La Agenda Digital para Europa hace escala en Andalucía (I)

Susana Caballero | 2 de diciembre de 2011 a las 21:46

[La Agenda Digital Europea celebró ayer en Sevilla una de sus jornadas ‘Acción Local’. Como el día fue largo e intenso, he preferido dividir en dos artículos la crónica de estas sesiones. Este es el primero. En este enlace está el segundo

No es el futuro. Es el presente. Internet, las redes sociales y todas sus herramientas forman parte desde hace años de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, personas que se comunican, se informan, trabajan, aprenden y colaboran con otras personas, estén cerca de ellas o no, sin más cortapisas que las que les imponen unas leyes que en ocasiones entorpecen la innovación y el progreso, unos políticos reacios a escuchar a ciudadanos cuya voz es más que un voto en una urna cada cuatro años y marañas burocráticas que hacen a veces imposible cualquier gestión sin perder horas de cola en cola.

Estos fueron algunos de los temas de los que se habló en la jornada que la Agenda Digital para Europa, dentro de su programa Going Local, celebró ayer en Sevilla, una iniciativa abierta a la participación ciudadana, tanto presencial como virtual, a través de Twitter y los foros abiertos en la Red, para que los ciudadanos dejasen sus propuestas y votasen las mejores. Durante todo el día se celebraron mesas redondas y debates en torno a tres ejes centrales: el eGobierno, el espectro y la innovación social.

El primer tema ocupó todas las sesiones de la mañana, en las que se habló del plan de acción europeo sobre eGobierno y las prioridades de España en este ámbito, la reutilización de los datos del sector público y la identidad electrónica y la interoperabilidad. Las conclusiones fueron contundentes: la Unión Europea sigue siendo un maremágnum de normativas, estándares y protocolos (en casi todos los campos, también en el electrónico) que hacen imposibles transacciones y operaciones de un país a otro (o al menos muy difíciles), los Gobiernos apenas ponen a disposición de los ciudadanos todos los datos públicos de que disponen (y si lo hacen, los liberan en formatos no reutilizables) y las tramitaciones electrónicas muchas veces entorpecen más que ayudan.

Por suerte, hay esperanza. En la Unión Europea son conscientes de los problemas y están dispuestos a tratar de solucionarlo, como se puso de manifiesto en la aprobación, hace dos años, de la llamada Declaración de Malmö (pdf), que refleja, entre otros aspectos, la necesidad de capacitar a los ciudadanos, reforzar el mercado único o diseñar los servicios a la medida del usuario para responder a sus necesidades. Para 2015, la Agenda Digital para Europa pretende que un 80% de las empresas y la mitad de los ciudadanos utilicen la Administración electrónica.

Todos esos propósitos se enfrentan con la realidad actual, según puso de manifiesto María Jesús Sobrini, de Cisco, que pintó un presente menos amable y un futuro más incierto, insistiendo en la necesidad de agilizar trámites y procesos (y de unificarlos), fomentar la colaboración, especialmente la público/privada, o incluir a las pymes en los proyectos de innovación tecnológica. Además, Sobrini se preguntó por el impacto real de la Administración electrónica, quiso saber cuántos ciudadanos y empresas la usan realmente y cuál es su impacto real en la economía y en el engranaje de un país (o comunidad autónoma o ayuntamiento), y pidió a las administraciones que racionalicen el gasto en IT, porque, por ejemplo, dijo, “no necesito tener una central eléctrica en casa para encender un horno en la cocina”.

La sesión dedicada a los datos públicos fue una de las más interesantes del encuentro, y en ella los ponentes fueron especialmente críticos con el modo en que las administraciones gestionan sus datos públicos. Por ejemplo, Carlos Alonso, de Asedie, aseguró que si en España ciudadanos y empresas tuviesen más información del sector público se habrían evitado muchos impagos desde que empezó la crisis.

Por su parte, David Cabo, de Pro Bono Publico, puso de manifiesto lo que comentaba más arriba: el hermetismo de las administraciones, que se limitan a guardar en un cajón datos de indiscutible utilidad y con ello frenan la innovación y la posibilidad de mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos. Cabo puso como ejemplo aplicaciones de tráfico, farmacias o impuestos, entre otros servicios públicos, que se implementan en una ciudad o comunidad pero no se pueden extender a otra porque se puede acceder a unos datos pero a otros no. Cabo es el propulsor de herramientas cómo ¿Dónde van mis impuestos? (inspirada en el Where does my money go? británico), para la que sólo puede usar datos de los Presupuestos del Estado porque los datos de CCAA y ayuntamientos, si los consigue (dijo que es difícil acceder a los informes de ejecución presupuestaria), no son reutilizables. Su próximo proyecto, para el que busca financiación, es Tu derecho a saber, que permitirá a los ciudadanos pedir información a cualquier institución pública y con el que revindica la aprobación de la anunciada (y postergada desde que se prometió en 2004) ley de acceso a la información pública. También comparó la situación en España y países como Reino Unido o Estados Unidos, algo de lo que se habló en el último EBE y de lo que hablé yo aquí hace unos días.

Alberto Ortiz de Zárate explicó la filosofía y el funcionamiento de Open Data Euskadi y lanzó un mensaje muy claro: los datos deben ser abiertos al público y accesibles, sin autorizaciones, para su libre uso, y ya habrá tiempo después de ver qué es lo que la gente necesita. Y animó a las administraciones a que pongan en sus webs todos esos datos, “pero que lo hagan bien, para que mi madre lo entienda”. (Esto último debería ser, en mi opinión, el leit motiv de todos los desarrolladores de herramientas tecnológicas, sobre todo si son públicas), invirtiendo con sentido, en lo que es importante, y llevando a cabo una “sofisticación tecnológica razonable”.

Durante esta sesión se habló también del decreto sobre reutilización de la información del sector público (para ámbito estatal) publicado hace unas semanas y que autoriza expresamente la reutilización, determina el responsable de este campo en cada administración, y define claramente la normativa al respecto. Por si a alguien le interesa consultar cómo está actualmente el tema de la reutilización de la información del sector público de España, esta es la última nota técnica del Observatorio de Administración Electrónica de la AGE (pdf).