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Bonos a 100 años

Carmen Pérez | 27 de octubre de 2017 a las 11:46

TRIBUNA ECONÓMICA, 29 Septiembre, 2017

Hace unos días nos llegó la noticia de que el Tesoro público de Austria había emitido bonos a 100 años. El inversor que los haya adquirido recibirá un 2% anual durante 100 años, y recuperará el importe desembolsado en septiembre de ¡2117! No es el único país europeo que se ha atrevido a utilizar un plazo tan largo. Bélgica e Irlanda también lo hicieron el año pasado, aunque con bajos importes. Francia, Italia y España, de momento, sólo se han animado a hacerlo a 50 años. Concretamente, el Tesoro español colocó 1.000 millones a 50 años en 2014, y repitió el año pasado con dos emisiones más a ese plazo, adjudicando unos 4.000 millones de euros. Los largos plazos que están utilizando los Estados europeos para endeudarse impactan. La de cosas que pueden suceder en ese tiempo. Sólo hay que mirar la historia y recordar todo lo que hemos vivido en Europa desde 1917.

Los inversores que adquieren estos bonos son aseguradoras, fondo de pensiones, fondos de inversión, etc., que buscan algo de rentabilidad en el entorno de tipos de interés nulos e incluso negativos que existen actualmente. Muchas de estas entidades están obligadas por la regulación a invertir en activos financieros de bajo riesgo y con liquidez, como son los bonos soberanos europeos. Si además quieren rentabilidad, tienen que embarcarse en plazos más amplios.

Por su parte, los emisores, estados europeos, aprovechan la favorable situación actual para reestructurar en lo posible sus deudas. Así, en España, el perfil de vencimientos de la deuda pública se ha extendido en el tiempo. El año que viene se tiene que hacer frente a la devolución de más de 140.000 millones de euros. Y hay cantidades pendientes en 2019, y al año siguiente, y al otro, y así continúa hasta 2066. Cada año se volverá a pedir prestado para atender los vencimientos que llegan, incrementando lo que haga falta para atender el nuevo déficit: la deuda pública se ha convertido en una bola de nieve que se desplaza en el tiempo a la vez que aumenta.

Lo importante es que siga rodando y que pueda atenderse puntualmente el pago de intereses que genera. Ahora juega a nuestro favor la protección del Banco Central Europeo (BCE), cuya actuación permite que el coste de la financiación del Estado sea muy bajo. La inflación, aunque sea escasa, también beneficia, porque con los años se vuelven menos gravosos tanto la devolución de la deuda como sus intereses. Del mismo modo, mientras más se alarguen los plazos de las emisiones más llevadera será la deuda.

Una deuda que no es poca cosa, ya supera los 1,1 billones de euros, 750.000 millones de euros más desde el inicio de la crisis financiera. No sólo pasa en España, la deuda pública en Europa asciende a más de 12 billones de euros. Quizá estas emisiones ultralargas, todavía anecdóticas, se intensifiquen para disolver a base de años y años el problema. Quizá el BCE las vaya comprando. Quizá el BCE finalmente hasta se olvide de ellas. Todo es posible en 100 años. Pero de lo que no cabe duda es de que le estamos traspasando el problema a las generaciones siguientes. Les complicamos el futuro a ellos, a nuestros hijos y nietos, para tener nosotros mejor presente.

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Aniversario de la crisis financiera

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:45

TRIBUNA ECONÓMICA, 11/8/2017

Esta semana se han cumplido diez años desde el inicio de la crisis financiera. El aniversario ha propiciado que se lleve a cabo en los medios de comunicación una revisión exhaustiva de la misma: los hitos más importantes, el análisis de sus causas y consecuencias, el impacto particular en cada uno de los países o los remedios aplicados para sortearla. No es para menos, la crisis fue de tal magnitud que las economías se resquebrajaron, los mercados financieros y la banca estuvieron a punto de colapsar y han sufrido una intensa reestructuración, transformó la política e incluso ha supuesto un cambio cultural de importancia. Ayer mismo, la Comisión Europea también aprovechaba esta fecha para celebrar la situación económica actual y, al igual que han hecho los otros países desarrollados, daba la etapa por finalizada. Demasiado optimismo derrochan.

Si hay algo que no se cuestiona de la crisis es que la desaforada expansión del sistema financiero fue su principal causa. La llegada de internet junto con la intensa desregulación y la mala supervisión del sistema financiero permitieron que la banca aumentara espectacularmente el volumen de deuda. En 1950 la deuda privada -a hogares y a empresas- en EEUU suponía el 50% del PIB, y en 2007 alcanzó el 160%. En España, creció del 80% del PIB de 1980 al 230% en 2007. “Los bancos ponían dinero en cualquier cosa”, dijo hace pocos días Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, recordando el inicio de la crisis.

Sin embargo, a pesar del consenso sobre lo anterior, diez años después, la deuda total sigue creciendo. Si la deuda privada en los países desarrollados se ha reducido significativamente, este descenso se ha visto acompañado del crecimiento de sus deudas públicas. Además, la política de sus bancos centrales, con tipos de interés a niveles nulos o negativos, incitan de nuevo a que se endeuden familias y empresas.

Seguimos instalados, por tanto, en un modelo económico que necesita deuda para el crecimiento. Y si atendemos a la cualificada tesis de Adair Turner, presidente que fue de la Autoridad para la Estabilidad Financiera del Reino Unido, expuesta en su libro Between Debt and the Devil (2015), para crecer es necesario cada vez mayor cantidad de deuda. Y en las décadas anteriores a la crisis ya se necesitó un aumento del 10-15% para lograr un crecimiento del PIB del 5%.

No puede decirse que la crisis haya pasado en balde. La Comisión Europea también hacía balance ayer de las muchas medidas que se han tomado para que nuestras instituciones financieras sean más fuertes y para que estén mejor supervisadas. Pero no deben bajar la guardia. La economía occidental se desarrolla sobre un volumen descomunal de deuda, que habría que restringir y vigilar hacia dónde es canalizada. Además, como consecuencia también de la crisis, otros países se han añadido a este modelo de endeudamiento excesivo. Entre ellos, China, donde se ha cuadriplicado la deuda privada en estos últimos diez años, alcanzando el 304% del PIB. Así, la deuda mundial no deja de batir récords, ya nos debemos a nosotros mismos 217 billones de dólares: la adicción a la deuda se contagia y no para

 

‘Winter is coming’

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:38

TRIBUNA ECONÓMICA, 21/7/2017

Esta semana se celebraron dos nuevas subastas de valores del Tesoro. Da gusto ver sus resultados, esos tipos de interés tan negativos a corto y tan mínimos a largo. Proporciona alivio saber con el bajo coste con el que el Reino de España se está financiando. Pero, a la vez, producen el sentimiento de ver algo falso, artificial, impostado, que van ir desapareciendo en un breve plazo: “ya los días son más cortos y el frío empieza a calarnos”. En la última comunicación del Banco Central Europeo (BCE), de 8 de junio, se retiró la coletilla “y más negativos si fuese necesario”. Y en las actas de esa reunión se recogía la posibilidad de eliminar “prolongar las compras más allá de 2017 si fuera necesario”. También, en el castillo de Sintra las trompetas de retirada sonaron. Ayer volvió a hablar Draghi. Winter is coming, pero como en Juego de Tronos, aún se tomará su tiempo.

De momento, como en estos últimos años, el sol seguirá calentando. En la subasta del pasado martes, el Tesoro colocó 2.981 millones de euros en letras a 3 y a 9 meses, obteniendo nuevos récords de tipos a corto plazo: -0,48% y del -0,39%, respectivamente. En la subasta de ayer jueves, colocó 4.577 millones de euros, la mayor parte a diez años, con una rentabilidad, 1,64%, algo superior a la de la última subasta; el resto, en bonos a tres y cinco años, con rendimientos, 0,02% y 0,31%, aún menores que los anteriores. La prima de riesgo se mantiene muy baja, ayer descendió hasta los 93 puntos básicos.

Las subastas sienten la magia de Draghi. De los 1,12 billones de euros de deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, el BCE es el dueño del 16,33%, es el principal acreedor del Reino de España. De los 221.364 millones de euros que emitió el Tesoro en 2016, el BCE arrambló con 93.514 millones. Es una mano fuerte. Y cuando en un mercado hay un comprador dispuesto a comprarlo todo, ya se sabe, suben los precios, o sea, bajan los rendimientos.

Ya han pasado ocho años desde que el BCE comenzara a actuar para paliar los efectos negativos de la crisis sobre la inflación, la actividad y la estabilidad financiera. Winter is coming se repite como un mantra desde hace meses. Sin embargo, ayer no se cambió ni una coma respecto al último comunicado. Se mantienen intactos los tipos de interés y el programa de compras como estaba previsto hasta finales de 2017. En la conferencia posterior, Draghi no quiso hablar de fechas. “Hay que ser prudente, persistente y paciente”. Y es que gestiona la retirada de estímulos con delicadeza, para evitar que los mercados de deudas reaccionen excesivamente.

“Este cambio de estación que se acerca” no afecta igual a todos. “Cada pueblo tiene sus propias reglas, misticismos y liturgias”. La política monetaria expansiva supone una represión financiera, e implica una transferencia del coste de la crisis a los ahorradores. Para algunos, el invierno que se acerca será cálido. En el Reino de España, por el contrario, las subastas se irán enfriando. En las condiciones actuales, cuesta poco mantener la deuda. Pero hay que ir preparándose. En septiembre, puede ser una realidad que el invierno se acerque.

Hasta 2037

Carmen Pérez | 26 de abril de 2017 a las 6:56

TRIBUNA ECONÓMICA, 14/4/2017

Contamos con muchos datos para tomar conciencia de la importancia del principal problema económico al que se enfrenta España en los próximos años, esto es, su deuda pública. 1.106.952 millones de euros fue su volumen en valor absoluto a finales de 2016. Sin embargo, como esta cifra dice poco por sí sola, conviene compararla temporalmente. Y la conclusión que se extrae analizando su evolución en estos últimos años es que no ha dejado de crecer desde 2008, cuando se situó en 439.771 millones de euros. Casi se ha triplicado en estos ocho años, y seguirá creciendo mientras los Presupuestos Generales del Estado (PGE) arrojen déficit.

No obstante lo anterior, más fundamento se alcanza cuando se relaciona su volumen con otras variables que dan cuenta de en qué medida el país puede hacerse cargo de ella, como son el Producto Interior Bruto (PIB) y la población que la soporta. En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señala en el informe Observatorio de Deuda del cierre de 2016, publicado este mismo martes, que la deuda terminó en el 99,4% del PIB el pasado año. Este ratio ha ido mejorando desde el pico del 100,4% de 2014, pero sigue muy lejos del 39,5% que supuso en 2008. Y también sigue muy alejado de nuestro compromiso europeo: alcanzar el objetivo de deuda pública del 60% del PIB para 2020.

En cuanto al ratio del volumen de deuda en relación con la población, como ésta no crece y la deuda sí, no ha dejado de elevarse estos últimos años, pasando de los 9.511 euros que se debían per cápita en 2008, hasta los 23.793 euros que debe cada español en 2016; es más, en el caso de utilizar sólo la población que se encuentra en activo, estas cifras serían mucho más altas.

Asimismo, igual de importante para valorar el problema económico que supone la deuda pública es considerar el volumen de intereses que genera anualmente. En los recientes PGE se estima que el coste de financiar la deuda ascenderá a más de 32.000 millones de euros en 2017, la segunda mayor partida de gasto, sólo por debajo del gasto en pensiones. Pero más inquietante aún es que los PGE incluyen la previsión del gobierno de que el tipo de interés del bono español a 10 años será del 2%, frente al 1,4% de 2016. Es un cambio de tendencia -las previsiones desde 2012 eran a la baja- que se acentuará en los próximos años en la medida en que la inflación se eleve y que retire sus estímulos el Banco Central Europeo (BCE).

Con estos datos por delante, el problema de la sostenibilidad de la deuda es evidente. Si en los próximos años tanto los tipos de interés como el volumen de deuda van a ser cada vez mayores, los intereses anuales también lo serán, empujando al alza el déficit. Esto, a su vez, puede mermar la confianza de los mercados financieros, perjudicando la renovación de la deuda y elevando la prima de riesgo. Y esto implicaría aún mayores intereses. Es el peligro de caer en un bucle como el que vivimos desde 2008 a 2012. Es cierto que ahora contamos con crecimiento del PIB. Y la Airef, muy optimista, cuenta con que sea lo suficientemente amplio como para que esta rueda no se retroalimente, y que el objetivo de déficit europeo se alcance en 2037.

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Reestructurando

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2017 a las 17:44

TRIBUNA ECONÓMICA, 20/1/2017

El Tesoro Público ha publicado recientemente su Estrategia de emisión de los valores del Tesoro 2017. Un documento digno de analizarse. Muestra en clave financiera las vicisitudes por las que ha atravesado España y lo que se espera que suceda en el próximo año. La confianza que otorgan los mercados se refleja en varios parámetros: el volumen que se puede captar, y más importante, a los tipos y plazos que se colocan las diferentes emisiones. El balance de estos últimos años es muy positivo, pero hay que resaltar que no obedece sólo a que hayamos ido mejorando como país, que también, sino a la intensa protección del BCE que disfrutamos desde 2012. España es como un joven que si accede al crédito en excelentes condiciones no es por su solvencia propia sino gracias al aval de sus padres.

No es poca la tarea que tiene el Tesoro cada año. Los vencimientos de emisiones pasadas acucian y hay que obtener dinero para amortizarlas, y además conseguir dinero adicional para atender los déficits anuales: en 2017 tiene previsto emitir 220.017 millones de euros, de los que 87.905 serán para atender amortizaciones de deuda a largo plazo -bonos y obligaciones-y 97.113 para hacer lo propio con las letras del tesoro. Habrá adicionalmente un aumento neto de 35.000 millones, que se espera colocar íntegramente a largo plazo.

El coste medio de las nuevas emisiones marcó el año pasado un mínimo histórico del 0,61%, tras descender de forma continuada desde el 3,90% que supuso en 2012. Estas bajadas arrastran a un menor coste medio de la deuda total en circulación. Así, éste ha ido disminuyendo del 4,07% de 2012 al 2,77% de 2016: más de 32.000 millones de euros ahorrados en intereses desde el rescate bancario.

Además, este coste mínimo ha sido posible incluso con un alargamiento del plazo de la deuda. La vida media de la emisión a medio y largo plazo fue de 11,5 años, cifra muy superior a la del año anterior, y más del doble de la registrada en 2012, de 5,1 años. Esta evolución ha ido aumentando la vida media de toda la deuda en circulación, desde los 6,20 años en 2013 hasta los 6,81 actuales. Eso sí, el perfil de vencimientos muestra que ya tenemos comprometidas amortizaciones para el año 2066. De esta forma, el Tesoro está reestructurando la deuda, haciendo más cómoda la refinanciación para el futuro y reduciendo la vulnerabilidad de la carga financiera del Estado ante subidas de tipos de interés en la Eurozona.

El documento se acompaña de fotos de algunos de los monumentos del riquísimo patrimonio histórico del Reino de España: la Alhambra, el Alcázar de Segovia y los castillos de Soutomaior, Butrón, Burgalima y Bellver. Con ellas se habrá querido trasmitir a los inversores una imagen de solidez y fortaleza, y a la vez la garantía que supone nuestro boyante sector turístico. Las emisiones de este enero se han mantenido en la buena línea de las anteriores, y Draghi en su conferencia de ayer apostó por dar más tiempo. El Tesoro podrá seguir reestructurando, pero más nos vale seguir mejorando las cifras de nuestra economía: las trompetas de retirada terminarán sonando y entonces ser tierra de castillos no será suficiente.

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Récords en la deuda

Carmen Pérez | 12 de septiembre de 2016 a las 14:37

TRIBUNA ECONÓMICA,  26/8/2016

AL mismo tiempo que en los Juegos Olímpicos se iban batiendo nuevos récords históricos, aquí, en España, batíamos otros de muy distinto tipo: récords en la cantidad de deuda pública, tanto en términos absolutos como en relación al PIB; y récords en cuanto a las condiciones de la deuda, en el plazo y en los tipos de interés, que en absoluto son ajenos a la intervención del Banco Central Europeo, BCE, que está marcando también los suyos propios. Récords con efectos contrarios para nuestra economía, que nos llevan a una deuda con mejores condiciones -por el momento- para atenderla, pero de un tamaño tan descomunal que pone en peligro el mantenimiento del Estado de bienestar por el altísimo volumen de intereses que genera.

El plazo medio para pagar la deuda ha ido creciendo y se sitúa actualmente en 6,89 años, superando el máximo que se consiguió en 2007. El Tesoro, aprovechando las bajas primas de riesgo, ya por debajo de los 100 puntos básicos, está desarrollando un proceso de reestructuración, favoreciendo la emisiones a plazos más largos. Incluso está utilizando de forma novedosa bonos a 50 años, siguiendo la misma tendencia que otros países, como Irlanda y Bélgica, con emisiones hasta de 100 años.

En cuanto al tipo de interés medio, marcó en julio un mínimo histórico, el 2,9%, muy inferior, por ejemplo, al 5,5% de 2001, antes de entrar en el euro, o del 4,5% al inicio de la crisis en 2007. Y sigue bajando, este pasado martes los rendimiento de las letras del Tesoro a 3 y 9 meses fueron de -0,351% y de -0,256% respectivamente, los más bajos de la historia. En la misma línea se mueven el resto de referencias, como el bono a diez años, que a principios de agosto cotizó por primera vez por debajo del 1%.

Sin embargo, la deuda pública de España ha alcanzado en términos absolutos un máximo histórico: 1,1 billones de euros; y un máximo histórico también en el porcentaje que representa en relación con el PIB: el 100,9%, muy superior al 40% del PIB de 2007. Al respecto, puede aducirse que no hace falta ser dramáticos, que el principal realmente no se paga sino que se renueva continuamente, pero conviene señalar lo costosísima que resulta la deuda -como en 2012- cuando llegan estas renovaciones y no se goza de la confianza de los mercados.

Pero incluso obviando la devolución del principal, lo que no se pueden eludir son los intereses que va generando. Actualmente suponen más de 33.000 millones de euros al año, cantidad equivalente al 71% del gasto en educación, al 50% del gasto en sanidad o más del doble del gasto en defensa. Y lo peor es que el récord del tamaño tardará poco en ser superado, dados los déficits públicos que se esperan para éste y los próximos años. Tampoco va a ser eterna la protección del BCE que estamos disfrutando, y cada punto de subida del interés medio añadiría otros 11.000 millones de euros de intereses al año. O se contiene la deuda o los intereses provocarán que en nuestras olimpiadas anuales -los presupuestos- se marquen nuevos récords -recortes- en el resto de los gastos. Recordemos que el pago de intereses va por delante, por urgente o necesario que sea, de cualquier otro pago.

Calificación y realidad

Carmen Pérez | 24 de mayo de 2016 a las 9:00

Recientemente, la agencia de calificación Fitch ha confirmado las calificaciones crediticias (rating) del Banco Santander y del BBVA en A-, con perspectiva estable. Resulta que dicha nota es superior a la del Reino de España, que está situada en BBB+, es decir, que esta agencia coloca a las dos empresas financieras un escalón por encima. También las otras dos agencias más importantes, Moody´s y Standard&Poor´s les otorgan mayor credibilidad crediticia a sus bonos bancarios que a los bonos españoles.  Que esto se produzca en Iberdrola –la única empresa, aparte de los dos bancos señalados, que también es más solvente que el Reino de España-  puede ser más comprensible, pero que sean bancos a los que les sucede es más complicado de aceptar, cuando encuentran en el Estado español su última garantía.

Usualmente las calificaciones de la deuda de las empresas suelen estar por debajo de la que ostentan sus países de residencia, y lo que suele ocurrir es que cuando una agencia mejora el rating de la deuda de un país siga los mismos pasos para la deuda de algunas empresas que estén especialmente vinculadas a su economía. Para BBVA y Santander, la situación inversa viene explicada porque desarrollan una buena parte de su actividad en otros países –de Europa, de América latina y EEUU- y no están completamente condicionados por las circunstancias económicas españolas.

Es verdad que estos dos bancos no mantienen una alta proporción de deuda pública española en sus balances (3%, Santander; 8%, BBVA), en relación a las que arrojan otros bancos españoles, y por ello  Fitch  afirma que  no existe probabilidad de que las entidades caigan en un escenario de default arrastradas por un hipotético impago de la deuda soberana de España.  Pero las relaciones de un banco con su Estado son mucho más complejas e íntimas que eso: el Estado es el último garante para los depósitos, la gran vía de entrada de recursos para la banca  (supera el 50% del total). Ningún cliente se molesta en investigar la mejor o peor situación financiera de una entidad crediticia a la hora de confiarle su dinero, abriendo un depósito, ya que sabe que cuenta con la seguridad que le confiere el respaldo final público: hasta 100.000 euros por titular y entidad.

Las agencias de calificación utilizan modelos sofisticados que contemplan una multitud de variables macroeconómicas y realizan un exhaustivo análisis de las cuentas financieras de las empresas que puntúan. Pero, a veces, los resultados que obtienen desconciertan, porque determinados hechos no tienen cabida en ellos: ¿cómo incluir esta garantía implícita del Estado español en ellos? Y así se llega a situaciones incoherentes como ésta, en la que el que respalda un negocio para que nunca caiga (Estado español) obtenga menos nota que el respaldado (Santander o BBVA). O, por señalar otra de hace algunos años, cuando le quitaron la máxima calificación, AAA, a los bonos de EEUU. Porque siendo realistas, por mucha recesión, paro y todo lo negativo que por entonces sufría este país: ¿no es EEUU la triple A por excelencia?

 

Los dueños de nuestra deuda

Carmen Pérez | 17 de mayo de 2016 a las 10:20

Si nos atenemos al último mes disponible, marzo de 2016,  nuestra deuda estaba mayoritariamente en manos extranjeras (52,86%) y, en segundo lugar, en las entidades de crédito españolas (18,21%). El porcentaje restante se lo reparten el Banco de España (10,49%), las entidades de seguro (7%),  las administraciones públicas (4,54%) y en un cuantía más escasa, los fondos de pensiones (1,93%), los fondo de inversión (2,37%),  las personas físicas (0,64%) y las empresas no financieras (1,54%).

deuda tenedores

Pero esta composición no ha sido siempre así, sino que ha experimentado cambios sustanciales en estos últimos años. Los extranjeros (aquí agrupa el Tesoro a todos los inversores no residentes, sean del tipo que sean) han ido aumentando su porcentaje en estos últimos años; esa misma evolución creciente se observa en las entidades de crédito españolas desde 2009, aunque con una  tendencia ligeramente descendente desde 2012.

Sin embargo, la participación de las administraciones públicas ha descendido de forma significativa, que se explica por el decremento del fondo de reserva de la Seguridad Social. Del mismo modo, las personas físicas y empresas, que  se mantenían en torno a un porcentaje sobre el 10%, ahora lo hacen una cantidades menos importantes, fundamentalmente debido a la escasa rentabilidad que proporcionan.

Por último, la deuda pública en el Banco de España está incrementándose, gracias a las  compras de deuda pública programadas dentro de la política monetaria del BCE.

(ver también http://www.tesoro.es/sites/default/files/estadisticas/06.pdf)

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La multa

Carmen Pérez | 11 de mayo de 2016 a las 13:38

MARIANO Rajoy le ha escrito una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un intento de evitar que nuestro país sea multado por no haber cumplido el objetivo de déficit pactado el pasado año. La multa podría oscilar entre los 0 euros -una sanción simbólica- y el 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. A la vez, se está solicitando por nuestro país más tiempo adicional para conseguir que bajemos del objetivo del 3%, que en principio tendría que lograrse en 2016, con un 2,8%. España tiene algunos argumentos para su defensa; desde Europa tienen los suyos para vigilar la disciplina fiscal, y penalizar los incumplimientos.

Entre las razones que aduce Rajoy es la positiva evolución que ha seguido España desde 2011. Si miramos el renglón de España en la tabla de los déficits de los países europeos, se observa la importante tendencia decreciente que han ido siguiendo: 9,5% (2011), 10,4% (2012), 6,9% (2013), 5,9% (2014). 2015 se ha cerrado finalmente con un 5,1% de déficit: el pasado año nos hemos gastado 56.608 millones de euros por encima de lo que disponíamos. Aunque es cierto que hemos superado el 4,2%, el máximo autorizado, los datos dejan bien patente el esfuerzo que se ha hecho. Otra defensa es por comparación. No somos el único país europeo deficitario; de los 28 países, sólo Dinamarca, Alemania, Estonia y Luxemburgo no lo son, y aunque muchos han seguido la misma tendencia decreciente (la media europea desciende del 4,2% de 2011 al 2,6% de 2014) ninguno lo ha hecho de forma tan intensa. Tampoco somos los únicos incumplidores; Portugal o Francia, el año pasado, y Alemania en un pasado más lejano, lo fueron: sin que ninguna multa apareciese.

También se contraponen a este dato negativo del déficit otros positivos que matizan la importancia del incumplimiento: nuestra economía está creciendo mucho más que la media europea y está generando empleo. También a causa del crecimiento, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB disminuyó el pasado año. Por tanto, el riesgo económico de nuestro país, que es lo que se trata de controlar con la disciplina fiscal, no ha tenido por qué elevarse. Por último, de forma adicional, existen otros argumentos técnicos, como la discutible forma de cuantificarse el déficit o la influencia de la bajísima inflación en los resultados obtenidos.

Pero la posible rigurosidad de la Comisión también sería entendible porque hay cuestiones relevantes en juego. El BCE está amparando de forma indirecta a todos los estados, ya que los tipos de interés a los que están consiguiendo emitir los diferentes tesoros no responden a la libre confluencia de oferta y demanda, sino que vienen fuertemente condicionados por la política monetaria expansiva que está desarrollando. Bruselas tiene claro que esta ayuda financiera no debe servir de ningún modo para que a la vista del dinero barato, y por la reducción del capítulo de intereses en los presupuestos, los gobiernos europeos se animen a seguir gastando. Y como las medidas benefician más mientras mayores son la deuda y la prima de riesgo real propia, como es el caso de España, caso de no vigilarse con máximo celo el cumplimiento de los déficits, el incentivo sería perverso. Por otra parte, hay proyectos en marcha, como la Unión Bancaria, que para culminarse necesitan de la confianza de los socios en que cada país cumplirá con el Pacto de estabilidad y crecimiento. Ni que decir de la importancia de este acuerdo para caminar hacia un Tesoro común, que emita bonos bajo un único riesgo europeo.

La disciplina fiscal no es un capricho, cuando se gasta sin tener, a base de financiación, se compromete el futuro, y más ante crecimientos débiles e inciertos. Los españoles debemos un billón de euros, que oscurece nuestro futuro, el de nuestros hijos y hasta el de nuestros nietos, porque el perfil de vencimientos alcanza ya 2064. No tendría que hacer falta que desde Europa nos dijeran nada para que los partidos políticos buscaran unidos la forma más humana de contener el déficit. La mayor flexibilidad que está teniendo la Comisión europea en este tema seguramente le llevará a no imponernos sanción, o que sea a coste cero, y a renegociar para los próximos años con mayor realismo nuestros objetivos de déficits. Pero la lección, con multa o sin ella, debería ser clara: la disciplina fiscal no sólo seguirá siendo fundamental para asegurar la viabilidad financiera de cada país, y de Europa en su conjunto, sino que va aún más allá, porque se ha convertido en la clave para conseguir una mayor integración europea (y al que piense en unSpainexit, que sepa que la deuda, y en muchas peores condiciones, seguiría siendo nuestra).

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BCE, perdónanos nuestras deudas

Carmen Pérez | 1 de marzo de 2016 a las 8:40

MUCHO se está hablando estos días de la posibilidad de una nueva recesión, y de cómo podrían enfrentarla los bancos centrales en este nuevo contexto, en la que los tipos de interés ya están por los suelos. El bajo precio del petróleo, los desequilibrios con la economía china y las dificultades de muchas economías emergentes son algunas de las causas, todas relacionadas entre ellas, que están provocando una incertidumbre tal que los inversores están paralizados, prefiriendo mantener liquidez incluso al coste de pagar por ella.

Los glorificados bancos centrales para combatir los efectos de la crisis financiera del 2008 tuvieron que sacar su artillería y activaron sus herramientas de política monetaria, tanto las convencionales, como la intervención en los tipos de interés, como las que no lo son, concretadas en la compra masiva de activos financieros, en su mayoría de carácter público. ¿Qué podrán hacer entonces si esta nueva recesión se convierte en realidad?

Podrían, desde luego, intensificar las medidas actuales, como por ejemplo seguir deprimiendo los tipos de interés. Pero las anomalías que están produciendo son enormes -endeudados cobrando e inversores pagando- y tampoco están consiguiendo grandes efectos, porque la inflación sigue manteniéndose a niveles muy bajos. La demanda de crédito solvente se mantiene baja, y no va precisamente a subir ante la expectativa de esta nueva depresión, aunque se prime sustancialmente al que se endeude. Además, no ofrece confianza seguir intentando que el impulso a la economía se realice desde la banca, con la grave crisis que está atravesando; crisis que, por otra parte, con menores tipos de interés se acentuaría aún más.

No obstante, también podrían ponerse en marcha nuevas medidas, más radicales, todavía menos convencionales, como eliminar deuda. El Banco Central Europeo, BCE, por ejemplo, con las compras masivas que está llevando a cabo, se está convirtiendo en propietario de una gran cantidad de deuda pública de los Estados europeos. Hasta ahora, con estas compras está facilitando la labor de los gobiernos al proporcionarles que se financien a un baratísimo coste. Pero ante una nueva e importante recesión tendría que ir más allá y monetizarla, es decir, ir perdonándola (volverla perpetua y a interés nulo) mientras fuera necesario. Esto ya sí que sería realmente imprimir dinero nuevo, que hasta ahora no se ha hecho.

A partir de ahí, se abrirían varias posibilidades. Una de ellas, que los estados europeos, al adquirir mayor margen para el gasto -tanto por la bajada directa de deuda pública que supondría como por la inflación que con seguridad se generaría, que la disminuye también indirectamente- asumieran un mayor papel inversor, tomando protagonismo en la economía real. Si con tanta incertidumbre, bancos, empresas y familias no quieren tomar riesgos, las administraciones públicas, siempre dispuestas al gasto, estarían encantadísimas de hacerlo. Otra posibilidad es que se hiciera esto mismo pero a escala europea, emprendiendo grandes proyectos de inversión con dinero nuevo, por ejemplo ampliando e intensificando el plan Juncker. Una tercera alternativa es que ese alivio de la deuda proporcionado a los estados redundara en una fiscalidad más favorable para los ciudadanos y empresas europeas, y que fueran ellos los que estimularan la economía a nivel individual. Una suerte de “helicóptero del dinero” por la vía impositiva.

Pero lo cierto es que está completamente prohibido por la normativa europea que el BCE se utilice como caja de amortización de la deuda pública, aunque fuera quien lo orquestara, controlando las cuantías y tiempos, y respetando la proporcionalidad adecuada entre los países miembros. Precisamente sus estatutos se han blindado para que no se establezcan estos servicios monetarios a los gobiernos, por lo que llevar la iniciativa a nivel europeo quizá fuera lo más compatible. Aunque entregarlo directamente a los ciudadanos y empresas mediante una fiscalidad mejorada tampoco contradice la filosofía que subyace tras esta norma europea: los gobiernos tendrían que seguir esforzándose en mantener el equilibrio presupuestario, sólo que compensarían las bajadas de los ingresos impositivos con nueva deuda, sustituta de la amortizada.

Si se nos viniera encima una nueva recesión, desde el BCE no tendrán más remedio que poner voluntad y encontrar soluciones, todavía ignotas. Pero todo parece indicar que, sean cuales sean finalmente las fórmulas utilizadas para disolver la incertidumbre y asegurarnos el costoso pan nuestro de cada día, pasarían por establecer a la vez el perdón de nuestras deudas. Y así, al mismo ritmo que somos perdonados, podamos conseguir que en Europa la economía real vuelva a tener el protagonismo que nunca debió perder.

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