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La banca en la sombra

Carmen Pérez | 25 de enero de 2015 a las 10:09

Siete años hace ya que comenzó la crisis financiera. Los supervisores financieros se afanaron desde su inicio por identificar sus causas para buscar soluciones, de manera que no se volviera a sufrir en el futuro una inestabilidad financiera semejante ni se tuvieran que rescatar bancos con fondos públicos nunca más. Hace poco, en Chicago, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Vitor Constancio, con un discurso titulado Where to from here? (¿Hacia dónde vamos?), hacía una parada en el camino para recopilar los logros alcanzados y las cuestiones que aún quedan por resolver. Sus palabras muestran preocupación, cuestionando que pueda plantearse siquiera esa pregunta con todo lo queda por hacer: aún no estamos here, nos dice.

Que sí, que por supuesto se han llevado a cabo muchas reformas: una mejor supervisión, mayor coordinación internacional, aumento de los requisitos de capital, o nuevos ratios, por nombrar sólo algunas. Pero enseguida señala el fondo del problema. Estos mayores controles se aplicarán a la parte regulada del sistema, en su mayoría bancos, pero resulta que la actividad financiera desarrollada por estas entidades se está reduciendo estos últimos años -los activos totales del sector bancario han disminuido en Europa un 11% desde 2012- y, paralelamente, se está incrementando la de la denominada banca en la sombra, y ahí queda un mundo todavía por hacer.

La banca en la sombra comprende tanto numerosas instituciones de diverso tipo (fondos de inversión, brokers y dealers, y compañías financieras no bancarias), como determinadas operaciones financieras (préstamos no bancarios, titulización, repos y derivados over the counter, OTC, principalmente). Al respecto, lo primero que hay que destacar es que los bancos tradicionales no son ajenos ni a aquéllas ni a éstas: las fronteras son tan difusas que la banca en la sombra es en gran medida la sombra de la banca.

Por otro lado, muchas entidades, como las de leasing o factoring, se niegan a que se las incluya dentro de este saco, cuyo nombre tiene connotaciones peyorativas; otras muchas denuncian que son los bancos regulados los que están presionando y alarmando excesivamente porque no quieren que otras entidades se lleven una porción del negocio; los bancos, por su parte, denuncian competencia desleal y se quejan de que ellos están asfixiados con tantos requisitos y controles, y que éstos deberían hacerse extensivos a todos los que participan del negocio financiero, distinguiendo actividades y no tipo de entidades.

Las dimensiones que está adquiriendo este sector son enormes (para hacernos una idea, el patrimonio de la americana BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, equivale a casi tres veces el PIB de España), y no se dispone del conocimiento suficiente ni de estadísticas fiables sobre el mismo, por lo que se desconoce el riesgo potencial que se asume globalmente, los posibles riesgos de contagios y la intensidad de las vinculaciones con la banca regulada, que pudieran conducir a que de nuevo en el futuro tuviera que ser rescatada. Además, también los peligros acechan a los inversores minoristas que confían sus ahorros a estas entidades y actividades, haciendo necesario reforzar con urgencia las medidas de protección del inversor para evitar que puedan ser objeto de fraudes en masa.

Sin embargo, el crecimiento de la banca en la sombra también conlleva importantes ventajas. El negocio financiero que desarrollan está completamente desvinculado de la protección pública -a diferencia de los depósitos de los bancos regulados- y, por tanto, las pérdidas en las que se incurra habrán de ser absorbidas directamente por los inversores; proporcionan alternativas más rentables que los depósitos bancarios, especialmente interesante en el contexto actual de bajísimos tipos de interés; también, gracias al alto grado de especialización que mantienen pueden cubrir con mayor eficiencia necesidades financieras específicas; supone abrir e intensificar nuevos canales de financiación hacia la economía real, que complementen a los tradicionales bancarios; y, por último, contribuyen a diversificar el riesgo fuera del sistema bancario.

La regulación del sistema financiero recuerda al mito de la Hidra de Lerna, a la que Hércules le cortaba una cabeza y le salían otras dos. Con esta última crisis se le ha cortado la cabeza a los bancos, haciéndolos mucho más seguros, pero provocando el desplazamiento del negocio financiero hacia la sombra, y con ello nuevas cabezas que cortar en la lucha contra la inestabilidad financiera y por la protección de los inversores. Hércules contó con ayuda para vencer; Estados, empresas y particulares también podrían contribuir utilizando adecuadamente el sistema financiero: por un lado, evitando el endeudamiento excesivo; por el otro, invirtiendo con conocimiento, responsabilidad y sentido común, pero lo cierto es que en vez de quemar las cabezas, como se venció a la Hidra, a veces las alimentamos.

La clave está en los depósitos

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:25

LOS bancos dependen en gran medida de los depósitos, y necesitan, por ello, que estén fuera de todo riesgo. La directiva europea garantiza los depósitos de todos los europeos hasta un máximo de 100.000 euros. En España, esta norma está recogida en el decreto que regula el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). También, en esa línea, se están discutiendo los principales términos para las resoluciones y liquidaciones bancarias del futuro Sistema Único de Resolución Europeo (segundo pilar de la Unión Bancaria Europea): accionistas, tenedores de preferentes y obligaciones subordinadas, bonistas y finalmente depositantes con saldos superiores a 100.000 euros será el orden que regirá a la hora de afrontar las pérdidas.

Pero lo de Chipre ha venido a remover estas aguas. Tanto, que los bancos españoles, a través de la Asociación Española de la Banca y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, piden al Gobierno que los depósitos no figuren en ninguna norma relacionada con futuros rescates. Por pedir, piden que sean todos los depósitos los asegurados, sean cuales sean sus importes.

Por su parte, los gobiernos necesitan que el sistema financiero sea estable, que funcione adecuadamente y que sepa atender a la economía real. También ellos están interesados en que los ahorradores estén completamente tranquilos con sus depósitos. Pero, si les toca asumir la protección, ¿qué pueden exigir a cambio? Es verdad que los bancos se ven obligados a realizar unos desembolsos en función del volumen de depósitos al FGD, pero parece lógico pensar que estas cuantías las terminan aportando implícitamente los usuarios financieros, por lo que se convierte así en un impuesto más y los bancos actúan sólo de instrumento recaudador, sin afectarse. Por otra parte, no pueden exigirles que cumplan su función y que concedan más crédito a pymes y a familias, aspecto fundamental para conseguir la recuperación económica. La economía no está para mucha confianza y los bancos piden que sea el Estado el que asuma parte de la morosidad derivada de las operaciones formalizadas con lo que vuelve a salir a relucir otra vez la ayuda pública.

Se necesitan mutuamente, pero la relación dista mucho de estar compensada. Los bancos, como empresas privadas que son, se orientan buscando su beneficio propio, y los gobiernos, por su parte, deben velar por el interés público: ¿cómo ponerle el cascabel a este gato?

Todos los esfuerzos se concentran en evitar a toda costa que esta protección tenga que entrar en funcionamiento. Normas y normas para que no llegue ese momento, pero ya hemos visto -la crisis lo ha dejado bien claro- que en el pasado fueron insuficientes. En este sentido, la intención con el futuro Fondo Europeo para rescatar bancos en dificultades y con el Fondo Único de Depósitos (tercer y cuarto pilar de la Unión Bancaria Europea) es que proporcionen seguridad pero que nunca tengan que ser utilizados.

Sin embargo, meter en cintura a este sector que desarrolla una función tan primordial no es nada fácil. La banca presenta un tamaño descomunal y mantiene una estructura compleja llena de entidades de diferentes tipos con multitud de relaciones entre ellas, con un entramado que propicia la oscuridad y el efecto dominó. Es cierto que se están haciendo considerables esfuerzos en este sentido; así, con el diseño de una nueva arquitectura de supervisión financiera europea y con el Sistema Único de Supervisión (primer pilar, ya en marcha, de la Unión Bancaria Europea) se persiguen una mayor coordinación, tanto de índole geográfica como de índole funcional, y una vigilancia especial para las grandes entidades, las que pueden provocar importantes efectos en cascada.

Pero dos características fundamentales de este sector lo hacen difícilmente controlable. Primera, que es un sector en el que se opera a una velocidad de vértigo, el desarrollo espectacular de la técnica lo ha propiciado. Como bien dice Jean Pisani-Ferry: “Los políticos se mueven a la velocidad de la democracia; los mercados, a la de internet”. Segunda, que la imaginación financiera es fabulosa porque el dinero, sin duda, la excita. Se innova en todos los campos: en los productos, en las nuevas maneras de operar, en la formas de comercialización, etcétera.

Los bancos siempre sabrán encontrar rendijas por las que escaparse de las redes que le tiendan los gobiernos, por muy tupidas que éstas sean. No parece haber duda de que el control sobre la banca es una carrera en la que los gobiernos irán siempre a la zaga. Pero hay que seguirlos de cerca: sin aleaciones raras entre ellos, gobiernos y bancos, que no dejen ver claro o que terminen subordinando los intereses públicos a los privados de ambas partes; y con actuaciones firmes y rápidas, que permitan impedir que sea el contribuyente con sus recursos el que finalmente pague sus tropezones.

Publicado el 13 de mayo de 2013.

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ICO, bancos y pymes

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:14

EL Instituto de Crédito Oficial, ICO, como agencia financiera del Estado que es, tiene entre sus funciones desarrollar aquellas parcelas del negocio financiero que el sistema privado no atiende adecuadamente. Siempre, aunque ahora más que nunca, el crédito a las pymes ha sido objeto especial de atención por parte de esta entidad, a través de las diferentes Líneas ICO. Sin embargo, sus buenas intenciones no llegan completamente a buen puerto. Hasta junio, de los 22.000 millones de euros puestos a disposición de estas líneas para todo el año 2013, el ICO sólo ha concedido 4.284 millones, lo que supone menos del 20% del presupuesto total. Es más, respecto al año anterior, significa un 47,3% menos. El ICO pone los recursos, las pymes están sedientas de financiación, y, sin embargo, las Líneas ICO no se cubren. La explicación a este hecho hay que encontrarla en la propia configuración de la concesión de estos préstamos.

Esta función de asistencia a las pymes la lleva a cabo esta institución de forma mediada, es decir, el ICO no estudia y concede las operaciones directamente sino que se apoya en la red de sucursales de la banca comercial. Así, las pymes acuden a las entidades financieras privadas, a las oficinas que tienen próximas a sus instalaciones, en busca de financiación; ellos, los bancos, son los que realizan el análisis de riesgo, deciden la aprobación de la operación y la canalizan -si las condiciones se ajustan- a través de algunas de las Líneas ICO en vigor, con condiciones financieras, en plazos y tipos de interés, más favorables.

Por otra parte, se ha comentado hasta la saciedad la falta de liquidez de las entidades financieras, y se ha aducido esta causa como explicación de la falta de funcionamiento del mercado de crédito a las pymes; sin embargo, las cosas son más complejas. El Banco Central Europeo lleva años potenciando instrumentos para solventar ese problema que se puso tan de manifiesto al estallar la crisis financiera; hasta se ha criticado en muchas ocasiones la barra de liquidez que había puesto a disposición para la banca. Por esto, el que el ICO aporte los recursos es importante, no cabe duda, pero no resuelve la cuestión principal: ¿quién asume finalmente el riesgo de la operación?

Ahí reside la clave: la banca asume el riesgo. Evidentemente, así se consigue la total rigurosidad en la concesión de operaciones. La otra posibilidad, esto es, que fuera el ICO la que asumiera el riesgo, resultaría nefasta; de hecho, se experimentó con la Línea ICO directo, obteniendo altísimas tasas de morosidad. Pero es también más que comprensible que los bancos entonces sólo acepten entrar en aquéllas que sean, desde el punto de vista financiero, totalmente claras, porque son los que tendrán que asumir las consecuencias si no evolucionan de forma favorable.

Dada esta circunstancia, el ICO ha tratado de mejorarla completando la configuración de estas operaciones con la participación de las sociedades de garantía recíproca, SGR. El objeto social de estas entidades es conceder avales a las pymes para que consigan la financiación que necesitan; para ello, están apoyadas por recursos públicos procedentes de las diferentes administraciones -fundamentalmente por los gobiernos autónomos, y por el Estado, a través de la Compañía Española de Reafianzamiento, Cersa-. La banca, con el aval de una SGR, elimina por completo el riesgo de la operación. Si el ICO aporta los recursos, y la SGR asume el riesgo, la banca sólo juega en estas operaciones un papel instrumental.

Lo que debe quedarnos claro es que aunque existe una enorme necesidad de que se conceda más crédito a las pymes, no es buena solución rebajar la rigurosidad en la concesión de operaciones. Por muy duro que resulte reconocerlo, los bancos tienen razón en ser reacios, no está la coyuntura para mucha confianza. Tampoco conduce a ninguna parte que el ICO financie proyectos no viables, adoptando un voluntarismo absurdo. Resulta paradójico pero para que la economía salga del pozo en el que está hace falta crédito; pero para que el mercado de crédito florezca de nuevo hace falta, a su vez, que la economía se recupere. Y puede que esté este círculo virtuoso se esté poniendo en marcha: desde marzo la concesión de préstamos de las Líneas ICO está experimentando una considerable aceleración.

(Publicado el 15 de agosto de 2013)

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Poner a la banca en su sitio, pero bien

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 19:05

DACIÓN en pago, presión para que concedan más crédito a pymes y familias y la tasa a las transacciones financieras o tasa Tobin son tres frentes abiertos contra la banca. Pero a la banca, como a ningún negocio, no hay que decirle cómo hacer su trabajo, ni hay que penalizarla por realizarlo. Sin embargo, todos percibimos que este sector disfruta de privilegios -la cuantiosa ayuda pública recibida estos últimos años habla por sí sola- que producen, con razón, nuestro rechazo. Ninguna de estas medidas son las adecuadas para poner bien a la banca en su sitio, pero hay otras muchas que ni siquiera se nombran.

La dación en pago con efecto retroactivo provocaría una conmoción en nuestro sistema financiero: ¿cuántos no nos acogeríamos a esta medida dados los precios actuales de la vivienda e incluso la imposibilidad de venderlas a ningún precio? Y si se cambia la legislación para el futuro tampoco constituiría ningún éxito: sería simplemente un cambio de las reglas de juego y la banca recalcularía su posición para ofrecer un porcentaje mucho menor en la financiación de la vivienda, en la que ya iría descontada esta posible eventualidad. La ayuda pública es ahora necesaria para asistir a las familias que realmente están en situación crítica, y sería necesaria para que pudieran comprar las viviendas en el futuro.

Con la tasa Tobin -también conocida en la actualidad como tasa Robin Hood- se pretende penalizar a la banca mediante la imposición de comisiones a las transacciones financieras. Pero hay que ser muy ingenuo para no ver quién terminaría finalmente pagando las comisiones. Las operaciones bancarias se encarecerían y la tasa Tobin se convertiría así en un impuesto más del Estado a los usuarios financieros. Los bancos actuarían sólo de instrumento recaudador, sin sufrir sus efectos.

La presión para que concedan más crédito a pymes y a familias consiste en obligarle a rebajar su rigurosidad en la concesión de operaciones. Es totalmente cierto que en los últimos años la banca no ha estado cumpliendo una de las funciones primordiales que deben desempeñar en un sistema financiero: facilitar financiación a la economía real. Pero, por muy duro que resulte reconocerlo, tienen razón en ser reacios, pues no está la economía para mucha confianza. Piden que sea el Estado, con las líneas ICO, el que asuma parte de la morosidad derivada de las operaciones formalizadas, con lo que vuelve a salir a relucir otra vez la ayuda pública.

Hay que dejarse de milongas e ir derechos al grano. Las medidas para acabar con los privilegios de la banca son otras, mucho más radicales, que atacarían la esencia misma del sistema. Lo cierto es que ni se contemplan, y cuando se hace, siempre de forma tímida, al poco tiempo se relajan y se dilatan en el tiempo. Lo hemos visto con las mayores exigencias que desde Basilea III se articularon recientemente, y dónde han ido a parar. Tampoco se le mete el diente al gran problema de este sector: captan el dinero del público mediante los depósitos -dinero que multiplican enormemente- y con ello consiguen que los Estados sean sus siervos. Éste es el telón de fondo privilegiado con el que actúa la banca: un apoyo público implícito e incondicional de atenderlos si las cosas van mal. Aquí es donde habría que actuar con contundencia.

La entidad que se dedique a esa función tan primordial en un sistema financiero como es la captación del ahorro mediante depósitos -garantizados por la administración pública, formalmente hasta 100.000 euros, realmente en su totalidad-, debería estar sujeta a unos controles exhaustivos y tener completamente prohibidas las operaciones especulativas. La separación de la banca comercial y de la banca especulativa: ahí está una de las claves para acabar con la servidumbre. Curiosamente, sólo se han oído voces en este sentido desde los países anglosajones, que no están a favor ni de la tasa Tobin, ni de cambiar las reglas del juego a posteriori (los americanos funcionan desde siempre con la dación en pago), ni contemplan decirle a la banca qué tiene que hacer. Es verdad que, recientemente, un grupo de expertos -encabezado por el gobernador del Banco de Finlandia, Erkki Liikanen- han planteado que se obligue a los bancos europeos a separar ciertas actividades de inversión de alto riesgo de la banca comercial para evitar futuras crisis y blindar a los contribuyentes y ahorradores, pero la Comisión Europea se muestra cautelosa y, en todo caso, esperará a septiembre para presentar una propuesta.

Capitalismo, sí, pero con todas sus consecuencias: el que capte depósitos, que se someta a normas rigurosas; el que quiera riesgos y falle, que caiga. Y si no están dispuestos, que sea el Estado el banquero, que para eso es el que arriesga.

Publicado el 18 de marzo de 2013.

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