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La hidra financiera

Carmen Pérez | 29 de noviembre de 2017 a las 8:20

TRIBUNA ECONÓMICA, 24/11/2017

Cuenta la mitología que la Hidra de Lerna era una enorme bestia con nueve cabezas serpentinas, que sólo con su fétido aliento podía destruir la vida. No le fue nada fácil a Heracles matarla porque tan pronto se le aplastaba una de las cabezas le surgían otras. Del mismo modo, con la regulación financiera se intenta mantener bajo control al monstruo financiero que creció durante las décadas anteriores a la crisis y que sigue creciendo, pero para cada solución surgen nuevos problemas. La actividad financiera tiene poderosas y visibles cabezas -los bancos- y otras muchas incluso más peligrosas porque trabajan en la sombra. También a la Hidra de Lerna algunos le atribuían cien, mil, hasta diez mil cabezas.

Con el mecanismo de resolución para los bancos parecía que se había ganado una batalla a la inestabilidad financiera. Sin embargo, ahora se considera que la simple existencia de esta normativa puede más bien aumentarla, porque puede precipitar pánicos bancarios. Así, en estos días, se debate en la mesa del Parlamento europeo incluir una controvertida medida: poder establecer un corralito temporal para los bancos en resolución si es necesario.

Y también parecía que se mejoraría la estabilidad con la exigencia a las entidades financieras de colchones de capital, que se cubren en gran parte con unos bonos especiales. Pero estos colchones resultan una falacia porque al comprárselos unos bancos a otros, la solidez del sistema en su conjunto no se incrementa. La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) en su último documento lo advierte: en 2016 los bancos poseían más de 50.000 millones de euros de estos bonos anticrisis. Procede ahora regular el riesgo de estos bonos en la solvencia bancaria.

Lo anterior son sólo dos ejemplos: el esfuerzo regulatorio es titánico. Y mayor es el que se tendrá que hacer con la banca en la sombra. Los intermediarios financieros no regulados y determinadas operaciones, como los derivados, fueron de las principales causas de la crisis financiera. Pero han seguido creciendo. En Europa suponen el 39% de los activos totales frente al 29% de 2008. Además, están íntimamente conectados con la banca regulada: según la JERS, las exposiciones de los bancos europeos al sector en la sombra es de más de un billón de euros.

Como Heracles, los reguladores no lo tienen fácil para ganar la batalla de la estabilidad financiera. Necesitan valor para no ceder a las presiones y establecer sin miedo los controles claves, los decisivos, que aseguren tanto la salud de cada entidad como la del sistema en su conjunto, controlando especialmente, incluso a nivel nacional o sectorial, el crecimiento del crédito.

Esa firmeza es lo que dio la victoria a Heracles. Aunque no estuvo falto de ayuda: su sobrino Yolao quemaba los cuellos de las cabezas que iban siendo decapitadas para impedir que brotaran de nuevo. Los reguladores, aunque fueran héroes, tampoco lo conseguirán solos. El mito también cuenta que la hidra se enroscó en los pies del héroe, simbolizando que la raíz de los monstruos está en la naturaleza humana: cada uno de nosotros es un Yolao que debe secar a su medida esta exuberancia financiera.

Liberbank y el tamaño de la banca

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:45

TRIBUNA ECONÓMICA, 22/9/2017

La situación de Liberbank muestra que la crisis bancaria aún no se puede dar por terminada en España, que sigue habiendo entidades que aún no están saneadas. Y también plantea las posibles consecuencias, no deseadas, de las nuevas normas que se han aprobado en Europa para aplicar en caso de crisis bancarias. Durante estos últimos años nos hemos indignado porque se utilizara dinero público para salvar a los bancos. La normativa actual -el mecanismo de resolución europeo- tiene el objetivo de que esto no siga pasando. Antes, la protección al depositante protegía de camino a accionistas y bonistas bancarios: éstos tenían una seguridad de fondo de que no se dejaría caer a su banco. Ahora, con la protección al contribuyente por delante, se puede producir el efecto contrario: que la mera existencia de las normas precipiten la caída del banco.

Las cifras de Liberbank reflejan que el banco está pasando por una situación delicada: tiene un alto volumen -800 millones de euros- de activos no productivos, del que buscan deshacerse; está reestructurando la plantilla; su solvencia a largo plazo no es la que debiera y la calificación crediticia es baja… Su futuro depende del buen hacer de sus gestores en esta etapa tan complicada, de la credibilidad que inspire en los inversores el plan de viabilidad que han diseñado, con una ampliación de capital de 500 millones de euros garantizada.

Si perdieran la confianza, la cotización de la acción seguiría cayendo -ayer terminó la sesión en 0,83 euros- y le abandonarían los depositantes. Tan esencial es conservar la confianza que incluso algunos accionistas relevantes de Liberbank no han aceptado de buen grado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la venia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, siga cuidando la cotización, prorrogando la prohibición de posiciones cortas. Entienden que tener que ser protegidos es mandar una señal de debilidad al mercado.

Con el banco Popular se estrenaron las nuevas normas bancarias, y ni los depositantes ni los contribuyentes se han visto afectados. Pero sus accionistas y bonistas han salido escaldados. Los de Liberbank se estarán mirando en este espejo y, a la mínima, se puede desatar el pánico.La entidad entonces acabaría -antes de una resolución europea o tras ella, como le pasó al Popular- en manos de otro banco. La ESMA teme que este miedo a la aplicación de la normativa actualmente vigente desencadene un rosario de caídas de bancos europeos que también están tocados.

Pero no todos los bancos están expuestos a sufrir este efecto, sólo lo estarán aquellos débiles, que el mercado sepa que podrían ser rápidamente resueltos: pequeños y medianos bancos que podrían acabar engrosando a los de gran tamaño. Porque, sin embargo, no sería nada fácil encontrarle salida si se tratara de un gran banco. Too big to fail , o demasiado grandes para caer, se les denominó cuando estalló la crisis. Ahora son demasiado grandes para que sean resueltos. Imposible compatibilizar con ellos la protección a los depositantes y a los contribuyentes al mismo tiempo. Y el asunto se agrava, porque poco a poco se acrecientan sus tamaños.

A estudiar

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:38

TRIBUNA ECONÓMICA, 1/9/2017

Ya es septiembre, y millones de niños y jóvenes van a iniciar un nuevo curso académico. Además, otro colectivo -el personal de banca que informa o asesora a los clientes sobre las inversiones financieras- también va a tener que estudiar a la vuelta de las vacaciones. Si aún no cuentan con los conocimientos y competencias que les exige la nueva normativa, todavía están a tiempo. Tienen hasta enero de 2018, fecha en la que comienza la aplicación del nuevo marco europeo sobre mercados e instrumentos financieros. Se pretende que no vuelva a suceder lo que en el pasado ocurría: que los inversores no entendían exactamente lo que estaban comprando y, todavía peor, que los gestores bancarios, con algunos productos, tampoco sabían exactamente lo que estaban vendiendo.

Las materias que tienen que dominar estos financieros y cómo serán evaluados se concretan en una guía técnica, publicada este verano por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, deberán conocer en profundidad los productos que se comercializan: riesgos, implicaciones fiscales, gastos, cómo se afectan según la evolución de los mercados financieros y de las variables económicas nacionales y globales, rendimientos pasados y previsibles escenarios futuros, etc. Y si su función no se limita a informar, sino a asesorar, tendrán además que conocer los costes de este servicio, la idoneidad del cliente para cada producto y los fundamentos de gestión de carteras.

Para capacitarse deberán recibir un número mínimo de 80 horas lectivas en el caso del personal que sólo facilita información, y de 150 si asesora; y posteriormente, 20 y 30 horas cada año, respectivamente. Quedarán acreditados sus conocimientos si poseen un título o certificación aceptados por la CNMV, o mediante cualificación obtenida mediante la formación interna o externa, cumpliendo los requisitos de la guía. La mayor parte de las entidades se pusieron las pilas hace tiempo, y las horas de formación están siendo muy superiores a las exigidas.

Pero seamos claros. Siendo muy positivo mejorar la formación del personal, su posible insuficiencia no fue la causa de los problemas del pasado. Pudo serlo con productos como los depósitos estructurados complejos, que incorporaban incluso opciones exóticas asiáticas. Pero no con otros, como las preferentes. Tampoco fue por un defecto de formación la concesión masiva de hipotecas o la inclusión de cláusulas suelos en las mismas.

Lo necesario es que no exista una estrategia de remuneración que establezca incentivos para que se coloquen productos diseñados e impuestos desde las cúpulas directivas, y que no se presione al personal para que empujen a los clientes a asumir riesgos. Los inversores difícilmente comprenderán las complejidades del mundo financiero por mucho que se las expliquen. La clave está en la profesionalidad y en la lealtad de las entidades financieras con ellos. Y, según dicen, quieren volver a ganarse su confianza. Pero los controles que está realizando la CNMV, enviándoles inspectores -mystery shoppers- que se hacen pasar por usuarios, siguen mostrando fallos en la comercialización de los productos financieros.

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Reclamaciones financieras

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:42

TRIBUNA ECONÓMICA, 4/8/2017

El Banco de España ha publicado recientemente la Memoria de Reclamaciones de 2016. Este documento permite conocer el grado de armonía de los clientes con sus entidades bancarias. En principio, parecen buenas noticias. El informe señala que el número total de expedientes interpuestos el pasado año fue de 14.462, un 28,6% menor que en 2015, continuando la tendencia descendente experimentada desde 2013, cuando se alcanzó el máximo histórico, con 34.645 reclamaciones. Pero sigue siendo muy alto en comparación con lo habitual antes de la crisis financiera, cuando se registraban unas 5.000 solicitudes al año. Además, la Memoria avanza un mal dato para 2017: se espera que el año termine con 30.000 reclamaciones.

Los andaluces son los que más reclamaciones presentaron, 3.564, un 24,6% del total. Le siguen los madrileños, con el 16% del total en términos absolutos, pero con una incidencia muy escasa si se pondera en función de la intensidad de la actividad bancaria de cada región. Los valencianos y los catalanes ocupan el tercer y cuarto puesto, ambos con un 10%.

Los clientes protestaron principalmente -más de la mitad- por las operaciones de préstamos. En un gran porcentaje por las cláusulas suelo, las causantes de que se hayan disparado el número de reclamaciones estos últimos años. También fueron muy numerosas las discrepancias en las liquidaciones de las cuentas corrientes y las incidencias relacionadas con las tarjetas de crédito y las transferencias.

De las reclamaciones recibidas, algo más de la mitad fueron admitidas a trámite; el resto se rechazó por falta de documentación, incumplimiento de requisitos o bien porque se trasladaron a otros organismos supervisores. De las admitidas, en 7 de cada 10 el Banco de España falló a favor del cliente, considerando que la entidad no había hecho lo correcto en cuanto a la normativa de transparencia o a las buenas prácticas bancarias.

Pero, a pesar del dictamen del supervisor, los bancos sólo rectificaron su postura en el 36,8% de las veces, para cuestiones ajenas a las cláusulas suelo, y en el 31% para éstas, lo que supone un empeoramiento respecto al pasado año. Así que, como las resoluciones que emite el Banco de España no son vinculantes, la mayoría de los clientes tienen que acudir finalmente -con su informe favorable en mano- a la vía judicial.

Los juzgados están colapsados, y lo seguirán estando porque el grado de confrontación sigue siendo muy intenso. Y de nuevo son los préstamos hipotecarios los que están detrás del descomunal incremento de reclamaciones que se está experimentando este año. Ahora, por los gastos de formalización, al declarase abusivas las cláusulas que los imputaban al consumidor. Es de esperar que la nueva ley hipotecaria deje bien claros los términos en los que deben firmarse estas operaciones, porque en el futuro el nuevo foco de conflictividad podría derivarse de las desavenencias de los clientes respecto a cómo evolucionen las condiciones de los productos financieros a los que se vinculan para obtener mejores precios en sus hipotecas. Y habrá un ejército de abogados perfectamente entrenado deseando atenderles.

El seguro de depósitos bancarios

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:40

TRIBUNA ECONÓMICA, 28/7/2017

Quién a la hora de abrir una cuenta corriente o un depósito en un banco se preocupa previamente de analizar su situación financiera? Pocos contestarán afirmativamente, aunque sería lo adecuado, porque, al fin al cabo, le estamos prestando nuestro dinero. Lo elegimos por la proximidad de su sucursal, por los consejos de otros usuarios o por sus ofertas. Sólo los que manejan importes muy altos se preocupan por la mayor o menor solvencia de la entidad en la que depositan su dinero. Elegimos sin temor y los mantenemos con confianza en gran parte porque sabemos que los depósitos están garantizados, por persona y entidad, hasta 100.000 euros. Pero hay que ser conscientes de que este seguro tiene un precio.

En principio, de esta protección se encarga el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que se nutre de las aportaciones ordinarias, y extraordinarias si hacen falta, de la banca. Pero lo cierto es que si se presenta una crisis sistémica, con muchas entidades implicadas, o si la entidad es demasiado grande, el fondo puede resultar insuficiente. Entonces, la responsabilidad de los depósitos recae finalmente en el Estado. No es teoría, lo hemos sufrido en la práctica.

Hace unos días, el gobernador del Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, al disertar sobre la crisis financiera y el rescate, dejaba este funcionamiento bien claro: la insuficiencia de recursos de los fondos de garantía de depósitos hacía necesario utilizar recursos públicos para la banca, se adoptara la solución que se adoptara. Los depósitos de las entidades financieras quebradas ascendían a 487.000 millones de euros, de los que más de 250.000 millones estaban garantizados. Se les inyectó 21.071 millones de euros del FGD y 39.542 millones de euros de dinero público. Ningún depositante se ha quedado sin su dinero, ni siquiera los no cubiertos.

No sólo ha pasado en España, en otros muchos países se ha utilizado dinero público para salvar el sistema bancario. Por eso, en Europa, tras la crisis, los controles se han disparado, elevando los requerimientos de capital e imponiendo nuevos ratios, de liquidez y de endeudamiento. Se ha trasladado la supervisión a Europa. Se ha creado un Mecanismo de Resolución para atajar los problemas… Todo lo necesario para evitar que la garantía pública tenga que entrar en juego. El banco Popular ha sido el primer ejemplo. Pero, por mucho que se vigile, podrá pasar de nuevo.

Actualmente el seguro de depósitos -y cada vez con un límite más alto- es esencial para la estabilidad financiera, porque aumenta la confianza de los depositantes, frenándose los pánicos bancarios. También se considera positiva la tranquilidad que supone para el ciudadano, que puede considerar el depósito como un producto sin riesgo. Pero los depósitos en España equivalen a más del 140% del PIB; y más de un 60% del PIB los que están cubiertos Y el seguro de depósitos se ve condicionado -sólo es creíble- por la fortaleza financiera del Estado que lo soporta. ¿Qué clase de sistema bancario hemos diseñado?, ¿dónde empiezan y terminan banca y Estado?

Corrida bancaria silenciosa

Carmen Pérez | 3 de julio de 2017 a las 20:27

TRIBUNA ECONÓMICA, 16/6/2017

Todos recordamos películas -Mary Poppins, entre ellas- que representaban corridas bancarias, con imágenes de gran cantidad de clientes haciendo cola a las puertas de un banco, intentando retirar su dinero. El pánico puede llevar a un banco hasta la bancarrota en poco tiempo: mientras más personas retiran sus depósitos, la probabilidad de impago se incrementa y se agudiza el proceso. Cuando el dinero era exclusivamente físico, todo esto era visible y muy rápido. Hoy en día, las retiradas de fondos se hacen desde casa, con transferencias a otros bancos, sin que nadie aparentemente se entere. En silencio.

Detrás del pánico suele existir fundamento. El Popular llevaba años mal. Su rating era ya de bono basura. Pérdidas en 2016 de casi 3.500 millones de euros. Activos improductivos por 35.000 mil millones, derivados del sector inmobiliario, en el que entró en el peor momento. La acción cotizaba a la baja desde hacía tiempo y los bajistas se agarraron a la situación como los perros a su presa: imparable el descenso. La sangría de depósitos se tornó hemorragia sin posible taponamiento. Los empleados, clientes, administraciones públicas, empresas: se iban los que tenían depósitos cubiertos -el miedo es libre- y no cubiertos: hasta 18.000 millones de euros.

La forma de trabajar la banca conlleva este riesgo. Como falte la confianza, incluso siendo solvente a largo plazo, una fuga de depósitos masiva conduce a una insolvencia a corto plazo, sin remedio. Asegurarlos hasta 100.000 euros y la provisión de liquidez desde el banco central son los muros de contención de las corridas bancarias. Para el Popular no han sido suficientes. El procedimiento de resolución ha sido impecable: la normativa vigente protege al depositante sin que sufra el contribuyente. Se lo ha quedado el banco de Santander por un euro. Se le acusa de haber hecho negocio. Si hubiera sido Bankia, muchos opinarían que el Estado había cargado con un muerto.

Lo que no puede entenderse es cómo los gestores no hicieron durante años nada para evitarlo. Quizá quisieron aguantar con las propias fuerzas. Pudieron pedir el rescate en 2012 o haber vendido cuando aún estaban a tiempo. Ron, sin transparencia y sin afrontar los activos deteriorados con diligencia. Saracho, hablando demasiado, sin acompañarse de una propuesta de solución resuelta.

Los accionistas, los poseedores de bonos contingentes convertibles -Cocos- y subordinados se han quedado sin nada. El alto riesgo que tienen estos productos financieros se ha puesto de manifiesto.

La cúpula directiva del Popular ya ha recibido demandas. Es inadmisible que se vayan a casa de rositas y con millones de euros. No serán los únicos. Al BCE le rebatirán la declaración de inviabilidad. A la Junta Única de Resolución, que así resolviera. A los supervisores, que no prohibieran las posiciones en corto; que no hablaran antes o que sí lo hicieran. Contra la auditora, contra el Santander… Los que más probabilidades tienen de éxito son los que acudieron a la ampliación de hace sólo un año, muchos empleados o incitados a comprar con préstamos. Con todo, la solución que se le ha dado a la silenciosa corrida bancaria del Popular parece la correcta.

Se vende

Carmen Pérez | 25 de mayo de 2017 a las 18:28

TRIBUNA ECONÓMICA, 19/5/2017

Finalmente, el banco Popular ha colgado el cartel de Se vende. Quiere que la operación se cierre antes del 10 de junio, según JP Morgan, la entidad encargada de recoger las ofertas de los posibles compradores. Aunque esto no concuerda con la comunicación de hecho relevante remitida el 16 de mayo por Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores: que sólo se trata de explorar el mercado, que “no se ha adoptado decisión definitiva”, y que las propuestas no son vinculantes, pero que en todo caso servirán para sopesar las distintas alternativas. Entre ellas, la que ya estaba sobre la mesa: la ampliación de capital. Pero lo cierto es que cualquier cosa puede pasar, incluso que cuando se lean estas líneas la venta ya estuviera cerrada.

Lleva mucho tiempo buscando soluciones: cambios en su cúpula directiva, venta de filiales y participadas… El deterioro de la entidad es constante: la cotización de la acción de Popular ha mantenido una tendencia bajista estos últimos años; los depósitos de los clientes también bajan. Se adentró en el sector inmobiliario tarde, en el peor momento, cuando estaba más caro. Y esas operaciones han ido dando la cara: 36.800 millones de activos problemáticos, entre créditos y activos adjudicados. Imposible salir de ahí solo, y menos en el contexto actual de baja rentabilidad bancaria.

Datos de esta situación, así como los relativos a importantes litigios pendientes, o de los niveles de solvencia, fueron puestos a disposición de las grandes entidades bancarias la semana pasada para que pudieran definir qué se haría con él, y a qué precio estarían dispuestas a pagarlo. Santander y Bankia han dado un paso al frente, y desde el martes figuran en la primera lista de interesados en comprarlo. Lo que no quiere decir que algún otro, nacional o extranjero, pueda añadirse al carro.

La sorpresa ha sido lo de Bankia. Una entidad que tiene que pedir permiso al Banco Central Europeo para cada operación corporativa que haga. A la que Bruselas tiene fecha puesta para que sea privatizada. Y que ahora está inmersa en la fusión con BMN, la otra entidad nacionalizada. Pero cuando a una propiedad se le pone el cartel de Se vende su valoración cada día que pasa queda perjudicada. Es posible que no haya compradores en firme, o que quieran comprarlo a precio demasiado de saldo. Y que pase el tiempo, y que la ayuda pública empezara a ser necesaria. Todo induce a pensar, que participando en el proceso, si hiciera falta, ahí estaría Bankia, que al comprar Popular estaría nacionalizándolo por la puerta falsa. Y, en todo caso, es un aviso para navegantes.

Si al final compra Bankia, la banca pública quedaría reforzada, pasaría a ser el mayor banco de España. Añadir al Popular, con 1.600 oficinas, también tendría más ventajas, porque este banco tiene una situación privilegiada en el mercado de créditos a la pequeña y mediana empresa, con casi el 18% de la cuota de mercado. Lo mismo, con la buena y profesionalizada gestión que está llevando, cuando llegue la fecha -antes de final de 2019-, hay que decirle a Bruselas que no queremos recuperar la ayuda pública, ¡que nos quedamos con Bankia!

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¿No quiere un préstamo?

Carmen Pérez | 25 de mayo de 2017 a las 15:03

TRIBUNA ECONÓMICA, 5/5/2017

Entro en la sucursal. Hacía mucho tiempo que no iba, lo soluciono casi todo por internet. Está distinta, reformada. Han eliminado las mamparas que aislaban la caja. Tampoco hay colas. Ahora hay que coger número. Marco mi DNI. Al parecer te atienden antes si eres cliente de la entidad. Al rato llega mi turno: tengo que pasar al despacho número 7.

-¡Hola, buenos días! Vengo por la tarjeta. No funciona. Intenté sacar dinero y el cajero no la aceptaba.

-¡Buenos días! No se preocupe, pasa a veces, debe haberse dañado la banda magnética, pediremos otra. ¿Su DNI?

Se lo facilito. El agente lo teclea, y se pone a trastear con el ordenador. Observo. Las mesas también son nuevas; redondas, supongo que buscando la cercanía y la confianza con el cliente.

-Podríamos darle un préstamo. ¿No quiere comprarse un apartamento en la playa? Tiene usted margen…

-¿Margen?, ¿yo?, ¿cómo sabe…? Ah, ya, está mirando mi nómina… Pues no se equivoque, este mes en mi empresa hay una extra, no es mi sueldo corriente…Además, muchas gracias, pero no quiero una segunda vivienda. Al revés, no veo la forma de reducir más rápido la hipoteca que tengo. Temiendo estoy que suban los tipos de interés…

-Sí, ya, ahora veo los otros meses…Aún así: ¿tiene coche?, ¿no quiere cambiarlo? Podríamos financiárselo a un tipo de interés muy conveniente…

-Se lo agradezco de nuevo, pero ni tengo coche ni quiero. Sólo he venido por lo de la tarjeta. Por cierto, he visto que ahora cobráis una comisión mensual, aunque la utilizo constantemente.

-Le estoy tramitando una nueva, le llegará dentro de unos días a su domicilio. Y sí, ahora el banco ha empezado a cobrar por ellas, ¡política de la empresa!…¿Tiene usted hijos?, ¿no necesitan aprender inglés?, ¿un máster? También podría acceder a un préstamo…

-No, no, gracias. Si me hiciera falta, ya vendría…

El agente no se rinde, sigue investigando mi cuenta. Insiste.

-¿No necesita reformar la cocina, o los baños o comprar muebles?

-Para serle sincera, sí, pero ahora no voy a hacerlo. Y le ruego que no me incite más al endeudamiento. Ya es suficiente. Sólo le ha faltado decirme que ya tengo una edad y que si quiero dinero para algún retoque estético. Dígame si hace falta que firme o algo, por lo de la tarjeta. Me quiero ir ya de aquí”.

Así está la banca. Y no es de extrañar, no venden lo suficiente: en el año 2016 el volumen de crédito se redujo en un 4% respecto al año 2015, con una caída acumulada del 32% desde el año 2010.

En este periodo han cerrado el 37% de las oficinas y han despedido al 27% de los empleados.

Actualmente, la política comercial para conseguir nuevos préstamos está siendo muy agresiva, sobre todo con familias y pymes, porque a pesar de que los nuevos préstamos a estos colectivos ya mantienen los niveles previos a la crisis, quieren compensar con ellos la caída tan espectacular (-66%) de préstamos con grandes empresas.

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Claridad en las comisiones bancarias

Carmen Pérez | 24 de marzo de 2017 a las 19:47

TRIBUNA ECONÓMICA, 17/3/2017

Todos tenemos claro que nadie va a prestarnos un determinado servicio sin cobrarnos por ello. Sin embargo, nos resistimos a aceptar que se nos cobren comisiones cuando se trata de servicios bancarios. Siempre se ha argumentado al respecto que ya tienen suficiente con manejar nuestro dinero. En este sector nos han acostumbrado tan mal en el pasado que ahora les está siendo muy difícil reconducirnos. Y eso que no es nueva la obsesión de la banca por elevar sus ingresos vía comisiones: tal y como veían reducirse los márgenes de intermediación, desempolvaban la idea. Como en los años 90, con la aparición de las supercuentas remuneradas, cuando también lo intentaron con fuerza. En la actualidad, con la intensa crisis de rentabilidad que por diversos motivos está viviendo la banca, la presión está siendo muy alta.

Las comisiones que cobró la banca española el pasado año superaron los 19.000 millones de euros. Pero a pesar de este elevado importe, según el Banco de España, aún estamos a la cola de Europa: a nuestros bancos las comisiones sólo les aportan el 23% del margen bruto, frente al 28% de media que suponen en la Unión Europea. La tendencia es a ampliarlas y a encarecerlas. Para evitar algunas de ellas se nos incita -incluso se nos obliga- a que hagamos nosotros mismos las operaciones, a que nos olvidemos de usar dinero físico y a que nos vinculemos estrechamente con la entidad contratándoles productos financieros para que el pack les resulte rentable.

Sin embargo, aunque es más que entendible que defiendan su negocio, no lo es la existencia y alto coste de algunas comisiones concretas. Como la comisión por ingreso en efectivo -3 euros- por ventanilla, cuya razón de ser es “que tienen que anotar el concepto”, y con la que buscan desterrar el movimiento de billetes y monedas. O la comisión -hasta de 39 euros- por los “números rojos”, motivada por “los gastos que conlleva avisar del descubierto”, y que esconde intereses usureros, porque el descubierto suele ser de escaso y de poco tiempo, sólo hasta que llega de nuevo la nómina: una cruz mensual para tantas familias. De hecho, ya hay alguna sentencia, aunque recurrida, que ha obligado a una entidad a eliminarla por completo.

Si las cosas están así, y el negocio bancario se va a sustentar cada vez más en las comisiones, qué menos que sepamos claramente con quién nos estamos casando. Y éste es el objetivo de la Directiva europea 2014/92/EU, sobre la comparabilidad de las comisiones, traslado de cuentas de pago y acceso a cuentas de pago básica, que ahora se está trasponiendo -con retraso- a nuestro ordenamiento jurídico. Según el Anteproyecto de Ley -en consulta pública hasta hace unos días- se determinará una lista normalizada de servicios financieros, común para toda Europa, y las entidades tendrán que informar a los consumidores de sus comisiones en cada uno de ellos.

La idea es que sean fácilmente comparables, por lo que se establecerá además un sitio web gratuito que permita confrontarlas: “Busque, compare y si encuentra algo mejor… cambie de pareja financiera”, porque otro objetivo de esta norma es que esta ruptura no sea en absoluto traumática.

Desertización financiera

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:46

TRIBUNA ECONÓMICA, 27/1/2017

Hace algunos años pasear por determinadas calles de ciudades españolas era como recorrer una feria financiera regional permanente. Podías encontrar una oficina de Kutxabank, junto a otra de Caja de Badajoz, alguna de Caixa Galicia, otra de Caja Duero, y muchas más de los diferentes bancos y cajas que en su origen tenían un carácter local o autonómico. Todos ellos se habían lanzado a establecer sucursales fuera de su ámbito propio movidas por el gran volumen de negocio financiero que por entonces generaba la economía. Al recorrer estas calles ahora es como si un huracán hubiera pasado llevándose a la mayoría, aunque persisten sus huellas: en las fachadas se observan todavía los huecos de los cajeros que en su día estuvieron operativos. Igual proceso, e incluso más intenso, se ha experimentado en los barrios de la periferia y en los pueblos, llegando en muchos de ellos a desaparecer por completo la presencia financiera. Y no es nada fácil vivir, incluso disponiendo de internet, en un desierto financiero.

El proceso de reestructuración del sector bancario en nuestro país ha sido muy intenso: de unas 50 entidades relevantes sólo quedan 14, con una concentración muy alta: Santander, BBVA y La Caixa acaparan el 50% del mercado. Se fueron uniendo unas con otras en sucesivas fases, desapareciendo prácticamente en el camino las cajas de ahorro y perdiendo en la mayor parte de los casos su identidad territorial. Paralelamente, la reducción de oficinas bancarias ha sido drástica: a nivel nacional, de las 46.118 oficinas bancarias de 2008 quedan 29.325 (-36,4%); en Andalucía, de 7.007, subsisten 4.689 (-33%). Y estos procesos siguen abiertos.

Para mucha parte de la población la nueva situación supone sólo una mayor molestia: las oficinas están más alejadas y hay colas en los cajeros. Pero para otros muchos ciudadanos significa tener que vivir sin asistencia financiera. Siempre han existido pueblos muy pequeños en esta situación pero en estos últimos años se están multiplicando: por ejemplo, en Huelva son 10.000 personas las afectadas; o en Granada, que de 172 municipios, 95 no cuentan con ninguna oficina bancaria.

Es cierto que por internet podemos solucionar muchas de las transacciones financieras, pero hay que disponer de conexión y hay que saber utilizarlo. Y por mucho que el uso de las tarjetas se esté imponiendo, el dinero físico es aún necesario. El colectivo más dañado es el de mayor edad y el de las pymes, sobre todo las turísticas, que se encuentran con esta dificultad añadida para llevar para adelante sus negocios. Se hace esencial, por tanto, buscar soluciones para acabar con estos desiertos financieros. Como mínimo dotarlos con un cajero y de un agente financiero autorizado. O, como ya se hace en algunos municipios, habilitar autobuses que periódicamente transporten a los ciudadanos a los pueblos vecinos o, al contrario, poner en funcionamiento oficinas ambulantes que los atiendan. Y un dato de otro sector a tener en cuenta: Telefónica, 100% privada, tiene la obligación de instalar una línea fija de teléfono al usuario que lo solicite, así viva en el cerro más escondido de las Alpujarras.

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