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Se vende

Carmen Pérez | 25 de mayo de 2017 a las 18:28

TRIBUNA ECONÓMICA, 19/5/2017

Finalmente, el banco Popular ha colgado el cartel de Se vende. Quiere que la operación se cierre antes del 10 de junio, según JP Morgan, la entidad encargada de recoger las ofertas de los posibles compradores. Aunque esto no concuerda con la comunicación de hecho relevante remitida el 16 de mayo por Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores: que sólo se trata de explorar el mercado, que “no se ha adoptado decisión definitiva”, y que las propuestas no son vinculantes, pero que en todo caso servirán para sopesar las distintas alternativas. Entre ellas, la que ya estaba sobre la mesa: la ampliación de capital. Pero lo cierto es que cualquier cosa puede pasar, incluso que cuando se lean estas líneas la venta ya estuviera cerrada.

Lleva mucho tiempo buscando soluciones: cambios en su cúpula directiva, venta de filiales y participadas… El deterioro de la entidad es constante: la cotización de la acción de Popular ha mantenido una tendencia bajista estos últimos años; los depósitos de los clientes también bajan. Se adentró en el sector inmobiliario tarde, en el peor momento, cuando estaba más caro. Y esas operaciones han ido dando la cara: 36.800 millones de activos problemáticos, entre créditos y activos adjudicados. Imposible salir de ahí solo, y menos en el contexto actual de baja rentabilidad bancaria.

Datos de esta situación, así como los relativos a importantes litigios pendientes, o de los niveles de solvencia, fueron puestos a disposición de las grandes entidades bancarias la semana pasada para que pudieran definir qué se haría con él, y a qué precio estarían dispuestas a pagarlo. Santander y Bankia han dado un paso al frente, y desde el martes figuran en la primera lista de interesados en comprarlo. Lo que no quiere decir que algún otro, nacional o extranjero, pueda añadirse al carro.

La sorpresa ha sido lo de Bankia. Una entidad que tiene que pedir permiso al Banco Central Europeo para cada operación corporativa que haga. A la que Bruselas tiene fecha puesta para que sea privatizada. Y que ahora está inmersa en la fusión con BMN, la otra entidad nacionalizada. Pero cuando a una propiedad se le pone el cartel de Se vende su valoración cada día que pasa queda perjudicada. Es posible que no haya compradores en firme, o que quieran comprarlo a precio demasiado de saldo. Y que pase el tiempo, y que la ayuda pública empezara a ser necesaria. Todo induce a pensar, que participando en el proceso, si hiciera falta, ahí estaría Bankia, que al comprar Popular estaría nacionalizándolo por la puerta falsa. Y, en todo caso, es un aviso para navegantes.

Si al final compra Bankia, la banca pública quedaría reforzada, pasaría a ser el mayor banco de España. Añadir al Popular, con 1.600 oficinas, también tendría más ventajas, porque este banco tiene una situación privilegiada en el mercado de créditos a la pequeña y mediana empresa, con casi el 18% de la cuota de mercado. Lo mismo, con la buena y profesionalizada gestión que está llevando, cuando llegue la fecha -antes de final de 2019-, hay que decirle a Bruselas que no queremos recuperar la ayuda pública, ¡que nos quedamos con Bankia!

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La verdad sobre el caso Bankia

Carmen Pérez | 1 de marzo de 2017 a las 14:38

TRIBUNA ECONÓMICA, 17-2-2017

Ésta es la misión del juez Andreu, encontrar la verdad sobre la salida a Bolsa de Bankia. Bien difícil lo tiene, porque no debe valorar a toro pasado, sino remontarse a ese momento y valorar en aquella fecha, cuando el futuro era incierto. No sólo Bankia, casi todas las cajas tenían sus balances cuajaditos de activos inmobiliarios que cada vez valían menos; con una morosidad que iba in crescendo; desarrollando su actividad en una economía tan deteriorada que había secado el negocio financiero; y sometida a un listón de solvencia que el Comité de Supervisión de Basilea iba progresivamente subiendo.

La dificultad de valorar se observó con los test de estrés que se aplicaron a los bancos europeos: arrojaban unas necesidades de capital para un escenario adverso, y en la siguiente tanda de test -a los pocos meses- los recursos necesarios eran mucho mayores, porque el escenario adverso ya no era una horrible posibilidad, era lo que se estaba viviendo. El proceso destructivo se conocía: la intensidad y la duración del mismo, complicado saberlo.

Las soluciones que se tomaron para resolver el problema de las cajas fueron todas a la desesperada, obligándolas a convertirse en bancos, a emitir preferentes, y a fusionarse entre ellas, como si con el tamaño la insolvencia se disolviera. Bankia, resultado de la fusión fría de siete cajas, necesitada de recursos, tomó la controvertida decisión de salir a Bolsa. Y no se acudió sólo a inversores institucionales, con capacidad propia para enjuiciar los riesgos, sino que se involucró al inversor pequeño, utilizando la red de sucursales y con una gran campaña publicitaria: con 1.000 euros basta. Ahora se tendrá que determinar si se manipuló la situación real de la entidad y cuáles eran exactamente las previsiones que se manejaban. En definitiva, si se utilizó a conciencia al inversor minorista, si hubo o no hubo estafa.

Casi cinco años después de aquel toque de campana, la Audiencia Nacional ha obligado al juez por “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” a tomar declaración como investigados a los que autorizaron esa decisión: al gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al subgobernador, Fernando Restoy y a toda la cúpula del Banco de España de aquella etapa. También tendrá que declarar Julio Segura, el presidente por entonces de la CNMV.

Estas imputaciones son consecuencia de los famosos correos de José Antonio Casaus, inspector del Banco de España, en los que manifestaba a sus superiores serias dudas sobre la conveniencia de la operación, porque “podía suponer grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”. Resulta difícil admitir que desoyeran sus advertencias. Más bien invita a pensar que los supervisores recibieron presiones políticas para que aceptaran. Con los 3.092 millones de euros que se captaron se calmó el problema un tiempo, pero finalmente se impuso la realidad técnica, fría y calculada de Casaus, y 22.424 millones de euros del contribuyente se destinaron a nacionalizar Bankia. Que se llame también a Elena Salgado y José Luis Rodríguez Zapatero, ministra de Economía y presidente del Gobierno por entonces: sus declaraciones son necesarias para que la verdad sobre el caso Bankia sea desvelada.

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Cartas develadoras

Carmen Pérez | 9 de noviembre de 2016 a las 11:20

TRIBUNA ECONÓMICA, 21710/2016.

Las cuatro cartas -correos electrónicos- enviados por un inspector del Banco de España a su superior en 2011, y que han salido a la luz ahora en el trascurso del juicio del caso Bankia, desprenden la autenticidad de algo que se ha escrito en confianza, informalmente, manifestando la opinión sincera de lo que él y su equipo habían concluido tras el análisis de viabilidad realizado a BFA-Bankia. Se expresa con la seguridad de un experto, dándose cuenta de la gravedad del problema: “Os recomiendo la impresión y la lectura tranquila porque en pantalla es aún más difícil de digerir”, con honda preocupación por encontrar una solución que evite -lo repite machaconamente- el coste para el contribuyente: “Estoy resultando muy pesado, pero la trascendencia del asunto es tal que merece la pena pasar por pesado”.

El análisis técnico realizado le lleva a mostrar serias dudas sobre que la solución fuera la salida a bolsa de Bankia; en todo caso, recomienda, debería salir como banco único, porque “con la estructura de banco doble no funcionará”, y añade una serie de precauciones a tomar por si finalmente se hiciera. Además, propone otra alternativa, “la definitiva y la óptima”: su venta a un tercero, con coste cero para el contribuyente. Pero sobre ella comenta: “Otra cosa es que los políticos que gestionan Bankia no quieran explorar esta vía para no perder sus poltronas ni su herramienta de financiación”. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez -de hulio 2006 a junio de 2012-, terminó meses después autorizando la salida a bolsa.

No es la primera vez que conocemos que la inspección diagnosticó certeramente y no se le tuvo en cuenta. Pasó con las repetidas advertencias sobre la burbuja inmobiliaria que se estaba formando y la petición de que se actuara al efecto. Fue en una carta de 2006, que saltó a la prensa en 2011, de la asociación de inspectores del Banco de España, enviada al Ministerio de Economía ante la impotencia de hacer reaccionar a la cúpula supervisora ante el tsunami que se venía encima. Advertía de la elevadísima concentración en el sector inmobiliario y del altísimo nivel de dependencia de los capitales externos; y acusaban al gobernador, Jaime Caruana -de julio de 2000 a julio de 2006-, de obviar los desequilibrios, de minimizar el riesgo latente y de ignorar las previsibles consecuencias para el sistema económico y para numerosas familias.

Estas cartas ponen de manifiesto que la independencia del Banco de España no era real, aunque por sus estatutos lo fuera. Ya no volverá a pasar, a los gobernadores de los bancos centrales nacionales se les han quitado competencias, la supervisión de los grandes bancos -en España, prácticamente todos- se hace en Europa, en el Mecanismo Único de Supervisión, dentro del BCE. Acabar con las poco fiables y politizadas supervisiones nacionales era esencial si se quería avanzar hacia una Unión Bancaria, para llegar a compartir juntos los riesgos de cualquier banco europeo. Nuevas cartas en el futuro nos develarán lo que ahora se está debatiendo sobre Deutsche Bank, Caixa Geral o Monte dei Paschi di Siena. Esperemos que nos muestren que la confrontación de los intereses políticos nacionales consiguió que se atendieran las opiniones de los expertos.

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