Aprovechar la flexibilidad con el déficit

Carmen Pérez | 22 de agosto de 2016 a las 18:31

TRIBUNA ECONÓMICA, 29/7/2016

NOS libramos, la Comisión Europea decidió no imponernos sanción económica alguna por incumplir el déficit en 2015. Hubiera sido una injusta bofetada, como la calificaba hace un par de días el presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, argumentando que no sirve de nada castigar por castigar. Y de camino nos han dado más plazo -hasta 2018- para situar el déficit público por debajo del objetivo del 3%. Ninguna novedad, la reformulación de porcentajes y plazos para los incumplidores ha sido la tónica habitual desde 2011, y tampoco hubo nunca multas. Pero a esta flexibilidad ya conocida de la Comisión se le suma una nueva actitud, tal como recoge el documento Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es en este nuevo marco donde España tendrá que cumplir los déficits los próximos años.

La Comisión consideró prioritario por la crisis mantener una postura totalmente rigurosa, controlando estrechamente a los estados, para mejorar la credibilidad del sector público ante los mercados financieros. Pero, sofocado el fuego, urge conseguir una sólida recuperación económica en la Eurozona, y para ello es preciso considerar también los otros sectores de la economía -privado y exterior- porque todos están interrelacionados. Eso no significa que el rigor vaya a abandonarse, la deuda pública europea sigue siendo muy alta, y soplan numerosos vientos negativos que pueden avivar los grandes rescoldos que todavía existen. Ahora, la Comisión pretende reforzar el vínculo entre responsabilidad presupuestaria, reformas estructurales e inversión, como apoyo al empleo y al crecimiento.

En este sentido, se permite que el gasto en inversiones y las consecuencias negativas en la determinación del déficit que acarrean las reformas estructurales, bajo condiciones, cuenten aparte. Así, para fomentar la inversión, las aportaciones públicas al Plan Juncker están excluidas del cómputo del déficit: hasta la fecha, España sólo ha empleado 747 millones de euros públicos, que han apalancado una inversión público-privada en sectores estratégicos y en financiación de riesgo a las pymes de 6.400 millones de euros; en Europa: 9.300 millones para inversiones estratégicas y 3.500 millones a pymes promueven una inversión total de 100.000 millones de euros.

La nueva senda fiscal (4,6% en 2016; 3,1% en 2017; 2,2% en 2018) exigirá duros ajustes, aunque serán suavizados -esperemos- por la recuperación económica. Sin embargo, España, además de cumplirla -se espera seriedad frente a la flexibilidad-, debería acometer reformas estructurales aprovechando este nuevo marco fiscal más flexible, así como negociar con la Comisión para que le permitiera disfrutar de otras flexibilidades reservadas para los cumplidores. Asimismo, también debería implicarse en mayor medida -somos los quintos, muy lejos de Italia o Francia- en el Plan Juncker, abogando además por ampliarlo -en recursos, porque prorrogado ya está- y mejorarlo. Todo ello sin olvidar negociar para que no se congelen los fondos europeos, también cuestionados por el déficit de 2015… Mucha tarea por delante, pero, lamentablemente, sin Gobierno para llevarla a cabo.

Necesidad de alinearnos

Carmen Pérez | 3 de agosto de 2016 a las 6:01

TRIBUNA ECONÓMICA, 22/7/2016

MARIO Draghi ha utilizado siempre en sus intervenciones palabras que trasmitieran contundencia y dominio de la situación, que reflejaran que sabía cuál era el camino y que estaba dispuesto a recorrerlo. Frases como “haré todo lo que sea necesario” o “no hay límites” fueron todo un éxito, consiguiendo la confianza de los mercados antes incluso de que empezar a intervenirlos. Sin embargo, sus firmes palabras del pasado contrastan con las que pronunció en su discurso en el Foro de Bancos Centrales, el futuro de la arquitectura monetaria y financiera internacional, organizado por el BCE y celebrado en Sintra hace unos días: “Necesidad de alinearnos” son las palabras con la que, de forma eufemística, demandó un acuerdo internacional que ponga paz a esta guerra financiera.

No hizo ni una alusión al Brexit, pero estaba en la mente de todos: la salida del Reino Unido de la UE constituye una nueva e importante convulsión que va a provocar que los diferentes bancos centrales muevan ficha, y cada movimiento de uno será contestado inmediatamente por los otros en un proceso de acción-reacción que ya se alarga demasiado. La apertura hacia un mundo desconocido con la utilización de políticas monetarias agresivas se inició en 2008 por la Reserva Federal, y las recetas extraordinarias que se aplican son cada vez de mayor intensidad pero con menor impacto, y se tornan normales al poco tiempo.

Todo indica que el Banco de Inglaterra bajará en agosto los tipos de interés para frenar el impacto negativo del Brexit, y probablemente vuelva a las compras de bonos públicos; el BCE, hoy mismo, abre la posibilidad de tipos inferiores y de alargar las compras en el futuro; la Fed quizá paralice nuevas subidas… Así, los balances de los bancos centrales han crecido de forma importante desde 2008: el europeo se ha doblado, alcanzando el 26% de la economía de la eurozona; el de la Fed ha pasado del 6% al 25% del total del PIB americano; y qué decir, por citar otro, del enorme balance del banco de Japón, que supera el 77% de su PIB.

Draghi no encuentra otra solución: en un mundo con libre movilidad de capitales, ¡y pese a tener tipos de cambio flotantes!, es preciso que se aborde la política monetaria desde una dimensión internacional, realizando en común un diagnóstico de las causas fundamentales de los problemas que nos afectan a todos y consiguiendo un compromiso de cada uno para guiar las políticas propias en base a ese diagnóstico.

Sin embargo, bien difícil es el acuerdo que plantea, y tanto más cuanto más internacional quiera que sea. Incluso formalizado, y aunque se tuvieran mejores resultados juntos colaborando, como sucede en el dilema del prisionero, los incentivos serían muy fuertes para desmarcarse y abandonarlo. Y además lo propone él, cuando en su propia casa, el BCE, resulta tan complicado establecer la política monetaria más propicia para todos, y eso sin que haya guerra de divisas de por medio.

Sus palabras, apelando a un consenso internacional, no muestran firmeza sino un futuro fuera de control, y de ellas sólo cabe deducir que no se tiene nada claro cómo paralizar este proceso, y menos claro aún cómo se podrá abordar el camino de vuelta.

La banca italiana salta a la palestra

Carmen Pérez | 20 de julio de 2016 a las 8:10

TRIBUNA ECONÓMICA, 15/7/2016

La debilidad que la banca italiana ha venido manteniendo, y parcheando a lo largo de estos últimos años, detonada por el Brexit, ha saltado a la palestra: acumula una morosidad que asciende a 337.000 millones de euros, derivada de los impagos de créditos empresariales y al consumo, y no está suficientemente cubierta. Matteo Renzi, el primer ministro italiano, clama por rescatarla con dinero público -entre 40.000 y 50.000 millones de euros-, al igual que se hizo con la nuestra, pero la normativa actual, la Directiva Europea de Recuperación y Resolución de Entidades Financieras, más conocida por sus siglas en inglés, BRRD, precisamente se desarrolló para evitar que los problemas bancarios se resolvieran con el dinero de los contribuyentes. Recién puesta en marcha, dispuesta para su aplicación, y cuando llegan casos reales -como la banca Monte dei Paschi di Siena- para probarla, es bastante probable que en los próximos meses veamos poner en marcha estrategias para sortearla.

Nuestro proceso de reestructuración conllevó la inyección de dinero público por valor de unos 50.000 millones de euros (a minorar con la futura desinversión en Banco Mare Nostrum y Bankia); el Estado concedió avales a las entidades por un importe total de 110.895 millones de euros, que están ya casi al completo cancelados, sin pérdidas; y otra serie de ayudas y garantías, que también han supuesto desembolsos de menor cuantía. Europa no sólo lo autorizó sino que nos concedió crédito para facilitar este proceso, eso sí, previa firma de un acuerdo, el MoU, que especificaba minuciosamente los pasos que había que ir dando. La población se indignó, tanto por el nuestro como por otros rescates públicos que se produjeron por aquellas fechas y, sin embargo, es lo que ahora reclama Italia: si se aplicara la Directiva, y, por tanto, los accionistas y bonistas de los bancos implicados asumieran parte de las pérdidas, las familias italianas -dueñas de bonos bancarios por unos 200.000 millones de euros- resultarían perjudicadas. Bruselas, por su parte, se ha opuesto a toda opción que no respete el nuevo marco legal, aunque aceptaría mecanismos a posteriori para compensar a los inversores minoristas si estuvieren injustamente afectados por una comercialización incorrecta.

Las posiciones -Roma frente a Bruselas- están enfrentadas, pero se encontrará la fórmula para acercarlas, el riesgo de contagio al conjunto de la frágil banca europea es alto, especialmente a algunos bancos portugueses y al primer grupo financiero de Alemania. Se echará mano a la flexibilidad que contempla la Directiva sobre medidas tempranas; se aducirá que en realidad no hay que proceder a la liquidación total de ningún banco italiano; se someterá -esperemos- a un proceso de concentración y reestructuración a las más de 500 entidades que hay en Italia, al igual que sucedió en España; se acudirá a la ingeniería financiera, con instrumentos basados en avales públicos, no exentos de pérdidas; y el dinero público italiano llegará a su banca: no hay otra, la protección pública que garantiza a los millones y millones de depositantes europeos -como telón de fondo- dará a Italia carta blanca.

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Dopados

Carmen Pérez | 18 de julio de 2016 a las 7:12

TRIBUNA ECONÓMICA 8/7/2016

Así andamos, con los estímulos del Banco Central europeo, BCE, corriendo por nuestra economía, a ver si sanamos. Con la última dosis nos han inyectado unos tipos de interés al 0%, se prosigue con las compras de deuda pública -nuestro banco central ya es dueño de 103.000 millones de euros de nuestros bonos del Estado-, se ha intensificado la adquisición de bonos de empresas privadas y no cesa el suministro de liquidez a raudales a los bancos, dinero por el que ahora pueden hasta cobrar -un 0,4%- si lo convierten en financiación de familias y empresas prestándolo. Lo bien que nos sienta este dopaje que nos están administrando.

Nuestra prima de riesgo lleva tiempo en torno a 150 puntos básicos (642 pb en 2012), situándose actualmente el tipo de interés medio de nuestra deuda en el 3%. Aplicado sobre el total -un billón de euros- significan unos 30.000 millones de euros de intereses al año. Sin dopaje, por cada punto de interés medio más, la factura de gasto financiero a incluir en los presupuestos estatales se elevaría en unos 10.000 millones de euros cada año. Y serían alguno que otro, porque atendiendo a nuestra calificación crediticia actual -BBB+, según Standard&Poor’s- la prima de riesgo se situaría en un nivel bastante más alto.

Las familias hipotecadas también se sienten aliviadas: las cuotas mensuales se han ido reduciendo en paralelo a la descendente evolución del euríbor a doce meses -el más utilizado como referencia-, que ya incluso cotiza en negativo desde hace tiempo (-0,059%). La intervención del BCE consigue el mágico efecto de que un hipotecado medio disponga en la actualidad de unos 300 euros más cada mes en su bolsillo para atender a otros gastos, y no serán pocas las familias las que pueden mantener su vivienda gracias a esto.

Las cuentas de resultados empresariales también han reaccionado con alegría al impacto, al aminorarse de forma significativa sus costes financieros. La financiación bancaria está muy asequible -las pyme, ay, siempre menos beneficiadas-, y las grandes empresas intensifican sus emisiones de bonos porque el mercado presta aún más barato. Las elegidas, como Iberdrola o Telefónica, cuyos bonos cumplen los requisitos para ser comprados por el BCE, estarán dando saltos: sus bonos cotizan en negativo, o lo que es lo mismo, los inversores les prestan su dinero pagando.

Así de estimulados, las empresas invierten, las familias reactivan el consumo, el Estado recorta menos, aumentan las exportaciones, se recupera el mercado de la vivienda, multiplicando -ése es el objetivo- por toda la economía sus benéficos efectos. Sin embargo, como todos sabemos, los estimulantes siempre entrañan riesgos: por sus negativos efectos secundarios, como el daño que están produciendo a la rentabilidad bancaria, o los que sufren los ahorradores, desorientados y empujados a tomar riesgo; y por sus contraindicaciones: pueden estar tomándose decisiones inadecuadas, tales como inversiones empresariales o adquisiciones de viviendas sólo viables bajo ellos. Pero el mayor peligro es que nos estemos acostumbrando, y no seamos conscientes de que sin aplicar los remedios convenientes, cuando se nos retire el dopaje, los problemas económicos subyacentes seguirán estando.

 

Alemania está que trina

Carmen Pérez | 7 de junio de 2016 a las 14:33

DICE el refrán que nunca llueve a gusto de todos, y no faltan ocasiones para comprobarlo. Como con la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, BCE, que no resulta igual de benéfica para todos los socios europeos. Wolfgang Schäuble, ministro de finanzas de Alemania denuncia que “el BCE ha adoptado una política en la Eurozona -para los 19 estados miembros- que no es la óptima para ellos”. Incluso lo hace responsable del ascenso de Alternativa para Alemania (AfD), el partido antieuro y antiinmigrantes alemán. Parece claro que hay que recordarle que la actuación del BCE -organismo independiente- está encadenada a la consecución de su objetivo principal: la estabilidad de los precios; concretamente, a mantener la inflación por debajo, pero cercana, al 2%. Así lo marca de forma tajante su Estatuto. En 2012, el BCE, temiendo un repunte de la inflación, subió, a instancias de Alemania, los tipos de interés: tampoco era esto lo óptimo para España en aquellos momentos.

Llevan tiempo quejándose. Hace cerca de un año, ante la insistente acusación de que se estaba produciendo una expropiación a los ahorradores, el BCE encargó un trabajo sobre este tema,Critique of accommodating central bank policies, en el que los autores concluyen negando este efecto. En resumen, vienen a decir que si no actuara el BCE así las perspectivas futuras serían peores, que los ahorradores pueden estar perdiendo a corto plazo pero que obtendrán más dinero a largo plazo. Pero no hay quien los convenza: su percepción inmediata -la suya y la de todos, para qué vamos a engañarnos- es que están siendo perjudicados. Por mucho estudio que quiera rebatirlo, los tipos de interés tan bajos provocan una transferencia de renta de los países ahorradores a los países endeudados, y tanto más cuanto más endeudados estén sus empresas, sus familias y su Estado.

Del mismo modo, Alemania protesta porque su sector bancario, muy fragmentado, con muchas y pequeñas entidades, unas 1.500, ha sufrido especialmente los efectos de las tasas negativas de interés (aplicable a la facilidad de depósito). Esto no es una queja exclusiva alemana, sino de todos los bancos europeos, que, no sólo por esta causa, están viendo mermada su rentabilidad, y que se ven abocados a disminuir costes y a fusionarse entre ellos para adquirir tamaño: toda la banca ha de redefinir su modelo de negocio para ser viable, no sólo la alemana. Por otra parte, las compañías de seguro y los fondos de pensiones son otras entidades a las que les están afectando de forma muy negativa los bajos tipos de interés, y los alemanes, muy conservadores, invierten gran parte de sus rentas en seguros de vida con rentabilidad garantizada. Algunos medios han cuantificado que los ahorradores alemanes han perdido en total unos 200.000 millones de euros desde 2010 hasta la actualidad.

Pese a todas estas críticas, en su comparecencia del 2 de junio, el BCE ha mantenido sus políticas monetarias sin cambios respecto a la última reunión de marzo. La inflación interanual de la zona del euro se situó en -0,1 %, y el crecimiento económico, el empleo o el progreso social europeos -objetivos secundarios del BCE- siguen precisando que continúen los tipos de interés al 0% y del apoyo que suponen las otras medidas puestas en marcha: es necesario, por tanto, proseguir con este caldo de cultivo favorable hasta que la economía europea lo requiera.

Pero además Draghi ha vuelto a advertir que la política monetaria no es suficiente, y ha reclamado que las políticas fiscales nacionales -sin dejar de observar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, PEC- también deberían apoyar la recuperación económica. Y añade la necesidad de que todos los países deben esforzarse por lograr una composición de las políticas fiscales más favorable al crecimiento europeo. En este sentido, Alemania, que el pasado año cerró el ejercicio con 12.100 millones de euros de superávit (0,75% de su PIB), tendría que valorar si está haciendo por su parte lo posible para elevar la inflación y ayudar a la recuperación, aplicando voluntariamente medidas para fortalecer su demanda interna, y por ende, a dinamizar la economía europea. Alemania, en el futuro, puede encontrarse que desde Europa se les obligue a ello, porque la holgura fiscal que permite el PEC no sólo establece máximos para los déficits sino también topes a los superávits. Entonces, llegado este caso, quizá tampoco sea lo óptimo para ellos.

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Calificación y realidad

Carmen Pérez | 24 de mayo de 2016 a las 9:00

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Recientemente, la agencia de calificación Fitch ha confirmado las calificaciones crediticias (rating) del Banco Santander y del BBVA en A-, con perspectiva estable. Resulta que dicha nota es superior a la del Reino de España, que está situada en BBB+, es decir, que esta agencia coloca a las dos empresas financieras un escalón por encima. También las otras dos agencias más importantes, Moody´s y Standard&Poor´s les otorgan mayor credibilidad crediticia a sus bonos bancarios que a los bonos españoles.  Que esto se produzca en Iberdrola –la única empresa, aparte de los dos bancos señalados, que también es más solvente que el Reino de España-  puede ser más comprensible, pero que sean bancos a los que les sucede es más complicado de aceptar, cuando encuentran en el Estado español su última garantía.

Usualmente las calificaciones de la deuda de las empresas suelen estar por debajo de la que ostentan sus países de residencia, y lo que suele ocurrir es que cuando una agencia mejora el rating de la deuda de un país siga los mismos pasos para la deuda de algunas empresas que estén especialmente vinculadas a su economía. Para BBVA y Santander, la situación inversa viene explicada porque desarrollan una buena parte de su actividad en otros países –de Europa, de América latina y EEUU- y no están completamente condicionados por las circunstancias económicas españolas.

Es verdad que estos dos bancos no mantienen una alta proporción de deuda pública española en sus balances (3%, Santander; 8%, BBVA), en relación a las que arrojan otros bancos españoles, y por ello  Fitch  afirma que  no existe probabilidad de que las entidades caigan en un escenario de default arrastradas por un hipotético impago de la deuda soberana de España.  Pero las relaciones de un banco con su Estado son mucho más complejas e íntimas que eso: el Estado es el último garante para los depósitos, la gran vía de entrada de recursos para la banca  (supera el 50% del total). Ningún cliente se molesta en investigar la mejor o peor situación financiera de una entidad crediticia a la hora de confiarle su dinero, abriendo un depósito, ya que sabe que cuenta con la seguridad que le confiere el respaldo final público: hasta 100.000 euros por titular y entidad.

Las agencias de calificación utilizan modelos sofisticados que contemplan una multitud de variables macroeconómicas y realizan un exhaustivo análisis de las cuentas financieras de las empresas que puntúan. Pero, a veces, los resultados que obtienen desconciertan, porque determinados hechos no tienen cabida en ellos: ¿cómo incluir esta garantía implícita del Estado español en ellos? Y así se llega a situaciones incoherentes como ésta, en la que el que respalda un negocio para que nunca caiga (Estado español) obtenga menos nota que el respaldado (Santander o BBVA). O, por señalar otra de hace algunos años, cuando le quitaron la máxima calificación, AAA, a los bonos de EEUU. Porque siendo realistas, por mucha recesión, paro y todo lo negativo que por entonces sufría este país: ¿no es EEUU la triple A por excelencia?

 

Los dueños de nuestra deuda

Carmen Pérez | 17 de mayo de 2016 a las 10:20

Si nos atenemos al último mes disponible, marzo de 2016,  nuestra deuda estaba mayoritariamente en manos extranjeras (52,86%) y, en segundo lugar, en las entidades de crédito españolas (18,21%). El porcentaje restante se lo reparten el Banco de España (10,49%), las entidades de seguro (7%),  las administraciones públicas (4,54%) y en un cuantía más escasa, los fondos de pensiones (1,93%), los fondo de inversión (2,37%),  las personas físicas (0,64%) y las empresas no financieras (1,54%).

deuda tenedores

Pero esta composición no ha sido siempre así, sino que ha experimentado cambios sustanciales en estos últimos años. Los extranjeros (aquí agrupa el Tesoro a todos los inversores no residentes, sean del tipo que sean) han ido aumentando su porcentaje en estos últimos años; esa misma evolución creciente se observa en las entidades de crédito españolas desde 2009, aunque con una  tendencia ligeramente descendente desde 2012.

Sin embargo, la participación de las administraciones públicas ha descendido de forma significativa, que se explica por el decremento del fondo de reserva de la Seguridad Social. Del mismo modo, las personas físicas y empresas, que  se mantenían en torno a un porcentaje sobre el 10%, ahora lo hacen una cantidades menos importantes, fundamentalmente debido a la escasa rentabilidad que proporcionan.

Por último, la deuda pública en el Banco de España está incrementándose, gracias a las  compras de deuda pública programadas dentro de la política monetaria del BCE.

(ver también http://www.tesoro.es/sites/default/files/estadisticas/06.pdf)

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Las CCAA, según la solidaridad alemana

Carmen Pérez | 13 de mayo de 2016 a las 9:29

¿Cómo se repartirían los recursos entre nuestras Comunidades Autónomas, CCAA, si se aplicara el sistema de solidaridad interterritorial alemán? Un interesante estudio -elaborado por  Ángel de la Fuente (Fedea), Michael Thöne (FiFo, Uccaa alemanniversidad de Colonia) y Christian Kastrop (OCDE), y al que Expansión (artículo de Bernat García) hace referencia hoy- aborda esta cuestión. La conclusión que alcanza es que se reducirían las disparidades sin eliminarlas completamente: seríamos menos solidarios.  Así, las CCAA más ricas cederían menos: Madrid, Valencia y Cataluña incrementarían sus recursos en 1.600 millones, 500 y 800 millones de euros, respectivamente. Andalucía también saldría favorecida con el sistema alemán, recibiendo algo más de lo que obtiene por el reparto español. Las CCAA más perjudicadas serían Cantabria, Extremadura o La Rioja.

Yendo al estudio directamente, http://docuEmentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/02/FPP2016-05.pdf, dentro de las conclusiones, además, señalan que en el método español hay una gran cantidad de fondos que se asignan en función de criterios muy diversos y a veces contradictorios. Esto es lo que arruina el resto del sistema y los resultados en una distribución final muy discutible. Por contra, en el sistema alemán las transferencias se realizan sobre una base comprensible y razonable.   Sin embargo, el sistema alemán carece de una ventaja que sí está presente en el español: atar las necesidades a indicadores vinculados a la demanda de los principales servicios públicos regionales.

Estudios como éste no sólo pueden ayudar a mejorar la distribución territorial en los dos países analizados, en futuras, y próximas, renegociaciones, sino que, como dicen los autores, pueden marcar el mejor camino a seguir en Europa.

 

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BCE independiente

Carmen Pérez | 12 de mayo de 2016 a las 9:54

Cuando estalló la crisis, y los años siguientes, se criticó mucho a Alemania por imponer sus criterios en el Banco Central Europeo, BCE. Ahora, que la política monetaria que lleva a cabo el BCE es contraria a los intereses alemanes, también se la sigue criticando. Tanto, como para que Martin Wolf titulara su artículo de ayer en el Financial Times: Alemania, el mayor problema de la eurozona.

(http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7fcb38e8-15f5-11e6-9d98-00386a18e39d.html#axzz48QkbekUr).

Es cierto que Alemania se ha quejado de que los tipos de interés negativos y  la relajación cuantitativa que está llevando a cabo el BCE les perjudica, Esto, por mucho análisis lleno de estadísticas que haga el BCE para demostrar lo contrario, es cierto. Los alemanes están tan descontentos que Wolf  incluso destaca las declaraciones de Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas de Alemania, afirmando que esta circunstancia  era en gran parte responsable del aumento de la popularidad del partido alemán que está totalmente en contra del euro.

Pero la conclusión que extrae Wolf de todo esto no parece correcta: si se muestra a favor de la actual política monetaria del BCE  si reconoce que Alemania está perjudicada con ella, y si el BCE se está comportando de forma independiente, tomando las medidas que cree convenientes para el conjunto, pese a la oposición de uno de los socios más potentes:¿cómo puede concluir que Alemania es el problema de la eurozona? Alemania defiende sus intereses como un socio más,  y en su defensa señala los efectos negativos que conllevan las actuaciones del BCE, que los tiene. Lo único que cabe es alegrarse de que por fin la eurozona  esté actuando como eurozona, y esperar que esto siga siendo así siempre.

La multa

Carmen Pérez | 11 de mayo de 2016 a las 13:38

MARIANO Rajoy le ha escrito una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un intento de evitar que nuestro país sea multado por no haber cumplido el objetivo de déficit pactado el pasado año. La multa podría oscilar entre los 0 euros -una sanción simbólica- y el 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. A la vez, se está solicitando por nuestro país más tiempo adicional para conseguir que bajemos del objetivo del 3%, que en principio tendría que lograrse en 2016, con un 2,8%. España tiene algunos argumentos para su defensa; desde Europa tienen los suyos para vigilar la disciplina fiscal, y penalizar los incumplimientos.

Entre las razones que aduce Rajoy es la positiva evolución que ha seguido España desde 2011. Si miramos el renglón de España en la tabla de los déficits de los países europeos, se observa la importante tendencia decreciente que han ido siguiendo: 9,5% (2011), 10,4% (2012), 6,9% (2013), 5,9% (2014). 2015 se ha cerrado finalmente con un 5,1% de déficit: el pasado año nos hemos gastado 56.608 millones de euros por encima de lo que disponíamos. Aunque es cierto que hemos superado el 4,2%, el máximo autorizado, los datos dejan bien patente el esfuerzo que se ha hecho. Otra defensa es por comparación. No somos el único país europeo deficitario; de los 28 países, sólo Dinamarca, Alemania, Estonia y Luxemburgo no lo son, y aunque muchos han seguido la misma tendencia decreciente (la media europea desciende del 4,2% de 2011 al 2,6% de 2014) ninguno lo ha hecho de forma tan intensa. Tampoco somos los únicos incumplidores; Portugal o Francia, el año pasado, y Alemania en un pasado más lejano, lo fueron: sin que ninguna multa apareciese.

También se contraponen a este dato negativo del déficit otros positivos que matizan la importancia del incumplimiento: nuestra economía está creciendo mucho más que la media europea y está generando empleo. También a causa del crecimiento, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB disminuyó el pasado año. Por tanto, el riesgo económico de nuestro país, que es lo que se trata de controlar con la disciplina fiscal, no ha tenido por qué elevarse. Por último, de forma adicional, existen otros argumentos técnicos, como la discutible forma de cuantificarse el déficit o la influencia de la bajísima inflación en los resultados obtenidos.

Pero la posible rigurosidad de la Comisión también sería entendible porque hay cuestiones relevantes en juego. El BCE está amparando de forma indirecta a todos los estados, ya que los tipos de interés a los que están consiguiendo emitir los diferentes tesoros no responden a la libre confluencia de oferta y demanda, sino que vienen fuertemente condicionados por la política monetaria expansiva que está desarrollando. Bruselas tiene claro que esta ayuda financiera no debe servir de ningún modo para que a la vista del dinero barato, y por la reducción del capítulo de intereses en los presupuestos, los gobiernos europeos se animen a seguir gastando. Y como las medidas benefician más mientras mayores son la deuda y la prima de riesgo real propia, como es el caso de España, caso de no vigilarse con máximo celo el cumplimiento de los déficits, el incentivo sería perverso. Por otra parte, hay proyectos en marcha, como la Unión Bancaria, que para culminarse necesitan de la confianza de los socios en que cada país cumplirá con el Pacto de estabilidad y crecimiento. Ni que decir de la importancia de este acuerdo para caminar hacia un Tesoro común, que emita bonos bajo un único riesgo europeo.

La disciplina fiscal no es un capricho, cuando se gasta sin tener, a base de financiación, se compromete el futuro, y más ante crecimientos débiles e inciertos. Los españoles debemos un billón de euros, que oscurece nuestro futuro, el de nuestros hijos y hasta el de nuestros nietos, porque el perfil de vencimientos alcanza ya 2064. No tendría que hacer falta que desde Europa nos dijeran nada para que los partidos políticos buscaran unidos la forma más humana de contener el déficit. La mayor flexibilidad que está teniendo la Comisión europea en este tema seguramente le llevará a no imponernos sanción, o que sea a coste cero, y a renegociar para los próximos años con mayor realismo nuestros objetivos de déficits. Pero la lección, con multa o sin ella, debería ser clara: la disciplina fiscal no sólo seguirá siendo fundamental para asegurar la viabilidad financiera de cada país, y de Europa en su conjunto, sino que va aún más allá, porque se ha convertido en la clave para conseguir una mayor integración europea (y al que piense en unSpainexit, que sepa que la deuda, y en muchas peores condiciones, seguiría siendo nuestra).

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