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Liberbank y el tamaño de la banca

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:45

TRIBUNA ECONÓMICA, 22/9/2017

La situación de Liberbank muestra que la crisis bancaria aún no se puede dar por terminada en España, que sigue habiendo entidades que aún no están saneadas. Y también plantea las posibles consecuencias, no deseadas, de las nuevas normas que se han aprobado en Europa para aplicar en caso de crisis bancarias. Durante estos últimos años nos hemos indignado porque se utilizara dinero público para salvar a los bancos. La normativa actual -el mecanismo de resolución europeo- tiene el objetivo de que esto no siga pasando. Antes, la protección al depositante protegía de camino a accionistas y bonistas bancarios: éstos tenían una seguridad de fondo de que no se dejaría caer a su banco. Ahora, con la protección al contribuyente por delante, se puede producir el efecto contrario: que la mera existencia de las normas precipiten la caída del banco.

Las cifras de Liberbank reflejan que el banco está pasando por una situación delicada: tiene un alto volumen -800 millones de euros- de activos no productivos, del que buscan deshacerse; está reestructurando la plantilla; su solvencia a largo plazo no es la que debiera y la calificación crediticia es baja… Su futuro depende del buen hacer de sus gestores en esta etapa tan complicada, de la credibilidad que inspire en los inversores el plan de viabilidad que han diseñado, con una ampliación de capital de 500 millones de euros garantizada.

Si perdieran la confianza, la cotización de la acción seguiría cayendo -ayer terminó la sesión en 0,83 euros- y le abandonarían los depositantes. Tan esencial es conservar la confianza que incluso algunos accionistas relevantes de Liberbank no han aceptado de buen grado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la venia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, siga cuidando la cotización, prorrogando la prohibición de posiciones cortas. Entienden que tener que ser protegidos es mandar una señal de debilidad al mercado.

Con el banco Popular se estrenaron las nuevas normas bancarias, y ni los depositantes ni los contribuyentes se han visto afectados. Pero sus accionistas y bonistas han salido escaldados. Los de Liberbank se estarán mirando en este espejo y, a la mínima, se puede desatar el pánico.La entidad entonces acabaría -antes de una resolución europea o tras ella, como le pasó al Popular- en manos de otro banco. La ESMA teme que este miedo a la aplicación de la normativa actualmente vigente desencadene un rosario de caídas de bancos europeos que también están tocados.

Pero no todos los bancos están expuestos a sufrir este efecto, sólo lo estarán aquellos débiles, que el mercado sepa que podrían ser rápidamente resueltos: pequeños y medianos bancos que podrían acabar engrosando a los de gran tamaño. Porque, sin embargo, no sería nada fácil encontrarle salida si se tratara de un gran banco. Too big to fail , o demasiado grandes para caer, se les denominó cuando estalló la crisis. Ahora son demasiado grandes para que sean resueltos. Imposible compatibilizar con ellos la protección a los depositantes y a los contribuyentes al mismo tiempo. Y el asunto se agrava, porque poco a poco se acrecientan sus tamaños.

Los pagarés de Nueva Rumasa

Carmen Pérez | 24 de marzo de 2017 a las 19:33

TRIBUNA ECONÓMICA, 3/3/2017

Llevo años utilizando como material de clase las cinco comunicaciones con las que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advertía a los inversores sobre los riesgos de las colocaciones de pagarés de Nueva Rumasa. En principio, para que los alumnos vean con un caso real la función de protección al inversor que desarrolla este supervisor financiero; y también para que observen cómo la rentabilidad de un activo financiero va siempre aparejada a su riesgo. Pero da mucho más de sí. En el debate posterior siempre surgen las mismas cuestiones: cómo la CNMV, si estaba tan temerosa, no prohibió las emisiones; y cómo, pese a las advertencias, esos inversores terminaron comprándolos.

La misma CNMV señalaba en la primera comunicación que estos pagarés -por su alto nominal, 50.000 euros, y porque no iban a negociarse en ningún mercado secundario oficial- escapaban de su control. La ley no les obligaba a registrar el folleto de emisión que le hubiera permitido investigar tanto al emisor como al producto, y decidir al efecto. Además, como no se utilizaba una entidad financiera para comercializarlos, se evitaba de nuevo a la CNMV y que se aplicaran las normas de conducta exigibles al intermediario financiero para la protección del inversor.

Pero sí podía prevenir al inversor y así lo hizo: que analizara el alcance real de expresiones utilizadas en la publicidad, como “rentabilidad garantizada”; que valorara el tipo de garantía ofrecida; o que el “folleto informativo depositado ante notario” no era el exigido por la CNMV y que, por tanto, no había sido objeto de aprobación o control. Y en todas las comunicaciones recomendaba al inversor informarse adecuadamente de las características del producto ofertado y de la situación jurídica y económico-financiera del emisor, y que solicitara asesoramiento experto antes de tomar la decisión. Para el inversor la rentabilidad era muy tentadora: el 10%. Eran empresas conocidas: Clesa, Garvey, Dhul, Elgorriaga, Trapa o Rayo Vallecano. Y las presentaban para darles más solidez -también advertido por la CNMV- como un holding, cuando jurídicamente no era así: de los pagarés de una empresa concreta respondía exclusivamente esa empresa. Además, parte de la opinión pública veía a los Ruiz-Mateos como víctimas por la expropiación anterior. 4.110 ahorradores acudieron a las nueve emisiones de pagarés entre 2009 y 2011. Nueva Rumasa tenía que devolverles los 337,3 millones de euros aportados y 47,9 de intereses: sólo abonaron 96,2 millones.

En este desenlace hubo mucho más que puro riesgo empresarial. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para cada uno de los hermanos y diferentes penas para algunos colaboradores. Los acusa de estafa: “eran sabedores de que sería imposible su abono” y “ocultaron la situación real de insolvencia”, con más de 577 millones de euros de deuda en 2009. Los acusa de blanqueo de capitales: “operaban de forma opaca”, maniobrando tras 171 empresas -48 extranjeras- y 4.067 cuentas en 117 bancos. Los acusa de alzamiento de bienes: “utilizaron los fondos para mantener un alto nivel de vida y para adquirir a título personal vehículos e inmuebles”.

Sólo una cosa tiene de positiva esta historia: ser excelente como caso de estudio en el aula.

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Mejor prevenir que curar

Carmen Pérez | 18 de octubre de 2016 a las 11:36

TRIBUNA ECONÓMICA, 7/10/2016

ES posible que entre las personas que se encuentren en una sucursal bancaria, guardando la cola para ser atendidas por un agente comercial, alguna de ellas no sea un cliente normal, aunque lo parezca. Puede ser un cliente espía. La figura no es nueva, tradicionalmente se ha utilizado por las empresas para detectar las estrategias de la competencia; o dentro de sí mismas, para medir la eficacia de las personas que cara al público la representan. Lo novedoso, en España, es que trabajen para el supervisor financiero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha contratado a mystery shoppers, o inspectores de incógnito, para que comprueben sobre el terreno si los bancos cumplen con la normativa establecida para la comercialización de los productos financieros. Después de la epidemia de reclamaciones del pasado, y ante los virus del presente, mejor intensificar los mecanismos de prevención que dejar que nuevas enfermedades lleguen.

No es la única medida de prevención implantada en los últimos tiempos; también se han adoptado otras que igualmente siguen esta filosofía, como los semáforos financieros y otras clasificaciones obligatorias, que con códigos de colores o mediante escalas con diferentes niveles advierten al cliente de la intensidad y tipos de riesgos que conllevan los productos financieros. Por otra parte, los protocolos de actuación han sido reforzados para garantizar transparencia y claridad en la información así como idoneidad respecto al perfil del inversor. Y se va a exigir legalmente la cualificación profesional de los agentes, aunque es cierto que la inmensa mayoría ya la tienen.

Las quejas y reclamaciones recibidas por los supervisores en estos últimos años constituyen un buen termómetro para tomar conciencia del problema: 20.000 reclamaciones ante el Banco de España en 2015, en su mayoría por cláusulas suelo; y 1.400 quejas ante la CNMV, en un 75% a causa de participaciones preferentes. No obstante, aún siendo todavía muchas, están lejos de las 35.000 y 10.900 respectivamente de 2012. Y cuando el mal está hecho, la curación que pueden ofrecer los supervisores no es eficaz. Los informes que emiten -que además exigen de uno previo del defensor del cliente- no son vinculantes, y los usuarios terminan en los tribunales, si la entidad reclamada no rectifica voluntariamente.

Actualmente, la CNMV está especialmente preocupada por el trasvase de los depósitos hacia los fondos de inversión. Con los tipos de interés tan bajos, son muchos los clientes que están optando por cambiar seguridad por rentabilidad. Esperemos que los nuevos mecanismos de prevención funcionen en dos sentidos, ambos de igual importancia: que protejan al inversor, para que ninguno pueda encontrarse en el futuro con las consecuencias adversas de haber asumido un riesgo excesivo sin haberlo conocido ni deseado; y que desprotejan al mal inversor, ése que intenta aprovechar las aguas revueltas para eludir con artimañas legales los resultados negativos de aquellas decisiones que conscientemente toma. Porque, para ser justos con la banca, hay que reconocer que junto a las miles de reclamaciones legítimas recibidas de clientes engañados, muchas otras eran falsas.