‘Bancos malos’

Carmen Pérez | 26 de abril de 2017 a las 6:55

TRIBUNA ECONÓMICA, 7/4/2017

Las consecuencias de los excesos de una época, y que la crisis puso de manifiesto, siguen acompañándonos: la banca europea tiene en sus balances un billón de euros de préstamos morosos y fallidos, el 5,4% del total de préstamos, de un volumen equivalente al 7% del PIB europeo. Y para buscarle solución a este problema, este viernes se discute en Malta, en la reunión de los ministros de economía y finanzas, Ecofín, la propuesta de la Autoridad Bancaria Europea de crear un banco malo europeo. Sería aplicar a escala comunitaria la misma receta que ya se aplicó en España en 2012, cuando se creó nuestro banco malo, conocido por su acrónimo, Sareb, para ayudar aún más a las cajas intervenidas y nacionalizadas.

Estas cajas traspasaron a la Sareb los préstamos que empresas y particulares habían dejado de pagarles, y que requerían de un penoso y largo camino para intentar recobrarlos. Era de esperar que de muchos de ellos no se consiguiera finalmente nada. De otros, se obtendrían los activos que sirvieron como garantía hipotecaria, mayormente pisos que no hay quien venda, suelo urbanizable, promociones inmobiliarias en curso o terminadas, que aún siguen atascadas…También pasaron a la Sareb muchos de estos activos -con sus impuestos, cuotas de comunidad y gastos de mantenimiento- que ya se habían adjudicado esas cajas.

Se esperaba -así nos lo vendieron- que con la concentración y con la gestión especializada la Sareb obtendría una rentabilidad anual del 15%. La realidad ha sido muy diferente y la Sareb ha tenido pérdidas, salvo en 2014, todos los años. Esta misma semana, su presidente ha reconocido que la entidad lleva acumulada unas pérdidas de 751 millones de euros. Y aunque los socios son privados en un 55%, será el contribuyente español el que terminará soportándolas.

El mismo procedimiento de limpieza -no ya a cajas, sino a bancos completamente privados- se seguiría con el banco malo europeo. Y con toda probabilidad también tendría las mismas consecuencias: pérdidas. Y esto presenta una dificultad añadida porque la distribución de los préstamos morosos en Europa no es nada homogénea: en España, la morosidad ha descendido considerablemente y se sitúa cerca de la media, en el 5,9%; en Italia supera el 16%; en Portugal, cerca del 19%; y en Grecia, en más del 46%… No es de extrañar que Alemania, con sólo un 2,66% de morosidad, antes incluso de la reunión haya rechazado esta propuesta si implica pérdidas mutualizadas.

Pero lo que ninguno discute es si hay que seguir -tras los 470.000 millones de euros ya inyectados- ayudando a la banca. Ahora se plantean este sofisticado instrumento, que dilata el problema en el tiempo, pero que compromete igualmente dinero público, eso sí, poco a poco, y no tan a las claras. Pero la creación de un banco malo europeo mostraría de manera radical la extrema irracionalidad del modelo bancario hacia el que hemos evolucionado: los préstamos buenos se los quedan y los malos los traspasan. Si la protección al depositante y la defensa de la estabilidad financiera conducen necesariamente a que se socialicen las pérdidas, que sea el Estado el banquero, para qué banca privada.

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Más capital, menos deuda

Carmen Pérez | 26 de abril de 2017 a las 6:53

TRIBUNA ECONÓMICA, 31/3/2017

Hace unos meses publicaba Financial Times una noticia curiosa. Contaba que en tiempos pasados en el Reino Unido se cobraba a los propietarios un impuesto por cada una de las ventanas que tuvieran a la calle en sus viviendas. Muchas se cerraron. Años después se constató el aumento de la incidencia de enfermedades contagiosas en la población por falta de ventilación en las casas: el impuesto a las ventanas fue retirado. Éste es un caso que muestra con toda radicalidad hasta dónde pueden llegar los efectos de una norma. Ahora, Donald Trump quiere eliminar una medida fiscal -la deducción de intereses en la determinación del beneficio empresarial- que contribuye a que se desarrolle una enfermedad en la sociedad: el excesivo endeudamiento. La propuesta es revolucionaria porque estamos tan acostumbrados a esta práctica que se considera ley de la naturaleza.

El efecto más inmediato sería que se recaudarían más impuestos: se estima que los ingresos fiscales perdidos fueron de entre el 2% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) al año en el mundo desarrollado justo antes de la crisis. Es verdad que este efecto en la actualidad sería menor por los bajos tipos de interés y porque en estos últimos años se han ido estableciendo -también en España- límites, que afectan especialmente a los grupos internacionales, para evitar que eludan impuestos mediante operaciones de financiación entre sus empresas. No obstante, el objetivo de Trump no es recaudar más. Su propuesta es mucho más radical: quiere eliminar la deducción por completo y de forma simultánea bajar el tipo impositivo a las empresas: una cosa por la otra. Así, incluso las empresas de los sectores con menor endeudamiento podrían terminar hasta pagando menos impuestos.

El objetivo es otro: conseguir eliminar el sesgo que la deducción de intereses introduce a favor de la deuda, que anima a las empresas a utilizar una mayor proporción de recursos ajenos frente a los recursos propios. En definitiva, se dejaría de incentivar el apalancamiento. No se trata de demonizar la deuda, el crédito es vital en el sistema económico moderno. Pero a la deuda no hace falta animarla, se basta sola para hacerlo. Y además es el ingrediente principal que infla todo el sistema financiero.

Lo tenemos muy reciente, acabamos de pasar la mayor crisis financiera de la historia y, si el altísimo grado de endeudamiento no fue su única causa, sí que puede asegurarse que hizo que fuera mucho más intensa. No sólo habría que eliminar esta práctica, sino otras -fiscales y monetarias- como la deducción de los gastos financieros en la primera vivienda. “La mayoría de las economías occidentales endulzan el coste de los préstamos. Es una mala idea”, concluía un extenso artículo -A senseless subsidy- en The Economist (2015). Ahora sería el momento ideal para el cambio, porque con tasas de interés tan bajas la distorsión de la reforma sería menor. Pero mejor no ser optimistas. La medida es demasiado revolucionaria y hay demasiados intereses en juego. Lo más probable es que a Trump le tumben su propuesta. Las ventanas se quedarán cerradas y la enfermedad del excesivo endeudamiento la seguiremos padeciendo.

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Todo con mi móvil

Carmen Pérez | 24 de marzo de 2017 a las 19:50

TRIBUNA ECONÓMICA, 24/3/2017

Si hay algo en lo que los españoles destacamos absolutamente: en el uso del teléfono móvil. Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, 2016, del Instituto Nacional de Estadística, INE, el 92% de los ciudadanos dispone de al menos un teléfono inteligente, de un smartphone. Sólo Singapur nos supera. Lo utilizamos para todo: como cámara fotográfica, reproductor de música, radio, televisión, reloj, juegos, calculadora, linterna… Además, nos valemos de nuestro móvil para ayudarnos a satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades, desde las más primarias hasta las más elevadas, como las de relación y de autorrealización. No estamos dispuestos a separarnos de él ni un solo instante. Sin embargo, estamos siendo reacios a usarlo para realizar nuestros pagos diarios.

Con el móvil consultamos nuestras cuentas e incluso realizamos operaciones, como transferencias o devoluciones de recibos, en modo ordenador, pero no nos apuntamos a utilizar la gran variedad de sistemas de pagos móviles. De todos ellos, Bizum es el que tiene más papeletas para triunfar porque es el que ofrecen conjuntamente casi todos los bancos españoles. Permite hacer pagos y cobros -desde 0,5 euros a 500 euros- entre particulares sin necesidad de conocer el número de cuenta del receptor, sólo sabiendo su número del teléfono móvil. De momento -sólo de momento- es gratuito para todas o determinadas transacciones al mes. Y lo que ahora sólo funciona para operaciones entre particulares, pronto se extenderá a pagos a la Administración y en tiendas y otros negocios.

Tampoco aprovechamos las novedosas posibilidades que ofrece el móvil para el pago con tarjetas. En España utilizamos las tarjetas masivamente; durante el tercer trimestre de 2016 había cerca de 74 millones de tarjetas de crédito y de débito en circulación. Y cada vez en mayor medida son tarjetas contactless, que incorporan la tecnología NFC (Near Field Communication): sólo se requiere acercarlas a un terminal TPV para iniciar la operación, y si el importe es de menos de 20 euros, queda autorizada sin necesidad siquiera de marcar el PIN. Pero ahora es posible activar las tarjetas en el móvil -Bizum también lo permite- y prescindir de llevarlas encima: el pago se carga en la tarjeta al contacto del TPV con el móvil. Sin embargo, pese a la comodidad que esto supone, nos resistimos al cambio.

Y es que cualquier transformación, incluso una para mejorar, siempre va acompañada de miedos e incomodidades iniciales. Pero la tendencia a la desaparición del dinero físico es demasiado fuerte. Es imparable. Se incentiva con intensidad tanto por las entidades financieras como por las administraciones. Y conseguirá que también esta vía -los pagos por móvil- termine triunfando, y entonces nuestro número de teléfono se convertirá en algo tan importante como nuestro DNI.

De momento destacamos en poseerlos, pero no en su uso financiero. En esto sobresalen, paradójicamente, los países en desarrollo, donde el uso de las tarjetas no es tan intenso y asentado como en nuestro país. Un retraso que ahora propicia que estén dando un salto tecnológico.

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Claridad en las comisiones bancarias

Carmen Pérez | 24 de marzo de 2017 a las 19:47

TRIBUNA ECONÓMICA, 17/3/2017

Todos tenemos claro que nadie va a prestarnos un determinado servicio sin cobrarnos por ello. Sin embargo, nos resistimos a aceptar que se nos cobren comisiones cuando se trata de servicios bancarios. Siempre se ha argumentado al respecto que ya tienen suficiente con manejar nuestro dinero. En este sector nos han acostumbrado tan mal en el pasado que ahora les está siendo muy difícil reconducirnos. Y eso que no es nueva la obsesión de la banca por elevar sus ingresos vía comisiones: tal y como veían reducirse los márgenes de intermediación, desempolvaban la idea. Como en los años 90, con la aparición de las supercuentas remuneradas, cuando también lo intentaron con fuerza. En la actualidad, con la intensa crisis de rentabilidad que por diversos motivos está viviendo la banca, la presión está siendo muy alta.

Las comisiones que cobró la banca española el pasado año superaron los 19.000 millones de euros. Pero a pesar de este elevado importe, según el Banco de España, aún estamos a la cola de Europa: a nuestros bancos las comisiones sólo les aportan el 23% del margen bruto, frente al 28% de media que suponen en la Unión Europea. La tendencia es a ampliarlas y a encarecerlas. Para evitar algunas de ellas se nos incita -incluso se nos obliga- a que hagamos nosotros mismos las operaciones, a que nos olvidemos de usar dinero físico y a que nos vinculemos estrechamente con la entidad contratándoles productos financieros para que el pack les resulte rentable.

Sin embargo, aunque es más que entendible que defiendan su negocio, no lo es la existencia y alto coste de algunas comisiones concretas. Como la comisión por ingreso en efectivo -3 euros- por ventanilla, cuya razón de ser es “que tienen que anotar el concepto”, y con la que buscan desterrar el movimiento de billetes y monedas. O la comisión -hasta de 39 euros- por los “números rojos”, motivada por “los gastos que conlleva avisar del descubierto”, y que esconde intereses usureros, porque el descubierto suele ser de escaso y de poco tiempo, sólo hasta que llega de nuevo la nómina: una cruz mensual para tantas familias. De hecho, ya hay alguna sentencia, aunque recurrida, que ha obligado a una entidad a eliminarla por completo.

Si las cosas están así, y el negocio bancario se va a sustentar cada vez más en las comisiones, qué menos que sepamos claramente con quién nos estamos casando. Y éste es el objetivo de la Directiva europea 2014/92/EU, sobre la comparabilidad de las comisiones, traslado de cuentas de pago y acceso a cuentas de pago básica, que ahora se está trasponiendo -con retraso- a nuestro ordenamiento jurídico. Según el Anteproyecto de Ley -en consulta pública hasta hace unos días- se determinará una lista normalizada de servicios financieros, común para toda Europa, y las entidades tendrán que informar a los consumidores de sus comisiones en cada uno de ellos.

La idea es que sean fácilmente comparables, por lo que se establecerá además un sitio web gratuito que permita confrontarlas: “Busque, compare y si encuentra algo mejor… cambie de pareja financiera”, porque otro objetivo de esta norma es que esta ruptura no sea en absoluto traumática.

Cuándo subirá el euríbor

Carmen Pérez | 24 de marzo de 2017 a las 19:36

TRIBUNA ECONÓMICA, 10/3/2017

Desde que en febrero del año pasado el Euríbor a doce meses cruzara el Rubicón cotizando por debajo del 0%, no ha dejado los valores negativos. Ayer este indicador de referencia para derivados, hipotecas y préstamos se situó en el -0,111%. La incógnita ahora es cuándo emprenderá el camino contrario para retornar a la normalidad financiera. Y esa incógnita sólo puede despejarla el Banco Central Europeo (BCE). En principio, sus decisiones se toman de forma aséptica, en función de su único objetivo, que la inflación se mantenga cercana al 2%. Pero no son pocas las presiones para que actúe en uno u otro sentido: todos expectantes, porque unos desean que suba; a otros les puede saber a cuerno quemado que la situación actual se revierta.

Según Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, la inflación de la zona del euro se situó en febrero en el 2%, pero las previsiones, según dijo Mario Draghi en su intervención de ayer, son que se sitúe en 1,7% en 2017, en 1,6% en 2018 y en 1,7% en 2019. Se estrecha el margen, por tanto, pero Draghi, que considera conveniente proseguir con los estímulos monetarios, se agarra a la inflación subyacente -sin considerar la energía y los alimentos frescos- que sigue en el 0,9%.

Alemania presiona en contra, desea que se acabe ya esta agresiva política monetaria: su inflación sí supera el 2%. También para la banca significaría disfrutar de un mayor margen financiero, que le ayudaría con la disminución del volumen de negocio, a superar los males que aún arrastran del pasado y afrontar los nuevos retos derivados del desafío tecnológico. A los inversores conservadores les sucede lo mismo, estarían encantados con que terminara la represión financiera: tipos ultra bajos combinados con inflación es el peor escenario para ellos.

Pero, en el extremo opuesto, para algunos países, como España, Francia, Italia o Portugal, que los costes financieros se mantengan bajos es esencial para que puedan digerirlos sus presupuestos. Y sus abultadas deudas se vuelven relativamente menos importantes si a la vez de tipos bajos la inflación va creciendo. Seguir así durante más tiempo les supone la posibilidad de salir del pozo financiero en el que están inmersos. Similar situación es la que viven todos los endeudados -familias y empresas- que también están rezando porque esta situación permanezca.

Abundan las opiniones de expertos de fondos de inversión, de entidades financieras, de foros internacionales, de thinktanks: cada uno pone una fecha. Pero lo cierto es que no hay nada cierto. En la reunión de ayer Draghi mantuvo los tipos de interés y confirmó que las compras de bonos -ya menores, de 60.000 millones de euros/mes- seguirán, como estaba previsto, hasta diciembre. No dio más pistas: se irá viendo. Incluso se reserva sobre lo establecido incrementar o un posible arrepentimiento. Él contempla todos los datos, las previsiones y las presiones; las decisiones de otros bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal; y los diferentes acontecimientos: Brexit, Trump y el intenso calendario electoral europeo. ¿Que cuándo subirá el Euríbor? De momento, no. Cita a cita, el BCE irá decidiendo.

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Los pagarés de Nueva Rumasa

Carmen Pérez | 24 de marzo de 2017 a las 19:33

TRIBUNA ECONÓMICA, 3/3/2017

Llevo años utilizando como material de clase las cinco comunicaciones con las que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advertía a los inversores sobre los riesgos de las colocaciones de pagarés de Nueva Rumasa. En principio, para que los alumnos vean con un caso real la función de protección al inversor que desarrolla este supervisor financiero; y también para que observen cómo la rentabilidad de un activo financiero va siempre aparejada a su riesgo. Pero da mucho más de sí. En el debate posterior siempre surgen las mismas cuestiones: cómo la CNMV, si estaba tan temerosa, no prohibió las emisiones; y cómo, pese a las advertencias, esos inversores terminaron comprándolos.

La misma CNMV señalaba en la primera comunicación que estos pagarés -por su alto nominal, 50.000 euros, y porque no iban a negociarse en ningún mercado secundario oficial- escapaban de su control. La ley no les obligaba a registrar el folleto de emisión que le hubiera permitido investigar tanto al emisor como al producto, y decidir al efecto. Además, como no se utilizaba una entidad financiera para comercializarlos, se evitaba de nuevo a la CNMV y que se aplicaran las normas de conducta exigibles al intermediario financiero para la protección del inversor.

Pero sí podía prevenir al inversor y así lo hizo: que analizara el alcance real de expresiones utilizadas en la publicidad, como “rentabilidad garantizada”; que valorara el tipo de garantía ofrecida; o que el “folleto informativo depositado ante notario” no era el exigido por la CNMV y que, por tanto, no había sido objeto de aprobación o control. Y en todas las comunicaciones recomendaba al inversor informarse adecuadamente de las características del producto ofertado y de la situación jurídica y económico-financiera del emisor, y que solicitara asesoramiento experto antes de tomar la decisión. Para el inversor la rentabilidad era muy tentadora: el 10%. Eran empresas conocidas: Clesa, Garvey, Dhul, Elgorriaga, Trapa o Rayo Vallecano. Y las presentaban para darles más solidez -también advertido por la CNMV- como un holding, cuando jurídicamente no era así: de los pagarés de una empresa concreta respondía exclusivamente esa empresa. Además, parte de la opinión pública veía a los Ruiz-Mateos como víctimas por la expropiación anterior. 4.110 ahorradores acudieron a las nueve emisiones de pagarés entre 2009 y 2011. Nueva Rumasa tenía que devolverles los 337,3 millones de euros aportados y 47,9 de intereses: sólo abonaron 96,2 millones.

En este desenlace hubo mucho más que puro riesgo empresarial. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para cada uno de los hermanos y diferentes penas para algunos colaboradores. Los acusa de estafa: “eran sabedores de que sería imposible su abono” y “ocultaron la situación real de insolvencia”, con más de 577 millones de euros de deuda en 2009. Los acusa de blanqueo de capitales: “operaban de forma opaca”, maniobrando tras 171 empresas -48 extranjeras- y 4.067 cuentas en 117 bancos. Los acusa de alzamiento de bienes: “utilizaron los fondos para mantener un alto nivel de vida y para adquirir a título personal vehículos e inmuebles”.

Sólo una cosa tiene de positiva esta historia: ser excelente como caso de estudio en el aula.

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Que la recuperación sea para todos

Carmen Pérez | 1 de marzo de 2017 a las 14:41

TRIBUNA ECONÓMICA, 24-2-2017

El pasado miércoles la Comisión Europea publicó su análisis anual de la situación económica y social en los Estados miembros. Tras una valoración general de la marcha del conjunto, detalla la realidad particular de cada uno de los 13 países -los incumplidores del año anterior- sometidos a un estudio más profundo, señalándoles en qué aspectos concretos necesitan mejorar. Sólo Finlandia aprueba y se encuentra sin desequilibrios. Un grupo de seis Estados -entre ellos, España y Alemania- presentan desequilibrios. Y en otros seis -con Francia y Portugal- los desequilibrios son excesivos. Italia se sitúa en este último grupo, pero ha estado a punto de pasar a la cuarta categoría, la establecida para aquéllos en los que los desequilibrios son tan excesivos que se les abre un procedimiento con medidas correctoras.

A cada país se le recrimina por las variables macroeconómicas en las que no progresan adecuadamente. Especialmente preocupantes son Francia, que está al borde de incumplir el 3% máximo de déficit; Portugal, por su elevada deuda y por los activos tóxicos de su banca; e Italia, que crece poco, su desempleo es alto, su deuda pública supera el 130% del PIB y tiene enormes problemas con su sistema financiero. Pero también hay críticas para Alemania, ya que persisten sus elevados superávits por cuenta corriente, superando el máximo del 8%, que sólo están ajustando de modo limitado, con un débil nivel de inversiones, perjudicando así la buena marcha de la Eurozona. De hecho, este desequilibrio alemán junto con los sistemas financieros lastrados de préstamos morosos de algunos miembros son los dos riesgos que la Comisión destaca expresamente.

En cuanto a España, “la recuperación es robusta y equilibrada” y nuestro sistema bancario ya está fuera de peligro. Pero esas alabanzas no impiden que se nos reprenda por el aún altísimo nivel de desempleo -el segundo más alto de Europa- y por nuestra todavía altísima deuda, sobre todo la pública. Y por nuestra debilidad fiscal para cumplir los objetivos de déficit, para la que recomienda subir el IVA, los tipos reducido y superreducido, y los impuestos ambientales.

La Comisión se siente satisfecha por los frutos conseguidos al aplicar estos últimos años el “triángulo virtuoso”: estímulo de las inversiones, reformas estructurales y políticas presupuestarias responsables. El empleo crece y los salarios van al alza, se van corrigiendo los grandes déficits y se están disminuyendo los elevados niveles de deuda. Pero parece que también ha tomado conciencia de las consecuencias sociales negativas derivadas de sus políticas de austeridad, y del auge de movimientos populistas y euroescépticos que han provocado. Superada la situación extremadamente crítica que se ha vivido estos años pasados, y contenidos -que no salvados- los desequilibrios, insiste en mantener el mismo rumbo, pero completa la receta: ahora es el momento en el que hay que conseguir que la recuperación sea percibida por todos: hay que combatir enérgicamente el riesgo de pobreza y la desigualdad de ingresos y oportunidades. Y en este campo se señala a España como uno de los países que más tarea tiene.

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La verdad sobre el caso Bankia

Carmen Pérez | 1 de marzo de 2017 a las 14:38

TRIBUNA ECONÓMICA, 17-2-2017

Ésta es la misión del juez Andreu, encontrar la verdad sobre la salida a Bolsa de Bankia. Bien difícil lo tiene, porque no debe valorar a toro pasado, sino remontarse a ese momento y valorar en aquella fecha, cuando el futuro era incierto. No sólo Bankia, casi todas las cajas tenían sus balances cuajaditos de activos inmobiliarios que cada vez valían menos; con una morosidad que iba in crescendo; desarrollando su actividad en una economía tan deteriorada que había secado el negocio financiero; y sometida a un listón de solvencia que el Comité de Supervisión de Basilea iba progresivamente subiendo.

La dificultad de valorar se observó con los test de estrés que se aplicaron a los bancos europeos: arrojaban unas necesidades de capital para un escenario adverso, y en la siguiente tanda de test -a los pocos meses- los recursos necesarios eran mucho mayores, porque el escenario adverso ya no era una horrible posibilidad, era lo que se estaba viviendo. El proceso destructivo se conocía: la intensidad y la duración del mismo, complicado saberlo.

Las soluciones que se tomaron para resolver el problema de las cajas fueron todas a la desesperada, obligándolas a convertirse en bancos, a emitir preferentes, y a fusionarse entre ellas, como si con el tamaño la insolvencia se disolviera. Bankia, resultado de la fusión fría de siete cajas, necesitada de recursos, tomó la controvertida decisión de salir a Bolsa. Y no se acudió sólo a inversores institucionales, con capacidad propia para enjuiciar los riesgos, sino que se involucró al inversor pequeño, utilizando la red de sucursales y con una gran campaña publicitaria: con 1.000 euros basta. Ahora se tendrá que determinar si se manipuló la situación real de la entidad y cuáles eran exactamente las previsiones que se manejaban. En definitiva, si se utilizó a conciencia al inversor minorista, si hubo o no hubo estafa.

Casi cinco años después de aquel toque de campana, la Audiencia Nacional ha obligado al juez por “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” a tomar declaración como investigados a los que autorizaron esa decisión: al gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al subgobernador, Fernando Restoy y a toda la cúpula del Banco de España de aquella etapa. También tendrá que declarar Julio Segura, el presidente por entonces de la CNMV.

Estas imputaciones son consecuencia de los famosos correos de José Antonio Casaus, inspector del Banco de España, en los que manifestaba a sus superiores serias dudas sobre la conveniencia de la operación, porque “podía suponer grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”. Resulta difícil admitir que desoyeran sus advertencias. Más bien invita a pensar que los supervisores recibieron presiones políticas para que aceptaran. Con los 3.092 millones de euros que se captaron se calmó el problema un tiempo, pero finalmente se impuso la realidad técnica, fría y calculada de Casaus, y 22.424 millones de euros del contribuyente se destinaron a nacionalizar Bankia. Que se llame también a Elena Salgado y José Luis Rodríguez Zapatero, ministra de Economía y presidente del Gobierno por entonces: sus declaraciones son necesarias para que la verdad sobre el caso Bankia sea desvelada.

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Trump y la regulación financiera

Carmen Pérez | 1 de marzo de 2017 a las 14:35

TRIBUNA ECONÓMICA, 10/2/2017

Hace unos días, Donald Trump firmó un decreto que ordenaba reformar integralmente la ley Dodd-Frank, cuyo objetivo es regular la banca de manera que no vuelva a producirse nunca más una crisis financiera. Poco antes, mediante una dura y escueta carta, de la mano del vicepresidente del Comité Financiero de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry, se le exige a Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, que deje de participar en las reuniones de los foros financieros internacionales, como el Consejo de Estabilidad Financiera o el Comité de Basilea. La razón: no ha sabido mirar por los intereses de América. Con esta firma y esta carta, Trump ha dejado claro que quiere tomar personalmente las riendas de la regulación financiera.

Lo hace al calor de los profundos desacuerdos que existen actualmente en el seno del Comité de Basilea. Los 45 miembros -bancos centrales y supervisores bancarios de 28 naciones- no consiguen finalizar la negociación de Basilea IV, el último paquete regulatorio. Políticos de diferentes países se han entrometido en el debate de los expertos, defendiendo las posturas que más convienen a sus propios bancos. Así, en Europa, varios ministros de finanzas y V. Dombrovskis, de la Comisión Europea, se niegan a aprobar las últimas medidas propuestas, que son justo las que los americanos aceptan.

Pero lo inaudito de esa carta es que arremete contra la Reserva Federal, participante en las negociaciones. En cinco párrafos se desacredita completamente su gestión pasada por “no tener en cuenta al pueblo americano”. Se le recuerda a Yellen que debería apoyar la economía del país, y que, sin embargo, la regulación financiera establecida los pasados años “entre burócratas, en tierras extranjeras” sólo ha servido para disminuir el crecimiento y destruir miles de puestos de trabajo. Por tanto, serán funcionarios nombrados por Trump, que sepan alinearse con los objetivos de la nueva Administración americana, los que hagan la tarea.

Respecto a la reforma de la ley Dodd-Frank, en el decreto poco se concreta. Toda la banca, no sólo la americana, está reclamando con fuerza que se suavice la presión regulatoria. Y si allí se relaja, los demás países seguirán la misma senda; siempre están atentos al grado de rigurosidad que cada uno está adoptando, como con la separación de la banca comercial de la banca de inversión, acometida por EEUU y Reino Unido, y que la Europa del euro -pese al informe Liikanen de 2012- aún tiene pendiente.

Y en este conflictivo escenario financiero mundial, Trump ha resuelto a su manera: destruyendo lo construido y desacreditando a las instituciones nacionales e internacionales en materia financiera. Él toma el mando para defender los intereses de su pueblo. Poco podrá hacer solo para reformar la ley Dodd-Frank, porque, además de contar con los legisladores republicanos, tendría que ganar el apoyo de al menos ocho demócratas. Pero a la Reserva Federal se le ha acabado su independencia. La ha apartado de las negociaciones financieras internacionales. Y previsiblemente, en cuanto pueda, designará a un adepto al frente, al que dictarle sus decisiones de política monetaria.

¡Préstale a una empresa!

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:49

TRIBUNA ECONÓMICA, 3/2/2017

Los nuevos tiempos traen siempre nuevas maneras de hacer las cosas; entre ellas, nuevas formas de invertir los ahorros. Así, internet y las nuevas tecnologías on line han posibilitado el desarrollo de numerosas plataformas donde se presentan pequeñas y medianas empresas (pymes) que buscan inversores para que financien sus proyectos.

A este sistema alternativo a la financiación bancaria empresarial se le denomina crowdlending. En el Reino Unido, pionero en Europa, el elevado número de inversores registrados en plataformas de este tipo refleja el potencial del mercado español para los próximos años. De hecho, según estadísticas recientes sobre el sector, el volumen prestado a través de ellas ha crecido un 350% en el último año, con una rentabilidad en torno al 7%. Pero, como todo instrumento financiero, el crowdlendingtiene riesgos para el inversor y le conviene conocerlos antes de operar con él.

Con estos créditos peer-to-business se persigue un objetivo doble. Por una parte, que los inversores, particulares y profesionales obtengan una rentabilidad mayor a la de otras alternativas financieras. Cada inversor decide en qué empresa quiere invertir y en qué cantidad, en función de sus posibilidades monetarias o de su expectativa de ganancia sobre el capital prestado. Y un segundo objetivo: que las pymes obtengan una financiación con mejores condiciones que la bancaria, ahorrando costes y tiempo, y sin tener que contratar productos adicionales, como seguros o tarjetas de crédito.

Pero es el inversor, como prestamista, el que asume riesgos, y eso aun contando con que la plataforma utilizada esté autorizada por la CNMV, que cumpla con la normativa establecida para la protección del inversor, y que por su propio bien se encargue de establecer condiciones adicionales para los proyectos presentados que eliminen al máximo la probabilidad de fraude. Ni la CNMV ni el Banco de España supervisan la información proporcionada por los promotores sobre los proyectos. Es la plataforma la que filtra y analiza las operaciones pero en ningún modo las garantiza.

Los riesgos que asume el inversor son dos, de crédito y de liquidez. El primero deriva del posible impago o quiebra de la empresa a la que se le ha prestado los fondos. Para tomar la decisión sólo contará con la calificación crediticia de la empresa, y lo más probable es que no reciba ningún tipo de garantía, aunque puede contratar un seguro de impago. Respecto al segundo riesgo, ha de tener presente que la liquidez es nula; el dinero se recupera poco a poco, por las cuotas mensuales de amortización e intereses que se van recibiendo, a diferencia de otras alternativas que disponen de mercados secundarios en los que resulta fácil deshacer la posición de golpe.

Por último, el inversor ha de observar dos principios financieros básicos, de puro sentido común. Primero: mientras mayor sea el riesgo y menor la liquidez, las perspectivas de rentabilidad han de ser mayores. Y segundo: es conveniente diversificar, sólo dedicar a esta figura cierta parte de los ahorros, y además tampoco concentrarla en una única empresa: no hay que poner todos los huevos en la misma cesta.

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