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Préstamos verdes: ¿aire limpio o riesgo bancario?

Carmen Pérez | 25 de enero de 2018 a las 18:25

TRIBUNA ECONÓMICA, 19/1/2018

La Cumbre One Planet, que el pasado 12 de diciembre se celebró en París, llevó los objetivos que se establecieron en el Acuerdo de París al terreno práctico, a la búsqueda de soluciones concretas para alcanzarlos. El cumplimiento de los compromisos adquiridos depende de que se lleven a cabo inversiones, sólo así se podrá avanzar hacia una economía baja en carbono. ¿Cómo hacerlas atractivas para que el sector privado las acometa? Y acotando aún más el problema. Se estima que las necesidades de financiación de dichas inversiones superan los 180.000 millones de euros: ¿cómo conseguir que las instituciones financieras se involucren y dirijan los flujos financieros hacia ellas? Poco tiempo después de la Cumbre, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, anunció una primera propuesta, de criticable rigurosidad financiera.

Dombrovskis comunicó que Bruselas está estudiando la posibilidad de reducir los requisitos de capital para los préstamos verdes, esto es, los destinados a financiar acciones o actividades ambientalmente sostenibles. Traducido a palabras más fáciles, el mensaje europeo sería el siguiente: “bancos, teñid vuestros balances de verde, conceded préstamos verdes, que os dejamos que el riesgo de vuestro negocio se eleve”. Por supuesto, los bancos estarían encantados con la idea. Para ellos se abre la posibilidad de atacar un pastel, de un volumen de negocio enorme, con las exigencias de recursos propios suavizadas. Incluso han asegurado que los costes de financiación de esos préstamos verdes serían menores, porque el ahorro que les produciría esta reducción de capital propio lo podrían trasladar a los clientes.

La noticia, en principio, puede parecer estupenda. Reguladores y bancos alineados con unos valores con los que la mayor parte de la población puede verse identificada. El fin a conseguir predispone favorablemente.

Pero, precisamente, para valorar su alcance, hay que prescindir del destino del dinero de esos préstamos, y verlos como lo que son: préstamos. Y con la medida propuesta se viste el santo medioambiental desvistiendo el de la estabilidad financiera. En este mismo sentido se ha pronunciado Moody´s, una de las mayores agencias de calificación de crédito: “Es negativo para la solvencia.

El establecimiento de requisitos de capital que subestimen los riesgos reales de los activos verdes puede debilitar a los bancos”.

La postura política de la Cumbre One Planet tiene sentido, hace falta que se alienten iniciativas verdes. Pero, para empezar, se tendría que definir con claridad qué proyectos se consideran verdes, para que no entren en el saco gatos por liebres. Después, buscar la forma adecuada para incentivarlos: con beneficios fiscales, a través de la cofinanciación público-privada, imponiendo cuotas verdes obligatorias a los grandes inversores institucionales o mediante ayudas financieras a los consumidores de productos verdes. Pero establecer requisitos de capital en función de los objetivos de la política, en éste o en cualquier otro tema, sin atender al riesgo de los préstamos, es una forma segura de gestar una nueva crisis.

Nueva economía en la generación eléctrica

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:49

TRIBUNA ECONÓMICA, 25/08/2017

Si hay algo que define al ser humano es la búsqueda constante de la técnica. Pero, a veces, algunos logros técnicos con los que consigue alcanzar ciertos objetivos resultan a la par indeseablemente destructivos. Entonces otras técnicas han de proporcionar nuevas y mejores soluciones al mismo problema. Actualmente una revolución tecnológica está posibilitando el reemplazo de la generación de energía eléctrica basada en combustibles fósiles -carbón, gas y petróleo- por energías renovables, libres de emisiones de CO2, causantes del calentamiento global del planeta.

Los avances tecnológicos son asombrosos. En sólo siete años el coste de la energía eólica se redujo más del 65% y el de la solar casi un 90%. Paralelamente la técnica está solucionando la necesidad de acumulación para cuando no hay viento o sol, con el rápido abaratamiento de las baterías, cuyo precio bajó cerca del 70% en cinco años. Dentro de 15 años se podrán construir sistemas de energía en los que el 90% de la electricidad se genere en plantas eólicas o solares, con un coste total competitivo con el coste actual de la energía basada en combustibles fósiles.

Estos datos, tan alentadores, están extraídos del artículo Siempre necesitaremos París, en el que su autor, Adair Turner, advierte, sin embargo, que la tecnología por sí sola no es suficiente, que es necesaria la intervención pública para dirigirla. Los bajos costes actuales de las energías renovables nunca hubieran sido posibles sin subsidios. Y es necesario apoyar también opciones tecnológicas en desarrollo que permiten descarbonizar sectores -la aviación, el transporte terrestre a larga distancia o el acero y el cemento- en los que la electrificación difícilmente es una solución al menos por varias décadas.

Además, defiende la intervención porque la técnica tampoco se detiene -del fracking, por ejemplo- en el otro sentido. Así, es probable que los precios de los combustibles fósiles también bajen y, si no existe un impuesto al carbono generalizado, este descenso puede obstaculizar que se alcancen los retos marcados en la Cumbre de París. Ayer mismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteaba un escenario en el que el precio del petróleo, si se incentiva el coche eléctrico, podría ponerse a 15 dólares el barril en 2040.

El artículo de Turner es una crítica a Donald Trump por salirse del acuerdo de París. Pero también debe servir de reflexión a los países que siguen dentro. En Europa sigue siendo intensivo el uso del carbón, sin que exista un calendario de cierre de estas centrales. La apuesta europea por el gas, con sus millonarias inversiones en infraestructuras, debería revisarse porque puede hipotecar a largo plazo el desarrollo de las renovables. El mercado de derechos de emisión, al que está sometida la industria europea, incluida la de generación eléctrica, marca un precio tan bajo por contaminar -ni 6 euros/tonelada de CO2- que no incentiva en absoluto al cambio tecnológico. Y éstos son sólo algunos aspectos. Se necesita que los firmantes de París sigan apoyando la revolución tecnológica que está transformando la economía de la generación eléctrica, y que actúen además en consecuencia.

Bonos verdes

Carmen Pérez | 3 de julio de 2017 a las 20:21

TRIBUNA ECONÓMICA, 26/5/2017

Los bonos verdes están de moda. Sus emisiones se han disparado desde que se celebró la Cumbre de París, la conferencia sobre el clima más importante de la historia. Con estos bonos se financian proyectos específicos -energías renovables, transporte sostenible, eficiencia energética, adaptación cambio climático o tratamiento de aguas- cuyo objetivo sea paralizar el calentamiento global. El volumen de bonos verdes ha pasado de los 2.600 millones de dólares en 2013 a los 81.000 en 2016, y se espera que 2017 se cierre con más de 150.000 millones de dólares. Y las cifras serán aún mayores si los gobiernos se animan a incentivarlos, como hacen ya China, Suecia o Francia. Sin embargo, en nuestro país este mercado aún está por desarrollar, y la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética podría hacer mucho por ello. Precisamente, ayer jueves, Mariano Rajoy, inauguró las jornadas “España, juntos por el clima”, que establecerán las bases para la elaboración de su anteproyecto.

Los emisores son de todo tipo: organismos internacionales, como el Banco Mundial. Algunos Estados, como Polonia, el primero en hacerlo, o Francia, que ha emitido este año la de mayor volumen hasta la fecha, 7.500 millones de euros. Ciudades de todo el mundo. Entidades financieras. Y, cada vez más, empresas. En definitiva, todos aquellos que tienen un compromiso con la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. En España, Iberdrola -la pionera- cuenta con varias emisiones, y hace unos días, Repsol -la primera empresa de hidrocarburos que lo hace en el mundo- emitió bonos verdes por 500 millones de euros. También son emisores verdes la Comunidad de Madrid, Abengoa o el ICO.

Los compradores son fondos de pensiones, aseguradoras y bancos. El mercado minorista aún no participa, dado sus altos valores nominales. El desarrollo de fondos de inversión o fondos cotizados verdes -como el de la Caja de Ingenieros- o la emisión de bonos verdes soberanos con nominales de 1.000 euros serían algunas de las vías que podrían darle entrada al pequeño inversor. Financieramente no se diferencian de los bonos comunes, aunque con ellos el emisor tiene que certificar que los fondos se van a destinar para fines verdes.

Es por esto último que el desarrollo de este mercado está yendo unido a un progresivo incremento de la transparencia. El inversor necesita contar con la seguridad de que los proyectos son verdes e incluso conocer el grado de verdor que aportan. Es decir, eliminar el riesgo de greenwashing. Así, empresas especializadas certifican las emisiones conforme a dos marcos principales: los Principios de los Bonos Verdes de la Asociación Internacional de los Mercados de Capitales y los estándares de la Iniciativa de Bonos Climáticos. Pero China, por ejemplo, utiliza sus propias reglas. Es de esperar que se avance hacia una armonización completa porque sólo con estándares internacionales los bonos verdes podrán convertirse en una herramienta financiera eficaz que contribuya a que el nuevo acuerdo global para la lucha contra el cambio climático, sustituto del de Kioto y que fue firmado en Paris por 190 países, termine cumpliéndose.

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Reparando el mercado europeo de derechos de emisión de CO2

Carmen Pérez | 25 de febrero de 2015 a las 17:47

La Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea respaldó ayer,  24-02-2015, un proyecto de ley para reformar el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS). Este mercado lleva años sin funcionar adecuadamente debido a que circulan un número excesivo de derechos, que mantiene el precio en niveles bajísimos. El lunes, día previo a la votación, el mercado cerró con un máximo anual de 7,80 euros, lejísimos de los 30-35 euros que la UE ve necesario para incentivar a las 11.000 industrias europeas contaminantes a reducir sus emisiones.

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Lo que se propone es crear una “reserva para la estabilidad del mercado”, que retirará o devolverá derechos al mercado para mantener los precios del CO2 en un nivel alto, y que así se estimulen las inversiones de mayor eficiencia energética.

La discusión estuvo en la fecha a partir de la cual empezaría a funcionar dicha reserva. La propuesta inicial, 2021, fue finalmente adelantada a antes de finales de 2018, por la presión de Gran Bretaña, Alemania y Francia, y en contra de la postura de Polonia, que mostró una fuerte resistencia.

También se defendió que no volvieran al mercado parte de los derechos retirados provisionalmente (“backloading” del año pasado) como está actualmente previsto, sino que fueran directamente a parar a dicha reserva.  En 2013, adicionalmente a esta medida de back-loading que se tomó para salvar este mercado a punto de morir con precios por debajo de 2,75 euros , la Comisión propuso una serie de medidas estructurales, que aun siguen discutiéndose, y en las que cabe encuadrar esta propuesta de constitución de la reserva. La UE en este tema siempre se comporta de forma tibia y lenta, debido a las numerosísimas presiones que recibe tanto de algunos países como de los sectores perjudicados por la subida del precio del CO2.

Por último, también se propuso por los eurodiputados invertir los beneficios generados por la subasta de 300 millones de derechos en un “Fondo de Innovación Energética”, que esté diseñado especialmente para ayudar a la transición de la industria hacia tecnologías de baja emisión de carbono.