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La banca italiana salta a la palestra

Carmen Pérez | 20 de julio de 2016 a las 8:10

TRIBUNA ECONÓMICA, 15/7/2016

La debilidad que la banca italiana ha venido manteniendo, y parcheando a lo largo de estos últimos años, detonada por el Brexit, ha saltado a la palestra: acumula una morosidad que asciende a 337.000 millones de euros, derivada de los impagos de créditos empresariales y al consumo, y no está suficientemente cubierta. Matteo Renzi, el primer ministro italiano, clama por rescatarla con dinero público -entre 40.000 y 50.000 millones de euros-, al igual que se hizo con la nuestra, pero la normativa actual, la Directiva Europea de Recuperación y Resolución de Entidades Financieras, más conocida por sus siglas en inglés, BRRD, precisamente se desarrolló para evitar que los problemas bancarios se resolvieran con el dinero de los contribuyentes. Recién puesta en marcha, dispuesta para su aplicación, y cuando llegan casos reales -como la banca Monte dei Paschi di Siena- para probarla, es bastante probable que en los próximos meses veamos poner en marcha estrategias para sortearla.

Nuestro proceso de reestructuración conllevó la inyección de dinero público por valor de unos 50.000 millones de euros (a minorar con la futura desinversión en Banco Mare Nostrum y Bankia); el Estado concedió avales a las entidades por un importe total de 110.895 millones de euros, que están ya casi al completo cancelados, sin pérdidas; y otra serie de ayudas y garantías, que también han supuesto desembolsos de menor cuantía. Europa no sólo lo autorizó sino que nos concedió crédito para facilitar este proceso, eso sí, previa firma de un acuerdo, el MoU, que especificaba minuciosamente los pasos que había que ir dando. La población se indignó, tanto por el nuestro como por otros rescates públicos que se produjeron por aquellas fechas y, sin embargo, es lo que ahora reclama Italia: si se aplicara la Directiva, y, por tanto, los accionistas y bonistas de los bancos implicados asumieran parte de las pérdidas, las familias italianas -dueñas de bonos bancarios por unos 200.000 millones de euros- resultarían perjudicadas. Bruselas, por su parte, se ha opuesto a toda opción que no respete el nuevo marco legal, aunque aceptaría mecanismos a posteriori para compensar a los inversores minoristas si estuvieren injustamente afectados por una comercialización incorrecta.

Las posiciones -Roma frente a Bruselas- están enfrentadas, pero se encontrará la fórmula para acercarlas, el riesgo de contagio al conjunto de la frágil banca europea es alto, especialmente a algunos bancos portugueses y al primer grupo financiero de Alemania. Se echará mano a la flexibilidad que contempla la Directiva sobre medidas tempranas; se aducirá que en realidad no hay que proceder a la liquidación total de ningún banco italiano; se someterá -esperemos- a un proceso de concentración y reestructuración a las más de 500 entidades que hay en Italia, al igual que sucedió en España; se acudirá a la ingeniería financiera, con instrumentos basados en avales públicos, no exentos de pérdidas; y el dinero público italiano llegará a su banca: no hay otra, la protección pública que garantiza a los millones y millones de depositantes europeos -como telón de fondo- dará a Italia carta blanca.

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A tres años del MoU

Carmen Pérez | 23 de junio de 2015 a las 9:28

EN julio se cumplirán tres años desde la firma del Memorandum of Understanding (MoU), acuerdo que recogió las reformas a realizar en el sistema financiero español para que nuestro país recibiera ayuda económica de Europa. Rescate bancario se le denominó, porque los compromisos eran de naturaleza exclusivamente financiera, y en su inmensa mayoría relativos a la reestructuración y recapitalización de nuestro sistema bancario. Como somos los contribuyentes los que con nuestro esfuerzo tendremos que devolver este préstamo, nos conviene revisar el alcance de lo realizado, comentar los retos aún pendientes, y aclarar los verdaderos motivos que nos abocaron a esta situación para verificar si se están poniendo las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse.

Nuestros bancos, que venían tradicionalmente funcionando sin notarse apenas, en los años que precedieron a la crisis se sobredimensionaron, emprendiendo una expansión de la inversión crediticia suicida, consintieron una excesiva exposición al sector inmobiliario, instauraron unos incentivos nefastos basados en la cantidad y no en la calidad de las operaciones que se realizaban, y comercializaron incorrectamente productos financieros complejos a clientes no aptos para ellos.

Desde entonces se han saneado: el nivel de exposición de las entidades de depósito españolas a la actividad inmobiliaria se ha reducido cerca de un 60%, pero todavía este proceso debe continuar; se han consolidado: el número de grupos bancarios se ha reducido en un 40%, con un 30% menos de oficinas y con un 25% menos de empleados. No obstante, el número de oficinas sigue siendo muy superior a la media europea, por lo que se hace necesario proseguir con el ajuste del modelo de negocio para recuperar rentabilidad; se han recapitalizado: los balances han sido reforzados tanto por la importante aportación de fondos públicos que han recibido como por los esfuerzos de la propia industria, aunque no es aún suficiente, la política de más y mejor capital debe continuar; y se ha modificado su estrategia comercial, incrementando la atención que prestan y la vigilancia del cumplimiento normativo, y perfeccionando las prácticas de comercialización. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, por ejemplo en la mejora de los mecanismos de resolución de quejas y reclamaciones de los clientes.

En suma, los deberes están bien hechos, nuestros bancos han superado las deficiencias que sufrían y vuelven a estar en condiciones favorables para desarrollar su actividad. La cuenta, eso sí, la pagamos los contribuyentes. Circunstancia difícil de aceptar, pero que no debería extrañarnos dada la configuración del modelo bancario actual, que conlleva una interrelación intensa con el poder político. Los bancos para desarrollar su delicada actividad -captar dinero barato a corto plazo, a través de los depósitos; y conceder préstamos, más caros, a largo plazo- cuentan con el apoyo implícito del poder político, y explícito sobre los depósitos, y de la financiación continuada que les proporciona el Banco Central Europeo. El poder político, por su parte, principalmente los necesita para canalizar la política monetaria, para que adquieran las emisiones de deuda pública que financian los Estados, siempre sedientos de recursos, y como instrumento de recaudación, de pagos y de información de las haciendas públicas.

Pero si esto es así, lo que entonces no resulta admisible es que esta simbiosis no se haya vigilado estrechamente, para que no se convierta en parasitismo de una de las partes, o peor, en perjudicial para ambas, como ha sucedido. Pues no sólo la supervisión del sistema bancario falló estrepitosamente, sino que incluso algunas decisiones políticas, como mantener artificialmente muy bajos los tipos de interés, empujaron a la banca a sus malas conductas financieras. Es cierto que gracias a la crisis se ha producido una importante respuesta regulatoria, desarrollándose una amplia batería de medidas -entre ellas la Unión Bancaria y el nuevo Marco de capital- encaminadas a conseguir que no llegue nunca el momento de tener que rescatar un banco; y si llegado, que implique el menor desembolso público posible.

El Memorandum of Understanding nos dejó desconcertados por tener que reflotar con recursos públicos a empresas privadas. Por entonces también aprendimos todos lo que era la prima de riesgo, que llegó a superar los 700 puntos básicos. Había que parar en seco la caída libre en la que nos encontrábamos, se firmó el acuerdo y la prima fue descendiendo hasta los poco más de 100 puntos básicos en los que se mueve desde hace meses. El actual modelo bancario puede gustarnos o no -debería debatirse-, pero el acierto de la firma de este acuerdo está, tres años después, fuera de toda duda.

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