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Deuda pública y pensiones

Carmen Pérez | 25 de enero de 2018 a las 18:23

TRIBUNA ECONÓMICA, 1271/2018

Esta semana el Tesoro ha hecho pública su Estrategia de Financiación para 2018. En esta ocasión, para ilustrar el documento utiliza las imágenes de algunos de nuestros mejores Teatros. Es de suponer que con estas muestras del rico patrimonio con el que contamos quiere hacernos más digerible el angustioso panorama que nos pone por delante el texto: el Tesoro tiene que conseguir el próximo año en los mercados 220.145 millones de euros.

De ellos, 180.000 millones es para pagarles a los inversores que compraron en el pasado Letras del Tesoro y Bonos y Obligaciones del Estado, y les llega el vencimiento. Es decir, pide dinero de nuevo a los mercados para poder atender las amortizaciones que llegan. Además, el Tesoro recabará otros 40.000 millones de euros para hacer frente a la necesidad adicional de dinero, porque el Estado seguirá gastando más de lo que ingresa por impuestos. Se cuenta en estas previsiones con atender el déficit anual y con que se vuelva a conceder un nuevo préstamo a la Seguridad Social de 15.000 millones de euros, que se suma a los 10.000 millones que se le prestaron en 2017.

Iremos viendo en qué condiciones consigue el Tesoro los fondos a lo largo de las 48 subastas que tiene programadas para 2018. Estos últimos años, los bajos tipos de interés con los que ha colocado los títulos ha permitido reducir de forma importante la factura de intereses a pagar cada año. También ha ido extendiendo la deuda en el tiempo para conseguir que se vuelva menos vulnerable a estas peticiones periódicas.

Pero este año empieza a ser diferente. Desde este mismo mes de enero inicia la retirada el que ha sido el principal comprador de nuestra deuda: el Banco Central Europeo. Y, en principio, nos dejará en septiembre solos a nuestras propias fuerzas ante los mercados financieros. A nuestro rating, BBB+ por la agencia Fitch, no le corresponde nuestra prima de riesgo actual de 105 puntos básicos. Aunque no esté totalmente correlacionado, países como México tienen una prima mucho más alta con igual calificación que la española.

La normalización de la política monetaria en la zona euro, por muy suave y lenta que sea, con seguridad encarecerá a medio plazo la deuda. Resulta temerario seguir incrementando su volumen cuando ya supera los 1,15 billones de euros. Es inevitable hacerlo para cubrir los déficits programados para los próximos años, pero solucionar el déficit de las pensiones mediante préstamos del Tesoro es una patada hacia delante, no abordar el problema de fondo. Máxime cuando las previsiones de las necesidades de la Seguridad Social las sitúan entre 61.000 y 83.500 millones de euros anuales en un futuro próximo.

Los estudios sobre las distintas posibilidades están más que hechos. De todos los colores. Con sus efectos colaterales, sus implicaciones económicas o los colectivos afectados. Urge tomar decisiones, que sean creíbles, viables, consensuadas, por muy impopulares que sean. Lo que es inadmisible es demorar el problema más tiempo, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la deuda para hacer sostenible el sistema de pensiones.

Comerse los ladrillos

Carmen Pérez | 29 de noviembre de 2017 a las 8:18

TRIBUNA ECONÓMICA, 17/11/2017

Los españoles somos, tras los japoneses, los más longevos. Nuestra esperanza de vida es de 83 años. Esta circunstancia, unida a la caída de la tasa de natalidad, han conseguido que la edad media haya subido en esta última década de los 40 a los 46 años, y seguirá subiendo. Que vivamos tantos años es una noticia excelente pero, a la vez, constituye un problemón financiero: demasiados viejos viviendo demasiados años tras la jubilación. Un problema macroeconómico por la dificultad de hacer sostenible el actual sistema público de pensiones, cuya solución derivará en gran medida en uno microeconómico, porque muchos jubilados se encontrarán sin suficientes ingresos para vivir cuando llegue el momento.

No es que sean suposiciones. Algunas reformas están en marcha y vendrán otras. Sus consecuencias están escritas en los documentos que envía el Gobierno a la Unión Europea estableciendo las previsiones para el futuro a muy largo plazo: la tasa de sustitución -porcentaje de ingresos que tiene un jubilado comparado con el salario que obtenía cuando era un trabajador activo- irá cayendo. Si ahora es del 79% del salario por término medio, una de las más altas de los países de la OCDE (la media es del 59%), irá descendiendo poco a poco hasta suponer sólo el 50% por término medio en 2060.

Resulta muy impopular comunicar estas perspectivas, pero, sin embargo, conocer con toda crudeza la realidad es completamente necesario porque nos permitiría reaccionar a tiempo, sabiendo cómo nos afectan a cada uno exactamente las reformas. Según la V Encuesta sobre la Jubilación, realizada por el Instituto BBVA de Pensiones y publicada esta semana, un 81% de los entrevistados reconocen que tienen que ahorrar para la jubilación, pero sólo el 28% ha comenzado a hacerlo.

Los españoles, además, tenemos un sesgo importante hacia la inversión inmobiliaria -el 83% de los hogares tienen una vivienda en propiedad- y somos reacios a las inversiones financieras, como planes de pensiones, fondos de inversión o inversión directa. Así, llegado el momento, si se necesitara completar la pensión pública, y no se tuvieran ahorros suficientes, la solución pasaría por “comerse los ladrillos”: vender la casa e irse a otra más pequeña o menos costosa; o seguir disponiendo de ella y conseguir una renta de por vida, mediante la venta a una compañía de seguros o contratando una hipoteca inversa junto con un seguro de renta vitalicia. Pero todas estas posibilidades para utilizar la propiedad como remedio son muy costosas, con numerosos gastos fiscales y sólo para determinado tipo de viviendas.

Se hace fundamental, por tanto, incentivar fiscalmente el ahorro financiero, con reformas como la que se está llevando a cabo con los planes de pensiones. Pero, de forma añadida, y dado que no se cambian las costumbres fácilmente, mejorar y promover nuevas soluciones para que puedan hacer líquidas sus viviendas aquellos que lo necesiten, y más si se encuentran en situación de dependencia. Incluso utilizando la Sareb, que si sirvió para que entidades financieras le dieran salida a sus inmuebles, también puede hacerlo con las personas.

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