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Liberbank y el tamaño de la banca

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:45

TRIBUNA ECONÓMICA, 22/9/2017

La situación de Liberbank muestra que la crisis bancaria aún no se puede dar por terminada en España, que sigue habiendo entidades que aún no están saneadas. Y también plantea las posibles consecuencias, no deseadas, de las nuevas normas que se han aprobado en Europa para aplicar en caso de crisis bancarias. Durante estos últimos años nos hemos indignado porque se utilizara dinero público para salvar a los bancos. La normativa actual -el mecanismo de resolución europeo- tiene el objetivo de que esto no siga pasando. Antes, la protección al depositante protegía de camino a accionistas y bonistas bancarios: éstos tenían una seguridad de fondo de que no se dejaría caer a su banco. Ahora, con la protección al contribuyente por delante, se puede producir el efecto contrario: que la mera existencia de las normas precipiten la caída del banco.

Las cifras de Liberbank reflejan que el banco está pasando por una situación delicada: tiene un alto volumen -800 millones de euros- de activos no productivos, del que buscan deshacerse; está reestructurando la plantilla; su solvencia a largo plazo no es la que debiera y la calificación crediticia es baja… Su futuro depende del buen hacer de sus gestores en esta etapa tan complicada, de la credibilidad que inspire en los inversores el plan de viabilidad que han diseñado, con una ampliación de capital de 500 millones de euros garantizada.

Si perdieran la confianza, la cotización de la acción seguiría cayendo -ayer terminó la sesión en 0,83 euros- y le abandonarían los depositantes. Tan esencial es conservar la confianza que incluso algunos accionistas relevantes de Liberbank no han aceptado de buen grado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la venia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, siga cuidando la cotización, prorrogando la prohibición de posiciones cortas. Entienden que tener que ser protegidos es mandar una señal de debilidad al mercado.

Con el banco Popular se estrenaron las nuevas normas bancarias, y ni los depositantes ni los contribuyentes se han visto afectados. Pero sus accionistas y bonistas han salido escaldados. Los de Liberbank se estarán mirando en este espejo y, a la mínima, se puede desatar el pánico.La entidad entonces acabaría -antes de una resolución europea o tras ella, como le pasó al Popular- en manos de otro banco. La ESMA teme que este miedo a la aplicación de la normativa actualmente vigente desencadene un rosario de caídas de bancos europeos que también están tocados.

Pero no todos los bancos están expuestos a sufrir este efecto, sólo lo estarán aquellos débiles, que el mercado sepa que podrían ser rápidamente resueltos: pequeños y medianos bancos que podrían acabar engrosando a los de gran tamaño. Porque, sin embargo, no sería nada fácil encontrarle salida si se tratara de un gran banco. Too big to fail , o demasiado grandes para caer, se les denominó cuando estalló la crisis. Ahora son demasiado grandes para que sean resueltos. Imposible compatibilizar con ellos la protección a los depositantes y a los contribuyentes al mismo tiempo. Y el asunto se agrava, porque poco a poco se acrecientan sus tamaños.

El seguro de depósitos bancarios

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:40

TRIBUNA ECONÓMICA, 28/7/2017

Quién a la hora de abrir una cuenta corriente o un depósito en un banco se preocupa previamente de analizar su situación financiera? Pocos contestarán afirmativamente, aunque sería lo adecuado, porque, al fin al cabo, le estamos prestando nuestro dinero. Lo elegimos por la proximidad de su sucursal, por los consejos de otros usuarios o por sus ofertas. Sólo los que manejan importes muy altos se preocupan por la mayor o menor solvencia de la entidad en la que depositan su dinero. Elegimos sin temor y los mantenemos con confianza en gran parte porque sabemos que los depósitos están garantizados, por persona y entidad, hasta 100.000 euros. Pero hay que ser conscientes de que este seguro tiene un precio.

En principio, de esta protección se encarga el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que se nutre de las aportaciones ordinarias, y extraordinarias si hacen falta, de la banca. Pero lo cierto es que si se presenta una crisis sistémica, con muchas entidades implicadas, o si la entidad es demasiado grande, el fondo puede resultar insuficiente. Entonces, la responsabilidad de los depósitos recae finalmente en el Estado. No es teoría, lo hemos sufrido en la práctica.

Hace unos días, el gobernador del Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, al disertar sobre la crisis financiera y el rescate, dejaba este funcionamiento bien claro: la insuficiencia de recursos de los fondos de garantía de depósitos hacía necesario utilizar recursos públicos para la banca, se adoptara la solución que se adoptara. Los depósitos de las entidades financieras quebradas ascendían a 487.000 millones de euros, de los que más de 250.000 millones estaban garantizados. Se les inyectó 21.071 millones de euros del FGD y 39.542 millones de euros de dinero público. Ningún depositante se ha quedado sin su dinero, ni siquiera los no cubiertos.

No sólo ha pasado en España, en otros muchos países se ha utilizado dinero público para salvar el sistema bancario. Por eso, en Europa, tras la crisis, los controles se han disparado, elevando los requerimientos de capital e imponiendo nuevos ratios, de liquidez y de endeudamiento. Se ha trasladado la supervisión a Europa. Se ha creado un Mecanismo de Resolución para atajar los problemas… Todo lo necesario para evitar que la garantía pública tenga que entrar en juego. El banco Popular ha sido el primer ejemplo. Pero, por mucho que se vigile, podrá pasar de nuevo.

Actualmente el seguro de depósitos -y cada vez con un límite más alto- es esencial para la estabilidad financiera, porque aumenta la confianza de los depositantes, frenándose los pánicos bancarios. También se considera positiva la tranquilidad que supone para el ciudadano, que puede considerar el depósito como un producto sin riesgo. Pero los depósitos en España equivalen a más del 140% del PIB; y más de un 60% del PIB los que están cubiertos Y el seguro de depósitos se ve condicionado -sólo es creíble- por la fortaleza financiera del Estado que lo soporta. ¿Qué clase de sistema bancario hemos diseñado?, ¿dónde empiezan y terminan banca y Estado?

La banca italiana salta a la palestra

Carmen Pérez | 20 de julio de 2016 a las 8:10

TRIBUNA ECONÓMICA, 15/7/2016

La debilidad que la banca italiana ha venido manteniendo, y parcheando a lo largo de estos últimos años, detonada por el Brexit, ha saltado a la palestra: acumula una morosidad que asciende a 337.000 millones de euros, derivada de los impagos de créditos empresariales y al consumo, y no está suficientemente cubierta. Matteo Renzi, el primer ministro italiano, clama por rescatarla con dinero público -entre 40.000 y 50.000 millones de euros-, al igual que se hizo con la nuestra, pero la normativa actual, la Directiva Europea de Recuperación y Resolución de Entidades Financieras, más conocida por sus siglas en inglés, BRRD, precisamente se desarrolló para evitar que los problemas bancarios se resolvieran con el dinero de los contribuyentes. Recién puesta en marcha, dispuesta para su aplicación, y cuando llegan casos reales -como la banca Monte dei Paschi di Siena- para probarla, es bastante probable que en los próximos meses veamos poner en marcha estrategias para sortearla.

Nuestro proceso de reestructuración conllevó la inyección de dinero público por valor de unos 50.000 millones de euros (a minorar con la futura desinversión en Banco Mare Nostrum y Bankia); el Estado concedió avales a las entidades por un importe total de 110.895 millones de euros, que están ya casi al completo cancelados, sin pérdidas; y otra serie de ayudas y garantías, que también han supuesto desembolsos de menor cuantía. Europa no sólo lo autorizó sino que nos concedió crédito para facilitar este proceso, eso sí, previa firma de un acuerdo, el MoU, que especificaba minuciosamente los pasos que había que ir dando. La población se indignó, tanto por el nuestro como por otros rescates públicos que se produjeron por aquellas fechas y, sin embargo, es lo que ahora reclama Italia: si se aplicara la Directiva, y, por tanto, los accionistas y bonistas de los bancos implicados asumieran parte de las pérdidas, las familias italianas -dueñas de bonos bancarios por unos 200.000 millones de euros- resultarían perjudicadas. Bruselas, por su parte, se ha opuesto a toda opción que no respete el nuevo marco legal, aunque aceptaría mecanismos a posteriori para compensar a los inversores minoristas si estuvieren injustamente afectados por una comercialización incorrecta.

Las posiciones -Roma frente a Bruselas- están enfrentadas, pero se encontrará la fórmula para acercarlas, el riesgo de contagio al conjunto de la frágil banca europea es alto, especialmente a algunos bancos portugueses y al primer grupo financiero de Alemania. Se echará mano a la flexibilidad que contempla la Directiva sobre medidas tempranas; se aducirá que en realidad no hay que proceder a la liquidación total de ningún banco italiano; se someterá -esperemos- a un proceso de concentración y reestructuración a las más de 500 entidades que hay en Italia, al igual que sucedió en España; se acudirá a la ingeniería financiera, con instrumentos basados en avales públicos, no exentos de pérdidas; y el dinero público italiano llegará a su banca: no hay otra, la protección pública que garantiza a los millones y millones de depositantes europeos -como telón de fondo- dará a Italia carta blanca.

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A tres años del MoU

Carmen Pérez | 23 de junio de 2015 a las 9:28

EN julio se cumplirán tres años desde la firma del Memorandum of Understanding (MoU), acuerdo que recogió las reformas a realizar en el sistema financiero español para que nuestro país recibiera ayuda económica de Europa. Rescate bancario se le denominó, porque los compromisos eran de naturaleza exclusivamente financiera, y en su inmensa mayoría relativos a la reestructuración y recapitalización de nuestro sistema bancario. Como somos los contribuyentes los que con nuestro esfuerzo tendremos que devolver este préstamo, nos conviene revisar el alcance de lo realizado, comentar los retos aún pendientes, y aclarar los verdaderos motivos que nos abocaron a esta situación para verificar si se están poniendo las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse.

Nuestros bancos, que venían tradicionalmente funcionando sin notarse apenas, en los años que precedieron a la crisis se sobredimensionaron, emprendiendo una expansión de la inversión crediticia suicida, consintieron una excesiva exposición al sector inmobiliario, instauraron unos incentivos nefastos basados en la cantidad y no en la calidad de las operaciones que se realizaban, y comercializaron incorrectamente productos financieros complejos a clientes no aptos para ellos.

Desde entonces se han saneado: el nivel de exposición de las entidades de depósito españolas a la actividad inmobiliaria se ha reducido cerca de un 60%, pero todavía este proceso debe continuar; se han consolidado: el número de grupos bancarios se ha reducido en un 40%, con un 30% menos de oficinas y con un 25% menos de empleados. No obstante, el número de oficinas sigue siendo muy superior a la media europea, por lo que se hace necesario proseguir con el ajuste del modelo de negocio para recuperar rentabilidad; se han recapitalizado: los balances han sido reforzados tanto por la importante aportación de fondos públicos que han recibido como por los esfuerzos de la propia industria, aunque no es aún suficiente, la política de más y mejor capital debe continuar; y se ha modificado su estrategia comercial, incrementando la atención que prestan y la vigilancia del cumplimiento normativo, y perfeccionando las prácticas de comercialización. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, por ejemplo en la mejora de los mecanismos de resolución de quejas y reclamaciones de los clientes.

En suma, los deberes están bien hechos, nuestros bancos han superado las deficiencias que sufrían y vuelven a estar en condiciones favorables para desarrollar su actividad. La cuenta, eso sí, la pagamos los contribuyentes. Circunstancia difícil de aceptar, pero que no debería extrañarnos dada la configuración del modelo bancario actual, que conlleva una interrelación intensa con el poder político. Los bancos para desarrollar su delicada actividad -captar dinero barato a corto plazo, a través de los depósitos; y conceder préstamos, más caros, a largo plazo- cuentan con el apoyo implícito del poder político, y explícito sobre los depósitos, y de la financiación continuada que les proporciona el Banco Central Europeo. El poder político, por su parte, principalmente los necesita para canalizar la política monetaria, para que adquieran las emisiones de deuda pública que financian los Estados, siempre sedientos de recursos, y como instrumento de recaudación, de pagos y de información de las haciendas públicas.

Pero si esto es así, lo que entonces no resulta admisible es que esta simbiosis no se haya vigilado estrechamente, para que no se convierta en parasitismo de una de las partes, o peor, en perjudicial para ambas, como ha sucedido. Pues no sólo la supervisión del sistema bancario falló estrepitosamente, sino que incluso algunas decisiones políticas, como mantener artificialmente muy bajos los tipos de interés, empujaron a la banca a sus malas conductas financieras. Es cierto que gracias a la crisis se ha producido una importante respuesta regulatoria, desarrollándose una amplia batería de medidas -entre ellas la Unión Bancaria y el nuevo Marco de capital- encaminadas a conseguir que no llegue nunca el momento de tener que rescatar un banco; y si llegado, que implique el menor desembolso público posible.

El Memorandum of Understanding nos dejó desconcertados por tener que reflotar con recursos públicos a empresas privadas. Por entonces también aprendimos todos lo que era la prima de riesgo, que llegó a superar los 700 puntos básicos. Había que parar en seco la caída libre en la que nos encontrábamos, se firmó el acuerdo y la prima fue descendiendo hasta los poco más de 100 puntos básicos en los que se mueve desde hace meses. El actual modelo bancario puede gustarnos o no -debería debatirse-, pero el acierto de la firma de este acuerdo está, tres años después, fuera de toda duda.

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