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La conferencia de David Bravo en la Campus Party

Susana Caballero | 15 de julio de 2011 a las 11:40

Para quien no sepa quién es, David Bravo es un abogado experto en propiedad intelectual conocido, entre otras cosas, por haber puesto contra las cuerdas a la SGAE en más de un tribunal (y en alguna que otra tertulia televisiva) y haber denunciado, entre otros disparates, los absurdos del canon digital o de la ley Sinde. Ayer dio una conferencia en la Campus Party (que tuvo que modificar, como él mismo confesó en Twitter, tras el escándalo destapado en la SGAE) en la que explica cómo funciona la sociedad de gestión de derechos presidida hasta hace unos días por Teddy Bautista, por qué el canon digital es una barbaridad y cómo se las arregla la ley Sinde para poner en manos de una comisión administrativa unas decisiones que sólo deberían tomar los jueces. Y todo con su fino sentido del humor, ese que, al verlo, nadie diría que tiene. Pero lo tiene. A toneladas. Les dejo con la conferencia. Que la disfruten.

¿El fin del canon digital? No del todo

Susana Caballero | 13 de julio de 2011 a las 13:21

El Congreso de los Diputados respaldó ayer mayoritariamente (ningún voto en contra y sólo dos abstenciones) una propuesta del Grupo Popular para suprimir el canon digital. Lo que en principio parece una buena noticia tiene sin embargo unas cuantas líneas de letra pequeña. Muy pequeña.

Lo que el Congreso ha hecho no ha sido sino instar al Gobierno a que lo elimine, lo que significa que el Ejecutivo tiene que ponerse ahora manos a la obra, y es poco probable que pueda hacerlo antes de que acabe una legislatura a la que le quedan sólo unos meses. Además, en pleno verano, con la espada del nuevo Damocles (también conocido como mercados) revoloteando sobre la economía española, todas las reformas esas que dice que va a hacer antes de convocar elecciones y los Presupuestos a la vuelta de la esquina, no creo que vayan a tener tiempo ni tampoco demasiado interés en abolir una medida contra la que, no olvidemos, ya se han pronunciado tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como nuestra Audiencia Nacional. ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo? Exacto: nada.

La otra mala noticia es que, en el caso de que finalmente desaparezca el canon digital, que aún está por verse, sería sustituido por otra tasa que “compense el perjuicio a los autores por las copias ilegales” -no es un entrecomillado real, sino una fórmula que busca reproducir las empleadas por nuestros supuestos representantes cuando hablan del tema y demuestran que, en realidad, no son los representantes de todos, sino sólo de unos pocos-. Aún no se sabe cómo será ese modelo, pero teniendo en cuenta los antecedentes, me temo que no será mucho mejor que el actual, que, recordemos, se pasa la presunción de inocencia por el arco del triunfo y considera que todo aquel que compre un dispositivo que pueda hacer copias o almacenar contenidos o un soporte en que se puedan grabar esas hipotéticas copias es culpable porque va a usarlo (siempre) para piratear o robar, como ellos lo llaman (hay casos en los que se puede reclamar la devolución de dicha tasa, pero en ocasiones es un proceso largo, costoso y difícil que muy pocos emprenden).

[Conviene recordar, como me acaban de recordar a mí en los comentarios -gracias- que la copia privada es absolutamente legal, por lo que establecer un canon para compensar las pérdidas que esa práctica legal en teoría ocasiona es un despropósito. Luego hay muchos, como digo más arriba, que siguen empeñados en que toda copia, sea o no privada, es un 'robo' o un 'acto de piratería']

No sabemos cuál es la alternativa al canon digital que plantean ni el Gobierno ni el PP, promotor de la propuesta votada en el Congreso, pero apostaría un par de euros a que está más que formulada y acordada entre ambos partidos. No olvidemos que el apoyo de los socialistas a los populares de ayer no es más que la devolución del favor que les hicieron al apoyar la infausta ley Sinde (otra norma que vulnera unos cuantos dictámenes judiciales, pero tampoco eso les importa). Aunque parezca que están en todo en contra el uno del otro, para ciertas cosas (como proteger a los suyos) sí que se ponen de acuerdo.

Otra mala noticia es que, si desaparece el canon digital, no se devolverá lo percibido ilegalmente (como pedía UPyD) desde que los tribunales se pronunciaron en contra (y han pasado ya unos años), quizás porque bastante lío hay ya en la SGAE como para ponerse a buscar ahora las cuentas del canon digital…

‘Ley Sinde’: políticos, cinismo, miedo y censura

Susana Caballero | 18 de febrero de 2011 a las 23:11

Ya lo sabrán, supongo, pero el caso es que ya tenemos ley Sinde. Rechazada en un primer momento en el Congreso, fue al Senado y allí un extraño pacto entre PSOE, PP y CiU, casi a escondidas, la salvó, con algunas modificaciones (nada sustancial). De allí volvió al Congreso, donde fue aprobada con los votos de esos mismos partidos. Probablemente también estarán al corriente del lío que se montó con los cables de Wikileaks sobre dicha norma, que revelaban las presiones de Estados Unidos para que se redactase y aprobase el texto cuanto antes, leyeran este artículo con un par de consideraciones sobre la ley Sinde e incluso se rieran de la desafortunada parábola de Javier Bardem sobre los tomates, así que no insistiré más en eso.

Sigo pensando lo mismo que entonces sobre la ley Sinde, pero no de nuestros representantes políticos, que han dado en las últimas semanas una lección de cinismo o, quizás, no han hecho sino demostrar lo poco que les importa lo que opinan los ciudadanos, que somos los que les votamos para que ocupen uno u otro cargo y también los que les pagamos. Pero los votantes no elegimos a personas, sino la cuota de poder de cada partido. Son los aparatos de las respectivas formaciones los que reparten el pastel. Es a ellos a los que deben agradar nuestros diputados y senadores, no a sus votantes, y esa es una de las razones por las que existe la disciplina de voto. Todos deben votar lo mismo porque el disidente puede que no vuelva a sentarse en su escaño. Hasta que no existan listas abiertas y podamos votar a las personas que nos apetezca no desaparecerá esta dictadura partitocrática. Algo poco probable.

Pero no quiero extenderme más con eso, porque el propósito principal de esta pieza es recopilar una serie de declaraciones curiosas que he escuchado en las últimas semanas.

Ignacio Cosidó, diputado del PP en el Congreso, el 22 de enero, en la Convención del PP en Sevilla (al día siguiente publicó su intervención en su blog):

“Prefiero que me roben la tarjeta de crédito en internet a que me detengan por escribir un blog. Es esencial que el Partido Popular mantenga alta la bandera de la libertad en este momento. La libertad es el valor supremo y la seña de identidad del PP. (…) El Gobierno socialista está recortado las libertades en España. Lo ha hecho con su afán prohibicionista. (…) Internet es hoy la nueva frontera de la libertad. La Red es la mejor herramienta para difundir la libertad en cualquier país del mundo. Los regímenes totalitarios intentan controlar internet porque saben que hoy es su principal amenaza. También el Gobierno español hace esfuerzos por subyugar la Red con medidas como el cierre preventivo de páginas webs. El PP debe estar siempre del lado de la libertad”.

José María Chiquillo, portavoz de Nuevas Tecnologías del PP en el Senado, en la Convención del PP en Sevilla (en otra mesa redonda diferente).

“Hay que armonizar el derecho individual del autor frente al derecho colectivo de libre acceso a la cultura. La libertad en la Red innegociable e incuestionable, gobierne quien gobierne, para que los internautas hagan lo que quieran hacer. Hay quien mira desde el miedo esa libertad en internet y sólo se preocupa del control. La libertad tiene que seguir siendo la esencia de internet. (…) Ningún tribunal sentencia en contra de compartir contenidos (vulgarmente se llama piratear, interesadamente, para confundir). Tenemos una Ley de Propiedad Intelectual de la época analógica. Hoy no vale. Hay una crisis irreversible del modelo que exige cambiar el modelo cultural y el modelo de negocio. Intercambio sí, pirateo no”.

Menos de 48 horas después, el lunes siguiente, el Partido Popular anunciaba que había llegado a un acuerdo con el PSOE para sacar adelante el texto en el Senado. Teniendo en cuenta que los jerifaltes populares se pegaron todo el fin de semana en Sevilla y que estas cosas no se negocian en una mañana, podría pensarse que ya lo tenían medio hablado antes de venirse a Andalucía para el sarao.

La nueva versión de la ley Sinde incluía reformas que, pese a ser mínimas, convencieron a los populares (y a CiU, no nos olvidemos de ellos) para que la aprobasen. Esto es lo que dijo José María Chiquillo cuando salió adelante en la Cámara Alta (no he encontrado las declaraciones exactas):

Chiquillo aseguró que el nuevo texto arroja garantías sobre el procedimiento y exige que la autorización judicial no sólo esté vinculada a la decisión sobre el cierre de una web sino también a la solicitud de información para que se acredite los supuestos culpables. No obstante, recordó que este acuerdo no supone “un cheque en blanco” al Gobierno porque el texto es “manifiestamente mejorable. Gracias al PP contiene unos mínimos innegociables, un marco de seguridad jurídica durante un período de tiempo transitorio, hasta que se apruebe una nueva ley de propiedad intelectual. (…) Así se logra que no se criminalice a los internautas ni se vulneren derechos fundamentales”.

El 13 de febrero se celebró la gala de los premios Goya. Ya saben de las protestas en la entrada contra la ley Sinde, la foto de marras entre Álex de la Iglesia y la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde (y Elena Salgado, Leire Pajín y Miguel Sebastián, que a lo mejor fueron para guardarle las espaldas a su colega cultural, porque a santo de qué venía meter a medio Gobierno en unos premios de cine), y puede que hasta hayan visto el discurso del presidente de la Academia, pero aun así lo vuelvo a poner:

Tras el discurso que, como toda la gala, fue ampliamente comentado en Twitter (la única manera de sobrellevar tan soporífera velada), Esteban González Pons hizo acto de presencia (en Twitter) para soltar unos cuantos mensajes al respecto. ¿Oportunista? Sí, pero es una práctica habitual. Los partidos han aprendido que nada mejor que aportar su granito de arena sobre el tema que esté en boga en ese momento en la plataforma para, o eso creen, ganar algo de cuota de pantalla. Durante la Convención del PP el PSOE apareció usando la etiqueta oficial del evento para atacar a los populares y estos se tomaron cumplida revancha unas semanas después cuando le tocó al PSOE celebrar su convención en Sevilla. Pero volviendo a González Pons, esto es lo que dijo en Twitter:

Parece que él no lo entendió tan bien como De la Iglesia, porque dos días después votó a favor de la ley Sinde en el Congreso, igual que todos sus compañeros de partido (salvo uno, que al parecer se equivocó; estos son los que votaron a favor y en contra). Donde había que decirlo era en el Congreso, señor González Pons, que es donde se hacen las leyes. Y ahora tenemos ley Sinde gracias a ustedes.

Pero el humor no se quedó en las filas populares. La artífice (por ser generosos, porque ya sabemos a quién corresponde su autoría intelectual) de la ley que lleva su nombre ha dicho esta semana alguna que otra cosa curiosa. Las negritas son mías y sí, son intencionadas:

Tras la gala de los Goya:

“Álex [de la Iglesia] entiende la situación perfectamente y el equilibrio de los derechos de todos, que es lo que persigue el Gobierno. (…) Mañana [por el día en que se votaba en el Congreso la disposición segunda de marras] esperemos que los diputados voten en el mismo sentido que los senadores, con un 95% de los votos. La Cámara Alta apoyó esa regulación y ese respeto de los derechos de todos en la Red para poder estar en el presente y en el futuro, como sugería Álex”. (No creo que fuera eso lo que De la Iglesia sugirió).

Después de que el Congreso aprobase la ley:

“Es una oportunidad para generar empleo y defender nuestra lengua. Es una buena noticia no sólo para la cultura sino también para los ciudadanos (…) Que salga adelante por abrumadora mayoría es un importante mensaje de las fuerzas políticas y una noticia tranquilizadora para los usuarios, creadores y para todos los que defendemos internet como medio de difusión de la cultura (…) mecanismo que prevé la ley para garantizar tanto que las obras no son explotadas sin permisos por algunos aprovechados como garantizar que los ciudadanos puedan seguir accediendo a la cultura de manera legal, de manera rápida y a precios competitivos. (…) Lo importante es que a partir de ahora se pueda desarrollar esa oferta legal a través de ese nuevo canal de distribución de la cultura que supone internet. (…) Mientras no haya unas reglas de convivencia que hagan compatibles los derechos de todos no se va a poder desarrollar el mercado como quieren los usuarios, por medio de videoclubes on line, con libros electrónicos que uno se pueda descargar fácilmente y a un coste barato (…) ofertas que hoy en día no están en la forma en la que los ciudadanos las demandan y, en este sentido, el Gobierno considera que es importante tener ese marco legal para que, en el futuro inmediato, podamos tener una oferta en la Red tan competitiva y tan importante como tienen otros países de nuestro entorno que han desarrollado ya leyes similares”.

Sinde, en una entrevista en Los Desayunos de RTVE, sobre la ley (este es el enlace a la entrevista completa. No puedo incrustar el vídeo aquí):

“El éxito se medirá en función de la oferta legal que vaya habiendo este año”. El objetivo no es cerrar páginas o bloquear contenidos, “porque eso significaría que no se ha producido la transformación. (…) Lo más importante es que a partir de que haya un marco legal de seguridad jurídica, las empresas hagan por fin ese gran desembarco en la Red“.

Sobre la presión de la industria de EEUU y del embajador:

“Ha habido la misma presión de parte de los lobbies que de los intereses legítimos de la industria fonográfica independiente española, o de los dueños de los videoclubes, que antes eran 10.000 y ahora quedan algo más de 2.000. (…) Por supuesto se le explicó [al embajador de EEUU] el equilibrio parlamentario [y la negativa de los grupos a apoyar el texto de la ley]“.

En resumen, que lo que busca la ley Sinde es “ese gran desembarco en la Red” de las distribuidoras de contenidos, y en lugar de obligarles, o motivarles o como se quiera decir (tan simple como decirle a las sociedades de gestión de derechos, distribuidoras y similares que se pongan las pilas y dejen de lloriquear), deciden aprobar una norma de censura y miedo.

El factor miedo lo aporta el párrafo en el que se indica que los procesos contra las páginas denunciadas por la comisión administrativa esa que incluye la ley podrán anularse si sus responsables se retiran los contenidos polémicos y prometen no volver a hacerlo. Es decir, que con una simple denuncia administrativa, antes de que ningún juez diga nada al respecto, pueden asustar lo suficiente a cualquier página web  de tres al cuarto cuyo creador no tendrá probablemente conocimiento ni recursos para defender su causa ante un tribunal.

El factor censura, por si no quedaba claro qué es lo que pretende en realidad esta ley, queda explícito en este párrafo (las negritas aquí son también mías):

“La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial“.

En el texto, sin embargo, no queda claro si el don de la clarividencia será requisito indispensable para convertirse en miembro de la comisión o si simplemente bastará con echarlo a cara o cruz para saber si algo puede, en el futuro o en una realidad alternativa, causar un daño patrimonial.

Esto, señoras y señores, es lo que han votado PSOE, PP y CiU. El otro día dijo Álex de la Iglesia que en el cine trabajaban 30.000 personas. Supongo que contando a todos los implicados en todas las facetas serán unos cuantos más, y muchos más si sumamos al resto de los trabajadores de las industrias culturales afectadas (música y libros, principalmente). No sé de cuántas personas estamos hablando, pero por muchos que sean son una minoría (muy minoritaria, valga la redundancia) de la sociedad española, un país en el que vivimos 45 millones de personas que al parecer debemos someternos a leyes dictadas por y para una minoría. ¿No estábamos en una democracia?

PD: Si alguien cree que con esto se han quedado satisfechas las esgaes y sus amigos, se equivoca. La Coalición de Creadores ya ha dicho que si en unos meses no les convencen los resultados (que se disparen sus ingresos, se entiende) volverán a la carga. Su siguiente objetivo son los usuarios. Y visto lo visto, nadie duda que conseguirán todo lo que se propongan.

La web de ‘Roja directa’, tomada por Estados Unidos

Susana Caballero | 1 de febrero de 2011 a las 17:50

Puede que alguien piense que el verbo tomar es excesivo, pero eso es lo que significa seize, el término empleado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, que ha intervenido el dominio rojadirecta.org y lo ha sustituido por esta amenazadora imagen (sobre todo por lo que imponen los escudos del Departamento de Justicia, el de Investigaciones de Seguridad Nacional y, sobre todo, el del Centro de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual Nacional (la protección es nuestra marca):

Pero que no se apuren los usuarios habituales de esta página, porque podrán seguir viendo sus partidos de fútbol, baloncesto, béisbol y hasta hockey, aunque, eso sí, deberán cambiar la terminación de la dirección, y teclear, en lugar de .org, .com, .me, .es o .in. El fundador de la web, Igor Seoane, asegura que la toma de posesión estadounidense -según las autoridades de aquel país, por la distribución sin permiso de contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual- se ha producido de madrugada, sin previo aviso, y saltándose a la torera los fallos judiciales que exoneraban a los responsables de la página precisamente del delito del que ahora se les acusa.

Desde la web, el equipo de Roja directa denuncia “la falta de control sobre los dominios genéricos (.com, .org, .net, etc.), que son controlados por empresas estadounidenses y que las autoridades de Estados Unidos vienen censurando en los últimos meses a su antojo sin un proceso judicial en el que exista la posibilidad de defensa”. [En teoría están controlados por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), una “organización sin fines de lucro” cuyos hilos maneja Washington, según las malas lenguas]

No soy abogada, ni juez, ni siquiera experta en leyes, así que no sé hasta qué punto es lícito que un país intervenga una web administrada por un ciudadano de otro país por las bravas sin veredicto judicial de por medio (aunque sí hay una orden para el cierre) , pero todo esto, inevitablemente, me vuelve a traer a la cabeza aquello que dije sobre los cables de Wikileaks sobre la ley Sinde y confirma, por si no había quedado claro, que en lo que respecta a la Red no somos más que una colonia de Estados Unidos. O un protectorado, si prefieren el término británico, que viste mucho más.

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Actualización (02/02): Estados Unidos ha bloqueado también el dominio terminado en .com. Por ahora siguen operativos los .es, .in y .me. Además, Google ha eliminado de sus búsquedas los resultados que conducen a Roja directa, por las “quejas que hemos recibido en relación con la Digital Millennium Copyright Act (ley estadounidense de protección de los derechos de autor)”. Incluye el buscador un enlace a una queja no disponible y a otra relacionada con el litigio de Audiovisual Sport del que hablaba más arriba (y que data de 2007) y sobre el que ya se pronunciaron los tribunales españoles.

.me, .es, .in

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Antonio Resines: “Descargar es robar”

Susana Caballero | 12 de enero de 2011 a las 18:51

Antonio Resines ha presentado hoy, junto a su director, Jesús Bonilla, la película La daga de Rasputín. Tras una serie de frases, que no argumentos, en defensa de la comedia española (como siempre, criticando a la estadounidense, cinematografía que, como todos sabemos, apenas tiene obras maestras cómicas, aunque eso es otro asunto), el actor, que siempre me ha caído bien, que conste, se despacha a gusto sobre la ley Sinde, las descargas, internet y todos esos avances que van a terminar con el mundo tal y como lo conocemos. Copio directamente del teletipo distribuido por Europa Press (las negritas son mías):

Preguntado por la situación actual del cine y por la recientemente rechazada ley Sinde, Resines es tajante y señala que se trata de una ley que, a su juicio, es “timorata”, y que exige “mucho menos de lo que se debería hacer con una ley que está admitida en toda Europa, donde hay sistemas controlables judicialmente para que la gente no descargue, porque eso es robar”. Por ello, no entiende cómo se ha rechazado una ley “suave” que impide robar. “Así como la gente cobra por su trabajo, nosotros también queremos cobrar. Además, si los productores no perciben nada, es imposible que hagan otra película. Si no recaudas nada, quien ha puesto dinero no va a volver a invertir en otro proyecto”, lamenta el actor.

Lo de la ley “admitida en toda Europa” es gracioso. Lo de “descargar es robar” no sé si es por puro desconocimiento o porque, como tantos otros, tiene asimilado ese discurso que hace ya años les grabaron a fuego organizaciones como la SGAE. Lo que sí sé es que La daga de Rasputín, con todos mis respetos, no tiene pinta de colocarse este fin de semana en el top de descargas, así que tendrán que buscar otra excusa si no consigue los resultados de taquilla que esperan, que ya está muy visto eso de echarle la culpa de todo a internet.

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Los tomates de Bardem

Susana Caballero | 25 de diciembre de 2010 a las 22:43

Cuando uno dirige un medio de comunicación y quiere transmitir un mensaje tiene dos formas básicas de hacerlo: una, utilizando el editorial, que refleja la opinión del medio en cuestión, o publicando informaciones que defiendan una determinada postura; dos, llamando a personas que compartan su opinión sobre un determinado asunto para que escriban un artículo sobre el tema. La segunda suele ser considerada más elegante, sobre todo desde dentro, porque no implica al medio. A fin de cuentas, es otro el que lo dice. Pero desde fuera en ocasiones da una apariencia no precisamente elegante.

En ésas anda estos días El País, que con una mano se cuelga medallas por su compromiso al publicar los cables de Wikileaks, también los de la ley Sinde (de aquella manera y la noche de la crisis de los controladores), mientras con la otra trata de defender la susodicha disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible pero sin que se note demasiado, que a fin de cuentas es un periódico serio, prestigioso, que no está dispuesto a que el debate sobre el tema le afecte más de lo necesario.

A lo largo de toda la semana, el diario ha ido publicando más cables de Wikileaks sobre la ley Sinde y numerosas piezas sobre el impacto que en la Red tuvo el extraño (por los numerosos retrasos que hubo en la votación) rechazo a la norma. Incluso ha publicado piezas escritas por algunos detractores de la disposición, como Julio Alonso. Pero sobre todo han publicado artículos de gente, de esos que se consideran artistas y creadores (y, por lo tanto, probablemente tan hambrientos como Rosario Flores por culpa de la piratería), que están muy a favor no ya de que se regulen las descargas (y no sólo las descargas, porque aquí habría que hablar también del streaming), sino de que se regulen como quiere Sinde. Entre esos textos hay joyas como esa firmada por Alejandro Sanz en la que directamente llama proxenetas a los piratas (¿no sería gracioso que todos los que nos sintiésemos aludidos le demandásemos por calumnias?) o la firmada por Javier Bardem sobre los tomates y los botones mágicos.

El ganador de un Oscar, conocido por su fuerte compromiso social y político y cabeza de pancarta en cuantas manifestaciones se han celebrado en España contra la reforma laboral, la congelación de las pensiones, el recorte salarial a los funcionarios, la subida del IVA, el paro, la crisis, los engaños del Gobierno desvelados por Wikileaks…

Perdón. Se me han traspapelado los datos. Este señor no ha estado en ninguna de estas manifestaciones. De hecho, ninguno de sus amigos ha estado en ninguna, ni las han apoyado, ni organizado, ni nada. Alguien con un poco más de mala uva podría decir que el señor Bardem no pisa la calle desde que Zapatero llegó a La Moncloa hace varios años, lo que explica meteduras de pata como la de los tomates, que empieza así (el que quiera leérselo entero, más que nada porque es un texto humorístico de primer nivel, puede hacerlo en El País):

Quiero comprar un tomate fresco. Voy a llamar a un verdulero para que me venda uno recién sacado de la huerta. Pero resulta que si doy a un botón en mi ordenador un tomate parecido en sabor y color se instala automáticamente en mi nevera. No está igual de bueno que el de la huerta, pero me da igual, total… es para un gazpacho.

Pero no traigo aquí el panfleto del ganador de un Oscar sólo por criticarlo, sino para compartir por quien pase por aquí (y no lo haya leído ya, claro) uno de los muchos comentarios que recibió el texto en Menéame, una respuesta grandiosa que podéis leer en el propio Menéame o en Blogoff, que lo ha rescatado porque sin duda lo merece. El texto, firmado por el usuario humitsec, empieza así:

Javier Bardem quiere «comprar un tomate fresco». Para usar el paralelismo con la industria cultural, Javier debería acudir a una tienda en la que tras pasar por sucesivas manos, el tomate ha incrementado su valor de manera artificial, repercutiendo en el horticultor en menos del 0,1 % de su valor de venta. Son otros, los intermediarios, los que han cobrado más, en muchos casos tan solo por cambiar la pegatina que viene puesta en el tomate. Algo que, por desgracia, no dista mucho de la realidad del mercado de la agricultura –y de la pesca, y de la ganadería…–.

Pero ahora viene la gracia. Javier Bardem no puede compartir ese tomate que acaba de comprar con nadie más, pues de lo contrario la Sociedad General de Agricultores y Especuladores se cabreará con él y lo llamará ladrón: «¡Quien quiera un tomate que se lo compre! ¿Qué es eso de compartir?».

Si digo que lo leáis completo porque no tiene desperdicio, me quedo corta. Es de lo mejor que he leído en mucho tiempo.

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Un par de consideraciones sobre la ‘ley Sinde’

Susana Caballero | 23 de diciembre de 2010 a las 0:14

Aunque ya he dicho en alguna que otra ocasión la opinión que me merece la conocida como ley Sinde, me gustaría, tras su rechazo en el Congreso, hacer un par de puntualizaciones sobre el tema, porque he visto en los últimos días que algunos, deliberadamente o no, están confundiendo churras con merinas. Y hasta con meninas, en algunos casos.

-El sobrenombre ley Sinde es doblemente desafortunado. Primero, porque no es una ley, sino una disposición final a una, la de Economía Sostenible. Segundo, porque, según sabemos por los cables de Wikileaks, es erróneo atribuirle a la señora González Sinde la autoría de dicho texto. Mejor llamarla apéndice Washington, o anexo EEUU, o algo así.

-Estar en contra de la ley Sinde no implica estar a favor del todo gratis en internet, ni despreciar la propiedad intelectual, ni los derechos de autor. La ley Sinde no es mala porque persiga la también a menudo mal llamada piratería en internet, sino porque es un despropósito legislativo. Ya hay leyes para proteger los derechos de autor, y funcionan, sólo que a los que mandan en esto (no confundir con los burócratas que nos gobiernan) no les gusta cómo aplican los jueces esas leyes, y por eso quieren, por mucho que hayan añadido, a lápiz y a regañadientes (aunque el PSOE lo subraye), lo de la “previa autorización judicial”, dejar a los jueces al margen. Lo que quería la ley Sinde era crear una comisión de expertos (favorables, claro) que decidiese si se debía cerrar una web. Con su dictamen, informe, panfleto o como lo llamasen, se irían a un juez, que tendría cuatro días para decidir, el mismo tiempo que el acusado tendría para defenderse. Ya dije en su día que no veo la necesidad de esta urgencia, porque la vulneración de la propiedad intelectual no es una cuestión de vida o muerte, y no entiendo por qué debería resolverse en cuatro días un asunto de este ámbito mientras otros que sí son importantes (pongan el ejemplo que prefieran) se pudren entre la burocracia judicial. Ni que decir tiene que en cuatro días ni un juez puede resolver adecuadamente un caso ni un acusado defenderse apropiadamente.

-Hay quienes están en contra de la ley Sinde porque quieren seguir consumiendo gratis series, películas, música y libros. Me parece respetable. Hay quienes, compartiendo esa postura (a fin de cuentas, lo que les importa es seguir consumiendo gratis), lo disfrazan de atentado contra la libertad de expresión. También es respetable. No importa por qué se esté en contra de esto. Es un disparate, y punto, porque mañana, o el año que viene, el criterio para decidir qué es piratería y qué no podría ampliarse, y afectar a cualquier actividad que se realice en la Red. Además, en España poner enlaces de descarga no es ilegal. El p2p tampoco lo es. Que una comisión designada a dedo por el Ministerio de Cultura asuma competencias que corresponden a un juez sí lo es. Y también saltarse a la torera la presunción de inocencia. Es un abuso tener que pagar un canon por cualquier dispositivo por si me da por usarlo para copias ilegítimas. No soy yo quien tiene que demostrar su inocencia. Eres tú el que tiene que demostrar que soy culpable.

-Luego está el asunto Wikileaks. Estados Unidos (la industria del entretenimiento, a través de Washington y de la embajada en Madrid) presionó al Gobierno, a líderes de otros partidos y a casi cualquiera que se le puso por delante para que La Moncloa actuase contra la piratería. Además de los cables publicados por El País, hay otros cuantos que se refieren al mismo asunto (Víctor R. Ruiz los ha analizado), como ese que apunta que la propia Sinde pidió a la embajada estadounidense que hablase con otros partidos políticos para convencerles de que apoyasen la propuesta. No sólo se dejó el Gobierno manipular, sino que solicitó a los manipuladores que presionasen también a los demás. Muy edificante.

-El capítulo final de la tramitación del texto fue de vergüenza ajena. Ya era chusco incluirlo como un apéndice de una ley (la que se suponía que iba a sacarnos de la crisis, cambiar el modelo productivo y blablabla), pero que la votación final (o semifinal, porque esto no ha terminado; aún tiene que pasar por el Senado) fuese en una comisión, no en el pleno del Congreso, y que además fuese retrasada hasta el último minuto para ver si el PSOE lograba convencer a alguien de que votase a favor fue lamentable. Pero, en el fondo, muy adecuado a la susodicha norma. Es innegable el paralelismo entre estas dos proposiciones: si los jueces no dictaminan lo que queremos, los quitamos del proceso; si nadie nos apoya, retrasemos esto hasta que consigamos que alguien lo haga.

-La noche de autos seguí la votación por Twitter. Y me sorprendió la cantidad de gente que hay por ahí que no tiene, a estas alturas, ni la más remota idea de cómo funciona el poder legislativo español. Hubo quien se quejaba de la desgana de los miembros de la comisión que debían votar, del galimatías de las enmiendas, de que votaban sin saber qué estaban votando y hasta del mercadeo de votos (CiU pedía contrapartidas al PSOE por su apoyo a la ley Sinde). ¿De verdad hay que explicar esto? ¿Todavía hay quien no sabe que en España impera la disciplina de voto en los partidos y que con que haya uno que sepa qué están votando ya saben todos qué deben votar, porque sólo cumplen órdenes? ¿Todavía se sorprenden de que se intercambien votos y favores -competencias, subvenciones…-? ¿Cómo creen que sacan adelante sus leyes los Gobiernos que no gozan de mayoría absoluta? ¿Con buenas palabras? ¿Con la fuerza de su retórica? ¿En serio?

-Lo de España como paraíso de la piratería ya cansa. Y hay quien se ha subido a esa mula y no parece estar dispuesto a bajarse de ella, por mucho que se demuestre que las supuestas estadísticas no son precisamente fiables, que las inclusiones en listas negras son, más que nada, para ponernos como ejemplo ante otros países piratas, y por mucho que se cuente como pérdidas, o dinero que no se ingresa, todo eso que almacenan los que tienen síndrome de Diógenes digital. Bajan todo lo que encuentran aunque saben que nunca lo verán/leerán/escucharán.

-Los del síndrome de Diógenes no son sus clientes, señores de la industria del entretenimiento. Los del todo gratis, tampoco. Pero somos muchos los que estamos dispuestos a pagar para poder ver/leer/escuchar lo que queremos, en tiempo y forma, como se suele decirse, pero ustedes siguen empeñados en tropezar una y otra vez en las mismas piedras. La industria musical la pifió. La cinematográfica la pifió. Y la editorial, que no ha aprendido nada de los errores de las dos anteriores, la está pifiando también, con ese engendro llamado Libranda que hace que se le quiten a una las ganas de comprarse un libro en formato electrónico. Mientras sigan haciendo alternativas legales cutres, caras e inusables, seguirán perdiendo. Y cuanto antes se den cuenta, mejor para todos. Dejen de incordiar en las casas de los demás y dedíquense a arreglar las suyas, por favor.

PD: La nota enviada a los socios de la SGAE por Teddy Bautista (“compositor y músico desde 1962″) no tiene desperdicio, sobre todo su última frase: “Hoy toca pensar; mañana, preguntar; pasado, ya veremos”. ¿Es eso una amenaza?

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115 cables de Wikileaks sobre la ‘ley Sinde’

Susana Caballero | 2 de diciembre de 2010 a las 21:35

115 cables. Puede que no parezca gran cosa entre los más de 250.000 documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks y publicados estos días por entregas en cinco diarios, pero llaman la atención porque los 115 se refieren a la conocida como ley Sinde, ese apartado de la Ley de Economía Sostenible que pretende, entre otras cosas, otorgar a un grupo de expertos designados por el Ministerio de Cultura el poder de cerrar cualquier página web de la que se sospeche que vulnera las leyes de propiedad intelectual.

Sobre la ley Sinde se ha escrito mucho en los últimos meses (también hablé por aquí de ella en una ocasión), así que no insistiré mucho más en el tema, e imagino que casi todo el mundo está más o menos al tanto de que desde el domingo pasado cinco diarios, entre ellos El País, están publicando documentos enviados por los diplomáticos que Estados Unidos tiene repartidos por todo el mundo a su Departamento de Estado.

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Entre esa tonelada de información (no sé cuánto pesarán los 250.000 cables, pero imagino que bastante) hay unas cuantas confirmaciones de cosas que ya se sospechaban, retratos poco favorecedores de varios líderes mundiales y tejemanejes de unos cuantos que se llevan mucho mejor en privado con la Casa Blanca de lo que representan en público.

Y también hay informes sobre España.

Informes que demuestran, siempre partiendo de la base de que lo que los diplomáticos escriben en ellos sea totalmente cierto, que el Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero es uno de esos que dice una cosa en público y otra muy diferente en privado, que se autorizó el paso por España de los vuelos de la CIA hacia Guantánamo, que se permitió a EEUU presionar a la Fiscalía General del Estado para tapar el caso de la muerte de José Couso, que se maquinó para que la investigación sobre Guantánamo no cayese en manos de Garzón o Pedraz o que la Casa Blanca pagó 85.000 dólares por cada preso de la cárcel cubana que aceptásemos quedarnos.

Imagino que cuando uno (o unos cuantos unos, porque si a una sola persona le cae encima todo esto es para pedirse una excedencia) se enfrenta a tal avalancha de información hay una buena dosis de azar en el orden en que la va publicando (o, por decirlo de otro modo, que vas sacando cosas conforme te vas topando con ellas), pero la que esto escribe, que tiende a pensar mal (será por tantos años viendo Expediente X), no puede dejar de señalar la curiosa secuencia en que se han ido desarrollando los acontecimientos, desde los primeros cables publicados, más cerca del cotilleo que del análisis internacional, con los comentarios poco amables que sobre presidentes de todo el mundo trazaban los diplomáticos estadounidenses (tampoco hay que ser James Bond para saber que Berlusconi monta fiestas salvajes), a las supuestas conexiones entre Putin y la mafia, desveladas precisamente cuando Rusia se jugaba la candidatura al Mundial de Fútbol de 2018 (y que ha terminado consiguiendo, aunque no haya acudido a Zúrich para la presentación final de la candidatura).

Entre unos y otros documentos han ido apareciendo los textos referidos a España, pero aún queda bastante por publicar. Entre ellos, los 115 cables que Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual en la Red, ha desvelado que El País tiene en su poder. De la Cueva ha preguntado al diario de Prisa si piensa publicarlos y cuándo va a hacerlo. Desde el periódico le piden que tenga paciencia, que son muchos papeles y que los publicarán. Pero no queda mucho tiempo. La norma en cuestión está en trámite parlamentario y no falta mucho para que sea aprobada. Y es entonces cuando la conspiranoica que llevo dentro recuerda que el Grupo Prisa es mucho más que el editor de El País y la encarnizada batalla que desde hace años libra contra todo lo que ellos consideran piratería (pero los jueces no; por eso hay muchos que quieren eliminarlos de la ecuación) .

A mi me gustaría saber si también en esto, como en algunos de los casos que menciono más arriba, Estados Unidos ha presionado al Gobierno español. Y, sobre todo, quiero saber si aquí, también, el Gobierno de mi país, mi Gobierno, se ha dejado presionar, porque peor que presionar es ceder a esa presión. Y si la política económica la dictan desde Bruselas y la judicial desde Washington, que alguien me explique para qué necesitamos un Gobierno y un Parlamento con la que está cayendo.

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Actualización (03/12 – 22:45): El País ha publicado finalmente los cables de la discordia, que prueban, como se temía, que Estados Unidos lleva varios años animando al Gobierno español (y a la oposición, porque también se han reunido con ellos) a que endurezca la lucha contra la piratería. Los textos no tienen desperdicio, y la cronología de los conversaciones tampoco, incluido lo contento que estaba uno de los diplomáticos estadounidenses tras la victoria de Zapatero en 2004: “Dada la cantidad de estrellas de la industria del entretenimiento con una abierta preferencia por el Gobierno socialista (es significativo, por ejemplo, que Zapatero acudiera al equivalente español de los Oscar), es posible que este Gobierno sea especialmente sensible a hacer algo en este sector”.  Si más arriba hablaba de la curiosa secuencia en que se han desarrollado las revelaciones de Wikileaks en El País, qué decir de la publicación de unos documentos que desde ayer (al menos) reclamaban muchos internautas justo cuando los militares están a punto de tomar el control del espacio aéreo español. Lo dicho, que soy una mal pensada.

http://derecho-internet.org/node/535

La ‘Ley Sinde’, las webs de enlaces y el nuevo ‘Espoiler TV’

Susana Caballero | 24 de septiembre de 2010 a las 23:43

Tras superar las enmiendas de devolución en el Pleno del Congreso, la Ley de Economía Sostenible seguirá adelante su tramitación parlamentaria, lo que significa que ahora irá al Senado, donde se presentarán enmiendas que se aprobarán o no, y de nuevo al Congreso para su aprobación y puesta en práctica definitiva. ¿Por qué hablo de una ley que busca cambiar el modelo productivo de la economía española y encaminarlo hacia otro más sostenible (una palabra que, de tanto uso y abuso, se ha convertido en otro término vacío con que llenar discursos políticos)? Pues porque en ella se incluye la llamada ley antidescargas -popularmente conocida como Ley Sinde-, que ha quedado tan diluida y ninguneada (o puede que camuflada) que sólo es la Disposición Final Segunda de la Ley.

Desde cierto punto de vista, su paso casi de incógnito por el Congreso le ha venido bien, porque casi nadie se ha fijado en ella. Fueron varios los grupos que presentaron enmiendas a la totalidad a la ley, pero sólo UPyD y BNG hicieron oír sus críticas (su representación parlamentaria hizo que esa protesta no sirviera de mucho) específicas a este apartado. El PP, que protestó contra toda la Ley de Economía Sostenible (LES), propuso modificar la composición de la llamada Comisión de Propiedad Intelectual, pidió suprimir el canon digital y se quejó de que la Ley Sinde se tramite agazapada entre medidas sobre vivienda, energía o transporte.

Pero ¿qué es la Ley Sinde? Aquellos interesados pueden leer su texto completo (no muy largo) en la página 55 de la ley (en pdf), pero, resumiendo, lo que busca es “agilizar” los procesos en los que se vea en peligro la propiedad intelectual. Es decir, que las reclamaciones se diriman cuanto antes, una celeridad que podría pedirse para todo el sistema judicial, porque éste no es precisamente un tema de vida o muerte. Pero esa “agilización” no es lo que más ha llamado la atención de la ley, ni lo que provocó hace unos meses encendidas protestas en la Red y en la calle, sino la creación de una comisión que se encargará de decidir quién vulnera los derechos de propiedad intelectual, una comisión de la que inicialmente estaba excluida cualquier instancia judicial. Los jueces sólo tendrían que firmar la orden para cerrar una web (sí, todo esto se resume en cerrar páginas web), pero no podrían decidir si ese cierre era justo o no.

Finalmente parece que sí habrá algún juez en la citada comisión, cuya composición por ahora es un misterio, y en el texto del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible (pdf) se ha añadido que “la ejecución de estos actos, en cuanto pueden afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial“.

La exclusión inicial de la autoridad judicial tiene una explicación muy simple, más allá de la “agilidad” que buscan: los jueces suelen desestimar las demandas sobre las webs que incluyen enlaces para descargar películas, series o discos (la última de ellas la cuenta el abogado David Bravo en su blog: un estudiante de 24 años sale airoso tras varios años de procedimientos contra la SGAE y varias multinacionales; al final, el juez ha multado a la sociedad de derechos de autor por mala fe procesal), que son uno de los objetivos preferentes de la susodicha Ley Sinde, o más bien Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, que es lo que es, casi una nota a pie de página, por mucho que sus efectos sean impredecibles.

Si en un caso como el defendido por Bravo han hecho falta tres años de litigios (para concluir con la inocencia del demandado), ¿cuántos derechos se pueden pisotear si se cierra todo en unos días, como pretende la norma?  Pero ahí sigue el canon digital, que tira a la papelera la presunción de inocencia y asume que todos los que compran equipos informáticos (y otras muchas cosas gravadas) van a usarlos para el mal. Tan estúpido como quitarte de entrada unos cuantos puntos del carné de conducir por si te da por ponerte al volante borracho…

Para cerrar con algo menos árido y tal vez con alguna sonrisa, traigo aquí un par de puntos del aviso legal que Hernán Casciari ha incluido en el remozado Espoiler TV, que se ha separado definitivamente de El País (allí sólo ha quedado su blog, en el que comenta los cambios) y añadido algunas mejoras a lo que ya era una completísima guía de series y una herramienta para tener controladas las producciones que seguimos. Entre esas mejoras -todas ellas reseñadas por Kids en Blogoff- está la posibilidad de que los usuarios incluyan enlaces de descarga para los episodios y para sus correspondientes subtítulos. En la entrada de la nueva web aparecen, entre otros, estos avisos:

2. A la autoridad competente en cada país: Ninguno de los enlaces mostrados en Espoiler TV dirigen a archivos hospedados en este servidor. Los enlaces están aquí porque los han puesto los usuarios, con quienes no nos une parentesco alguno, ni incluso simpatía. Espoiler TV ya les ha dicho a los usuarios, miles de veces, que no lo hagan, que no compartan sus gustos, que no difundan el arte, que en esta época puede ser jodido, pero ellos insisten. Ya no sabemos qué hacer.

3. A los usuarios que descargan el .avi: Al hacer clic en los enlaces de video, afirmas que has visto la serie en su emisión original, o que has comprado el DVD, o que has visto la serie en casa de un amigo, y que lo que quieres hacer ahora es recordarla, volver a verla o enseñarle un pedacito a tu hermana. Al administrador de Espoiler TV no le corresponde ninguna responsabilidad si usas estos enlaces de forma incorrecta; por ejemplo, para encriptar en ellos mensajes del nazional-socialismo.

4. A los usuarios que descargan el .srt: Al hacer clic en estos enlaces de subtitulado, afirmas que eres completamente sordo.

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