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Sin prisas con Bankia

Carmen Pérez | 28 de diciembre de 2017 a las 11:16

TRIBUNA ECONÓMICA, 22/12/2017

Estos años pasados han sido bien intensos. Las hipotecas subprime, el pinchazo de nuestra burbuja inmobiliaria, la intervención de las cajas, la angustiosa prima de riesgo, el informe Oliver Wyman, el rescate o la firma del Memorándum de entendimiento, por citar sólo algunos acontecimientos que nos han tenido en un continuo ay financiero. Tras tantas y tantas turbulentas circunstancias nos encontramos finalmente siendo propietarios de un 67% de Bankia, la cuarta entidad financiera en España. Y ya que los avatares de la vida nos han llevado hasta esta situación, ahora deberíamos pensar tranquilamente, sin prisas, cómo tratarla.

Desde luego, no quedárnosla, como quieren algunos, como arma política para el desarrollo económico, atender a los más desfavorecidos o prestar a las pymes sin el rigor financiero adecuado. Sería ésta una forma estupenda de verla de nuevo quebrada. Tampoco, como otros reclaman, para paliar la desertización financiera que muchas poblaciones españolas están sufriendo: en la solución a este problema debe implicarse toda la banca. Pero sí podríamos quedarnos con Bankia para ganar dinero. El tiempo necesario hasta que recuperemos hasta el último euro. Y mientras, que sigan entrando en las arcas públicas sus dividendos.

A Bankia se le inyectaron 22.424 millones de euros públicos. Con las ventas de acciones de 2014 (7,5%) y de la semana pasada (7%) junto con los dividendos percibidos se han recuperado unos 2.600 millones de euros. Y se está preparando otra venta del 20% para el primer trimestre de 2018. No se debería hacer a cualquier precio. Las perspectivas para la entidad son buenas. Es muy solvente, ha ganado con la integración del Banco Mare Nostrum, ha reestructurado la red de oficinas y la plantilla, y sus beneficios están aumentando, y más que lo harán si las subidas de tipos de interés comienzan.

Aunque el plazo impuesto por la Comisión Europea para estar completamente fuera de Bankia es diciembre de 2019, podría ampliarse si fuese necesario. Sería cuestión de negociarlo. Sólo tenemos que fijarnos en los italianos, expertos en cómo negociar en Europa con éxito, especialmente con el sector bancario. Es más, no parece un obstáculo insalvable cuando Jaime Ponce, el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, ha asegurado esta misma semana la flexibilidad de este plazo.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo apremian al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, a que acelere su privatización. La razón que aducen es que se tiene que acabar con la distorsión que supone tenerla operando bajo la protección del Estado, como si hubiera algún banco hoy en día que opere fuera de ese paraguas. El actual equipo de gestión ha conseguido en cinco años que Bankia sea eficiente y solvente, con una rentabilidad que supera el 8%. Tampoco ellos quieren que después del esfuerzo se venda la entidad regalada, ni poco a poco ni completa a otro banco español o europeo. Jaime Ponce también ha asegurado esta semana que “No se va a hacer una venta forzosa si las condiciones no son las adecuadas”. Habrá que estar vigilando que cumpla su palabra.

¿Es necesario un banco público andaluz?

Carmen Pérez | 4 de diciembre de 2014 a las 20:37

LA crisis económico-financiera fue como un terremoto para nuestro sistema financiero, terremoto que además de sus efectos propios puso de manifiesto las debilidades que el sistema ya tenía, derivadas de un inadecuado desarrollo mantenido durante largos años. Consecuentemente, el sistema ha experimentado una intensa reestructuración, produciéndose una reorganización de las entidades que lo componían hasta originar un modelo nuevo: más concentrado, con una organización territorial muy distinta, y de una naturaleza más homogénea, con la conversión casi completa de las cajas de ahorros en bancos. No se le ha dejado caer, cuantiosos recursos públicos se han invertido y han evitado su debacle, pero las modificaciones y saneamientos realizados no han conseguido que el nuevo sistema vuelva a cumplir una de las principales funciones que tiene encomendada: financiar a las pymes.

Pero si en este diagnóstico, agudizado en nuestra región, no hay discrepancias, sí que existen en las propuestas para solventarlo. El informe presentado ante al Parlamento andaluz por el grupo de trabajo que se constituyó al efecto así las refleja. IU-LV-CA, de quien partió la iniciativa, se muestra favorable a la creación de un banco público andaluz de carácter universal que palíe el problema. PSOE y PP, sin embargo, apuestan por potenciar una serie de instrumentos de apoyo a la financiación de las pymes que existen en nuestra comunidad y a poner en marcha algunos otros con pocas dificultades de implantación, aunque es cierto que el PSOE quiere dejar abierta la otra alternativa para el largo plazo.

La propuesta de IU-LV-CA, al margen del debate, que no es menor, de si queremos caminar hacia una administración pública de mayor tamaño, es una solución muy complicada. Ellos mismos son conscientes de las grandes dificultades que habría que superar, por los numerosos trámites que hay que cubrir para conseguir una ficha bancaria, por la falta de recursos que existen en la actualidad con los que dotar a este banco, y por el alto coste de financiación que tendría la entidad, dada la calificación crediticia actual de la Junta de Andalucía. La solución tardaría en llegar cuando el problema a resolver es acuciante, y además sería costosa.

Por otra parte, este banco público tendría que tener una dimensión considerable porque para proporcionar financiación a las pymes, y más en un contexto de crisis como el actual, la proximidad es muy importante, y acceder a la operativa de circulante de las empresas es vital para un correcto seguimiento de las operaciones, por lo que sería necesario una infraestructura poderosa que contara con numerosas sucursales repartidas por todo nuestro territorio.

En nuestra comunidad existen dos sociedades de garantía recíproca, Suraval y Avalunión, en las que la Junta de Andalucía es socio principal, cuya función es dinamizar el mercado de crédito mediante la otorgación de avales a las pymes, consiguiendo un importante apalancamiento de los recursos públicos; existen en la actualidad una docena de fondos reembolsables de carácter sectorial para este fin, con una dotación presupuestaria de unos 1.500 millones de euros, y con una ejecución aún muy escasa; disponemos de una entidad pública regional de capital riesgo, Invercaria, y de varias de carácter provincial; se pueden potenciar las redes de business angelsexistentes; es posible promover plataformas de crowdfunding; se puede incentivar a nuestras pymes de mayor tamaño para que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil, MAB, o para que emitan títulos en el Mercado Alternativo de Renta Fija, MARF; buscar alianzas con el Instituto de Crédito Oficial, ICO, con la Empresa Nacional de Innovación, Enisa, con el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDT, o el Banco Europeo de Inversiones, BEI; y tenemos un Instituto de Finanzas que puede empezar a operar en cualquier momento, al que se le pueden reorientar sus funciones para que acoja todo este conjunto de medidas, las coordine y las canalice de forme eficiente.

El estrepitoso fallo del mercado exige la intervención pública, no hay duda en ello. Tampoco puede dudarse de que en cualquiera de las soluciones posibles es absolutamente necesario que las operaciones financieras se analicen y se decidan con el mayor rigor financiero, dejando para la decisión política exclusivamente la asignación global de fondos. En el pasado han sido amargas las experiencias en las que la aprobación de las operaciones se ha realizado bajo criterios no estrictamente profesionales sino a instancias de la iniciativa pública, y, sin embargo, una estrecha colaboración público-privada en este campo está dando buenos resultados. En definitiva, y dadas las circunstancias actuales, el sentido común parece señalar con claridad que reciclar y vitalizar lo que ya disponemos es la solución más idónea, y que el banco público andaluz, cuanto menos, debería esperar.

Publicado el 17 de marzo de 2014.