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Aprovechar la flexibilidad con el déficit

Carmen Pérez | 22 de agosto de 2016 a las 18:31

TRIBUNA ECONÓMICA, 29/7/2016

NOS libramos, la Comisión Europea decidió no imponernos sanción económica alguna por incumplir el déficit en 2015. Hubiera sido una injusta bofetada, como la calificaba hace un par de días el presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, argumentando que no sirve de nada castigar por castigar. Y de camino nos han dado más plazo -hasta 2018- para situar el déficit público por debajo del objetivo del 3%. Ninguna novedad, la reformulación de porcentajes y plazos para los incumplidores ha sido la tónica habitual desde 2011, y tampoco hubo nunca multas. Pero a esta flexibilidad ya conocida de la Comisión se le suma una nueva actitud, tal como recoge el documento Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es en este nuevo marco donde España tendrá que cumplir los déficits los próximos años.

La Comisión consideró prioritario por la crisis mantener una postura totalmente rigurosa, controlando estrechamente a los estados, para mejorar la credibilidad del sector público ante los mercados financieros. Pero, sofocado el fuego, urge conseguir una sólida recuperación económica en la Eurozona, y para ello es preciso considerar también los otros sectores de la economía -privado y exterior- porque todos están interrelacionados. Eso no significa que el rigor vaya a abandonarse, la deuda pública europea sigue siendo muy alta, y soplan numerosos vientos negativos que pueden avivar los grandes rescoldos que todavía existen. Ahora, la Comisión pretende reforzar el vínculo entre responsabilidad presupuestaria, reformas estructurales e inversión, como apoyo al empleo y al crecimiento.

En este sentido, se permite que el gasto en inversiones y las consecuencias negativas en la determinación del déficit que acarrean las reformas estructurales, bajo condiciones, cuenten aparte. Así, para fomentar la inversión, las aportaciones públicas al Plan Juncker están excluidas del cómputo del déficit: hasta la fecha, España sólo ha empleado 747 millones de euros públicos, que han apalancado una inversión público-privada en sectores estratégicos y en financiación de riesgo a las pymes de 6.400 millones de euros; en Europa: 9.300 millones para inversiones estratégicas y 3.500 millones a pymes promueven una inversión total de 100.000 millones de euros.

La nueva senda fiscal (4,6% en 2016; 3,1% en 2017; 2,2% en 2018) exigirá duros ajustes, aunque serán suavizados -esperemos- por la recuperación económica. Sin embargo, España, además de cumplirla -se espera seriedad frente a la flexibilidad-, debería acometer reformas estructurales aprovechando este nuevo marco fiscal más flexible, así como negociar con la Comisión para que le permitiera disfrutar de otras flexibilidades reservadas para los cumplidores. Asimismo, también debería implicarse en mayor medida -somos los quintos, muy lejos de Italia o Francia- en el Plan Juncker, abogando además por ampliarlo -en recursos, porque prorrogado ya está- y mejorarlo. Todo ello sin olvidar negociar para que no se congelen los fondos europeos, también cuestionados por el déficit de 2015… Mucha tarea por delante, pero, lamentablemente, sin Gobierno para llevarla a cabo.

Dopados

Carmen Pérez | 18 de julio de 2016 a las 7:12

TRIBUNA ECONÓMICA 8/7/2016

Así andamos, con los estímulos del Banco Central europeo, BCE, corriendo por nuestra economía, a ver si sanamos. Con la última dosis nos han inyectado unos tipos de interés al 0%, se prosigue con las compras de deuda pública -nuestro banco central ya es dueño de 103.000 millones de euros de nuestros bonos del Estado-, se ha intensificado la adquisición de bonos de empresas privadas y no cesa el suministro de liquidez a raudales a los bancos, dinero por el que ahora pueden hasta cobrar -un 0,4%- si lo convierten en financiación de familias y empresas prestándolo. Lo bien que nos sienta este dopaje que nos están administrando.

Nuestra prima de riesgo lleva tiempo en torno a 150 puntos básicos (642 pb en 2012), situándose actualmente el tipo de interés medio de nuestra deuda en el 3%. Aplicado sobre el total -un billón de euros- significan unos 30.000 millones de euros de intereses al año. Sin dopaje, por cada punto de interés medio más, la factura de gasto financiero a incluir en los presupuestos estatales se elevaría en unos 10.000 millones de euros cada año. Y serían alguno que otro, porque atendiendo a nuestra calificación crediticia actual -BBB+, según Standard&Poor’s- la prima de riesgo se situaría en un nivel bastante más alto.

Las familias hipotecadas también se sienten aliviadas: las cuotas mensuales se han ido reduciendo en paralelo a la descendente evolución del euríbor a doce meses -el más utilizado como referencia-, que ya incluso cotiza en negativo desde hace tiempo (-0,059%). La intervención del BCE consigue el mágico efecto de que un hipotecado medio disponga en la actualidad de unos 300 euros más cada mes en su bolsillo para atender a otros gastos, y no serán pocas las familias las que pueden mantener su vivienda gracias a esto.

Las cuentas de resultados empresariales también han reaccionado con alegría al impacto, al aminorarse de forma significativa sus costes financieros. La financiación bancaria está muy asequible -las pyme, ay, siempre menos beneficiadas-, y las grandes empresas intensifican sus emisiones de bonos porque el mercado presta aún más barato. Las elegidas, como Iberdrola o Telefónica, cuyos bonos cumplen los requisitos para ser comprados por el BCE, estarán dando saltos: sus bonos cotizan en negativo, o lo que es lo mismo, los inversores les prestan su dinero pagando.

Así de estimulados, las empresas invierten, las familias reactivan el consumo, el Estado recorta menos, aumentan las exportaciones, se recupera el mercado de la vivienda, multiplicando -ése es el objetivo- por toda la economía sus benéficos efectos. Sin embargo, como todos sabemos, los estimulantes siempre entrañan riesgos: por sus negativos efectos secundarios, como el daño que están produciendo a la rentabilidad bancaria, o los que sufren los ahorradores, desorientados y empujados a tomar riesgo; y por sus contraindicaciones: pueden estar tomándose decisiones inadecuadas, tales como inversiones empresariales o adquisiciones de viviendas sólo viables bajo ellos. Pero el mayor peligro es que nos estemos acostumbrando, y no seamos conscientes de que sin aplicar los remedios convenientes, cuando se nos retire el dopaje, los problemas económicos subyacentes seguirán estando.

 

La multa

Carmen Pérez | 11 de mayo de 2016 a las 13:38

MARIANO Rajoy le ha escrito una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un intento de evitar que nuestro país sea multado por no haber cumplido el objetivo de déficit pactado el pasado año. La multa podría oscilar entre los 0 euros -una sanción simbólica- y el 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. A la vez, se está solicitando por nuestro país más tiempo adicional para conseguir que bajemos del objetivo del 3%, que en principio tendría que lograrse en 2016, con un 2,8%. España tiene algunos argumentos para su defensa; desde Europa tienen los suyos para vigilar la disciplina fiscal, y penalizar los incumplimientos.

Entre las razones que aduce Rajoy es la positiva evolución que ha seguido España desde 2011. Si miramos el renglón de España en la tabla de los déficits de los países europeos, se observa la importante tendencia decreciente que han ido siguiendo: 9,5% (2011), 10,4% (2012), 6,9% (2013), 5,9% (2014). 2015 se ha cerrado finalmente con un 5,1% de déficit: el pasado año nos hemos gastado 56.608 millones de euros por encima de lo que disponíamos. Aunque es cierto que hemos superado el 4,2%, el máximo autorizado, los datos dejan bien patente el esfuerzo que se ha hecho. Otra defensa es por comparación. No somos el único país europeo deficitario; de los 28 países, sólo Dinamarca, Alemania, Estonia y Luxemburgo no lo son, y aunque muchos han seguido la misma tendencia decreciente (la media europea desciende del 4,2% de 2011 al 2,6% de 2014) ninguno lo ha hecho de forma tan intensa. Tampoco somos los únicos incumplidores; Portugal o Francia, el año pasado, y Alemania en un pasado más lejano, lo fueron: sin que ninguna multa apareciese.

También se contraponen a este dato negativo del déficit otros positivos que matizan la importancia del incumplimiento: nuestra economía está creciendo mucho más que la media europea y está generando empleo. También a causa del crecimiento, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB disminuyó el pasado año. Por tanto, el riesgo económico de nuestro país, que es lo que se trata de controlar con la disciplina fiscal, no ha tenido por qué elevarse. Por último, de forma adicional, existen otros argumentos técnicos, como la discutible forma de cuantificarse el déficit o la influencia de la bajísima inflación en los resultados obtenidos.

Pero la posible rigurosidad de la Comisión también sería entendible porque hay cuestiones relevantes en juego. El BCE está amparando de forma indirecta a todos los estados, ya que los tipos de interés a los que están consiguiendo emitir los diferentes tesoros no responden a la libre confluencia de oferta y demanda, sino que vienen fuertemente condicionados por la política monetaria expansiva que está desarrollando. Bruselas tiene claro que esta ayuda financiera no debe servir de ningún modo para que a la vista del dinero barato, y por la reducción del capítulo de intereses en los presupuestos, los gobiernos europeos se animen a seguir gastando. Y como las medidas benefician más mientras mayores son la deuda y la prima de riesgo real propia, como es el caso de España, caso de no vigilarse con máximo celo el cumplimiento de los déficits, el incentivo sería perverso. Por otra parte, hay proyectos en marcha, como la Unión Bancaria, que para culminarse necesitan de la confianza de los socios en que cada país cumplirá con el Pacto de estabilidad y crecimiento. Ni que decir de la importancia de este acuerdo para caminar hacia un Tesoro común, que emita bonos bajo un único riesgo europeo.

La disciplina fiscal no es un capricho, cuando se gasta sin tener, a base de financiación, se compromete el futuro, y más ante crecimientos débiles e inciertos. Los españoles debemos un billón de euros, que oscurece nuestro futuro, el de nuestros hijos y hasta el de nuestros nietos, porque el perfil de vencimientos alcanza ya 2064. No tendría que hacer falta que desde Europa nos dijeran nada para que los partidos políticos buscaran unidos la forma más humana de contener el déficit. La mayor flexibilidad que está teniendo la Comisión europea en este tema seguramente le llevará a no imponernos sanción, o que sea a coste cero, y a renegociar para los próximos años con mayor realismo nuestros objetivos de déficits. Pero la lección, con multa o sin ella, debería ser clara: la disciplina fiscal no sólo seguirá siendo fundamental para asegurar la viabilidad financiera de cada país, y de Europa en su conjunto, sino que va aún más allá, porque se ha convertido en la clave para conseguir una mayor integración europea (y al que piense en unSpainexit, que sepa que la deuda, y en muchas peores condiciones, seguiría siendo nuestra).

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