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A punto de fusión

Carmen Pérez | 14 de diciembre de 2016 a las 10:06

TRIBUNA ECONÓMICA, 25/11/2016

Parece que ya, por fin, sí: tras décadas gestándose, la fusión de las dos sociedades de garantía recíproca andaluzas, Avalunión y Suraval, está a punto de culminarse. Sus consejos de administración han firmado el acuerdo, que finalizará con la firma de sus presidentes, Francisco Herrero León y Javier González de Lara. La sede social estará en Granada y la sede operativa, en Sevilla, pero quedan por fijar muchos aspectos, empezando por el nombre y su nuevo presidente. Con la fusión, autónomos, emprendedores y pymes de Andalucía están de enhorabuena, porque van a disponer de un claro agente de referencia a la hora de encontrar para sus proyectos la financiación adecuada.

No es tarea fácil la que desempeñan estas sociedades, porque los proyectos que avalan incorporan un nivel de riesgo mayor que los aceptados por la banca. Sin embargo, los ratios de solvencia de las SGR andaluzas superan los requeridos para las entidades de crédito y han cumplido siempre con los ratios de calidad de Cersa, compañía pública estatal que las reavala. Mantienen un delicado equilibrio entre la necesidad de recibir apoyos públicos y la de actuar con una gestión completamente independiente, evitando convertirse en instrumentos políticos por parte de las Comunidades Autónomas. No obstante, éstas pueden direccionar su actuación modulando las ayudas hacia aquellos sectores, zonas o segmentos empresariales que considere prioritarios para desarrollar su política económica.

La Junta de Andalucía -socio mayoritario en ambas- no las ha utilizado en el pasado para su política de apoyo a la pyme, como sucede en otras CCAA, por ejemplo, Castilla y León o el País Vasco. En los últimos años se ha limitado al reafianzamiento parcial -programa ya paralizado- de determinadas operaciones a través de la agencia IDEA. A raíz de la fusión debería potenciarlo porque el reaval andaluz y el de Cersaunidos pueden conseguir un apalancamiento de los recursos públicos muy beneficioso. Además, sería muy positivo abrir diversas líneas de apoyo, como la subsidiación de tipos de interés y/o coste del aval, planes de cobertura definidos o realizar dotaciones directas con finalidades específicas al Fondo de Provisiones Técnicas. También, en el ámbito estatal, sería interesante que consiguieran una línea ICO/SGR sin intermediación bancaria, que traslade de forma directa a la pyme los beneficios de acceso y tipos de dicha mediación pública.

Sin duda, la fusión va a ser muy positiva para que este instrumento de apoyo a la financiación adquiera protagonismo en nuestra región. Pero será tanto más importante en cuanto que la Junta de Andalucía, que está jugando un papel tan crucial para que la fusión se consolide, la acompañe de un plan con iniciativas concretas para contribuir a través de esta nueva SGR a que los autónomos, los emprendedores y las pymes andaluces puedan acceder a la financiación, y en condiciones de tipos de interés y plazos que mejoren su estructura y costes financieros. La fusión llega además en un momento excelente, porque la Junta de Andalucía puede encontrar en Europa para esta nueva sociedad un amplio respaldo.

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Las SGR, protagonismo creciente

Carmen Pérez | 25 de septiembre de 2016 a las 17:46

TRIBUNA ECONÓMICA, 16/9/2016

EL problema de las pymes para acceder al crédito bancario está sobradamente denunciado, pero, sin embargo, en pocas ocasiones se mencionan a las sociedades de garantía recíproca (SGR), cuando estas sociedades pueden ayudarlas a solventarlo. En realidad, prestar, ellas no prestan, no son las que desembolsan el dinero -que lo sigue haciendo la banca-, pero sí asumen la parte más peliaguda del préstamo: su riesgo. Como decía el presidente de la SGR de Navarra en un Congreso hace ya años: “Para conocer la esencia de este negocio hay que asistir a un comité de riesgos, y presenciar lo que es aprobar una operación, por ejemplo, avalando un préstamo para montar una peluquería, sin garantías, exclusivamente basada en la confianza”. Hoy en día, que hay dinero en abundancia pero mucha aversión al riesgo, estas entidades están adquiriendo un protagonismo creciente.

No significa lo anterior que no se protejan en lo posible, pidiéndole a la pyme garantías personales y reales, pero sus operaciones son más arriesgadas porque resultan de seleccionar entre aquéllas que rechaza la banca. Esto les exige realizar un análisis de riegos artesano, pormenorizado, sobre el terreno, visitando sus instalaciones, conociendo personalmente al promotor, su trayectoria de pago, su fama entre clientes y proveedores: nada parecido al credit scoring. Así, 11.473 pequeñas empresas y autónomos consiguieron sus préstamos el pasado año, con un importe medio de 90.330 euros. En total, las operaciones de aval formalizadas por las SGR españolas ascendieron a 1.036 millones de euros, de las que el 10% correspondieron a las dos SGR de Andalucía: Suraval y Avalunión.

Con todo, y pese a ser entidades sin ánimo de lucro, necesitan para desarrollar esta importante función del apoyo público. Y lo tienen cada vez en mayor medida. Con independencia de la ayuda que puedan recibir de la comunidad autónoma en la que operen y de otros socios protectores, todas están reavaladas por el Estado, a través de la Compañía Estatal de Reafianzamiento (Cersa), que a su vez recibe el respaldo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De esta forma, el riesgo del préstamo a la pyme queda repartido en tres niveles: Europa, el Estado español y la SGR. De hecho, recientemente, Cersa ha firmado con el BEI un acuerdo que permitirá cubrir una cartera de préstamos SGR de 2.000 millones de euros hasta 2017, que beneficiará a 20.000 pymes.

Pero recibir recursos públicos obliga a las SGR a usarlos con la máxima eficacia: primero, siendo realmente un instrumento que facilite a la pyme el acceso a la financiación, entrando, por tanto, sólo en operaciones que sin su intervención nunca hubieran sido aceptadas por la banca. Y segundo, haciendo valer el aval que otorgan. Como estos préstamos quedan totalmente libres de riesgo para la banca -la SGR paga las cuotas si la pyme deja de hacerlo-, se le ha de exigir que lo compense mejorando ostensiblemente las condiciones, plazos y tipos de interés, de las operaciones avaladas. En otro caso, esa cascada de avales, que finalmente se traduce en dinero público, no estaría al servicio de la pyme, sino para mantener un entramado que sólo se beneficie a sí mismo y, de paso, a la banca.

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Las SGR en Andalucía, mucho por hacer

Carmen Pérez | 9 de febrero de 2016 a las 9:03

El sector de garantías español ha experimentado una importantísima reducción de su actividad desde el inicio de la crisis en 2008, que se refleja tanto en la caída del importe de avales formalizados como en la evolución del riesgo vivo, que ha descendido, de forma más suave e irregular, desde los 6.419 millones de 2008 hasta los 4.691 millones de euros de 2014. Sin embargo, hay que señalar que este último año cambia la tendencia  y se incrementa el importe de avales formalizados, aunque de forma muy ligera, alcanzando los  1.003 millones de euros.

Estos años, por tanto, han venido a disminuir la importancia de estas entidades en nuestro sistema financiero, que no han conseguido todavía desarrollar un papel relevante como instrumento de ayuda a la financiación de las PYME: del millón y medio de empresas posibles clientes, sólo 52.169 están afectas a este sistema. Les queda mucho potencial, y el mayor apoyo recibido desde el Estado por la Compañía Estatal de Reafianzamiento, CERSA, con las mejoras que ha introducido en  el contrato de reafianzamiento, puede contribuir a ello. Además, sería necesaria una implicación mayor de las Comunidades Autónomas, CCAA, asistiendo, con aportaciones o mediante un reaval regional, a las SGR radicadas en sus territorios.

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Si lo anterior es la valoración general de la actividad del sector, además ésta dista mucho de ser homogénea en las diferentes CCAA. Destaca la alta actividad en el País Vasco, con el 22% del total sectorial. Le siguen Cataluña, con un 15%; Castilla y León, que alcanza el 14%; y Madrid con un 12%  Andalucía y Aragón se mueven en torno al 8%-9%; y el 10% restante del total sectorial se lo reparten todas las demás comunidades.

El riesgo vivo está más repartido, porque depende en gran medida de la antigüedad de cada una de ellas: la clasificación también la lidera El País Vasco, con un 21%, seguida de  Castilla y León, con un 12% del total del Riesgo Vivo.  Madrid,  Andalucía y Cataluña ocupan los siguientes puestos, con un 10-11%.

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Sin embargo, los porcentajes anteriores no son significativos ya que el potencial de cada una de las CCAA también es muy desigual, siendo, por tanto, más interesante calcular el cociente entre el riesgo vivo asumido y el número de PYME en cada una de ellas.

El País Vasco utiliza el sistema de garantías como una herramienta importante de apoyo a las PYME. La región con mayor número de PYME, Cataluña, apostó menos por esta alternativa financiera en el pasado pero  su SGR, de creación relativamente reciente, está posicionándose estos últimos años en los primeros puestos. Navarra y Castilla y León también utilizan este instrumento de apoyo con cierta intensidad. Murcia, Baleares y Galicia se sitúan por encima de la media nacional; Extremadura y Aragón mantienen niveles inferiores pero cerca de la media; Andalucía, Madrid y La Rioja se mueven claramente inferiores a la media.

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En Andalucía contamos con dos sociedades, Suraval y Avalunión, cuya  actividad se reparte al 50%, aunque  estos últimos años ha sido Suraval la que ha ganado algo más de peso, formalizando mayor cantidad de avales y consiguiendo superar en riesgo vivo a Avalunión.

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Como hemos podido ver, la actividad de garantías andaluz está lejos de la media nacional, y por separado, las dos entidades tienen una importancia muy escasa. Sin embargo, ambas entidades llevan muchos años negociando su fusión aunque lo cierto es que no acaba de producirse. Sumadas, Andalucía ocupa el quinto puesto nacional en cuanto a Riesgo Vivo, pero siendo, sin embargo, la segunda en número de empresas.

La Junta de Andalucía desde hace tiempo dejó de aportar recursos a sus SGR, quedando limitado su apoyo a determinados reavales para operaciones concretas, programa que también se ha paralizado desde el pasado diciembre. Sin embargo, existen varias razones por las que debería considerar su posición y colaborar de forma mucho más estrecha con ellas, tanto si se fusionan como si no:

  1. La colaboración público-privada resulta eficaz.

La gestión privada de las SGR les permite desarrollar  su actividad con total rigurosidad, evitando convertirse en instrumentos políticos por parte de las CCAA.  Las CCAA pueden direccionar su actuación modulando las ayudas hacia aquellos sectores que considere prioritarios para desarrollar su política económica.

  1. La calidad de su gestión.

Sus ratios de solvencia se mantienen por encima de los mínimos requeridos para las entidades de crédito. Además, la calidad de la gestión de las SGR andaluzas ha quedado demostrada ya que nunca se han excedido en sus saldos de fallidos como para incurrir en penalización alguna por parte de CERSA. Para el apoyo regional podrían establecerse ratios de calidad similares.

  1. Con el reaval, la Junta puede apoyarlas sin desembolso de recursos

Dado el funcionamiento de este instrumento, los importes de los préstamos son aportados por las entidades de crédito. La Junta, reavalando, asumiría sólo una parte del riesgo, produciendo desembolsos sólo en la cuantía de fallidos que tuvieran los programas puestos en marcha y en la proporción en que participara.

  1. Puede conseguirse que se mejoren las condiciones financieras de las PYME

Puede establecerse para los préstamos reavalados unas condiciones favorables para los préstamos reavalados por la Junta, de forma que se mejoren las condiciones financieras de las PYME garantizadas, ya que mientras más volumen formalicen las SGR más poder de negociación tendrán con las entidades de crédito. En este sentido, las SGR tendrían que asegurar largos plazos para las operaciones y tipos de interés similares o inferiores a los hipotecarios vigentes.

 

Por último, hay que señalar que los esfuerzos que realizara la Junta de Andalucía se verían intensificados con el apoyo de CERSA ya establecido, que depende directamente de la mayor o menor actividad desarrollada por la SGR. Sumados el reaval estatal y el regional se conseguiría multiplicar el efecto de los recursos públicos de forma considerable. En definitiva, sería una forma de atraer recursos estatales a nuestra Comunidad.

 

(basado en mi artículo “Apoyo a la financiación de PYMES: el reafianzamiento de CERSA a los sistemas regionales de garantías “, publicado en la revista Análisis Financiero, del Instituto Español de Analistas Financieros, segundo cuatrimestre de 2015, disponible en:

http://ieaf.es/new/analisis-financiero/version-espanola/numeros-publicados/item/2119-n%C2%BA-128-segundo-cuatrimestre-2015.html)

 

 

 

 

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Las SGR en 2014

Carmen Pérez | 29 de junio de 2015 a las 9:41

Sgr rvEl año 2014 ha sido un buen año para las Sociedades de Garantía Recíproca en muchos aspectos. En cuanto a la actividad, el riego vivo total, que viene descendiendo desde 2008,  alcanzó los 4.350,4 millones de euros. Esto supone una caída también este año, del 7,5 % respecto al total acumulado el año anterior, pero es un descenso mucho menor que la de años anteriores (en 2013, el descenso fue del 15%). Por sectores, no hay cambios de importancia: el sector terciario sigue acaparando la mayor parte de la actividad (60 %), el de la construcción sigue retrocediendo (12%), el sector industrial cae levemente (25%), y el sector primario aumenta un punto hasta el 4 %.

Sgr concenLa concentración también mejora, observándose un trasvase de la actividad a las medianas desde las mayores. Las tres primeras y más grandes desarrollaron el 40,74 % de la actividad (cedieron 9%), las siete medianas el 49,95 % (ganaron 15,5%) y las trece pequeñas el 9,31 % de esa actividad (cedieron 6,5%). El comportamiento en la evolución de su actividad fue también homogéneo este año: 19 SGR sufrieron retrocesos de importancia, mientras que tan solo 4, que sostienen la décima parte de la actividad del conjunto, crecían levemente.

También mejora la cobertura del reaval CERSA: la cobertura del reaval en las operaciones nuevas del año aumentó  un 8 % respecto al ejercicio anterior y el monto total del ejercicio supuso el 56 % de los avales financieros formalizados.  El importe total vivo del riesgo reavalado ascendió a finales de 2014 a 2.052,6 millones de euros, lo que suponía un 58,8 % del conjunto de las garantías financieras.

Buenos datos también en cuanto al patrimonio neto, que experimentó un incremento del 6,9 %, derivado del mayor capital desembolsado por socios protectores  y de la inyección en reservas. El saldo acumulado de reservas compensaba prácticamente los resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores, que han moderado su crecimiento de forma importante (28 % en 2014, desde el 114,6 % del año anterior). El fondo de provisiones técnicas neto permaneció estable y la ratio de dudosos que venía  creciendo en ejercicios anteriores se redujo en 2014. Los riesgos dudosos se redujeron de forma importante frente al crecimiento de los años anteriores, muy importantes sobre todo en 2012 y 2011. Los fondos para insolvencias específicos cayeron un 26,8 %, rebajando la cobertura con provisiones específicas hasta el 34,9 % de estos riesgos.

En cuanto al cumplimento de los requisitos de solvencia, los recursos propios computables, se incrementaron el 6,5 %, lo que, junto con el incremento experimentado en 2013 (11,3 %), compensó las minoraciones de los ejercicios 2012 (–11,5 %) y 2011 (–5,4 %). Estos recursos propios computables representaban el 224,4 % de los requerimientos de recursos propios mínimos del conjunto de las SGR, un 23% por encima del nivel del año anterior.

Sgr resultPor último, analizando la cuenta de resultados agregada, se pueden señalar las siguientes conclusiones: los ingresos experimentaron una disminución del 5,7 % respecto a los de 2013;  se incrementaron las comisiones medias por aval pero fueron insuficientes para cubrir las necesidades de explotación por gastos generales y de personal, resultando un resultado de explotación con saldo negativo,  pero un 64 % menor que el del año 2013; y los resultados financieros tampoco fueron suficientes para cubrir el déficit de la actividad avalista, desembocando en un resultado del ejercicio negativo, aunque hay que señalar que prácticamente se deben a una sola entidad, ya que  la mayoría tuvo un resultado prácticamente igual a cero, dentro de lo que viene siendo la tónica habitual de las SGR.

 

Boletín Económico del Banco de España. Mayo, 2015.

(http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/15/May/Fich/be1505-art7.pdf)

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El nuevo reaval de CERSA

Carmen Pérez | 4 de mayo de 2015 a las 16:00

El 27 de abril se publicó en el BOE la ley 5/2015, que regula diferentes aspectos para el fomento de la financiación empresarial. El Capítulo II se dedica a la mejora del régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, SGR, y de las sociedades de reafianzamiento, con tres medidas de muy diferente naturaleza.

La primera consiste en la mejora del gobierno corporativo de las SGR, haciendo  extensivo el régimen de idoneidad de administradores y directivos de las entidades de crédito a las sociedades de garantía recíproca.

Con la segunda se reducen las cargas administrativas al eliminarse la obligación de formalizar en escritura pública o póliza intervenida las relaciones entre las sociedades de garantía recíproca y el socio, en cuyo favor se hubiese otorgado una garantía.

Pero es la tercera la que puede contribuir en mayor medida a dinamizar el mercado de crédito bancario a las  PYME, modificando  el funcionamiento del reaval que prestan a las SGR las sociedades de reafianzamiento. Entre ellas, la Compañía española de reafianzamiento, CERSA, entidad de carácter público que lleva a cabo este papel a nivel estatal. Así, a partir de ahora este reaval se activará ante el primer incumplimiento de la SGR.

La intención de esta tercera medida es clara: que las entidades de crédito tengan mayor confianza a la hora de aceptar el aval de las SGR. Pero sorprende que haya que reforzarla porque la confianza debería ser ya total: las SGR son entidades financieras, están supervisadas por el Banco de España y sometidas a los mismos controles y exigencias de solvencia que cualquier otra entidad financiera. No hay más motivos para desconfiar del aval de una SGR que del aval de cualquier otro banco. Ahora, además, los bancos saben que en el caso hipotético que la SGR falle, como ha sucedido con la SGR de la Comunidad Valenciana, CERSA entrará inmediatamente en juego según los porcentajes fijados en los contratos de reafianzamiento.

Es, sin duda, una nueva apuesta pública estatal por este instrumento financiero de apoyo a las PYME. Ahora bien, desde el momento en que se  fortalece el aval otorgado, los bancos deberían compensar la ausencia total de riesgo mejorando ostensiblemente las condiciones de estos préstamos garantizados, tanto en plazo como en coste. Estas operaciones que cuentan con el aval automático y líquido de la SGR, y ahora con este nuevo plus de confianza, deberían tener unos tipos de interés menores que los que la banca considera para sus operaciones hipotecarias. Y también habría que conseguir de ellos una mayor implicación en el sistema, que se concretara en aportaciones de fondos a las SGR con las que suscriben convenios para aumentar tanto su solvencia como su capacidad operativa.

Si esto no es así, lo que conseguirá esta ley son nuevos beneficios para  la banca pero no para la PYME.

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