¿Estamos protegidos por la Mifid?

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 18:28

MIFID son las siglas con las que se conoce a la Markets in Financial Instruments Directive o Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros de la Unión Europea. Aunque son varios los objetivos que se pretende alcanzar con esta norma, nos centramos en la regulación que estableció sobre la protección debida al inversor por parte de las instituciones financieras a causa de la creciente complejidad de los productos financieros. No la abordamos porque sea una norma nueva (en España, la Mifid, transpuesta a nuestra legislación, entró en vigor en 2007), sino por la nota emitida hace unos días por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, en relación con este tema.

Teóricamente, la Mifid obliga a las compañías a clasificar a los clientes por su conocimiento y experiencia, de su situación financiera y sus objetivos de inversión, correspondiéndoles la clasificación de minorista, que otorga el nivel de protección máximo, a la inmensa mayoría de particulares y pequeñas empresas no financieras. Además, respecto al tratamiento de las órdenes de los clientes, la Mifid establece requisitos relativos a la información que necesita obtener la entidad financiera para aceptar estas órdenes, para que se garantice que se está actuando para el mayor beneficio del cliente.

No obstante la Mifid, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han permitido desde entonces la comercialización de productos financieros complejos de forma imprudente, de forma que no se ha impedido que fueran colocados a clientes minoristas con un poder de negociación y conocimiento muy inferiores a las entidades financieras, y que además contrataban sus operaciones con plena confianza hacia las instituciones financieras con las que operaban habitualmente y hacia estas dos entidades supervisoras.

Toda esta deficiente actuación venía impulsada por una mecánica perversa de remuneración a sus empleados, mediante la cual los empleados de las entidades eran obligados a comercializar productos complejos que no dominaban, porque veían ligados la estabilidad de sus puestos de trabajo y el nivel de sus retribuciones a los altos objetivos de venta que se les imponían en relación a dichos productos.

Además de la Mifid, desde 2007, la CNMV ha ido publicando diferentes documentos de advertencia sobre las exigencias de esta norma, como las Condiciones de comercialización de instrumentos financieros del mercado de valores, de mayo de 2009, en la que se puede leer: “Estas pautas van encaminadas a asegurar un adecuado cumplimiento de la normativa de aplicación y reforzar la protección de los inversores”. Mucho decir pero poco hacer, porque en la práctica las entidades en numerosas ocasiones las ignoraban o bien las cumplían ficticiamente, haciendo firmar al cliente los documentos esenciales obligatorios como si fueran mera rutina, sin más consecuencias para ellas.

Pero, por si no hubiera habido comunicaciones suficientes, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, preocupada por la falta de cumplimiento de la Mifid en la comercialización de productos financieros complejos, ha publicado un documento -¡en febrero de 2014!- que recuerda el contenido de esta normativa y establece las expectativas mínimas en relación con los estándares de conducta, especialmente en lo relativo a la conveniencia e idoneidad de los mismos para inversores minoristas.

Más palabras en la línea de siempre, aunque ahora se añaden algunas nuevas aconsejando al inversor, que nos llevan a la reflexión. De forma abreviada se recomienda al inversor no experto: 1) si no entiende lo que va a comprar, no lo haga, busque asesoramiento en otra parte; 2) el nombre del producto puede no reflejar la realidad, desconfíe de las promesas de rentabilidad “elevada”, “garantizada”, “cubierta” o “absoluta” porque pueden resultar engañosas; 3) sea precavido si necesita liquidez antes de que venza la inversión; 4) asegúrese de entender cuáles son los costes totales; y 5) puede haber disponibles productos similares menos complejos con costes inferiores.

O sea, la Mifid obliga a las entidades financieras a proteger al inversor minorista, a buscar el producto más idóneo para él y a hacerle comprender todas las características y los riesgos del mismo, pero la ESMA con sus advertencias habla de posible engaño, de deficiencias en la explicación, o incluso de falta o mal asesoramiento. En definitiva, le dice al inversor que no se fíe un pelo y que sea él mismo el que esté alerta. Trasladado a un producto real es como si se dijera: aunque en la caja de galletas especifique que no contienen gluten, desconfíe, puede ser mentira. Si el inversor minorista tiene que protegerse a sí mismo, ¿para qué la Mifid? Ahora con estos avisos de la ESMA lo sabemos, exclusivamente nos servirá para defendernos, el que pueda hacerlo, ante los tribunales.

Publicado el 24 de agosto de 2014.