Bonos a 100 años

Carmen Pérez | 27 de octubre de 2017 a las 11:46

TRIBUNA ECONÓMICA, 29 Septiembre, 2017

Hace unos días nos llegó la noticia de que el Tesoro público de Austria había emitido bonos a 100 años. El inversor que los haya adquirido recibirá un 2% anual durante 100 años, y recuperará el importe desembolsado en septiembre de ¡2117! No es el único país europeo que se ha atrevido a utilizar un plazo tan largo. Bélgica e Irlanda también lo hicieron el año pasado, aunque con bajos importes. Francia, Italia y España, de momento, sólo se han animado a hacerlo a 50 años. Concretamente, el Tesoro español colocó 1.000 millones a 50 años en 2014, y repitió el año pasado con dos emisiones más a ese plazo, adjudicando unos 4.000 millones de euros. Los largos plazos que están utilizando los Estados europeos para endeudarse impactan. La de cosas que pueden suceder en ese tiempo. Sólo hay que mirar la historia y recordar todo lo que hemos vivido en Europa desde 1917.

Los inversores que adquieren estos bonos son aseguradoras, fondo de pensiones, fondos de inversión, etc., que buscan algo de rentabilidad en el entorno de tipos de interés nulos e incluso negativos que existen actualmente. Muchas de estas entidades están obligadas por la regulación a invertir en activos financieros de bajo riesgo y con liquidez, como son los bonos soberanos europeos. Si además quieren rentabilidad, tienen que embarcarse en plazos más amplios.

Por su parte, los emisores, estados europeos, aprovechan la favorable situación actual para reestructurar en lo posible sus deudas. Así, en España, el perfil de vencimientos de la deuda pública se ha extendido en el tiempo. El año que viene se tiene que hacer frente a la devolución de más de 140.000 millones de euros. Y hay cantidades pendientes en 2019, y al año siguiente, y al otro, y así continúa hasta 2066. Cada año se volverá a pedir prestado para atender los vencimientos que llegan, incrementando lo que haga falta para atender el nuevo déficit: la deuda pública se ha convertido en una bola de nieve que se desplaza en el tiempo a la vez que aumenta.

Lo importante es que siga rodando y que pueda atenderse puntualmente el pago de intereses que genera. Ahora juega a nuestro favor la protección del Banco Central Europeo (BCE), cuya actuación permite que el coste de la financiación del Estado sea muy bajo. La inflación, aunque sea escasa, también beneficia, porque con los años se vuelven menos gravosos tanto la devolución de la deuda como sus intereses. Del mismo modo, mientras más se alarguen los plazos de las emisiones más llevadera será la deuda.

Una deuda que no es poca cosa, ya supera los 1,1 billones de euros, 750.000 millones de euros más desde el inicio de la crisis financiera. No sólo pasa en España, la deuda pública en Europa asciende a más de 12 billones de euros. Quizá estas emisiones ultralargas, todavía anecdóticas, se intensifiquen para disolver a base de años y años el problema. Quizá el BCE las vaya comprando. Quizá el BCE finalmente hasta se olvide de ellas. Todo es posible en 100 años. Pero de lo que no cabe duda es de que le estamos traspasando el problema a las generaciones siguientes. Les complicamos el futuro a ellos, a nuestros hijos y nietos, para tener nosotros mejor presente.

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Liberbank y el tamaño de la banca

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:45

TRIBUNA ECONÓMICA, 22/9/2017

La situación de Liberbank muestra que la crisis bancaria aún no se puede dar por terminada en España, que sigue habiendo entidades que aún no están saneadas. Y también plantea las posibles consecuencias, no deseadas, de las nuevas normas que se han aprobado en Europa para aplicar en caso de crisis bancarias. Durante estos últimos años nos hemos indignado porque se utilizara dinero público para salvar a los bancos. La normativa actual -el mecanismo de resolución europeo- tiene el objetivo de que esto no siga pasando. Antes, la protección al depositante protegía de camino a accionistas y bonistas bancarios: éstos tenían una seguridad de fondo de que no se dejaría caer a su banco. Ahora, con la protección al contribuyente por delante, se puede producir el efecto contrario: que la mera existencia de las normas precipiten la caída del banco.

Las cifras de Liberbank reflejan que el banco está pasando por una situación delicada: tiene un alto volumen -800 millones de euros- de activos no productivos, del que buscan deshacerse; está reestructurando la plantilla; su solvencia a largo plazo no es la que debiera y la calificación crediticia es baja… Su futuro depende del buen hacer de sus gestores en esta etapa tan complicada, de la credibilidad que inspire en los inversores el plan de viabilidad que han diseñado, con una ampliación de capital de 500 millones de euros garantizada.

Si perdieran la confianza, la cotización de la acción seguiría cayendo -ayer terminó la sesión en 0,83 euros- y le abandonarían los depositantes. Tan esencial es conservar la confianza que incluso algunos accionistas relevantes de Liberbank no han aceptado de buen grado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la venia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, siga cuidando la cotización, prorrogando la prohibición de posiciones cortas. Entienden que tener que ser protegidos es mandar una señal de debilidad al mercado.

Con el banco Popular se estrenaron las nuevas normas bancarias, y ni los depositantes ni los contribuyentes se han visto afectados. Pero sus accionistas y bonistas han salido escaldados. Los de Liberbank se estarán mirando en este espejo y, a la mínima, se puede desatar el pánico.La entidad entonces acabaría -antes de una resolución europea o tras ella, como le pasó al Popular- en manos de otro banco. La ESMA teme que este miedo a la aplicación de la normativa actualmente vigente desencadene un rosario de caídas de bancos europeos que también están tocados.

Pero no todos los bancos están expuestos a sufrir este efecto, sólo lo estarán aquellos débiles, que el mercado sepa que podrían ser rápidamente resueltos: pequeños y medianos bancos que podrían acabar engrosando a los de gran tamaño. Porque, sin embargo, no sería nada fácil encontrarle salida si se tratara de un gran banco. Too big to fail , o demasiado grandes para caer, se les denominó cuando estalló la crisis. Ahora son demasiado grandes para que sean resueltos. Imposible compatibilizar con ellos la protección a los depositantes y a los contribuyentes al mismo tiempo. Y el asunto se agrava, porque poco a poco se acrecientan sus tamaños.

Brechas y subidas salariales

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:42

TRIBUNA ECONÓMICA, 15/9/2017

Recientemente hemos conocido dos iniciativas encaminadas a disminuir brechas salariales que existen entre los empleados. Una procede del Reino Unido, promovida por la primera ministra, Theresa May, y su secretario de economía, Greg Clark; y la otra es más cercana, del Partido Socialista Obrero Español, anunciada por Carmen Calvo, la responsable de Igualdad en la Ejecutiva Federal del PSOE. La propuesta británica persigue que se acorten las diferencias entre los sueldos de los trabajadores y los directivos dentro de las empresas; la socialista, que se acorten las distancias entre lo que cobran mujeres y hombres. Ambas utilizan la misma arma para la luchar por sus objetivos: una mayor transparencia con los salarios.

En el Reino Unido, dentro de un amplio paquete de medidas para mejorar el gobierno corporativo, se contempla una norma que obligará a las empresas a publicar anualmente una ratio que mida la relación entre la remuneración de los ejecutivos y la media de la retribución de los empleados. Como señala Sarah O´Connor, en su artículo del Financial Times, el impacto real de esta política no será que bajen los salarios de los jefes, sino que presionará para que se inflen el de todos los demás trabajadores. De hecho, los altos salarios de los ejecutivos se deben en gran parte a la transparencia que siempre ha habido en estos niveles de sueldos en el mercado: las empresas han tenido que competir entre sí para captarlos. Del mismo modo, que los empleados conozcan en qué grado relativo se le está pagando puede empujarlos a pedir aumentos o a cambiar de trabajo.

Por su parte, Carmen Calvo presentará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de igualdad laboral y salarial para atacar la brecha entre hombres y mujeres, que incluirá la obligatoriedad para las empresas de publicar un cuadro -tablas salariales- con las retribuciones de sus empleados. Esta plena transparencia afectaría también a los directivos y altos cargos, porque la mayor discriminación se da precisamente en los puestos de mayor cualificación y responsabilidad. La medida, mucho más radical que la inglesa, porque no se limita a una ratio, tendría un efecto no sólo en una mayor igualdad de género, sino que conduciría igualmente a sueldos más altos.

Ambas iniciativas se impulsan además en un contexto generalizado de reivindicaciones de subidas salariales. Es como si la Comisión europea les hubiese dado el pistoletazo de salida este verano al determinar que la crisis económica ya había terminado. Hasta Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, señaló hace unos días en su intervención en el Parlamento que “ha llegado el momento de que los salarios suban en Europa”. En España, también esta semana se ha hablado de aumentos salariales para los próximos años. Se están negociando los de los empleados públicos, con la importancia que esto supone para las negociaciones que se desarrollan en el sector privado. Después de una larga crisis, ha llegado la hora de que la recuperación económica nos alcance a todos, y que de camino se lleve por delante las brechas salariales que no estén justificadas.

 

La subida de tipos de interés se atrasa

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:40

TRIBUNA ECONÓMICA, 8/9/2017

Desde que en julio de 2012 Mario Draghi pronunció aquella frase -“Haré todo lo que sea necesario para preservar al euro, y créanme será suficiente”-, ha sido consecuente: fue bajando los tipos de interés hasta llevarlos a terreno negativo y ha realizado un monumental programa de compras de activos financieros, fundamentalmente bonos soberanos europeos. Puede decirse que Draghi ha cumplido su palabra: la economía de la zona euro ha salido del pozo en el que se encontraba. Ayer hubo una nueva reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), y Draghi prosigue con la misma autoridad en esta nueva y delicada fase, en la que hay que determinar cuándo y cómo se va a proceder a la retirada de los estímulos monetarios, resistiendo las fuertes presiones de algunos países europeos, y también de la banca, que están en desacuerdo con lo que él está desarrollando.

Draghi sabe que una salida prematura o demasiado radical podría revertir la recuperación y arruinar su éxito. Tiene muy presente el mal que supuso para la economía de la Eurozona -especialmente para España- que Jean-Claude Trichet, el gobernador del BCE por entonces, subiera los tipos de interés en 2011. Así, aunque la buena previsión en cuanto al crecimiento -se ha elevado hasta el 2,2% para 2017- empuja a iniciar la retirada, ayer Draghi siguió sin mover ficha, manteniendo los mismos tipos de interés y las compras hasta diciembre, como estaban planificadas.

Y es que otra variable -la fortaleza del euro de estos últimos meses- se ha vuelto condicionante para la eliminación de los estímulos, o incluso para reavivarlos. Actualmente el euro cotiza a 1,2 dólares, tras una subida del 13% en este año. Un euro fuerte puede perjudicar la recuperación económica, por el efecto negativo en las exportaciones; y porque puede presionar la inflación a la baja, por el abaratamiento de las importaciones. Aunque Draghi no quiso darle demasiada importancia a este tema, señalando que “el tipo de cambio no es objetivo de la política monetaria”, terminó reconociendo que afecta a la estabilidad de los precios, por lo que hay que vigilarlo de forma estrecha.

“Este otoño revisaremos y decidiremos el calibre de nuestra política monetaria”, dijo, remitiendo a la reunión de octubre para los detalles de qué pasará a partir de enero con las compras. En cuanto a los tipos de interés subrayó repetidamente que seguiría manteniéndolos en los niveles actuales hasta mucho más allá de las compras de activos. Y todo hace pensar desde ayer que esa fecha se atrasa. Por las previsiones de inflación que manejó, 1,5%, 1,2% y 1,5% para 2017, 2018 y 2019, que están lejos del objetivo del 2%. Y porque puede acentuarse la escalada del euro frente al dólar si la Reserva Federal reduce el ritmo de subidas de sus tipos de interés y si persisten los graves problemas políticos de EEUU con Corea del Norte. Así lo interpretó el mercado: los futuros sobre los tipos de interés marcaban una probabilidad sólo del 34% de que subieran el próximo año. Esta probabilidad era del 90% hace seis meses, y del 46% justo antes de que la reunión de Draghi empezara.

A estudiar

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:38

TRIBUNA ECONÓMICA, 1/9/2017

Ya es septiembre, y millones de niños y jóvenes van a iniciar un nuevo curso académico. Además, otro colectivo -el personal de banca que informa o asesora a los clientes sobre las inversiones financieras- también va a tener que estudiar a la vuelta de las vacaciones. Si aún no cuentan con los conocimientos y competencias que les exige la nueva normativa, todavía están a tiempo. Tienen hasta enero de 2018, fecha en la que comienza la aplicación del nuevo marco europeo sobre mercados e instrumentos financieros. Se pretende que no vuelva a suceder lo que en el pasado ocurría: que los inversores no entendían exactamente lo que estaban comprando y, todavía peor, que los gestores bancarios, con algunos productos, tampoco sabían exactamente lo que estaban vendiendo.

Las materias que tienen que dominar estos financieros y cómo serán evaluados se concretan en una guía técnica, publicada este verano por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, deberán conocer en profundidad los productos que se comercializan: riesgos, implicaciones fiscales, gastos, cómo se afectan según la evolución de los mercados financieros y de las variables económicas nacionales y globales, rendimientos pasados y previsibles escenarios futuros, etc. Y si su función no se limita a informar, sino a asesorar, tendrán además que conocer los costes de este servicio, la idoneidad del cliente para cada producto y los fundamentos de gestión de carteras.

Para capacitarse deberán recibir un número mínimo de 80 horas lectivas en el caso del personal que sólo facilita información, y de 150 si asesora; y posteriormente, 20 y 30 horas cada año, respectivamente. Quedarán acreditados sus conocimientos si poseen un título o certificación aceptados por la CNMV, o mediante cualificación obtenida mediante la formación interna o externa, cumpliendo los requisitos de la guía. La mayor parte de las entidades se pusieron las pilas hace tiempo, y las horas de formación están siendo muy superiores a las exigidas.

Pero seamos claros. Siendo muy positivo mejorar la formación del personal, su posible insuficiencia no fue la causa de los problemas del pasado. Pudo serlo con productos como los depósitos estructurados complejos, que incorporaban incluso opciones exóticas asiáticas. Pero no con otros, como las preferentes. Tampoco fue por un defecto de formación la concesión masiva de hipotecas o la inclusión de cláusulas suelos en las mismas.

Lo necesario es que no exista una estrategia de remuneración que establezca incentivos para que se coloquen productos diseñados e impuestos desde las cúpulas directivas, y que no se presione al personal para que empujen a los clientes a asumir riesgos. Los inversores difícilmente comprenderán las complejidades del mundo financiero por mucho que se las expliquen. La clave está en la profesionalidad y en la lealtad de las entidades financieras con ellos. Y, según dicen, quieren volver a ganarse su confianza. Pero los controles que está realizando la CNMV, enviándoles inspectores -mystery shoppers- que se hacen pasar por usuarios, siguen mostrando fallos en la comercialización de los productos financieros.

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Nueva economía en la generación eléctrica

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:49

TRIBUNA ECONÓMICA, 25/08/2017

Si hay algo que define al ser humano es la búsqueda constante de la técnica. Pero, a veces, algunos logros técnicos con los que consigue alcanzar ciertos objetivos resultan a la par indeseablemente destructivos. Entonces otras técnicas han de proporcionar nuevas y mejores soluciones al mismo problema. Actualmente una revolución tecnológica está posibilitando el reemplazo de la generación de energía eléctrica basada en combustibles fósiles -carbón, gas y petróleo- por energías renovables, libres de emisiones de CO2, causantes del calentamiento global del planeta.

Los avances tecnológicos son asombrosos. En sólo siete años el coste de la energía eólica se redujo más del 65% y el de la solar casi un 90%. Paralelamente la técnica está solucionando la necesidad de acumulación para cuando no hay viento o sol, con el rápido abaratamiento de las baterías, cuyo precio bajó cerca del 70% en cinco años. Dentro de 15 años se podrán construir sistemas de energía en los que el 90% de la electricidad se genere en plantas eólicas o solares, con un coste total competitivo con el coste actual de la energía basada en combustibles fósiles.

Estos datos, tan alentadores, están extraídos del artículo Siempre necesitaremos París, en el que su autor, Adair Turner, advierte, sin embargo, que la tecnología por sí sola no es suficiente, que es necesaria la intervención pública para dirigirla. Los bajos costes actuales de las energías renovables nunca hubieran sido posibles sin subsidios. Y es necesario apoyar también opciones tecnológicas en desarrollo que permiten descarbonizar sectores -la aviación, el transporte terrestre a larga distancia o el acero y el cemento- en los que la electrificación difícilmente es una solución al menos por varias décadas.

Además, defiende la intervención porque la técnica tampoco se detiene -del fracking, por ejemplo- en el otro sentido. Así, es probable que los precios de los combustibles fósiles también bajen y, si no existe un impuesto al carbono generalizado, este descenso puede obstaculizar que se alcancen los retos marcados en la Cumbre de París. Ayer mismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteaba un escenario en el que el precio del petróleo, si se incentiva el coche eléctrico, podría ponerse a 15 dólares el barril en 2040.

El artículo de Turner es una crítica a Donald Trump por salirse del acuerdo de París. Pero también debe servir de reflexión a los países que siguen dentro. En Europa sigue siendo intensivo el uso del carbón, sin que exista un calendario de cierre de estas centrales. La apuesta europea por el gas, con sus millonarias inversiones en infraestructuras, debería revisarse porque puede hipotecar a largo plazo el desarrollo de las renovables. El mercado de derechos de emisión, al que está sometida la industria europea, incluida la de generación eléctrica, marca un precio tan bajo por contaminar -ni 6 euros/tonelada de CO2- que no incentiva en absoluto al cambio tecnológico. Y éstos son sólo algunos aspectos. Se necesita que los firmantes de París sigan apoyando la revolución tecnológica que está transformando la economía de la generación eléctrica, y que actúen además en consecuencia.

Finanzas ‘cárnicas’

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:47

TRIBUNA ECONÓMICA, 18/8/2017

En pleno mes de agosto los móviles están que echan humo. No paran, especialmente el Whatsapp, por el que nos llegan fotos y mensajes desde todas las partes del mundo: del que se ha ido a recorrer las Highlands escocesas; de la que anda por los países nórdicos; de los que están visitando alguna Universidad latinoamericana, o de otros, que han escogido destinos más novedosos, como Vietnam o Birmania. Sitios muy diferentes entre sí pero que, sin embargo, comparten algo en común. En todos ellos se puede acudir a un McDonald’s para tomar una hamburguesa Big Mac. De hecho, 69 millones de clientes pasan cada día por estos establecimientos. Y esta circunstancia, que un mismo producto, con idénticas características, se sirva en restaurantes muy similares en 120 países, lo convierte en ideal para establecer comparaciones monetarias. Es lo que hace desde 1986 la revista The Economist al calcular el Big Mac Index.

Este indicador se basa en la teoría de la paridad del poder adquisitivo, que afirma que las tasas de cambio de los países deben ajustarse hasta ser iguales a los precios de una canasta de bienes y servicios. Para este índice la canasta estaría compuesta por un solo producto: el Big Mac. Comparando los precios en las monedas locales de esta hamburguesa y los tipos de cambio oficiales, el índice permite valorar de forma aproximada si las monedas están en su nivel correcto, sobre o infravaloradas respecto al dólar americano.

A julio de 2017, fecha de la última actualización, de las 34 monedas que se analizan, 31 están infravaloradas, aunque muchas han recuperado terreno frente al dólar en estos últimos seis meses. Sólo el franco suizo y las coronas noruega y sueca están más caras que el dólar, sobrevaluadas un 27%, 11% y 9%, respectivamente. A la cola, las monedas de Ucrania y Egipto, infravaloradas más del 67%.

En la Eurozona, el precio medio de un Big Mac es de 3,91 euros, ó 4,47 dólares al cambio de mercado. Como en Estados Unidos cuesta 5,30 dólares, esto implica que el euro está un 16% infravalorado: el cambio es a 0,88, pero el índice señala que realmente debería ser 0,74. No obstante, el euro ha mejorado porque en enero el descuento llegaba al 20%. Las políticas monetarias de la Reserva Federal y de otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo o el de China, han distorsionado fuertemente los tipos de cambio, afectando más a las monedas de aquellos países que no se han defendido con estímulos propios.

A este índice se le acusa de poco científico, pero a pesar de sus limitaciones se ha convertido en una valiosa herramienta de análisis económico, prefiriéndose a estudios similares como los índices Ipod o Coca Cola. En todo caso, sus resultados indican hacia dónde deberían encaminarse los tipos de cambio, hay que enmarcarlos como comportamientos de las monedas en el largo plazo.

Repaso el destino de mis allegados y los cotejo en el Excel de The Economist. En Vietnam el precio de la Big Mac es de 60.000 dongs vietnamitas, 2,64 dólares al tipo de cambio actual: esta moneda está infravalorada un 50,2%. Casualmente me entra un whatsapp: “Este país va hacia arriba”. Contesto desde mi pueblo: “¿Me traerías dongs para España?”

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Aniversario de la crisis financiera

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:45

TRIBUNA ECONÓMICA, 11/8/2017

Esta semana se han cumplido diez años desde el inicio de la crisis financiera. El aniversario ha propiciado que se lleve a cabo en los medios de comunicación una revisión exhaustiva de la misma: los hitos más importantes, el análisis de sus causas y consecuencias, el impacto particular en cada uno de los países o los remedios aplicados para sortearla. No es para menos, la crisis fue de tal magnitud que las economías se resquebrajaron, los mercados financieros y la banca estuvieron a punto de colapsar y han sufrido una intensa reestructuración, transformó la política e incluso ha supuesto un cambio cultural de importancia. Ayer mismo, la Comisión Europea también aprovechaba esta fecha para celebrar la situación económica actual y, al igual que han hecho los otros países desarrollados, daba la etapa por finalizada. Demasiado optimismo derrochan.

Si hay algo que no se cuestiona de la crisis es que la desaforada expansión del sistema financiero fue su principal causa. La llegada de internet junto con la intensa desregulación y la mala supervisión del sistema financiero permitieron que la banca aumentara espectacularmente el volumen de deuda. En 1950 la deuda privada -a hogares y a empresas- en EEUU suponía el 50% del PIB, y en 2007 alcanzó el 160%. En España, creció del 80% del PIB de 1980 al 230% en 2007. “Los bancos ponían dinero en cualquier cosa”, dijo hace pocos días Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, recordando el inicio de la crisis.

Sin embargo, a pesar del consenso sobre lo anterior, diez años después, la deuda total sigue creciendo. Si la deuda privada en los países desarrollados se ha reducido significativamente, este descenso se ha visto acompañado del crecimiento de sus deudas públicas. Además, la política de sus bancos centrales, con tipos de interés a niveles nulos o negativos, incitan de nuevo a que se endeuden familias y empresas.

Seguimos instalados, por tanto, en un modelo económico que necesita deuda para el crecimiento. Y si atendemos a la cualificada tesis de Adair Turner, presidente que fue de la Autoridad para la Estabilidad Financiera del Reino Unido, expuesta en su libro Between Debt and the Devil (2015), para crecer es necesario cada vez mayor cantidad de deuda. Y en las décadas anteriores a la crisis ya se necesitó un aumento del 10-15% para lograr un crecimiento del PIB del 5%.

No puede decirse que la crisis haya pasado en balde. La Comisión Europea también hacía balance ayer de las muchas medidas que se han tomado para que nuestras instituciones financieras sean más fuertes y para que estén mejor supervisadas. Pero no deben bajar la guardia. La economía occidental se desarrolla sobre un volumen descomunal de deuda, que habría que restringir y vigilar hacia dónde es canalizada. Además, como consecuencia también de la crisis, otros países se han añadido a este modelo de endeudamiento excesivo. Entre ellos, China, donde se ha cuadriplicado la deuda privada en estos últimos diez años, alcanzando el 304% del PIB. Así, la deuda mundial no deja de batir récords, ya nos debemos a nosotros mismos 217 billones de dólares: la adicción a la deuda se contagia y no para

 

Reclamaciones financieras

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:42

TRIBUNA ECONÓMICA, 4/8/2017

El Banco de España ha publicado recientemente la Memoria de Reclamaciones de 2016. Este documento permite conocer el grado de armonía de los clientes con sus entidades bancarias. En principio, parecen buenas noticias. El informe señala que el número total de expedientes interpuestos el pasado año fue de 14.462, un 28,6% menor que en 2015, continuando la tendencia descendente experimentada desde 2013, cuando se alcanzó el máximo histórico, con 34.645 reclamaciones. Pero sigue siendo muy alto en comparación con lo habitual antes de la crisis financiera, cuando se registraban unas 5.000 solicitudes al año. Además, la Memoria avanza un mal dato para 2017: se espera que el año termine con 30.000 reclamaciones.

Los andaluces son los que más reclamaciones presentaron, 3.564, un 24,6% del total. Le siguen los madrileños, con el 16% del total en términos absolutos, pero con una incidencia muy escasa si se pondera en función de la intensidad de la actividad bancaria de cada región. Los valencianos y los catalanes ocupan el tercer y cuarto puesto, ambos con un 10%.

Los clientes protestaron principalmente -más de la mitad- por las operaciones de préstamos. En un gran porcentaje por las cláusulas suelo, las causantes de que se hayan disparado el número de reclamaciones estos últimos años. También fueron muy numerosas las discrepancias en las liquidaciones de las cuentas corrientes y las incidencias relacionadas con las tarjetas de crédito y las transferencias.

De las reclamaciones recibidas, algo más de la mitad fueron admitidas a trámite; el resto se rechazó por falta de documentación, incumplimiento de requisitos o bien porque se trasladaron a otros organismos supervisores. De las admitidas, en 7 de cada 10 el Banco de España falló a favor del cliente, considerando que la entidad no había hecho lo correcto en cuanto a la normativa de transparencia o a las buenas prácticas bancarias.

Pero, a pesar del dictamen del supervisor, los bancos sólo rectificaron su postura en el 36,8% de las veces, para cuestiones ajenas a las cláusulas suelo, y en el 31% para éstas, lo que supone un empeoramiento respecto al pasado año. Así que, como las resoluciones que emite el Banco de España no son vinculantes, la mayoría de los clientes tienen que acudir finalmente -con su informe favorable en mano- a la vía judicial.

Los juzgados están colapsados, y lo seguirán estando porque el grado de confrontación sigue siendo muy intenso. Y de nuevo son los préstamos hipotecarios los que están detrás del descomunal incremento de reclamaciones que se está experimentando este año. Ahora, por los gastos de formalización, al declarase abusivas las cláusulas que los imputaban al consumidor. Es de esperar que la nueva ley hipotecaria deje bien claros los términos en los que deben firmarse estas operaciones, porque en el futuro el nuevo foco de conflictividad podría derivarse de las desavenencias de los clientes respecto a cómo evolucionen las condiciones de los productos financieros a los que se vinculan para obtener mejores precios en sus hipotecas. Y habrá un ejército de abogados perfectamente entrenado deseando atenderles.

El seguro de depósitos bancarios

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:40

TRIBUNA ECONÓMICA, 28/7/2017

Quién a la hora de abrir una cuenta corriente o un depósito en un banco se preocupa previamente de analizar su situación financiera? Pocos contestarán afirmativamente, aunque sería lo adecuado, porque, al fin al cabo, le estamos prestando nuestro dinero. Lo elegimos por la proximidad de su sucursal, por los consejos de otros usuarios o por sus ofertas. Sólo los que manejan importes muy altos se preocupan por la mayor o menor solvencia de la entidad en la que depositan su dinero. Elegimos sin temor y los mantenemos con confianza en gran parte porque sabemos que los depósitos están garantizados, por persona y entidad, hasta 100.000 euros. Pero hay que ser conscientes de que este seguro tiene un precio.

En principio, de esta protección se encarga el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que se nutre de las aportaciones ordinarias, y extraordinarias si hacen falta, de la banca. Pero lo cierto es que si se presenta una crisis sistémica, con muchas entidades implicadas, o si la entidad es demasiado grande, el fondo puede resultar insuficiente. Entonces, la responsabilidad de los depósitos recae finalmente en el Estado. No es teoría, lo hemos sufrido en la práctica.

Hace unos días, el gobernador del Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, al disertar sobre la crisis financiera y el rescate, dejaba este funcionamiento bien claro: la insuficiencia de recursos de los fondos de garantía de depósitos hacía necesario utilizar recursos públicos para la banca, se adoptara la solución que se adoptara. Los depósitos de las entidades financieras quebradas ascendían a 487.000 millones de euros, de los que más de 250.000 millones estaban garantizados. Se les inyectó 21.071 millones de euros del FGD y 39.542 millones de euros de dinero público. Ningún depositante se ha quedado sin su dinero, ni siquiera los no cubiertos.

No sólo ha pasado en España, en otros muchos países se ha utilizado dinero público para salvar el sistema bancario. Por eso, en Europa, tras la crisis, los controles se han disparado, elevando los requerimientos de capital e imponiendo nuevos ratios, de liquidez y de endeudamiento. Se ha trasladado la supervisión a Europa. Se ha creado un Mecanismo de Resolución para atajar los problemas… Todo lo necesario para evitar que la garantía pública tenga que entrar en juego. El banco Popular ha sido el primer ejemplo. Pero, por mucho que se vigile, podrá pasar de nuevo.

Actualmente el seguro de depósitos -y cada vez con un límite más alto- es esencial para la estabilidad financiera, porque aumenta la confianza de los depositantes, frenándose los pánicos bancarios. También se considera positiva la tranquilidad que supone para el ciudadano, que puede considerar el depósito como un producto sin riesgo. Pero los depósitos en España equivalen a más del 140% del PIB; y más de un 60% del PIB los que están cubiertos Y el seguro de depósitos se ve condicionado -sólo es creíble- por la fortaleza financiera del Estado que lo soporta. ¿Qué clase de sistema bancario hemos diseñado?, ¿dónde empiezan y terminan banca y Estado?