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Gresca en Basilea

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:41

TRIBUNA ECONÓMICA, 13/1/2017

Desde que comenzó a funcionar en 1975, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha venido acordando un marco de normas mínimas que garanticen la solvencia de los bancos y la estabilidad financiera a nivel global. Así, los acuerdos de Basilea I, II y III se han ido trasladando -en sí mismos no son vinculantes- a los respectivos regímenes jurídicos nacionales sin mayores complicaciones. Sin embargo, con los últimos cambios que ha propuesto el Comité ha saltado la gresca: los bancos europeos -alemanes, franceses y holandeses- denuncian que las modificaciones benefician a los americanos. Sería la primera vez que las decisiones de este Comité se boicotearan. Pero, además, esta polémica, más allá de las cuestiones técnicas, deja traslucir una vez más las complejas relaciones entre lo público y la banca.

El motivo de la disputa es el cálculo del coeficiente de solvencia. Inicialmente la medición del riesgo de los activos era muy simple, un modelo estándar, a base de compartimentos estancos. Pero en un acuerdo posterior se intentó afinar su cálculo para que fuera más sensible al riesgo, permitiendo que las entidades aplicaran unos modelos internos de gran complejidad estadística, que desarrollaban ellas mismas basándose en sus experiencias históricas. La propuesta actual es una vuelta a la sencillez, restringir el uso de los modelos internos y, en todo caso, que el ahorro máximo de capital con ellos sea limitado. Por tres motivos: se duda de que estos modelos midan correctamente los riesgos; se desconfía de los bancos, de que aprovechen la complejidad para presentar una imagen de solvencia mayor de la que disfrutan realmente; y tampoco se confía en que puedan ser supervisados adecuadamente, porque son cada vez más complicados.

137.000 millones de euros serían las necesidades de capital estimadas para los bancos europeos, especialmente los alemanes, franceses y holandeses, que han utilizado en mayor medida estos modelos internos. Ante esto, se han metido en la pelea, a defender a “los suyos”, los ministros de finanzas de esos países, implicando incluso a la Comisión Europea, cuyo vicepresidente, Valdis Dombrovskis, ha exigido enérgicamente que se revisen esas medidas porque, si no, la UE no dará su apoyo al acuerdo.

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, que aboga por preservar el uso de los modelos internos, pero que también acepta la posibilidad de incluir ciertas limitaciones, sin que ello derive en una estandarización excesiva, está mediando: “No nos podemos permitir un escenario de no acuerdo”. Estaba previsto que se resolviera el conflicto durante este mes de enero, aunque hace unos días se publicó un comunicado señalando que se necesita más tiempo. Pero, con independencia de cómo termine, esta gresca está evidenciando -una vez más- las interrelaciones del poder político con sus bancos: la configuración actual de nuestro sistema bancario conlleva que la falta de solvencia de los bancos se convierta inmediatamente en un quebradero de cabeza para sus respectivos Estados. Ya lo dijo Mervyn King, ex gobernador del Banco de Inglaterra: “Los bancos son mundiales en su vida, pero nacionales en su muerte”.

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Riesgo soberano

Carmen Pérez | 2 de diciembre de 2015 a las 8:34

Las regulaciones a veces esconden normas con las que se protegen determinados comportamientos que con el tiempo pueden mostrarse inconvenientes. El Banco Central Europeo, y concretamente Danièle Nouy, la presidenta del Mecanismo Europeo de Supervisión, MUS, quiere cambiar la regulación bancaria para romper el fuerte nexo entre los estados y los bancos radicados en su territorio. Las modificaciones se centran en el tratamiento del riesgo soberano en dos sentidos: uno, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, norma que ya Aristóteles enunciara para definir lo que entendía por justicia; y dos, respetar el sagrado principio financiero de la diversificación de riesgos.

La regulación bancaria se establece por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, organización internacional que persigue que todos los bancos del mundo se atengan a las adecuadas, y las mismas, reglas de juego. No todos los estados son iguales de fiables para comprarles sus bonos soberanos, las notas que les otorgan las agencias de calificación marcan las diferencias. Así, una Caa1 de Moody’s, como la que tiene Argentina, indica riesgo sustancial, o la Aaa, de Alemania, es propia de un país completamente solvente. Y por ello Basilea señala que los bancos tienen que valorar el riesgo que asumen con los bonos soberanos y respaldarlo con cierto nivel de capital.

Pero la flexibilidad contenida en esa norma fue utilizada por la Comisión Europea para permitir que los bancos europeos puedan considerar los bonos soberanos de todos los países europeos como triple A y, por tanto, que no consuman capital alguno. Antes de la crisis a los bonos soberanos europeos se les consideraban activos carentes de riesgo, pero ahora las cosas son distintas, y aunque es cierto que la mayoría emiten deuda de buena calidad y que las políticas del BCE han rebajado el apetito por la deuda pública, los bancos tendrían que invertir miles de millones en reforzar su capital para cumplir esta obligación. En concreto, la banca española mantiene en cartera 186.340 millones de euros de deuda pública, y nuestra calificación por Moody’s es de Baa2, por lo que sería de los países en los que su banca tendría problemas.

Por otra parte, Basilea también fijó un límite para que la exposición de riesgo de un banco con un mismo -cliente- no pudiera exceder el 25% de los fondos propios netos de la entidad. Se pretende ahora que esta limitación se haga extensiva a los estados, de manera que un banco no pueda acumular de manera ilimitada bonos de un mismo país. La realidad actual es que los bancos suelen ser el principal inversor y tenedor de los títulos emitidos por el Tesoro del país al que pertenecen. Si tenemos una moneda única y una Unión Bancaria, tiene sentido exigir una diversificación del riesgo también en términos de exposiciones soberanas.

El BCE no está solo en esta batalla, el Bundesbank lo alienta; su consejero, Jens Wiedmann, ha declarado recientemente que no hay tiempo que perder, que es más importante que los bancos financien a empresas y particulares que a sus soberanos, y que el trato regulatorio preferente asignado a la deuda soberana, pese a la resistencia de algunos países, debe revisarse: los bonos estatales deben estar respaldados con una cantidad de capital adecuada al riesgo y hay que poner coto a la financiación que los tesoros obtienen de los bancos.

La lógica de estas reivindicaciones es incuestionable, y con seguridad en el futuro se atenderán, pero significan una nueva ocasión para que Alemania se considere desigual de sus socios europeos, que trasluzca su desconfianza hacia ellos ante la perspectiva de compartir riesgos que conlleva finalizar la Unión Bancaria. Si los sintiera iguales, que es de lo que se trata si se quiere construir una verdadera Unión Europea, reivindicaría con la misma fuerza otras medidas, como la emisión de bonos soberanos europeos, que de seguro estarían calificados triple A, y abarataría el coste de financiación de los Estados miembros. Como hemos hecho en España, que el Tesoro Público se está haciendo cargo de financiar la deuda de las comunidades autónomas, que sentimos como iguales a pesar de sus dispares calificaciones crediticias, para aliviarles carga financiera.

Y es que el comportamiento de Alemania siempre recuerda a los leones de la fábula de Antístenes, que Aristóteles narra en su tratado de Política, que preguntan irónicos cuando un grupo de liebres reúne a los animales para reivindicar la igualdad de todos ellos: ¿dónde están vuestras garras y vuestros dientes, liebres? Es lo que hay, por el momento.