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Las SGR en Andalucía, mucho por hacer

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2016 a las 9:03

El sector de garantías español ha experimentado una importantísima reducción de su actividad desde el inicio de la crisis en 2008, que se refleja tanto en la caída del importe de avales formalizados como en la evolución del riesgo vivo, que ha descendido, de forma más suave e irregular, desde los 6.419 millones de 2008 hasta los 4.691 millones de euros de 2014. Sin embargo, hay que señalar que este último año cambia la tendencia  y se incrementa el importe de avales formalizados, aunque de forma muy ligera, alcanzando los  1.003 millones de euros.

Estos años, por tanto, han venido a disminuir la importancia de estas entidades en nuestro sistema financiero, que no han conseguido todavía desarrollar un papel relevante como instrumento de ayuda a la financiación de las PYME: del millón y medio de empresas posibles clientes, sólo 52.169 están afectas a este sistema. Les queda mucho potencial, y el mayor apoyo recibido desde el Estado por la Compañía Estatal de Reafianzamiento, CERSA, con las mejoras que ha introducido en  el contrato de reafianzamiento, puede contribuir a ello. Además, sería necesaria una implicación mayor de las Comunidades Autónomas, CCAA, asistiendo, con aportaciones o mediante un reaval regional, a las SGR radicadas en sus territorios.

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Si lo anterior es la valoración general de la actividad del sector, además ésta dista mucho de ser homogénea en las diferentes CCAA. Destaca la alta actividad en el País Vasco, con el 22% del total sectorial. Le siguen Cataluña, con un 15%; Castilla y León, que alcanza el 14%; y Madrid con un 12%  Andalucía y Aragón se mueven en torno al 8%-9%; y el 10% restante del total sectorial se lo reparten todas las demás comunidades.

El riesgo vivo está más repartido, porque depende en gran medida de la antigüedad de cada una de ellas: la clasificación también la lidera El País Vasco, con un 21%, seguida de  Castilla y León, con un 12% del total del Riesgo Vivo.  Madrid,  Andalucía y Cataluña ocupan los siguientes puestos, con un 10-11%.

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Sin embargo, los porcentajes anteriores no son significativos ya que el potencial de cada una de las CCAA también es muy desigual, siendo, por tanto, más interesante calcular el cociente entre el riesgo vivo asumido y el número de PYME en cada una de ellas.

El País Vasco utiliza el sistema de garantías como una herramienta importante de apoyo a las PYME. La región con mayor número de PYME, Cataluña, apostó menos por esta alternativa financiera en el pasado pero  su SGR, de creación relativamente reciente, está posicionándose estos últimos años en los primeros puestos. Navarra y Castilla y León también utilizan este instrumento de apoyo con cierta intensidad. Murcia, Baleares y Galicia se sitúan por encima de la media nacional; Extremadura y Aragón mantienen niveles inferiores pero cerca de la media; Andalucía, Madrid y La Rioja se mueven claramente inferiores a la media.

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En Andalucía contamos con dos sociedades, Suraval y Avalunión, cuya  actividad se reparte al 50%, aunque  estos últimos años ha sido Suraval la que ha ganado algo más de peso, formalizando mayor cantidad de avales y consiguiendo superar en riesgo vivo a Avalunión.

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Como hemos podido ver, la actividad de garantías andaluz está lejos de la media nacional, y por separado, las dos entidades tienen una importancia muy escasa. Sin embargo, ambas entidades llevan muchos años negociando su fusión aunque lo cierto es que no acaba de producirse. Sumadas, Andalucía ocupa el quinto puesto nacional en cuanto a Riesgo Vivo, pero siendo, sin embargo, la segunda en número de empresas.

La Junta de Andalucía desde hace tiempo dejó de aportar recursos a sus SGR, quedando limitado su apoyo a determinados reavales para operaciones concretas, programa que también se ha paralizado desde el pasado diciembre. Sin embargo, existen varias razones por las que debería considerar su posición y colaborar de forma mucho más estrecha con ellas, tanto si se fusionan como si no:

  1. La colaboración público-privada resulta eficaz.

La gestión privada de las SGR les permite desarrollar  su actividad con total rigurosidad, evitando convertirse en instrumentos políticos por parte de las CCAA.  Las CCAA pueden direccionar su actuación modulando las ayudas hacia aquellos sectores que considere prioritarios para desarrollar su política económica.

  1. La calidad de su gestión.

Sus ratios de solvencia se mantienen por encima de los mínimos requeridos para las entidades de crédito. Además, la calidad de la gestión de las SGR andaluzas ha quedado demostrada ya que nunca se han excedido en sus saldos de fallidos como para incurrir en penalización alguna por parte de CERSA. Para el apoyo regional podrían establecerse ratios de calidad similares.

  1. Con el reaval, la Junta puede apoyarlas sin desembolso de recursos

Dado el funcionamiento de este instrumento, los importes de los préstamos son aportados por las entidades de crédito. La Junta, reavalando, asumiría sólo una parte del riesgo, produciendo desembolsos sólo en la cuantía de fallidos que tuvieran los programas puestos en marcha y en la proporción en que participara.

  1. Puede conseguirse que se mejoren las condiciones financieras de las PYME

Puede establecerse para los préstamos reavalados unas condiciones favorables para los préstamos reavalados por la Junta, de forma que se mejoren las condiciones financieras de las PYME garantizadas, ya que mientras más volumen formalicen las SGR más poder de negociación tendrán con las entidades de crédito. En este sentido, las SGR tendrían que asegurar largos plazos para las operaciones y tipos de interés similares o inferiores a los hipotecarios vigentes.

 

Por último, hay que señalar que los esfuerzos que realizara la Junta de Andalucía se verían intensificados con el apoyo de CERSA ya establecido, que depende directamente de la mayor o menor actividad desarrollada por la SGR. Sumados el reaval estatal y el regional se conseguiría multiplicar el efecto de los recursos públicos de forma considerable. En definitiva, sería una forma de atraer recursos estatales a nuestra Comunidad.

 

(basado en mi artículo “Apoyo a la financiación de PYMES: el reafianzamiento de CERSA a los sistemas regionales de garantías “, publicado en la revista Análisis Financiero, del Instituto Español de Analistas Financieros, segundo cuatrimestre de 2015, disponible en:

http://ieaf.es/new/analisis-financiero/version-espanola/numeros-publicados/item/2119-n%C2%BA-128-segundo-cuatrimestre-2015.html)

 

 

 

 

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¿Es necesario un banco público andaluz?

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:37

LA crisis económico-financiera fue como un terremoto para nuestro sistema financiero, terremoto que además de sus efectos propios puso de manifiesto las debilidades que el sistema ya tenía, derivadas de un inadecuado desarrollo mantenido durante largos años. Consecuentemente, el sistema ha experimentado una intensa reestructuración, produciéndose una reorganización de las entidades que lo componían hasta originar un modelo nuevo: más concentrado, con una organización territorial muy distinta, y de una naturaleza más homogénea, con la conversión casi completa de las cajas de ahorros en bancos. No se le ha dejado caer, cuantiosos recursos públicos se han invertido y han evitado su debacle, pero las modificaciones y saneamientos realizados no han conseguido que el nuevo sistema vuelva a cumplir una de las principales funciones que tiene encomendada: financiar a las pymes.

Pero si en este diagnóstico, agudizado en nuestra región, no hay discrepancias, sí que existen en las propuestas para solventarlo. El informe presentado ante al Parlamento andaluz por el grupo de trabajo que se constituyó al efecto así las refleja. IU-LV-CA, de quien partió la iniciativa, se muestra favorable a la creación de un banco público andaluz de carácter universal que palíe el problema. PSOE y PP, sin embargo, apuestan por potenciar una serie de instrumentos de apoyo a la financiación de las pymes que existen en nuestra comunidad y a poner en marcha algunos otros con pocas dificultades de implantación, aunque es cierto que el PSOE quiere dejar abierta la otra alternativa para el largo plazo.

La propuesta de IU-LV-CA, al margen del debate, que no es menor, de si queremos caminar hacia una administración pública de mayor tamaño, es una solución muy complicada. Ellos mismos son conscientes de las grandes dificultades que habría que superar, por los numerosos trámites que hay que cubrir para conseguir una ficha bancaria, por la falta de recursos que existen en la actualidad con los que dotar a este banco, y por el alto coste de financiación que tendría la entidad, dada la calificación crediticia actual de la Junta de Andalucía. La solución tardaría en llegar cuando el problema a resolver es acuciante, y además sería costosa.

Por otra parte, este banco público tendría que tener una dimensión considerable porque para proporcionar financiación a las pymes, y más en un contexto de crisis como el actual, la proximidad es muy importante, y acceder a la operativa de circulante de las empresas es vital para un correcto seguimiento de las operaciones, por lo que sería necesario una infraestructura poderosa que contara con numerosas sucursales repartidas por todo nuestro territorio.

En nuestra comunidad existen dos sociedades de garantía recíproca, Suraval y Avalunión, en las que la Junta de Andalucía es socio principal, cuya función es dinamizar el mercado de crédito mediante la otorgación de avales a las pymes, consiguiendo un importante apalancamiento de los recursos públicos; existen en la actualidad una docena de fondos reembolsables de carácter sectorial para este fin, con una dotación presupuestaria de unos 1.500 millones de euros, y con una ejecución aún muy escasa; disponemos de una entidad pública regional de capital riesgo, Invercaria, y de varias de carácter provincial; se pueden potenciar las redes de business angelsexistentes; es posible promover plataformas de crowdfunding; se puede incentivar a nuestras pymes de mayor tamaño para que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil, MAB, o para que emitan títulos en el Mercado Alternativo de Renta Fija, MARF; buscar alianzas con el Instituto de Crédito Oficial, ICO, con la Empresa Nacional de Innovación, Enisa, con el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDT, o el Banco Europeo de Inversiones, BEI; y tenemos un Instituto de Finanzas que puede empezar a operar en cualquier momento, al que se le pueden reorientar sus funciones para que acoja todo este conjunto de medidas, las coordine y las canalice de forme eficiente.

El estrepitoso fallo del mercado exige la intervención pública, no hay duda en ello. Tampoco puede dudarse de que en cualquiera de las soluciones posibles es absolutamente necesario que las operaciones financieras se analicen y se decidan con el mayor rigor financiero, dejando para la decisión política exclusivamente la asignación global de fondos. En el pasado han sido amargas las experiencias en las que la aprobación de las operaciones se ha realizado bajo criterios no estrictamente profesionales sino a instancias de la iniciativa pública, y, sin embargo, una estrecha colaboración público-privada en este campo está dando buenos resultados. En definitiva, y dadas las circunstancias actuales, el sentido común parece señalar con claridad que reciclar y vitalizar lo que ya disponemos es la solución más idónea, y que el banco público andaluz, cuanto menos, debería esperar.

Publicado el 17 de marzo de 2014.