La ‘Ley Sinde’, las webs de enlaces y el nuevo ‘Espoiler TV’

Susana Caballero | 24 de septiembre de 2010 a las 23:43

Tras superar las enmiendas de devolución en el Pleno del Congreso, la Ley de Economía Sostenible seguirá adelante su tramitación parlamentaria, lo que significa que ahora irá al Senado, donde se presentarán enmiendas que se aprobarán o no, y de nuevo al Congreso para su aprobación y puesta en práctica definitiva. ¿Por qué hablo de una ley que busca cambiar el modelo productivo de la economía española y encaminarlo hacia otro más sostenible (una palabra que, de tanto uso y abuso, se ha convertido en otro término vacío con que llenar discursos políticos)? Pues porque en ella se incluye la llamada ley antidescargas -popularmente conocida como Ley Sinde-, que ha quedado tan diluida y ninguneada (o puede que camuflada) que sólo es la Disposición Final Segunda de la Ley.

Desde cierto punto de vista, su paso casi de incógnito por el Congreso le ha venido bien, porque casi nadie se ha fijado en ella. Fueron varios los grupos que presentaron enmiendas a la totalidad a la ley, pero sólo UPyD y BNG hicieron oír sus críticas (su representación parlamentaria hizo que esa protesta no sirviera de mucho) específicas a este apartado. El PP, que protestó contra toda la Ley de Economía Sostenible (LES), propuso modificar la composición de la llamada Comisión de Propiedad Intelectual, pidió suprimir el canon digital y se quejó de que la Ley Sinde se tramite agazapada entre medidas sobre vivienda, energía o transporte.

Pero ¿qué es la Ley Sinde? Aquellos interesados pueden leer su texto completo (no muy largo) en la página 55 de la ley (en pdf), pero, resumiendo, lo que busca es “agilizar” los procesos en los que se vea en peligro la propiedad intelectual. Es decir, que las reclamaciones se diriman cuanto antes, una celeridad que podría pedirse para todo el sistema judicial, porque éste no es precisamente un tema de vida o muerte. Pero esa “agilización” no es lo que más ha llamado la atención de la ley, ni lo que provocó hace unos meses encendidas protestas en la Red y en la calle, sino la creación de una comisión que se encargará de decidir quién vulnera los derechos de propiedad intelectual, una comisión de la que inicialmente estaba excluida cualquier instancia judicial. Los jueces sólo tendrían que firmar la orden para cerrar una web (sí, todo esto se resume en cerrar páginas web), pero no podrían decidir si ese cierre era justo o no.

Finalmente parece que sí habrá algún juez en la citada comisión, cuya composición por ahora es un misterio, y en el texto del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible (pdf) se ha añadido que “la ejecución de estos actos, en cuanto pueden afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial“.

La exclusión inicial de la autoridad judicial tiene una explicación muy simple, más allá de la “agilidad” que buscan: los jueces suelen desestimar las demandas sobre las webs que incluyen enlaces para descargar películas, series o discos (la última de ellas la cuenta el abogado David Bravo en su blog: un estudiante de 24 años sale airoso tras varios años de procedimientos contra la SGAE y varias multinacionales; al final, el juez ha multado a la sociedad de derechos de autor por mala fe procesal), que son uno de los objetivos preferentes de la susodicha Ley Sinde, o más bien Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, que es lo que es, casi una nota a pie de página, por mucho que sus efectos sean impredecibles.

Si en un caso como el defendido por Bravo han hecho falta tres años de litigios (para concluir con la inocencia del demandado), ¿cuántos derechos se pueden pisotear si se cierra todo en unos días, como pretende la norma?  Pero ahí sigue el canon digital, que tira a la papelera la presunción de inocencia y asume que todos los que compran equipos informáticos (y otras muchas cosas gravadas) van a usarlos para el mal. Tan estúpido como quitarte de entrada unos cuantos puntos del carné de conducir por si te da por ponerte al volante borracho…

Para cerrar con algo menos árido y tal vez con alguna sonrisa, traigo aquí un par de puntos del aviso legal que Hernán Casciari ha incluido en el remozado Espoiler TV, que se ha separado definitivamente de El País (allí sólo ha quedado su blog, en el que comenta los cambios) y añadido algunas mejoras a lo que ya era una completísima guía de series y una herramienta para tener controladas las producciones que seguimos. Entre esas mejoras -todas ellas reseñadas por Kids en Blogoff- está la posibilidad de que los usuarios incluyan enlaces de descarga para los episodios y para sus correspondientes subtítulos. En la entrada de la nueva web aparecen, entre otros, estos avisos:

2. A la autoridad competente en cada país: Ninguno de los enlaces mostrados en Espoiler TV dirigen a archivos hospedados en este servidor. Los enlaces están aquí porque los han puesto los usuarios, con quienes no nos une parentesco alguno, ni incluso simpatía. Espoiler TV ya les ha dicho a los usuarios, miles de veces, que no lo hagan, que no compartan sus gustos, que no difundan el arte, que en esta época puede ser jodido, pero ellos insisten. Ya no sabemos qué hacer.

3. A los usuarios que descargan el .avi: Al hacer clic en los enlaces de video, afirmas que has visto la serie en su emisión original, o que has comprado el DVD, o que has visto la serie en casa de un amigo, y que lo que quieres hacer ahora es recordarla, volver a verla o enseñarle un pedacito a tu hermana. Al administrador de Espoiler TV no le corresponde ninguna responsabilidad si usas estos enlaces de forma incorrecta; por ejemplo, para encriptar en ellos mensajes del nazional-socialismo.

4. A los usuarios que descargan el .srt: Al hacer clic en estos enlaces de subtitulado, afirmas que eres completamente sordo.

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