargamiento del plazo de la deuda. La vida media de la emisión a medio y largo plazo fue de 11,5 años, cifra muy superior a la del año anterior, y más del doble de la registrada en 2012, de 5,1 años. Esta evolución ha ido aumentando la vida media de toda la deuda en circulación, desde los 6,20 años en 2013 hasta los 6,81 actuales. Eso sí, el perfil de vencimientos muestra que ya tenemos comprometidas amortizaciones para el año 2066. De esta forma, el Tesoro está reestructurando la deuda, haciendo más cómoda la refinanciación para el futuro y reduciendo la vulnerabilidad de la carga financiera del Estado ante subidas de tipos de interés en la Eurozona.

El documento se acompaña de fotos de algunos de los monumentos del riquísimo patrimonio histórico del Reino de España: la Alhambra, el Alcázar de Segovia y los castillos de Soutomaior, Butrón, Burgalima y Bellver. Con ellas se habrá querido trasmitir a los inversores una imagen de solidez y fortaleza, y a la vez la garantía que supone nuestro boyante sector turístico. Las emisiones de este enero se han mantenido en la buena línea de las anteriores, y Draghi en su conferencia de ayer apostó por dar más tiempo. El Tesoro podrá seguir reestructurando, pero más nos vale seguir mejorando las cifras de nuestra economía: las trompetas de retirada terminarán sonando y entonces ser tierra de castillos no será suficiente.

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Gresca en Basilea

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:41

TRIBUNA ECONÓMICA, 13/1/2017

Desde que comenzó a funcionar en 1975, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha venido acordando un marco de normas mínimas que garanticen la solvencia de los bancos y la estabilidad financiera a nivel global. Así, los acuerdos de Basilea I, II y III se han ido trasladando -en sí mismos no son vinculantes- a los respectivos regímenes jurídicos nacionales sin mayores complicaciones. Sin embargo, con los últimos cambios que ha propuesto el Comité ha saltado la gresca: los bancos europeos -alemanes, franceses y holandeses- denuncian que las modificaciones benefician a los americanos. Sería la primera vez que las decisiones de este Comité se boicotearan. Pero, además, esta polémica, más allá de las cuestiones técnicas, deja traslucir una vez más las complejas relaciones entre lo público y la banca.

El motivo de la disputa es el cálculo del coeficiente de solvencia. Inicialmente la medición del riesgo de los activos era muy simple, un modelo estándar, a base de compartimentos estancos. Pero en un acuerdo posterior se intentó afinar su cálculo para que fuera más sensible al riesgo, permitiendo que las entidades aplicaran unos modelos internos de gran complejidad estadística, que desarrollaban ellas mismas basándose en sus experiencias históricas. La propuesta actual es una vuelta a la sencillez, restringir el uso de los modelos internos y, en todo caso, que el ahorro máximo de capital con ellos sea limitado. Por tres motivos: se duda de que estos modelos midan correctamente los riesgos; se desconfía de los bancos, de que aprovechen la complejidad para presentar una imagen de solvencia mayor de la que disfrutan realmente; y tampoco se confía en que puedan ser supervisados adecuadamente, porque son cada vez más complicados.

137.000 millones de euros serían las necesidades de capital estimadas para los bancos europeos, especialmente los alemanes, franceses y holandeses, que han utilizado en mayor medida estos modelos internos. Ante esto, se han metido en la pelea, a defender a “los suyos”, los ministros de finanzas de esos países, implicando incluso a la Comisión Europea, cuyo vicepresidente, Valdis Dombrovskis, ha exigido enérgicamente que se revisen esas medidas porque, si no, la UE no dará su apoyo al acuerdo.

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, que aboga por preservar el uso de los modelos internos, pero que también acepta la posibilidad de incluir ciertas limitaciones, sin que ello derive en una estandarización excesiva, está mediando: “No nos podemos permitir un escenario de no acuerdo”. Estaba previsto que se resolviera el conflicto durante este mes de enero, aunque hace unos días se publicó un comunicado señalando que se necesita más tiempo. Pero, con independencia de cómo termine, esta gresca está evidenciando -una vez más- las interrelaciones del poder político con sus bancos: la configuración actual de nuestro sistema bancario conlleva que la falta de solvencia de los bancos se convierta inmediatamente en un quebradero de cabeza para sus respectivos Estados. Ya lo dijo Mervyn King, ex gobernador del Banco de Inglaterra: “Los bancos son mundiales en su vida, pero nacionales en su muerte”.

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El adolescente euro

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:38

TRIBUNA ECONÓMICA, 6/6/2017

Hace quince años y aún recordamos cómo en 2002 por estas fechas acudimos a bancos y cajeros para conseguir nuestros primeros euros. Y empezamos a utilizarlos. Como si estuviéramos en un país extranjero, todo el día calculando: seis euros mil pesetas, era la referencia mental para ajustar el cambio. Todavía ahora las grandes cifras las seguimos convirtiendo. Su primera etapa transcurrió con calma, sin sobresaltos: la zona euro creció y mejoraron el empleo y los salarios, impulsada por los bajos tipos de interés, la inflación controlada y la eliminación interna de los tipos de cambio. Pero pronto el euro empezó a enfrentarse a sacudidas externas e internas tan importantes -a punto de morir estuvo en 2012- que ha llegado a ser un adolescente frágil, sin autoestima, conflictivo, con desequilibrios internos, problemático. Y lo peor es que le han aparecido unas tendencias suicidas que pueden aniquilarlo.

Desde la crisis, el raquítico crecimiento de la eurozona ha perjudicado el bienestar general que se había alcanzado y ha frenado e incluso empeorado la convergencia económica. Algunos países -Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre- tuvieron que ser rescatados, y casi todos han venido sufriendo de presupuestos deficitarios, que han disparado sus deudas públicas, comprometiendo gravemente el futuro de la eurozona. Es cierto que se han tomado medidas para contenerlos -el déficit medio se sitúa en el 2,1% del PIB y la deuda en el 90,4% del PIB- y que se han llevado a cabo desde el BCE radicales actuaciones de política monetaria. Pero todas ellas han buscado salvar al conjunto sin cuidar que el desarrollo interno haya sido equilibrado: se han acentuado las diferencias entre los países del norte y del sur; se están produciendo importantes transferencias de rentas de ahorradores a endeudados; y ha aumentado la desigualdad entre la población de manera generalizada.

Y si descendemos directamente a lo que ha significado el euro para el bolsillo de los españoles tras estos 15 años, encontramos que mientras el sueldo mediano, más realista que el salario medio, ha experimentado, según el INE, un crecimiento del 24,2%, la inflación creció un 36%. Es más, los precios de los productos y servicios más cotidianos, según la OCU, lo hicieron en más de un 60%, superando el 100% en otros, como el transporte o los precios de bares y restaurantes. Sólo bajaron videoconsolas, teléfonos y ordenadores.

Así, el proyecto euro ha llegado a su pubertad muy debilitado; tanto que, del mismo modo que a algunos jóvenes les brotan pensamientos suicidas, han surgido movimientos euroescépticos, principalmente en Francia, Alemania e Italia. Además, acontecimientos como el Brexit, la victoria de Trump, la llegada de inmigrantes o el terrorismo islámico tampoco facilitan que el euro supere esta etapa. Sin embargo, el euro -que involucra a más de 320 millones de personas de 19 países- sigue contando con un elevadísimo nivel de apoyo entre los ciudadanos. En 2002 le pedimos a los Reyes Magos una calculadora convertidora. Hoy, 6 de enero de 2017, la carta de peticiones para que el adolescente euro consiga encontrar su identidad es bien larga.

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