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Calificación y realidad

Carmen Pérez | 24 de mayo de 2016 a las 9:00

Recientemente, la agencia de calificación Fitch ha confirmado las calificaciones crediticias (rating) del Banco Santander y del BBVA en A-, con perspectiva estable. Resulta que dicha nota es superior a la del Reino de España, que está situada en BBB+, es decir, que esta agencia coloca a las dos empresas financieras un escalón por encima. También las otras dos agencias más importantes, Moody´s y Standard&Poor´s les otorgan mayor credibilidad crediticia a sus bonos bancarios que a los bonos españoles.  Que esto se produzca en Iberdrola –la única empresa, aparte de los dos bancos señalados, que también es más solvente que el Reino de España-  puede ser más comprensible, pero que sean bancos a los que les sucede es más complicado de aceptar, cuando encuentran en el Estado español su última garantía.

Usualmente las calificaciones de la deuda de las empresas suelen estar por debajo de la que ostentan sus países de residencia, y lo que suele ocurrir es que cuando una agencia mejora el rating de la deuda de un país siga los mismos pasos para la deuda de algunas empresas que estén especialmente vinculadas a su economía. Para BBVA y Santander, la situación inversa viene explicada porque desarrollan una buena parte de su actividad en otros países –de Europa, de América latina y EEUU- y no están completamente condicionados por las circunstancias económicas españolas.

Es verdad que estos dos bancos no mantienen una alta proporción de deuda pública española en sus balances (3%, Santander; 8%, BBVA), en relación a las que arrojan otros bancos españoles, y por ello  Fitch  afirma que  no existe probabilidad de que las entidades caigan en un escenario de default arrastradas por un hipotético impago de la deuda soberana de España.  Pero las relaciones de un banco con su Estado son mucho más complejas e íntimas que eso: el Estado es el último garante para los depósitos, la gran vía de entrada de recursos para la banca  (supera el 50% del total). Ningún cliente se molesta en investigar la mejor o peor situación financiera de una entidad crediticia a la hora de confiarle su dinero, abriendo un depósito, ya que sabe que cuenta con la seguridad que le confiere el respaldo final público: hasta 100.000 euros por titular y entidad.

Las agencias de calificación utilizan modelos sofisticados que contemplan una multitud de variables macroeconómicas y realizan un exhaustivo análisis de las cuentas financieras de las empresas que puntúan. Pero, a veces, los resultados que obtienen desconciertan, porque determinados hechos no tienen cabida en ellos: ¿cómo incluir esta garantía implícita del Estado español en ellos? Y así se llega a situaciones incoherentes como ésta, en la que el que respalda un negocio para que nunca caiga (Estado español) obtenga menos nota que el respaldado (Santander o BBVA). O, por señalar otra de hace algunos años, cuando le quitaron la máxima calificación, AAA, a los bonos de EEUU. Porque siendo realistas, por mucha recesión, paro y todo lo negativo que por entonces sufría este país: ¿no es EEUU la triple A por excelencia?

 

Riesgo soberano

Carmen Pérez | 2 de diciembre de 2015 a las 8:34

Las regulaciones a veces esconden normas con las que se protegen determinados comportamientos que con el tiempo pueden mostrarse inconvenientes. El Banco Central Europeo, y concretamente Danièle Nouy, la presidenta del Mecanismo Europeo de Supervisión, MUS, quiere cambiar la regulación bancaria para romper el fuerte nexo entre los estados y los bancos radicados en su territorio. Las modificaciones se centran en el tratamiento del riesgo soberano en dos sentidos: uno, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, norma que ya Aristóteles enunciara para definir lo que entendía por justicia; y dos, respetar el sagrado principio financiero de la diversificación de riesgos.

La regulación bancaria se establece por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, organización internacional que persigue que todos los bancos del mundo se atengan a las adecuadas, y las mismas, reglas de juego. No todos los estados son iguales de fiables para comprarles sus bonos soberanos, las notas que les otorgan las agencias de calificación marcan las diferencias. Así, una Caa1 de Moody’s, como la que tiene Argentina, indica riesgo sustancial, o la Aaa, de Alemania, es propia de un país completamente solvente. Y por ello Basilea señala que los bancos tienen que valorar el riesgo que asumen con los bonos soberanos y respaldarlo con cierto nivel de capital.

Pero la flexibilidad contenida en esa norma fue utilizada por la Comisión Europea para permitir que los bancos europeos puedan considerar los bonos soberanos de todos los países europeos como triple A y, por tanto, que no consuman capital alguno. Antes de la crisis a los bonos soberanos europeos se les consideraban activos carentes de riesgo, pero ahora las cosas son distintas, y aunque es cierto que la mayoría emiten deuda de buena calidad y que las políticas del BCE han rebajado el apetito por la deuda pública, los bancos tendrían que invertir miles de millones en reforzar su capital para cumplir esta obligación. En concreto, la banca española mantiene en cartera 186.340 millones de euros de deuda pública, y nuestra calificación por Moody’s es de Baa2, por lo que sería de los países en los que su banca tendría problemas.

Por otra parte, Basilea también fijó un límite para que la exposición de riesgo de un banco con un mismo -cliente- no pudiera exceder el 25% de los fondos propios netos de la entidad. Se pretende ahora que esta limitación se haga extensiva a los estados, de manera que un banco no pueda acumular de manera ilimitada bonos de un mismo país. La realidad actual es que los bancos suelen ser el principal inversor y tenedor de los títulos emitidos por el Tesoro del país al que pertenecen. Si tenemos una moneda única y una Unión Bancaria, tiene sentido exigir una diversificación del riesgo también en términos de exposiciones soberanas.

El BCE no está solo en esta batalla, el Bundesbank lo alienta; su consejero, Jens Wiedmann, ha declarado recientemente que no hay tiempo que perder, que es más importante que los bancos financien a empresas y particulares que a sus soberanos, y que el trato regulatorio preferente asignado a la deuda soberana, pese a la resistencia de algunos países, debe revisarse: los bonos estatales deben estar respaldados con una cantidad de capital adecuada al riesgo y hay que poner coto a la financiación que los tesoros obtienen de los bancos.

La lógica de estas reivindicaciones es incuestionable, y con seguridad en el futuro se atenderán, pero significan una nueva ocasión para que Alemania se considere desigual de sus socios europeos, que trasluzca su desconfianza hacia ellos ante la perspectiva de compartir riesgos que conlleva finalizar la Unión Bancaria. Si los sintiera iguales, que es de lo que se trata si se quiere construir una verdadera Unión Europea, reivindicaría con la misma fuerza otras medidas, como la emisión de bonos soberanos europeos, que de seguro estarían calificados triple A, y abarataría el coste de financiación de los Estados miembros. Como hemos hecho en España, que el Tesoro Público se está haciendo cargo de financiar la deuda de las comunidades autónomas, que sentimos como iguales a pesar de sus dispares calificaciones crediticias, para aliviarles carga financiera.

Y es que el comportamiento de Alemania siempre recuerda a los leones de la fábula de Antístenes, que Aristóteles narra en su tratado de Política, que preguntan irónicos cuando un grupo de liebres reúne a los animales para reivindicar la igualdad de todos ellos: ¿dónde están vuestras garras y vuestros dientes, liebres? Es lo que hay, por el momento.